Hugo Texis Galicia
Expediente 612/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 49 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 612/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 49
- Última actuación
- 28/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Hugo Texis Galicia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 49.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a sus autos el oficio signado por la Jueza de lo Familiar del Distrito Judicial de Zaragoza, mediante el cual desahoga el requerimiento formulado en auto de diecisiete de noviembre de del año en curso y, remite copia certificada del proveído de veintidós de noviembre de dos mil veintitrés, dictado dentro del expediente 340/2022 de su índice, mediante el cual ratifica el régimen de convivencias establecido en la Junta Familiar desahogada el dieciocho de abril de dos mil veintitrés, entre la niña de identidad reservada e identificada con las iniciales ********************. y su progenitora ********************, para quedar de manera alternada, iniciando el sábado veinticinco de noviembre de dos mil veintitrés, en el que la progenitora recogerá a su hija en el Centro de Convivencias Familiares (CECOFAM); asimismo, ordenó girar oficio a la Directora del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (SEDIF) del Estado de Tlaxcala, para que fije un régimen de terapias psicológicas para ******************** y ********************, lo anterior en cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa con las constancias remitidas por la autoridad responsable, por el término de tres días para que manifieste lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que de no hacerlo este Juzgado proveerá lo que en derecho corresponda tocante a dicho cumplimiento del fallo protector. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por lista a la tercera interesada. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante la Secretaria de Juzgado Damayanty Rojas Huerta, que autoriza y da fe.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de la Jueza de lo Familiar del Distrito Judicial de Zaragoza, mediante el cual hace del conocimiento de este órgano jurisdiccional, las gestiones que se encuentra realizando para dar cumplimiento total al fallo protector concedido en el presente juicio de amparo; por lo tanto, informan que por proveído de diecisiete de noviembre del año en curso, dictado dentro del expediente 340/2022, de su índice, bajo los siguientes puntos: Ordenó girar oficio a la Directora del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (SMDIF) de Teolocholco, Tlaxcala, a fin de que realice las gestiones necesarias, a fin de que en su presencia se realice la entrega de la niña de identidad reservada, identificada con las iniciales A.C.T.O., a la señora Ana Paola Onofre Hernández, los días veinticinco de noviembre y nueve de diciembre de dos mil veintitrés, las cuales serán de manera subsecuente cada quince días. En consecuencia, estese en espera del total cumplimiento; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante la Secretaria de Juzgado Damayanty Rojas Huerta, que autoriza y da fe.
- Principal
Apizaco, Tlaxcala, a diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, y el estado procesal de autos, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra de la sentencia emitida el once de octubre de dos mil veintitrés, que concedió el amparo en el presente juicio. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las partes que la misma HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales procedentes. Ahora bien, en el fallo protector que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, fue para el efecto de que: [.]1.- Dentro de los tres días siguientes a que le sea notificado el auto en el cual causó ejecutoria la presente resolución, la responsable atendiendo al interés superior de la menor de edad, continúe con el régimen de convivencias entre la menor de edad de identidad resguardada y su progenitora Ana Paola Onofre Hernández, en el entendido que tendrá que realizar todas las gestiones inherentes para que éstas se lleven a cabo y para cercioramiento de su cumplimiento quede constancia de que la entrega de la menor es pacífica, asimismo, que la entrega para efectuar la convivencia se lleven a cabo en las instalaciones de la CECOFAM en el horario establecido de la cual de igual manera se deberá asentar constancia. Para cumplir lo anterior, el Juez responsable podrá hacer apercibimientos idóneos hasta el de poder cambiar la guarda y custodia sino se respetan las determinaciones emitidas respecto de las convivencias. 2.- Se estima necesario que se les imponga a ambos padres cumplir con un régimen de terapias psicológicas y de dinámica familiar para hacer más amigable la convivencia de ambos padres para con la menor y respetar las disposiciones jurisdiccionales que se emitan en el proceso natural. [.] En consecuencia, es procedente requerir el cumplimiento a la ejecutoria de mérito, conforme a lo dispuesto en el párrafo segundo del numeral 192 de la Ley de Amparo, al Juez Familiar del Distrito Judicial de Zaragoza, para que dentro del plazo de tres días siguientes a la recepción del oficio en el que se transcribe este acuerdo, comunique a este Juzgado de Distrito sobre el cumplimiento que haya dado a la aludida ejecutoria de amparo, en el entendido de que deberá remitir copia certificada de las constancias para acreditar dicho cumplimiento. Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, con fundamento el artículo 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá a cada autoridad omisa una multa equivalente de cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de sus puestos y su consignación. Con independencia de lo anterior, se hace del conocimiento de la autoridad responsable que con independencia de las medidas disciplinarias y de apremio previstas en el capítulo I del Título Tercero de la Ley de Amparo, que el incumplimiento de una sentencia de amparo constituye un DELITO en términos de lo dispuesto en el artículo 267, fracción I, de la citada ley reglamentaria, por lo que en caso de insistir en el incumplimiento a la ejecutoria de amparo, se procederá conforme a derecho. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con sede en Apizaco, ante la Secretaria de Juzgado Damayanty Rojas Huerta, que autoriza y da fe.
- Principal
A la vista, los autos, para resolver en sentencia, el juicio de amparo indirecto número 612/2023, promovido por Hugo Texis Galicia, en representación de su menor hija de identidad reservada con iniciales A.C.T.O., contra actos del Juez de lo Familiar del Distrito Judicial de Zaragoza, con residencia en Zacatelco, Tlaxcala; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Recepción de demanda. Por escrito presentado el ocho de mayo de dos mil veintitrés, en el buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala y recibido el día siguiente hábil en este órgano jurisdiccional, por razón de turno, Hugo Texis Galicia, en representación de su menor hija de identidad reservada con iniciales A.C.T.O., demandó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la autoridad y acto siguientes: AUTORIDAD RESPONSABLE: Juez de lo Familiar del Distrito Judicial de Zaragoza. ACTO RECLAMADO: La Junta Familiar de dieciocho de abril de dos mil veintitrés, celebrada dentro de las diligencias sobre cuestiones familiares 340/2022 en la que se ratificó la custodia provisional de la menor de identidad reservada con iniciales A.C.T.O de seis años de edad, en favor de Hugo Texis Galicia, asimismo, se estableció un régimen de convivencia respecto de Ana Paola Onofre Hernández y su menor hija. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Previo escrito aclaratorio, mediante proveído de diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda, se solicitó informe justificado a la autoridad responsable, se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló pedimento, se ordenó emplazar a juicio a la tercera interesada, se ordenó designar representante especial y trabajador social, ambos en defensa de los intereses de la menor involucrada en el presente asunto, y se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional, misma que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, 35, 37 y 107, fracción VII de la Ley de Amparo; y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, relacionados con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como su adición contenida en el diverso acuerdo 3/2021 difundido en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de abril de dos mil veintiuno, en virtud de que el acto reclamado por grado es del conocimiento de un juez de distrito; por materia es de naturaleza familiar; y, porque la autoridad a quien se le reprocha tiene su residencia dentro de la jurisdicción territorial de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Previamente al estudio de su certeza o inexistencia y en aplicación de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debe fijarse en forma clara y precisa el acto reclamado. Analizada la demanda de amparo y las constancias que integran este juicio, se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: La Junta Familiar de dieciocho de abril de dos mil veintitrés, celebrada dentro de las diligencias sobre cuestiones familiares 340/2022 en la que se ratificó la custodia provisional de la menor de identidad reservada con iniciales A.C.T.O de seis años de edad, en favor de Hugo Texis Galicia, asimismo, se estableció un régimen de convivencia respecto de Ana Paola Onofre Hernández y su menor hija. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable Jueza de lo Familiar del Distrito Judicial de Zaragoza al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado, lo que se corrobora de las constancias que remitió en copia certificada del expediente generador del acto reclamado Diligencias Sobre Cuestiones Familiares 340/2022. Documental que cuenta con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, al haber sido autentificadas por funcionario público en ejercicio de sus funciones. CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. Al no existir causa de improcedencia que hagan valer las partes respecto del acto reclamado, o bien, que quien aquí resuelve advierta que se actualice alguna de oficio, lo que procede es entrar al estudio del fondo del asunto planteado. QUINTO. Antecedentes que originaron el acto reclamado. Para una mejor comprensión del asunto, es pertinente narrar los antecedentes que originaron al acto reclamado, los cuales son los siguientes: 1. Mediante escrito presentado ante el Juzgado de lo Familiar del Distrito Judicial de Zaragoza, el siete de abril de dos mil veintidós, Hugo Texis Galicia promovió diligencias sobre cuestiones familiares, en contra de Ana Paola Onofre Hernández (fojas 97 a 100 de autos). 2. Por auto de ocho de abril de dos mil veintidós, el Juez de lo Familiar del Distrito Judicial de Zaragoza, tuvo por radicada la demanda inicial, misma que fue registrada con el número de expediente 340/2022; además, se fijó fecha para la celebración de una Junta Familiar y se ordenó citar a la parte demandada (fojas 105 y 106 ídem). 3. El treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, tuvo verificativo una Junta Familiar, en la que estuvieron presentes, tanto la parte actora Hugo Texis Galicia, como la demandada Ana Paola Onofre Hernández, en la que se decretó la custodia provisional de la menor de identidad reservada con iniciales A.C.T.O de seis años de edad en favor de su progenitor (padre) y sobre las convivencias de la menor con su madre; finalmente se ordenó realizar estudios en psicología, trabajo social y visitas domiciliarias a los comparecientes -actor y demandada-, así como a la pareja actual del actor (fojas 118 y 119 del presente asunto). 4. En atención al escrito presentado ante la Juez responsable el dos de marzo de dos mil veintitrés por la demandada Ana Paola Onofre Hernández, por auto de seis de marzo de ese mismo año, se convocó a una segunda Junta Familiar (fojas 183 y 184 ídem). 5. El dieciocho de abril de dos mil veintitrés, tuvo verificativo la Junta Familiar, en la que se ratificó la custodia provisional de la menor involucrada en favor del padre; asimismo, fueron modificadas las convivencias supervisadas en la CECOFAM, previamente establecidas, para llevarse a cabo quincenalmente, en la que la madre recogerá a la menor en el domicilio de su padre los días sábado a las diez de la mañana y la regresará al día siguiente, esto es, los días domingo a las dieciocho horas (fojas 196 a 198 del presente amparo). Esta resolución constituye el acto reclamado en el presente asunto. SEXTO. Análisis de la Constitucionalidad del acto reclamado. Como punto de partida, debe tomarse en consideración que el presente juicio de amparo se promovió por Hugo Texis Galicia en representación de su menor hija de identidad reservada con iniciales A.C.T.O., en contra de las determinaciones adoptadas mediante la Junta Familiar de dieciocho de abril de dos mil veintitrés, en la que esencialmente se modificó el régimen de convivencia respecto de Ana Paola Onofre Hernandez y su menor hija. En ese sentido, toda vez que se encuentran involucrados los derechos de la menor de identidad reservada con iniciales A.C.T.O., este órgano jurisdiccional se encuentra obligado a velar por el interés superior de ésta, así como su sano desarrollo integral; ello, en términos de lo que disponen los artículos 2º, 3º y 5º, todos de la Convención sobre los Derechos del Niño. Por tanto, el análisis que se realiza en la presente resolución se encuentra encaminado a velar por los derechos que se encuentran inmersos en el juicio de origen; esto es, el derecho de la menor a tener una sana convivencia con sus progenitores conforme a los derechos consagrados en el artículo 4º de la Constitución Federal. Expuesto lo anterior, son fundados los conceptos de violación, suplidos en favor de la menor de identidad reservada, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 79, fracción II de la Ley de Amparo. Tiene aplicación, la tesis jurisprudencia 1a./J. 191/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, Mayo de 2016, página 167, con registro 175053, de rubro siguiente: "MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE.". En ese contexto, a fin de abordar el estudio del presente asunto, debe especificarse que el interés superior de la niñez, consagrado en el artículo 4º, párrafos noveno y décimo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conlleva una obligación de todas las autoridades para garantizar de manera plena los derechos de los niños, como lo son la familia y su sano esparcimiento para su desarrollo integral. Lo que implica un estricto escrutinio de las particularidades del caso, por parte de quien emite una decisión que involucre derechos de menores, ya que debe considerarse la opinión de las niñas, niños y adolescentes en cualquier decisión que les afecte, traduciéndose por ende en la obligación del juez o tribunal de examinar las circunstancias específicas de cada asunto para poder llegar a una solución estable, justa y equitativa especialmente para la niña, niño o adolescente. Por ello, al tomar sus decisiones, el juzgador ineludiblemente debe tomar en cuenta algunos aspectos que le permitan determinar con precisión el ámbito de protección requerida, tales como la opinión del menor, sus necesidades físicas, afectivas y educativas; el efecto sobre él de un cambio; su edad, sexo y personalidad; los males que ha padecido o en que puede incurrir, y la posibilidad de que cada uno de sus padres, o la persona sobre la que recaerá la guarda y custodia, responda a sus posibilidades. Entonces, cuando se está frente a asuntos que involucren derechos de niños, niñas y adolescentes, el juzgador debe realizar un análisis exhaustivo del caso concreto para emitir una decisión lo más acertada posible, incluso apartándose de las formalidades esenciales del procedimiento, siempre y cuando ello beneficie al menor de edad, ya que atendiendo al interés superior de éste, esas formalidades no deben ser un factor predominante en la emisión de decisiones judiciales que pudieran afectar algún derecho de menores. De lo anterior se evidencia, que todas las autoridades deben velar porque un menor no sea separado de sus padres contra su voluntad, siempre y cuando se determine que dicha separación es necesaria entendiendo siempre al interés superior del menor, como cuando el niño o niña es objeto de maltrato o descuido. Se concluye entonces, que el interés superior del menor constituye una prerrogativa que debe ser garantizada por toda autoridad jurisdiccional, previo a emitir una determinación que trastoque su derecho a la familia, como es el caso. De igual manera, atendiendo a los instrumentos internacionales y nacionales, sí puede e incluso debería conocer la opinión de los menores, en caso que éstos estén en condiciones de emitirla, sin que la misma sea vinculante para la autoridad responsable, pues el interés superior del menor debe ser la consideración primordial en la toma de decisiones relativas a niñas, niños y adolescentes, por tanto se debe conceder más importancia a lo que sea mejor para éstos, incluso aunque su voluntad sea contraria a la decisión adoptada. Ahora, en el caso en concreto se aprecia que el derecho involucrado es respecto de las convivencias de la menor de identidad reservada de iniciales A.C.T.O, por tanto, es de suma importancia precisar que la fijación del régimen de convivencia, así como las gestiones que deban realizarse, se debe atender a los diversos elementos que concurran en el caso, por ejemplo, la edad de la menor, sus necesidades y costumbres; el tipo de relación que mantiene con la madre no custodio; los orígenes del conflicto familiar; la disponibilidad y personalidad de la madre no custodio; la distancia geográfica entre la residencia habitual de la menor de edad y la de la madre; y, en general, cualquier otro factor que permita al juzgador discernir qué régimen de convivencia sería más benéfico para la menor de edad, estableciendo las circunstancias de tiempo, modo y lugar que considere más adecuadas para el ejercicio del derecho. De tal suerte que el régimen de convivencia puede fijarse en fines de semana; días entre semana; días de fiesta, en horarios que sean posibles para el padre o la madre, atento a los horarios y lugar de trabajo, así como los horarios escolares de la menor; debiendo tomarse en consideración si éstas deben desarrollarse en la residencia de la madre, o en un lugar distinto en donde puedan ser monitoreados o bien se vigile que efectivamente se lleven a cabo; o, para asegurarse que la menor de edad este asistida cuando haya indicios de algún tipo de violencia física o psicológica. En el entendido que, inclusive, en situaciones excepcionalmente graves, en que la convivencia pueda perjudicar al menor, se podrá privar de ella. Así, la modalización que se establezca a la convivencia debe garantizar una amplia relación y el mayor contacto posible entre la menor de edad y su progenitora, por lo que sólo por razones excepcionales podría justificarse la suspensión o limitación del régimen de convivencias, cuando así lo aconseje el interés de la menor de edad, exigiéndose una motivación sólida al respecto, sustentada en el concepto de riesgo probable y fundado, bajo un estándar de prueba claro y convincente; de manera que si no se justifica una situación de riesgo en esos términos, no es válido restringir o limitar la convivencia. Establecido lo anterior, en el caso concreto se advierte que el Juez responsable el dieciocho de abril de dos mil veintitrés, desahogó la Junta Familiar, en la que se ratificó la custodia provisional de la menor involucrada en favor del padre; asimismo, modificó las convivencias entre Ana Paola Onofre Hernández y su menor hija; sin embargo, de las constancias que obran en autos se advierte que no se han tomado las medidas necesarias para salvaguardar el derecho de la menor a fin de poder convivir de manera adecuada con sus progenitores. Se afirma lo anterior, pues la autoridad responsable con el objeto de garantizar el derecho de convivencia de la menor con su progenitora Ana Paola Onofre Hernández modificó las convivencias decretadas, en el sentido de poder llevarse a cabo quincenalmente, en la que la madre recogerá a la menor en el domicilio de su padre los días sábado a las diez de la mañana y la regresará al día siguiente; esto es, los días domingo a las dieciocho horas (fojas 196 a 198 del presente amparo). No obstante, a pesar de haber decretado la forma en que se tendrían que desahogar las convivencias entre la menor y su progenitora, lo cierto es que el Juez responsable no ha velado por que éstas se realicen conforme a derecho con el objeto de que se respete la integridad de la menor; ello, dado que las gestiones que se han efectuado se emitieron en cumplimiento a la suspensión definitiva otorgada en el incidente de suspensión de donde deriva el presente asunto. En otras palabras, el Juez del fuero común por mutuo propio, no ha tomado las medidas adecuadas para respetar la dignidad, integridad y sano desarrollo de la menor, esto, en términos de lo que disponen los artículos 1391 y 1395, ambos del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tlaxcala, el cual otorgan la facultad del Juez para poder intervenir de manera oficiosa en los asuntos que afecten al núcleo familiar y cuestiones que estén relacionadas con el interés superior del menor. Para evidenciar lo anterior, debe destacarse que mediante escrito presentado ante el juzgado de origen el siete de abril de dos mil veintidós, Hugo Texis Galicia promovió el Juicio de perdida de la patria potestad en contra de Ana Paola Onofre Hernández, por lo que seguida la secuela procesal, mediante auto de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, el juez responsable estableció que la menor conviviría con su progenitora un día a la semana de diez de la mañana a las catorce horas, en las instalaciones que ocupa el DIF; además, ordenó realizar diversos estudios psicológicos, trabajo social y visitas domiciliarias. En atención a las convivencias decretadas, la encargada de la Procuraduría para la Protección de Niñas, Niños y adolescentes informó que el veintinueve de junio, cinco, doce, diecinueve y veintiséis de julio, todos de dos mil veintidós, se presentaron ante las instalaciones del CECOFAM para realizar las convivencias programadas Ana Paola Onofre Hernandez y la infante. Asimismo, precisó los resultados que tuvieron cada una de las convivencias, en la que refirió que ante la aceptación y confianza que muestra la niña A.C.T.O hacia su progenitora se sugiere continuar con las convivencias programadas; además, precisó que en el transcurso de la convivencia se muestra interacción dinámica en la que se observa feliz a la menor, mostrando un lenguaje fluido entre ambas partes, que tiene confianza hacia su progenitora, en el cual le propone realizar juegos y actividades que le agradan. Por lo anterior y previa petición de la progenitora, el Juez de origen mediante la junta familiar de dieciocho de abril de dos mil veintitrés, modificó las convivencias que tiene derecho la niña con su progenitora, en las que se deberían realizar un fin de semana sí y otro no. Sin embargo, como se estableció, el Juez ha incumplido con sus obligaciones de que sus determinaciones se acaten; y, por ende, velar que el derecho de la infante de poder convivir con su madre se realice de una manera continua, pacífica y que se cuide su sano desarrollo, ya que se han podido lograr solo algunas convivencias con motivo a la suspensión decretada en este juicio. Se afirma lo anterior, ya que de las actuaciones que obran en el incidente de suspensión se observa que la autoridad responsable señaló el veintisiete de mayo del año en curso, a fin de que se iniciaran las visitas quincenales entre la menor de identidad reservada y su progenitora. Siendo que, mediante escrito presentado ante este órgano jurisdiccional, al quejoso Hugo Texis Galicia hizo del conocimiento que el día programado para las visitas -veintisiete de mayo de dos mil veintitrés- Ana Paola Onofre Hernández acompañados de policías del Municipio de San Luis Teolocholco, compareció a fin de llevar a cabo las convivencias decretadas, siendo que el aquí quejoso, no permitió que éstas se realizaran, pues manifestó que había una medida cautelar en la que debía acreditar el domicilio y números telefónicos para tener certeza donde se realizarían las convivencias. Por lo anterior, este Juzgado mediante auto de seis de julio de dos mil veintitrés, a fin de verificar el cumplimiento a la suspensión definitiva otorgada, se requirió al Juzgado informara las gestiones que se estuvieran realizando para poder lograr las visitas y convivencias entre la infante y su progenitora. En cumplimiento a tal requerimiento, la autoridad responsable informó que ya se habían ordenado realizar las convivencias libres entre la progenitora y la menor de identidad reservada; además, refirió que el régimen de convivencias, se realizarían el quince de julio de dos mil veintitrés, por lo que habilitó al Diligenciario adscrito a su Juzgado, para que se constituya en el domicilio de Hugo Texis Galicia y de fe de la entrega que debería realizar el quejoso amparista de su hija con las iniciales A.C.T.O. a Ana Paola Onofre Hernández. Siendo que los acontecimientos que asentó el actuario adscrito al juzgado de origen durante el desahogo de la diligencia, se aprecia que al pretender realizar la entrega de la menor con su madre a fin de que se efectuaran las convivencias decretadas, por parte del progenitor no se realizó de una forma pacífica y sana, lo que atenta contra el desarrollo integro de la menor. Ello es así, pues se desprende que el fedatario expuso que al solicitar la entrega de la menor a Hugo Texis Galicia, éste tocó la cabeza de su hija moviéndola y diciéndole "verdad que no quieres convivir con tu mamá", mirándola fijamente a los ojos, por lo que la niña contestó que no quiere irse con su mamá; asimismo, de lo establecido en dicha diligencia se aprecia que el quejoso Hugo Texis Galicia se interpuso a que se lleven a la menor. De igual forma, se observa que durante la diligencia existieron comportamientos violentos por parte del padre y algunos familiares de él, ya que a fin de impedir que la menor conviviera con su madre salió la cuñada del quejoso, quien intentó bajar a la niña del vehículo donde se encontraba e intento pelear con Ana Paola Onofre Hernández. Por otro lado, se aprecia que el quejoso mediante escrito de dieciocho de agosto de dos mil veintitrés, informó que la madre de la infante se constituyó al domicilio de éste el doce de agosto del año en curso, con el objeto de llevar a cabo las convivencias ordenadas; sin embargo, Hugo Texis Galicia manifestó que con motivo del recurso de queja que interpuso Ana Paola Onofre Hernández se habían "suspendido las convivencias", por lo cual no permitió que se llevara a cabo, sin que existiera resolución que así lo determine. En atención a tales manifestaciones, esta Juzgadora mediante proveído de veintiuno de agosto de dos mil veintitrés, hizo del conocimiento que en este juicio de amparo en ningún momento se acordó la suspensión de las visitas domiciliarias, como lo señaló el quejoso; además, se le requirió que en caso de no realizar la entrega de la menor para que se efectúen las visitas se le impondría una multa. Asimismo, se requirió al Juez responsable para que informara las gestiones que estaría realizando para lograr las convivencias que se habían decretado en el juicio de origen, en el que se precisó que no podría estar al arbitrio del aquí quejoso el cumplimiento de la suspensión definitiva en que se decretó que se llevara a cabo las visitas. Por ello, el Juez de origen señaló el dos de septiembre de dos mil veintitrés para efectuar las convivencias entre la menor y su progenitora Ana Paola Onofre Hernández, facultando al diligenciario para que diera fe de la entrega de la infante. Siendo que, mediante la diligencia de dos de septiembre de dos mil veintitrés, el actuario adscrito al juzgado de origen estableció que no se logró llevar a cabo la entrega de la menor para efectuar las convivencias, en virtud de que nadie acudió al llamado cuando llegaron a la casa del progenitor, lo que demuestra nuevamente la oposición del padre, aquí quejoso, para que se efectúen las convivencia entre la menor y su progenitora. Circunstancia que se considera que es en perjuicio de la menor el no poder convivir con su progenitora, siendo que de las actuaciones remitidas por el Juez responsable se advierte que las convivencias se han llevado a cabo de manera pacífica y sin datos de peligro para la menor; además, se cuenta con los estudios psicológicos que se efectuaron a ambos padres, de los que se aprecia que el psicólogo en sus conclusiones estableció que Hugo Texis Galicia cuenta con las habilidades parentales para continuar ejerciendo el cuidado de su hija; y, por lo que respecta a Ana Paola Onofre Hernández precisó que se encuentra ubicada en tiempo y espacio, presentado un lenguaje claro con lo que quiere dar a conocer; además, que tiene una personalidad pasivo complaciente, de igual forma se presenta equilibrada dispuesta a enfrentar al mundo con posibilidad de defenderse frente a las presiones ambientales. Actuaciones que se invocan como hecho notorio de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en relación con el artículo 2º de la Ley de Amparo. De dichos acontecimientos se desprende que existe oposición injustificada legalmente por parte del quejoso en que se realicen las convivencias decretadas a favor de la menor, lo cual, vulnera el derecho de la infante de poder convivir con su progenitora y así tener un desarrollo íntegro en un núcleo familiar que garantice de manera plena su estabilidad emocional. Cuestión que el Juez responsable ha vulnerado con su falta de actuación en la toma de medidas necesarias para hacer efectivo el derecho de convivencias y no cumple con su obligación de garantizar el sano desarrollo íntegro de la menor, lo que va en contra del interés superior de la infante, siendo que la convivencia con ambos progenitores es fundamental para su desarrollo. Por tanto, en un escenario de ruptura familiar, el Juzgador debe garantizar que se lleven a cabo las visitas y convivencias con el padre no custodio; sin embargo, cuando ya existen diversos requerimientos, apercibimientos y órdenes y el padre que ejerce la guarda y custodia se abstiene de presentar al menor a las convivencias, por su voluntad, sin que exista determinación judicial que ampare su proceder, por el contrario contraviniendo a la autoridad, actuar que como se dijo el Juez responsable ha fomentado y permitido ante la falla de acción en el procedimiento, pues ante tal escenario, pudo ya apercibir al padre en el sentido que de continuar con la actitud rebelde, se decretará la perdida de la guarda y custodia ya que es la única medida que puede garantizar las convivencias efectivas con ambos padres. Lo anterior tiene sustento, en la tesis aislada 1a.CLIII/2018, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo I, Diciembre de 2018, página 317, con registro 2018664, de rubro siguiente: "GUARDA Y CUSTODIA. CUANDO UNO DE LOS PROGENITORES HA INCUMPLIDO SISTEMÁTICAMENTE CON EL RÉGIMEN DE VISITAS Y CONVIVENCIAS, ES CONFORME AL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR MODIFICARLA.". En ese sentido, en suplencia de la queja y atendiendo al interés superior de la menor de edad de identidad resguardada, procede conceder el amparo para que la responsable cumpla con el régimen de convivencias entre la menor de edad de identidad resguardada A.C.T.O, con su progenitora Ana Paola Onofre Hernández, y se realicen todas las gestiones inherentes para que éstas efectivamente se lleven a cabo y para cercioramiento de su cumplimiento quede constancia de que la entrega de la menor es pacífica; por lo que deberá habilitar que la entrega y recepción de la infante se lleve a cabo en las instalaciones de CECOFAM en el horario establecido, de la cual en cada ocasión se deberá asentar constancia. Por último, no pasa desapercibido que el quejoso en sus alegatos haya manifestado que se debe escuchar a la menor para que manifieste si es su deseo ver a su mamá; sin embargo, en el caso esta Juzgadora considera que ello es innecesario por el momento para decidir en este juicio de amparo respecto a las visitas y convivencias, ya que no se está dilucidando la guarda y custodia, sino las visitas de convivencia y, estás, ya se han llevado a cabo por un tiempo de forma supervisada y después de varios meses y estudios psicológicos que se han efectuado no se advierte reticencia de la menor a ver y convivir con su madre, por el contrario de los reportes se advierte buena relación; además, que se robustece con la convivencia de la menor con su familia ampliada (abuelos, tíos y medio hermano). Se afirma ello, pues la psicológica adscrita a la Procuraduría para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes estableció que durante la convivencia se observa un diálogo fluido y continuo, hay interacción por medio del juego, la madre muestra interés y atención a su hija; además, precisó que la progenitora se muestra atenta e interesada por su hija y con plena disposición de formar parte de su vida y de su bienestar físico y emocional. Cabe destacar que, si bien hubo eventos en el pasado que pudieran afectar la relación madre-hija y fue el motivo por el que se decretó la guarda y custodia a favor del padre, con posterioridad no ha existido diverso evento de posible peligro para la menor; asimismo, se advierte que hasta hoy la madre e hija han llevado buena relación durante las convivencias, lo cual detonó que se fijaran las convivencias de manera libre. Además, que de la entrevista realizada por la trabajadora social de la Procuraduría para la protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, se advierte que la menor denota tristeza ante la ausencia de su progenitora, pues desconocía los motivos del por qué no ha acudido a las convivencias (a las cuales si bien es cierto la madre no acudió es porque ya se había modificado y la entrega se realizaría en el domicilio del padre). Aunado a ello, debe tenerse en cuenta que de escuchar a la menor antes de permitir las convivencias sería negativo para ésta en su sano desarrollo, ya que se estaría revictimizando a la infante y no podría ver a su madre durante ese lapso, siendo que hasta este momento no existe motivo que pueda pensar que está en peligro o amerite la cancelación de las convivencias, pues si bien es cierto debe llevarse a cabo su escucha, ello será determinante para la Guarda y Custodia y en ese sentido ya se ha pronunciado el Juez de origen pues ya citó a las partes a la citada audiencia de escucha para resolver el fondo de Guarda y Custodia. Ahora, en virtud que las diversas diligencias que se llevaron a cabo por el notificador del juzgado natural, en cumplimiento a la suspensión definitiva, en la que se asentaron hechos de violencia, en los que se advirtió que con el fin de impedir que la menor conviviera con su madre salió la cuñada del quejoso, quien intentó bajar a la niña del vehículo donde se encontraba e intento pelear con Ana Paola Onofre Hernández; ello, sin que se atendiera esto, lo que denota que los padres de la infante no llevan una buena relación para enfrentar el régimen de convivencia. Por tanto, se estima necesario que se les imponga a ambos padres cumplir con un régimen de terapias psicológicas y de dinámica familiar para hacer más amigable la convivencia de ambos padres para con la menor. Por las anteriores consideraciones, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, a fin de que el Juez de lo Familiar del Distrito Judicial de Zaragoza, realice lo siguiente: EFECTO 1.- Dentro de los tres días siguientes a que le sea notificado el auto en el cual causó ejecutoria la presente resolución, la responsable atendiendo al interés superior de la menor de edad, continúe con el régimen de convivencias entre la menor de edad de identidad resguardada y su progenitora Ana Paola Onofre Hernández, en el entendido que tendrá que realizar todas las gestiones inherentes para que éstas se lleven a cabo y para cercioramiento de su cumplimiento quede constancia de que la entrega de la menor es pacífica, asimismo, que la entrega para efectuar la convivencia se lleven a cabo en las instalaciones de la CECOFAM en el horario establecido de la cual de igual manera se deberá asentar constancia. Para cumplir lo anterior, el Juez responsable podrá hacer apercibimientos idóneos hasta el de poder cambiar la guarda y custodia sino se respetan las determinaciones emitidas respecto de las convivencias. 2.- Se estima necesario que se les imponga a ambos padres cumplir con un régimen de terapias psicológicas y de dinámica familiar para hacer más amigable la convivencia de ambos padres para con la menor y respetar las disposiciones jurisdiccionales que se emitan en el proceso natural. SÉPTIMO. Calificación de la concesión. El análisis realizado para la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, atendió a un estudio de fondo del acto que constituyó la litis en el presente juicio. OCTAVO. Publicación de sentencia. De conformidad con los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, genérese la versión pública, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E) y agréguese al expediente el acuse de recibo. NOVENO. Expedición de copias. Por otra parte, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo, sin necesidad de acuerdo posterior, expídase copia certificada de esta sentencia a la parte que acredite estar legitimada para su recepción, previa identificación y razón que por su recibo otorgue en autos, para debida constancia. Finalmente, al hacerse pública la presente sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición para la publicación de sus datos personales, de conformidad con el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de dicha ley; y el Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 1°, 103, 107 de la constitución federal; 73 y 74 de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se: R E S U E LV E: PRIMERO. La Justicia Federal Ampara y Protege a Hugo Texis Galicia, en representación de su menor hija de identidad reservada con iniciales A.C.T.O, por las consideraciones y para los efectos precisados en el considerando sexto del presente fallo. SEGUNDO. Atento a lo expuesto en el considerando séptimo de este fallo, se califica que la concesión otorgada atendió a un estudio de fondo. TERCERO. Captúrese la presente sentencia, genérese la versión pública y, agréguese el acuse de recibo. CUARTO. Entréguese copia autorizada de esta sentencia a la parte que lo solicite, previo pago y razón que por su recibo se deje en autos. QUINTO. Al hacerse pública la presente sentencia, deberá tomarse en cuenta que las partes, no manifestaron oposición expresa para la publicación de sus datos personales. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa, al representante especial y al trabajador social, ambos en representación de la menor quejosa; vía electrónica a la tercera interesada y Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma, Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, Tlaxcala, el día de hoy once de octubre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado, ante el Licenciado Jordy Santos Ávila, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.
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