Humberto López Loya Piñeiro
Expediente 99/2021 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 99/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 04/03/2021
Partes del expediente
- Humberto López Loya Piñeiro
Actuaciones
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, cuatro de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación con que se da cuenta, se desprende que la parte quejosa no interpuso el recurso de queja previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, en contra del proveído de doce de febrero de dos mil veintiuno, donde se desechó de plano la demanda de garantías promovida por Humberto López Loya Piñeiro; por ende, con fundamento en el artículo 2°, de la ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, estos últimos aplicados supletoriamente a la legislación de la materia, se declara que dicho auto ha causado estado. En consecuencia, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año, y que no existen documentos originales agregados al expediente; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto en que sin decidirlo en lo principal se dio por concluido; además, a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 antes citado. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, doce de febrero de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el escrito de demanda de garantías signado por ********************, al través del cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos que atribuye al Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial en el Estado, con residencia en esta ciudad; en consecuencia, regístrese en el libro de gobierno respectivo bajo el 99/2021-IV. Ahora bien, del análisis de la demanda de amparo, se advierte el motivo manifiesto e indudable de improcedencia, previsto en el artículo 61, fracción XXIII y 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia que conforme al artículo 113 de la ley de la materia, se deba desechar de plano. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, señala: ".Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Así, por motivo manifiesto de la causa de improcedencia debe entenderse lo que se da en forma clara, patente o evidente, mientras que lo indudable se presenta cuando se tenga certidumbre y plena convicción de que esa causa de inejercitabilidad sea operante e inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. En este sentido, a fin de robustecer el concepto de "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", se trae a colación la jurisprudencia I.6o.C. J/19, consultable en la página 730 del Tomo X, Septiembre de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto a la letra establecen: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Ahora, los dispositivos en que se funda la causal de improcedencia anunciada, en lo conducente señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte ." De dichos preceptos se infiere que el juicio de amparo indirecto procede en contra de actos dictados en juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, entendiéndose como aquéllos que necesariamente deben afectar materialmente derechos sustantivos. En relación a lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia de rubro: PERSONALIDAD, EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013); sostuvo que los actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberán ser de tal gravedad que impida en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Asimismo, de la interpretación al artículo 107 fracción V, de la Ley de Amparo, se deducen dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento. La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos que afecten materialmente derechos, lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Precisiones las anteriores, que fueron sustancialmente reiteradas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia con rubro: CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Ante ese panorama normativo, es evidente que en el presente asunto no se actualiza alguna de las anteriores condiciones establecidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para considerar que el acto reclamado sea de imposible reparación, pues no se advierte que con su emisión se afecten materialmente los derechos sustantivos del quejoso, al grado que se les impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente. Se afirma lo expuesto, porque sobre los actos reclamados tienen su origen o acontecieron dentro de un procedimiento seguido en forma de juicio, esto es, en el expediente ********************, relativo al juicio ordinario civil sobre liquidación de copropiedad, radicado ante el juez responsable, en el que la parte quejosa tiene calidad de demandada. Lo expuesto así se considera, toda vez que el acto reclamado consiste en el auto de dos de febrero de dos mil veintiuno que, dentro del procedimiento ordinario civil ********************, admite a trámite el recurso de revocación en contra del diverso proveído fechado el veintiocho de enero del mismo año, que a su vez admite el incidente de nulidad de emplazamiento. En efecto, para considerar que los actos reclamados son de imposible reparación, tal afectación necesariamente debe recaer sobre derechos sustantivos, pero además, debe verificarse de manera material, al grado que impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, lo que no acontece en la especie, ya que ello será, eventualmente, cuando el procedimiento concluya resolución adversa a los intereses del quejoso. Es así, pues como ya se expuso con antelación, conforme al artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, los actos para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, donde sus consecuencias deben ser de tal gravedad, que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, aun cuando ésta pudiera repercutir en un grado predominante o superior. Bajo esa línea de estudio, es evidente que en este asunto no se actualizan las condiciones establecidas por el legislador, para considerar que el acto sea de imposible reparación, pues aun para el caso de que pudiera estimarse que afecta derechos sustantivos, no menos lo es, que esa afectación no se actualiza en forma material, pues no se advierte que se impida a la parte quejosa, el libre ejercicio de algún derecho en forma presente. Por todo lo antes expuesto, se concluye que en el caso no se actualizan los supuestos establecidos por la Suprema Corte, para considerar al acto aquí reclamado como de imposible reparación; pues no afecta de manera directa, inmediata, actual y material alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o Tratados Internacionales suscritos por nuestro país. Esto es, alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, cuya afectación o sus efectos no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio natural, por haberse consumado de manera irreversible la violación de derecho alguno, y menos todavía, tal afectación se da de manera material, a grado tal que le impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente. En tal virtud, por actualizarse la causal descrita en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de derechos fundamentales presentada por ********************, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en cita. Tiene aplicación al respecto, la jurisprudencia I.1o.A J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, tomo VII, mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, que en su rubro y texto dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTIAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexan a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Se tiene al peticionario de garantías señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda, asimismo, autorizando al licenciado ******************** en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. Asimismo, tomando en cuenta que al promoverse el presente asunto se realizó de forma física, se exhorta a la partes para que, de ser posible y tomando en consideración las dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea"; atendiendo a ello, deberán haber solicitado la consulta de expedientes electrónicos y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, mismas que este juzgado debe haber autorizado, en el entendido de que la actuación por este medio requiere la utilización de una firma electrónica vigente. Sin embargo, para el caso de quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de su representante legal, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso a un expediente electrónico determinado y las notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. En atención a lo dispuesto en los artículos 79 y 81 del Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las atribuciones de los órganos en materia de transparencia, así como los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales, de diez de diciembre de dos mil ocho, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de enero de dos mil nueve, se hace del conocimiento de las partes que, a fin de respetar el derecho a la intimidad, en la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto se suprimirá la información que por normativa se clasifique como reservada, confidencial o datos personales. Por lo expuesto y fundado, con fundamento en el numeral 113 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se desecha de plano la demanda de garantías promovida por ********************, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Cuarto Distrito Judicial en el Estado, con residencia en esta ciudad. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
IV..De conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso b) y c), notifico al quejoso el proveído de doce de febrero de dos mil veintiuno, por medio de lista, al no haber acudido a este Juzgado a recibir la notificación de referencia de manera personal.
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