Humberto Jesus Cortazar Patiño

Expediente 1977/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 5 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1977/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
23/06/2023

Partes del expediente

  • Humberto Jesus Cortazar Patiño
  • Karla Xiomara Escobedo Cen

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintitrés de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos el escrito suscrito por ********************, parte quejosa en el presente juicio de amparo, mediante el cual hacen diversas manifestaciones y solicitan se le informe el estado procesal a la autoridad responsable Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad. Por lo anterior, infórmese a la responsable y remítasele copia simple, del acuerdo de veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo y del auto de diecisiete de noviembre de esa anualidad, en el que causó estado dicho auto para todos los efectos legales y se ordenó el archivo del presente expediente. Por otra parte y en atención a su contenido, se tienen como sus nuevos autorizados a las personas que señalan en su escrito de mérito a ********************, pero con las limitaciones que señala la parte final del segundo párrafo de la Ley de Amparo que establece la parte final del referido numeral, hasta en tanto acrediten el registro de sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito, de conformidad con el Acuerdo 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a los restantes señalados en la demanda. En cuanto a que se otorgue el acceso al expediente electrónico de este juicio de amparo, a través del portal de servicios electrónicos del Poder Judicial de la Federación, a efecto de consultar el expediente de este juicio, proporcionando para ello sus nombres de usuario, que son ********************, relativos al Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; por tanto, con fundamento en el capítulo sexto del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todo los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza a los citados usuarios, para tener acceso al expediente electrónico del presente juicio de amparo, a través de los usuarios ********************, o bien, a través de su firma electrónica reconocida por la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas, para todos los efectos legales que correspondan. Comuníquese lo anterior al oficial administrativo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, para el efecto de que realice los registros correspondientes de los referidos usuarios en el presente juicio de amparo. Finalmente, de conformidad con la circular 12/2009, emitida por el Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza el uso de aparatos electrónicos como cámaras, escáneres o lectores, al momento de la consulta de los presentes autos, siempre y cuando sea con la supervisión del personal de este Juzgado, previo señalamiento de la actuación que pretenda reproducir. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, nueve de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que en proveído de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, causó estado y se ordenó el archivo correspondiente del presente juicio de amparo en virtud de que se desechó la demanda de amparo; en tal virtud, remítase al Juzgado Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, el original del juicio********************, mismo que fue enviado por el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito con motivo de la incompetencia legal planteada a este juzgado, por no tener ya objeto su permanencia en estos autos, para los efectos legales correspondientes. Cúmplase. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Juan Carlos Maiza Hau, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. DOY FE.

  3. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera interpuesto recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la citada Ley de Amparo, contra el acuerdo de veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, con el cual se desechó de plano la demanda de amparo. En consecuencia, con apoyo en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2 de la invocada Ley, se declara que el expresado acuerdo en que se desechó la demanda de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. En consecuencia, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que no existe trámite pendiente en el presente expediente, y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes, archívese como asunto totalmente concluido; hágase la anotación respectiva en la carátula del expediente original y en el Libro respectivo. En cumplimiento al artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se indica que en el presente expediente no se tramitó incidente de suspensión y se ubica dentro del archivo judicial reciente por lo que una vez transcurrido el término de tres años señalado en el inciso d), del citado artículo, éste debe ser destruible, toda vez que en el mismo se desechó de plano la demanda de amparo. Asimismo, en términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. De conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual es destruible, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Notifíquese.

  4. Principal

    Téngase por recibido el oficio 5432, firmado vía electrónica por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, por medio del cual remite la demanda de amparo promovida por Humberto Jesús Cortazar Patiño y Karla Xiomara Escobedo Cen, así como los autos originales del juicio de amparo directo 277/2021, el juicio ejecutivo mercantil 554/2018, del índice del Juzgado Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado y el testimonio de la ejecutoria de trece de septiembre del año en curso, pronunciada en el citado expediente 277/2021, en la que determinó que es legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo interpuesta por los nombrados quejosos. Y por cuanto dicho Cuerpo Colegiado, mediante resolución dictada el trece de septiembre del año en curso, resolvió carecer de competencia legal para conocer de la demanda de que se trata; con fundamento en los artículos 107, fracción IV, 45 de la Ley de Amparo y el numeral 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento del asunto en comento, debiéndose tener únicamente como acto reclamado en este juicio de amparo, el consistente en el auto de veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, dictado por el Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, en el juicio mercantil 554/2018, en el que desechó el recurso de apelación por tratarse de un asunto en el que la suerte principal menor es inferior a la cuantía establecida en el numeral 1339 del Código de Comercio, el cual fue interpuesto por los quejosos, contra la sentencia definitiva dictada en referido juicio ejecutivo mercantil; comuníquese lo anterior al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, para los fines conducentes. Acúsese el recibo correspondiente, vía interconexión. Ahora, vista la demanda de amparo promovida por Humberto Jesús Cortazar Patiño y Karla Xiomara Escobedo Cen, contra un acto que reclama del Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, y de otras autoridades; fórmese expediente y regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado, bajo el número 1977/2021. Ahora, antes de proveer respecto de la admisión de la demanda, resulta necesario examinar si existe algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, que literalmente dispone: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es de citarse, en lo conducente, la Jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Sentado lo anterior, de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado: El acuerdo dictado el veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, por el Juez Primero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, en el juicio mercantil 554/2018, en el que desechó el recurso de apelación por tratarse de un asunto en el que la suerte principal menor es inferior a la cuantía establecida en el numeral 1339 del Código de Comercio, el cual fue interpuesto por los quejosos, contra la sentencia definitiva dictada en referido juicio ejecutivo mercantil. Así, en el caso, se estima se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente; [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior. a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo". La interpretación de la fracción en cita, permite establecer que la procedencia del juicio constitucional está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, previo a la interposición del amparo, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión, sin que sea optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad, lo anterior, salvo las propias excepciones estipuladas en la ley. Ahora, al respecto conviene precisar lo que los artículos 1334 y 1335, del Código de Comercio, establecen: "Art. 1,334. Los autos que no fueren apelables y los decretos pueden ser revocados por el juez que los dictó o por el que lo substituya en el conocimiento del negocio. De los decretos y autos de los tribunales superiores, aun de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición" "Art. 1,335. Tanto la revocación en primera instancia como la reposición deberán pedirse por escrito dentro de los tres días siguientes a que haya surtido efectos la notificación del proveído a impugnar, dando vista a la contraria por un término igual y el tribunal debe resolver y mandar notificar su determinación dentro de los tres días siguientes. De la resolución en que se decida si se concede o no la revocación o la reposición no habrá ningún recurso". El primero de los numerales referidos, establece en forma genérica la procedencia del recurso de revocación en contra de todos los autos que no sean apelables y los decretos; asimismo, de dichos numerales se obtienen las notas distintivas de dicho medio de impugnación, a saber: -Procede contra autos y decretos dictados en primera instancia. - No procede en contra de los autos que fueran apelables, de conformidad con lo establecido por el propio Código de Comercio, es decir, de aquellos autos que, dictados en procedimientos en donde la sentencia definitiva es susceptible de apelarse, causan un gravamen que no pueda repararse en la definitiva, o si la ley expresamente lo dispone. - Debe interponerse ante el Juez que dicte la resolución impugnada o ante quien lo sustituya en el conocimiento del negocio. - Su interposición debe hacerse dentro de los tres días siguientes al en que haya surtido efectos la notificación del proveído a impugnar. - Se debe sustanciar dando vista a la parte contraria por el término de tres días y el tribunal debe resolver y mandar notificar su determinación dentro de los tres días siguientes. - La resolución que decida el recurso de revocación es irrecurrible. Al respecto también conviene precisar que el artículo 220 del Código Federal de Procedimientos Civiles, refiere que las resoluciones judiciales son decretos, autos o sentencias; decretos, si se refieren a simples determinaciones de trámite; autos cuando decidan cualquier punto dentro del negocio, y sentencias, cuando decidan el fondo del negocio. Así, de una interpretación de los artículos antes mencionados, se estima que el auto pronunciado en un juicio mercantil, que no admite el recurso de apelación, constituye un auto que resuelve una cuestión de trámite con carácter definitivo, pues impide la prosecución del procedimiento y, consecuentemente, de acuerdo con el artículo 1334 del código mercantil puede ser recurrido mediante el recurso de revocación por la parte que le cause agravio, dado que el citado numeral establece en forma genérica la procedencia del recurso de revocación en contra de todos los autos que no sean apelables y los decretos, sin excluir expresamente a aquellos que resuelvan sobre la no admisión del recurso de apelación. Asimismo, conviene precisar que la parte quejosa no es extraña a la controversia y, por ende no se encuentra en el caso de excepción al principio de definitividad contenida en el inciso c) de la fracción XVIII, del numeral en estudio; razón por la cual se encuentra constreñida a agotar los medios legales que procedan en contra de las actuaciones de origen. Por lo que respecto del acto aquí reclamado, consistente en el acuerdo de veintitrés de marzo de dos mil veintiuno, por el que la autoridad responsable esencialmente desecha el recurso de apelación, se considera que dicha parte debió agotar el recurso de revocación, de conformidad con lo que dispone el artículo 1334 y 1335, del Código de Comercio; medio de defensa, que incluso se estima no está sujeto a interpretación adicional, ni tampoco se estima que su fundamento legal sea insuficiente para determinarlo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 1a./J. 101/2001, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIV, Diciembre de 2001, página 138, Novena Época, Materia Civil, de rubro: "REVOCACIÓN. PROCEDE EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE NO ADMITE EL RECURSO DE APELACIÓN, EMITIDA EN UN JUICIO DE NATURALEZA MERCANTIL (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA REGISTRADA CON EL RUBRO "APELACIÓN EN MATERIA MERCANTIL, DESECHAMIENTO DEL RECURSO DE. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS."). Una nueva reflexión sobre el tema conlleva a esta Primera Sala a apartarse de las consideraciones que al respecto sustentara la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia de rubro "APELACIÓN EN MATERIA MERCANTIL, DESECHAMIENTO DEL RECURSO DE. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS.", en el sentido de que en contra de un auto que no admite el recurso de apelación, dictado dentro de un procedimiento mercantil, en primera instancia, resulta improcedente el recurso de revocación. Esto es así, ya que si bien nuestro Código de Comercio constituye un ordenamiento especial que reviste como nota característica, la expeditez de los procedimientos mercantiles que prevé y que contiene un sistema "cerrado" de recursos, a los cuales deben concretarse las contiendas de carácter mercantil, sin que se deba acudir a la ley supletoria, o sea la procesal común; sin embargo, la celeridad de los juicios no debe interpretarse de manera tal que se limite la facultad de las partes expresamente concedida por la legislación, de ejercer el derecho a impugnar las determinaciones que considere contrarias a sus intereses, pues con ello se vulnera lo que la doctrina ha denominado como "principio de impugnación" que consiste en que las partes de un procedimiento, por regla general, deben estar en aptitud de impugnar los actos que lesionen sus intereses o derechos. De ahí que si el auto pronunciado en un juicio mercantil, que no admite el recurso de apelación hecho valer en contra de la sentencia de primera instancia, constituye un auto que resuelve una cuestión de trámite con carácter definitivo pues impide la prosecución del procedimiento, es inconcuso que de conformidad con el artículo 1334 del Código de Comercio puede ser recurrido mediante el recurso de revocación, por la parte que le cause agravio; dado que el citado numeral establece en forma genérica la procedencia del recurso de revocación en contra de todos los autos que no sean apelables y los decretos, sin excluir expresamente a aquellos que resuelvan sobre la no admisión del recurso de apelación". Por lo que, en estricto acatamiento al principio de definitividad que rige al juicio de amparo, antes de acudir a esta instancia constitucional a combatir el acto en comento, debió agotar las instancias ordinarias necesarias por medio de las cuales pudo haberse confirmado, revocado o modificado la determinación reclamada. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 1a/J. 44/2012 (10a.) sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro X, Julio de 2012, Tomo 1, Materia Común, página 729, siguiente: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo. Así como, la Jurisprudencia VI. 2o. J/52, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 401 del Tomo VI, Segunda Parte-1, Julio-Diciembre de 1990 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Materia Común, de título y contenido siguientes: "RECURSOS ORDINARIOS. SOBRESEIMIENTO POR NO AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO. El amparo es improcedente si el acto que se reclama pudo tener un remedio ante las autoridades del orden común" En estas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia en estudio y ante los motivos manifiestos e indudables de improcedencia, se desecha de plano la demanda de amparo, por improcedente, en términos del artículo 113 del citado ordenamiento legal. Asimismo, cabe destacar que la determinación de desechar la demanda de amparo, tampoco contraviene el derecho de acceso a la justicia tutelada por el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón que ese derecho es limitado, pues para que pueda ser ejercido es necesario cumplir con los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia para ese tipo de acciones, lo cual además brinda certeza jurídica; aunado a la circunstancia de que con esta determinación queda incólume el derecho del inconforme para interponer los recursos y los juicios que procedan en defensa de los derechos que estime vulnerados; lo que además es acorde a lo que establece la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica). Sólo a título de abundamiento cabe comentar que lo dispuesto por el artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el sentido de que los derechos humanos se interpretaran conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que favorezca de la manera más amplia a las personas (principio pro persona), también lo es que la aplicación de este principio y el control de convencionalidad, no pueden servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales del juicio de amparo: es decir, su aplicación no implica el desconocimiento de los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia de las acciones En apoyo se invoca la tesis CCXXVI/2012, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, de rubro siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO.". Así también la jurisprudencia VI.3o.A. J/2 (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en la página 1241, del libro XVII, febrero de 2013, tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo registro es 2002861, que en su rubro expone: "PRINCIPIO PRO HOMINE Y CONTROL DE CONVENCIONALIDAD. SU APLICACIÓN NO IMPLICA EL DESCONOCIMIENTO DE LOS PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA DE LAS ACCIONES." Asimismo, el hecho de que se actualice una causal de improcedencia en el presente juicio de amparo, de ninguna manera implica que se le esté negando a la parte promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia. Apoya la anterior determinación, la tesis emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, Décima Época, visible en la página 2066, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3, aplicada en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo cuyo rubro a la letra dice:IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL." Por otra parte, téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el señalado en su escrito de demanda. Teniendo en cuenta que, constituye un hecho evidente que la pandemia subsiste como un peligro para la salud, de modo que el esquema de reactivación en los órganos jurisdiccionales, no se realiza en un contexto de "normalidad" y, por tanto, se privilegia el trabajo a distancia, haciendo necesaria la tramitación de expedientes por medios electrónicos como eje rector del quehacer jurisdiccional; con fundamento en los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea, debiendo ajustar su trámite a lo establecido al respecto en el diverso acuerdo general 12/2020; esto es, para que continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se registren en el referido Portal y, solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que se les notifiquen electrónicamente las determinaciones emitidas en este, conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del referido acuerdo general 12/2020. Desde este momento y con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de la materia invocada, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario Judicial de este Juzgado Federal realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conllevan al retraso de las actuaciones judiciales. Notifíquese personalmente

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