Humberto Jesús Flores Romero
Expediente 1396/2014 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 184 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1396/2014
- Año
- 2014
- Actuaciones
- 184
- Última actuación
- 23/03/2023
Partes del expediente
- Humberto Jesús Flores Romero
- Procurador General de Justicia en el Estado. Ciudad Victoria, Tamaulipas.
- Director del Periódico Oficial del estado de Tamaulipas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 184.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación con que se da cuenta, se desprende que la parte quejosa no se inconformó en contra del auto de veinte de febrero de dos mil veintitrés, en el que se tuvo por cumplida la sentencia ejecutoriada de amparo; por tanto, conforme a lo establecido en los artículos 196, 201 y 202 de la Ley de Amparo en vigor, se tiene por consentido dicho fallo. En virtud de lo anterior, toda vez que no existen cuestiones pendientes por resolver, ni mandatos por cumplimentar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido, ya que, como se vio, la resolución protectora ha sido cumplida; por tanto, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año, el presente expediente es susceptible de depuración, ya que se concedió la protección constitucional solicitada; además, a juicio de este tribunal no tiene relevancia documental para su conservación. En la inteligencia de que una vez transcurrido el término de tres años, este Juzgado de Distrito deberá iniciar el procedimiento de depuración, de conformidad con lo establecido en el artículo 18, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, por lo que, en su momento únicamente se dejarán para su conservación las actuaciones relativas a la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto, y, la determinación que otorga autoridad de cosa juzgada, y se destruirán el resto de las actuaciones por considerarse que no tienen relevancia documental. Finalmente, toda vez que en el presente juicio de amparo se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, provéase lo conducente en este último para dar cumplimiento al mencionado Acuerdo General en sus artículos 18, fracción I, inciso a) y 20, fracción II, inciso b). Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Josué Juárez Hernández, Secretario con quien actúa y da fe.
- Incidental
Matamoros, Tamaulipas, veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. Visto lo ordenado en el proveído de esta misma fecha, dictado en el juicio de amparo 1396/2014-IX, en el que se ordenó acordar lo conducente al archivo y depuración de los presentes cuadernos incidentales, enseguida se provee: De conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año; se ordena el archivo de este expediente y se determina que es susceptible de depuración el original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la medida cautelar (suspensión definitiva) respecto de los actos reclamados atribuidos a las autoridades señaladas como responsables; además, a juicio de este tribunal, no tiene relevancia documental para su conservación. En la inteligencia de que una vez transcurrido el iniciar el procedimiento de depuración, de conformidad con lo establecido en el artículo 18, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, por lo que, en su momento únicamente se dejarán para su conservación las actuaciones relativas al otorgamiento de las medidas cautelares o su violación; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el suscrito, y se destruirán el resto de las actuaciones por considerarse que no tienen relevancia documental. Por otra parte, toda vez que el presente incidente se formó por duplicado y separado, procédase a la destrucción de éste a partir del veinticuatro de septiembre de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a), y párrafo tercero, del mencionado Acuerdo General. Finalmente, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el original del incidente de suspensión al Centro Archivístico Judicial. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Josué Juárez Hernández, Secretario con quien actúa y da fe.
- Principal
H. Matamoros, Tamaulipas, veinte de febrero de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el escrito firmado por el quejoso ********************, a través del cual manifiesta bajo protesta de decir verdad, que ya le fue pagado el cheque número 0003212, de fecha once de noviembre de dos mil veintidós, por la cantidad de $237,413.92 (doscientos treinta y cuatro mil cuatrocientos trece pesos 92/100 moneda nacional), por parte de la autoridad responsable Fiscalía General de Justicia del Estado, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas, estando conforme con la cantidad mencionada; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el numeral 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a los autos para que obre como corresponda. Por otra parte, del estado que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, se advierte que en resolución pronunciada el veinticinco de junio de dos mil quince (fojas 476 a 509), el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Novena Región, con residencia en Zacatecas, Zacatecas, por una parte sobreseyó en el juicio de amparo, por otra negó el amparo y, en otro aspecto concedió la protección de la Justicia de la Unión al quejoso ********************. La parte agraviada, interpuso recurso de revisión en contra de dicha determinación, el cual le correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con residencia en Reynosa, Tamaulipas, bajo el número de expediente ********************, quien mediante ejecutoria de diecinueve de noviembre de dos mil quince, confirmó la sentencia recurrida, aunque los efectos de la protección constitucional serían los destacados en la sentencia emitida por la superioridad y no los señalados por el juzgado auxiliar. Por lo que, en auto de uno de diciembre de esa anualidad, como lo dispone el artículo 192 de la Ley de Amparo en vigor, se requirió al Procurador General del Estado, al Director de Administración de la Procuraduría General de Justicia del Estado, al Director General de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado, Jefe del Departamento de Nóminas y Pagos y Director de la Policía Ministerial del Estado, todos con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas, y al Delegado Regional del Tercer Distrito Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con sede en esta localidad, el cumplimiento a la resolución emitida por la Superioridad. Por acuerdo de doce de abril de dos mil dieciséis, este Juzgado de Distrito, consideró que ninguna de las autoridades responsables había comunicado a este órgano de control constitucional que se haya iniciado el trámite del pago de la indemnización respectiva y de las demás prestaciones a las que tenga derecho el quejoso ********************, desde que se concretó su separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio y hasta que se realice el pago correspondiente; por lo que requirió nuevamente su cumplimiento. En auto de diecinueve de julio de dos mil dieciséis, a petición del quejoso ********************, se ordenó la apertura del incidente no especificado para precisar, definir o concretar la forma o términos del cumplimiento de la ejecutoria (foja 367 tomo II). Mediante resolución de tres de octubre de dos mil diecinueve, se declaró procedente y fundado el incidente no especificado para precisar, definir o concretar la forma o términos del cumplimiento de la ejecutoria de amparo, en la que se determinó que las responsables deben pagar al quejoso la cantidad de $1, 243,082.01 (un millón doscientos cuarenta y tres mil ochenta y dos pesos 01/100 m. n.) (fojas 305 a 313 tomo III). Una vez que causó estado, se requirió a las autoridades responsables, para que dentro del término de diez días dieran cumplimiento a la interlocutoria de tres de octubre de dos mil diecinueve, dictada dentro del incidente para precisar, definir o concretar la forma o términos de cumplimiento de la ejecutoria de amparo, e hicieran el pago de la cantidad a que tiene derecho el quejoso ********************, al haber causado baja como elemento de la Policía Ministerial del Estado, con los apercibimientos correspondientes (fojas 335 y 336 tomo III). Seguidos los trámites correspondientes para el cumplimiento de la indicada interlocutoria, mediante proveído de treinta de marzo de dos mil veintiuno, se recibió el oficio número DGAFGJ/01388/2021, con el cual el Director General de Administración de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, comunicó que el diez de febrero del año en curso, se entregó al quejoso ********************, un cheque por la cantidad de $1,002,409.51 (un millón dos mil cuatrocientos nueve pesos 51/100 M. N.), una vez hecha la retención del impuesto sobre el producto del trabajo (ISPT/ISR) por el total de $240,672.00 (doscientos cuarenta mil seiscientos setenta y dos pesos 50/100 M. N.), solicitando que se tuviera por cumplida en su totalidad la ejecutoria de amparo. El cuatro de junio de dos mil veintiuno, una vez analizadas las constancias de autos, se determinó que las autoridades responsables cumplieron con la ejecutoria de amparo (fojas 2039 a 2043 tomo III). El quejoso interpuso recurso de inconformidad en contra de esa determinación, del cual le correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con residencia en Reynosa, Tamaulipas, con el número ********************, el cual mediante ejecutoria de catorce de julio de dos mil veintidós, resolvió lo siguiente: "ÚNICO. Es fundado el recurso de inconformidad ********************, interpuesto por ********************, dentro del juicio de amparo ********************, radicado en el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Matamoros." En atención a las consideraciones vertidas en la ejecutoria pronunciada por la Superioridad, se requirió al Director General de Administración de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, para que diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo; es decir, se debería liquidar al agraviado ******************** el periodo comprendido del tres de octubre de dos mil diecinueve, fecha en que se resolvió el incidente para precisar, definir o concretar la forma o términos de cumplimiento de la ejecutoria, hasta el diez de febrero de dos mil veintiuno, en que se entregó el pago que se definió en la incidencia de referencia (un año cuatro meses). Mediante, proveído de catorce de febrero de dos mil veintitrés, se recibió el oficio número FGJET/DGA/DAF/00108/2023, signado por el Director de Administración y Finanzas de la Dirección General de Administración de la Fiscalía General de Justicia del Estado, con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas, a través del cual informó sobre el cumplimiento dado a la sentencia ejecutoriada de amparo; asimismo, a dicho comunicado adjuntó copia del cheque número 0003212, por la cantidad de $237,413.92 (doscientos treinta y cuatro mil cuatrocientos trece pesos 92/100 moneda nacional), expedido a nombre del aquí quejoso. Lo anterior, se puso a la vista de quejoso, quien a través del escrito recibido en esta propia fecha, realizó diversas manifestaciones al respecto; por tanto, este tribunal procede a analizar de oficio si se cumplió con la ejecutoria de mérito. Lo anterior con apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 26/2000, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XI, Marzo de 2000, Materia Común, Novena Época, con el siguiente rubro y texto: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Cabe precisar que el Juzgado Segundo Auxiliar de la Novena Región con residencia en Zacatecas, Zacatecas, al momento de emitir su sentencia, en parte concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para los siguientes efectos: "En las relatadas condiciones, y al resultar fundado el concepto de violación, a fin de restituir al quejoso ******************** en el goce de los derechos humanos que le fueron violados, se le concede el amparo y la protección de la Justicia Federal que solicita, para efecto de que el Jefe del Departamento de Nóminas y Pagos y el Director General de Recursos Humanos, ambos adscritos a la Secretaría de Administración del Gobierno del Estado de Tamaulipas, el Delegado Regional del Tercer Distrito Ministerial, el Procurador y el Director de Administración, los tres últimos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas, todos con sede en Ciudad Victoria: Dejen insubsistente jurídicamente la orden de baja, separación de cargo, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio como elemento de la Policía Ministerial del Estado y la suspensión del sueldo como elemento de la Policía Ministerial; sin que ello implique que indefectiblemente se deba reinstalar al quejoso en el cargo que desempeñaba, por existir prohibición expresa para ello y se le otorgue a éste la garantía de audiencia, conforme a las disposiciones legales aplicables. Dados los efectos del presente fallo protector y en atención a que se concedió el amparo al no respetar la garantía de audiencia del quejoso, la autoridad responsable también deberá dejar insubsistentes jurídicamente el oficio ******************** de veintiséis de mayo de dos mil catorce y el diverso ******************** de cinco de septiembre de dos mil catorce. Lo anterior, en virtud de que dichos oficios son el sustento de la orden de baja, separación de cargo, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio como elemento de la Policía Ministerial del Estado y la suspensión del sueldo como elemento de la Policía Ministerial que reclama el quejoso, aunado a que éste órgano jurisdiccional no puede obligar a que la autoridad actué en determinado sentido, en virtud de que éstos forman parte de un procedimiento que emana del ejercicio de una facultad discrecional que le permite actuar como considere conveniente, siempre y cuando respete los derechos humanos del impetrante." Sin embargo, aunque el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con residencia en Reynosa, Tamaulipas, al resolver el amparo en revisión ********************, confirmó la sentencia emitida en el presente asunto, mediante la cual por una parte se decretó el sobreseimiento, por otra se negó el amparo y, en diverso aspecto se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a ********************, pero para los efectos destacados en la ejecutoria de diecinueve de noviembre de dos mil quince, los cuales son los siguientes: "Por tanto los efectos de la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión no debieron consistir en ordenar que se dejara insubsistente la orden de baja, separación de cargo, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio del peticionario de garantías como elemento de la Policía Ministerial del Estado, y que se respetara su derecho fundamental de audiencia, lo que implicaba la tramitación del procedimiento respectivo en el que se diera intervención a ******************** y, eventualmente, se dictara la resolución correspondiente, ya que ante la imposibilidad de ordenar la reincorporación del recurrente en sus funciones por prohibición expresa del artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en todo caso la protección constitucional debió otorgarse para el efecto de que las autoridades responsables lo resarcieran íntegramente mediante el pago de la indemnización respectiva y de las demás prestaciones a las que tenga derecho, como son la remuneración diaria ordinaria, así como los beneficios, recompensas, estipendios, asignaciones, gratificaciones, premios, retribuciones, subvenciones, haberes, dietas, compensaciones o cualquier otro concepto que el servidor público percibía por la prestaciones de sus servicios, incluso las vacaciones, la primea vacacional y el aguinaldo, desde que se concretó su separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio y hasta que se realice el pago correspondiente." . "En consecuencia, si los agravios son ineficaces por una parte y fundados, por otra, para lo cual son suplidos en sus deficiencias, lo procedente en la especie es confirmar la sentencia recurrida en la que se sobreseyó en el juicio de garantías, se negó la protección constitucional y se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, pero no para los efectos establecidos por el Juez de Distrito, sino para que las autoridades responsables resarcieran integralmente a ******************** mediante el pago de la indemnización respectiva y de las demás prestaciones a las que tenga derecho, desde que se concretó su separación, remoción, baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio y hasta que se realice el pago correspondiente." En esa tesitura, una vez analizadas las constancias de autos, se estima que las autoridades responsables en este asunto, han dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Esto en atención, a que el diez de febrero de dos mil veintiuno, el director de administración de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria, hizo entrega al quejoso ********************, el cheque número de folio 0006590, con cargo al banco BBVA Bancomer, de fecha treinta y uno de diciembre de dos mil veinte, por la cantidad de 1,002,409.51 (un millón dos mil cuatrocientos nueve pesos 51/100 M.N.) importe resultante una vez hecha la retención del impuesto sobre el producto del trabajo (ISPY/ISR) por el total del monto ordenado a pagar el cual es por el importe de $1,243,082.01 (un millón doscientos cuarenta y tres mil ochenta y dos pesos 01/100 M. N.), tal como se resolvió en el incidente de no especificado para precisar, definir o concretar la forma o términos del cumplimento de la ejecutoria de amparo; adjuntado, el acta donde el agraviado expresó bajo protesta de decir verdad que recibía el pago a su entera satisfacción (fojas 1983 y 1984 tomo III). De igual manera, se advierte que la citada autoridad el once de noviembre de dos mil veintidós, expidió el cheque número 0003212 a nombre del quejoso ******************** por la cantidad de $237,413.92 (doscientos treinta y cuatro mil cuatrocientos trece pesos 92/100 moneda nacional), como parte del cumplimiento de la ejecutoria de amparo (foja 2269 tomo IV). Finalmente, con el escrito firmado por el quejoso ********************, recibido en este auto, manifestó bajo protesta de decir verdad, que ya le fue pagado el cheque número 0003212, de fecha once de noviembre de dos mil veintidós, por la cantidad de $237,413.92 (doscientos treinta y cuatro mil cuatrocientos trece pesos 92/100 moneda nacional), por parte de la autoridad responsable Fiscalía General de Justicia del Estado, con sede en Ciudad Victoria, Tamaulipas, estando conforme con la cantidad mencionada. Por tanto, con fundamento en el numeral 196 de la Ley de Amparo, se declara que ha quedado cumplida sin exceso ni defecto la sentencia protectora emitida dentro del presente juicio de garantías, desde el once de noviembre de dos mil veintidós, fecha en la cual se expidió el cheque número 0003212, por la cantidad de $237,413.92 (doscientos treinta y cuatro mil cuatrocientos trece pesos 92/100 moneda nacional) a favor del quejoso, el cual manifestó ya le fue pagado. En resumen, para efectos estadísticos, se precisa: 1. La sentencia protectora se dictó el veinticinco de junio de dos mil quince. 2. Dicho fallo causó mediante ejecutoria de diecinueve de noviembre de dos mil quince, pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, con sede en Reynosa, Tamaulipas. 3. La fecha en que la autoridad responsable dio cumplimiento lo es el once de noviembre de dos mil veintidós. 4. El oficio relativo se recibió en este tribunal el trece de febrero de dos mil veintitrés. 5. La data de la última notificación relativa a la vista del cumplimiento es el veinte de febrero de dos mil veintitrés; y, 6. Finalmente, en esta propia fecha, que lo es veinte de febrero de dos mil veintitrés, se tiene por cumplida la ejecutoria. En congruencia con lo que antecede, hágase saber a la parte quejosa, que cuenta con el término de quince días para interponer el recurso de inconformidad en contra del presente pronunciamiento, de conformidad con los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Josué Juárez Hernández, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
II... De conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, notifico a la parte quejosa el proveído de veinte de febrero de dos mil veintitrés, por medio de lista, al no haber acudido a este Juzgado de Distrito a recibir la notificación respectiva de manera personal.
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