Humberto Manuel Sarkis Velázquez

Expediente 431/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
431/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
22/03/2021

Partes del expediente

  • Humberto Manuel Sarkis Velázquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veintidós de marzo de dos mil veintiuno. Autoridad remite testimonio. Visto el oficio B-II-042 y anexos del Actuario Judicial adscrito al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, mediante el cual remite testimonio de la resolución de veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, pronunciada en el conflicto competencial 10/2020, la cual fue resuelta en los siguientes términos: "(.) PRIMERO. Es COMPETENTE legalmente para conocer del juicio de amparo promovido por Humberto Manuel Sarkis Velázquez, por propio derecho, contra actos de los Consejeros de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala y otras autoridades, la Jueza Séptimo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México.(.)" En consecuencia, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda. Se ordena archivo En esas condiciones, acúsese recibo y téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Con fundamento en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo de tres años, posterior a la emisión de este proveído. De igual forma, con apoyo en el artículo 15 del Acuerdo de referencia, se especifica que el presente expediente carece de relevancia documental, por no reunir las características a que se refiere el numeral invocado.  Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Notifíquese por lista.

  2. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, veinte de octubre de dos mil veinte. Agréguese a sus autos el oficio 31444/2020 remitido vía electrónica con evidencia criptográfica, suscrito por la Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante el cual, acusa recibo del oficio mediante el cual este Juzgado informó no aceptar la competencia planteada para conocer de la demanda promovida por Humberto Manuel Sarkis Velázquez; asimismo, informa que fueron remitidos los presentes autos al Tribunal de Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en Turno, a fin de que se resuelto el conflicto competencial planteado; lo anterior para los efectos legales conducentes. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, Licenciada Argelia Román Mojica, ante la Secretaria Licenciada María de Lourdes Morales García, que autoriza. - Doy fe.

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, trece de octubre de dos mil veinte. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta, suscrito por la Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, únicamente para que obre como corresponda, en razón de que por auto de nueve de octubre de dos mil veinte, se acordó lo conducente. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, Licenciada Argelia Román Mojica, ante la Secretaria Licenciada María de Lourdes Morales García, que autoriza. - Doy fe.L´MLMG/Assf.

  4. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, nueve de octubre de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y advirtiéndose de los mismos que por auto de nueve de septiembre del actual, se reservó acordar lo conducente respecto del oficio 24289/2020 de la Jueza Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la ciudad de México, por el que comunica el acuerdo de cuatro de septiembre del presente año, dictado dentro del juicio de amparo 822/2020, promovido por ***************** dentro del cual se declaró legalmente incompetente por razón de territorio para conocer del asunto, por no contar con la demanda de amparo, sin embargo, como se aprecia de la certificación que antecede, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se pudieron consultar las actuaciones practicadas en el expediente antes precisado, de conformidad a lo manifestado por la autoridad oficiante en su ocurso de cuenta 29854/2020, mismo que se ordena agregar a los presentes autos, por lo cual se provee: Una vez analizadas las constancias del juicio de amparo 822/2020, este órgano jurisdiccional no acepta la competencia declinada. En principio debe señalarse que la competencia: ".es la cualidad que legitima a un órgano judicial, para conocer de un determinado asunto, con exclusión de los demás órganos judiciales de la misma rama de la jurisdicción". En efecto, la competencia es la suma de facultades que la ley da al juzgador para ejercer su jurisdicción en determinado tipo de litigios. De manera tal que el juez por el solo hecho de serlo es titular de la función jurisdiccional; sin embargo, no puede ejercerla para resolver cualquier tipo de conflictos, sino únicamente en aquellos para los que está facultado por la ley, es decir, en los que es competente. En ese contexto, corresponde en principio al Juez de Distrito, por cuestión de orden público, analizar en cada asunto, si tiene o no competencia para avocarse a resolver el asunto jurídico específico, con la obligación de rehusarse a conocer del caso cuando considere que corresponde a otro juzgador hacerlo, porque la consecuencia de que siga con el trámite y se resuelva un juicio respecto del cual no tiene competencia, es que se declare nulo lo actuado. En efecto, la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 37 de la Ley de Amparo, motivo por el cual el órgano jurisdiccional, antes de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías. Ahora, el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la trascripción anterior, se advierten tres reglas para determinar la competencia de los jueces de Distrito: a) Si el acto reclamado requiere de ejecución, la competencia se define atento el lugar en que residan las autoridades, en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado; b) Si el acto reclamado se ha comenzado a ejecutar en un distrito y continúa ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, pero que haya conocido en primer término de la demanda de garantías, es decir, a prevención; y, c) Si el acto reclamado no requiere de ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Por consiguiente, a fin de establecer la competencia de un juez de Distrito por razón de territorio, es preciso, en primer término, acudir al examen del tipo de acto reclamado; en segundo lugar, analizar si dicho acto es o no de carácter ejecutivo; y finalmente, determinar, a partir de esas bases, cuál de los criterios contenidos en el precepto legal invocado resulta aplicable para resolver ese tipo de temas de índole competencial. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice: "Época: Novena Época Registro: 189167 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIV, Agosto de 2001 Materia(s): Administrativa, Común Tesis: I.1o.A.44 A Página: 1299 COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." De lo anterior se constata que si el acto reclamado no requiere ejecución material será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Por el contrario, si el acto reclamado requiere de ejecución material, el Juez competente será entonces el del lugar en donde se haya realizado la ejecución del mismo. Ahora bien, del escrito de demanda, se aprecia que la parte quejosa reclama de diversas autoridades entre ellas del Consejo de la Judicatura del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala y Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, la omisión de publicar el nombre de las partes en los juicios en el boletín judicial, estrados, listas de acuerdos, lo anterior, como parte de su derecho al acceso a la información pública. En consecuencia, se estima que en el caso, se actualiza la hipótesis del numeral 37 de la Ley de Amparo, precisada en el inciso c), es decir, si el acto reclamado no requiere de ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En efecto, atendiendo a la literalidad del numeral antes transcrito, con independencia de los efectos que traerá consigo una posible concesión del amparo, o el lugar donde podría estarse efectuando la omisión, el acto reclamado carece de una ejecución material, ya que se reclama una simple omisión vinculada con el derecho de acceso a la información de forma genérica, que no produce un cambio en el mundo fáctico o físico. Así para definir la competencia, debe atenderse a la ejecución material o no del acto reclamado, en función de éste, de ahí que no es válido efectuar un análisis de los efectos que producirá la eventual concesión del amparo u otra circunstancia, pues ello implicaría interpretar el precepto más allá de su literalidad. Cierto, de acuerdo con la jurisprudencia 1a./J. 17/2014 (10a.), de título y subtítulo: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).", emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo tercero del artículo 37 de la Ley de Amparo, debe aplicarse textualmente, esto es, sin emplear algún método de interpretación para desentrañar su sentido y alcance, pues consideró que la intención del legislador fue establecer llanamente que si los actos carecen de ejecución material, el Juez competente para resolver el juicio de amparo es aquel en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. En ese sentido, como se dijo, en el caso, el acto reclamado no trasciende al mundo fáctico, es decir, no modifica el estado de las cosas en la esfera física, sino sólo en el ámbito formal, pues únicamente se traduce en una omisión simple, que carece de efectos positivos, ya que con independencia del sentido del actuar que pudieran llevar a cabo las responsables, la materia del juicio de amparo es su omisión, no así los actos que pudieran desplegar dichas autoridades responsables; de ahí que si el acto omisivo no tiene ejecución material, ni efectos positivos, el Juez de Distrito que debe conocer del amparo es aquel en cuya jurisdicción se presentó la demanda. Una interpretación en contrario implicaría que todas las omisiones tendrían efectos positivos al provocar en mayor o menor medida, justificada o injustificadamente, una afectación en la esfera jurídica de quien resiente esa abstención. Lo anterior, es así, porque cuando el juzgador federal recibe una demanda de garantías, para efectos de determinar su competencia, debe tomar en consideración los actos reclamados tal como hayan sido planteados en el escrito respectivo y los hechos manifestados bajo protesta de decir verdad, por ser los datos objetivos con que cuenta en ese momento. Tiene aplicación al respecto la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor literal siguiente: "Época: Décima Época Registro: 2006529 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 6, Mayo de 2014, Tomo I Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 17/2014 (10a.) Página: 500 COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El tercer párrafo del citado precepto prevé que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo; texto que debe interpretarse literalmente, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance, pues de su procedimiento legislativo no se advierte dicha posibilidad. Lo anterior evita la existencia de conflictos competenciales y logra una mejor operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita, contenidos en los artículos 14, párrafo segundo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. En el entendido de que al actualizarse dicha hipótesis no pueden dejar de considerarse aquellos aspectos competenciales relacionados con la materia del conflicto, esto es, el turno, el grado y la vía, así como la jurisdicción auxiliar, prevista en el artículo 159 de la Ley de Amparo." De igual forma, cobra aplicación al respecto la tesis de jurisprudencia que VII.2o.T. J/63 K (10a.) que dice: "Época: Décima Época Registro: 2021783 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 76, Marzo de 2020, Tomo II Materia(s): Común Tesis: VII.2o.T. J/63 K (10a.) Página: 700 COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS QUE POR SU NATURALEZA NO REQUIEREN EJECUCIÓN MATERIAL PARA SURTIR SUS EFECTOS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE PREVINO EN EL CONOCIMIENTO DEL ASUNTO. Los actos reclamados consistentes en acuerdos en los que se tenga parcialmente por no interpuesta una demanda o que desechen el incidente de nulidad de actuaciones o las pruebas, o nieguen la posibilidad de acordar favorable una petición del promovente (como la omisión de llevar a cabo notificaciones y emplazamientos o la resolución desestimatoria recaída al recurso de revisión), por su naturaleza, no requieren ejecución material por la autoridad para que surtan sus efectos; es decir, que tales actos no conllevan la realización de una obligación de hacer o dar, sino un pronunciamiento meramente declarativo que ocasiona que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran; así, dichos actos jurisdiccionales, per se, no requieren de una actuación posterior que los complemente y, por tanto, carecen de ejecución material, lo cual finca competencia al Juzgado de Distrito que previno en el conocimiento del asunto, de conformidad con el tercer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el órgano en cuya jurisdicción se presentó la demanda." En ese tenor con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional no acepta la competencia declinada. Hágase del conocimiento de la Jueza Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la ciudad de México, la presente determinación, mediante atento oficio que se gire vía interconexión, para los efectos legales procedentes. Notifíquese y por oficio vía interconexión a la Jueza Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la ciudad de México.

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