Humberto José Ramírez Escalante
Expediente 628/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 628/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 22/08/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Humberto José Ramírez Escalante
- Juez Séptimo Civil de Partido En León, Guanajuato
Actuaciones
- Principal
León, Guanajuato, veintidós de agosto de dos mil diecinueve. I. Causa estado. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días previsto en el artículo 98, primer párrafo, de la Ley de Amparo, para que el quejoso recurriera el proveído de nueve de agosto de dos mil diecinueve (fojas 14-17), por el cual se desechó la demanda de amparo, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con base en el artículo 98 de la Ley de Amparo en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el mismo ha causado estado. II. Depuración, destrucción y archivo. Con fundamento en el Acuerdo General número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve y Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobado el diez de diciembre de dos mil doce, se determina: Se desechó la demanda de amparo (foja 14-17). No obran documentos originales. Se ordena destruir la presente pieza de actuaciones de conformidad con la fracción I, artículo vigésimo primero. Hágase las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, y en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido.
- Principal
León, Guanajuato, nueve de agosto de dos mil diecinueve. I. Quejosa desahoga requerimiento. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta, a través del cual el quejoso Humberto José Ramírez Escalante, desahoga la prevención formulada mediante auto de dos de agosto del presente año (fojas 7 y 8), en atención a ello se provee: II. Análisis de procedencia de la demanda. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". En relación con la interpretación que debe darse a los conceptos "manifiesto" e "indudable" a que se contrae el citado numeral, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se actualiza, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que, en su caso, a ésta se anexen; en tanto que lo indudable se traduce que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Ahora, del análisis integral de la demanda de amparo, del escrito aclaratorio de cuenta y de los anexos, se procede a fijar de manera clara y precisa el acto reclamado, para lo cual se examina la demanda de derechos fundamentales en su integridad, esto es desde el proemio hasta sus puntos petitorios, así como del ocurso de cuenta y sus anexos, de los que se advierte que el quejoso reclama: El auto de quince de julio de dos mil diecinueve, dictado en el juicio ordinario civil 367/2015, del índice del Juzgado Séptimo Civil de Partido de esta ciudad, a través del cual en atención a lo solicitado por la parte actora, el citado Juez declaró la firmeza de la audiencia de remate celebrada en dicho contradictorio, le comunicó que en cuanto a su petición de ponerla en posesión del bien inmueble materia de litis, se estuviera a lo dispuesto en el artículo 538 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, y ordenó poner a disposición de la aludida parte la cantidad de $804,500.00 (ochocientos cuatro mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional). En el caso, a criterio de este órgano jurisdiccional, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII en relación con el numeral 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, que a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de Amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107.- El amparo indirecto procede: .IV.- Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones comeditas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." De la transcripción anterior, se desprende que cuando se está en la hipótesis de actos emanados del procedimiento de remate, el amparo indirecto solo podrá promoverse contra la resolución definitiva que se dicte en dicho procedimiento, siendo ésta aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. En el caso, se destacan los siguientes antecedentes narrados de la demanda de amparo: Dentro de los autos del juicio ordinario civil 367/2015, radicado ante el Juzgado Séptimo Civil de Partido de esta ciudad, se inició el respectivo procedimiento de ejecución de la sentencia dictada en dicho contradictorio, con el embargo del inmueble del aquí quejoso, diligencia que tuvo lugar el once de abril de dos mil dieciocho, y la cual se aprobó el doce siguiente. Seguido de sus trámites, se ordenó la valuación de dicho inmueble embargado, se nombraron y designaron peritos para tal efecto, posteriormente se realizó el avalúo y se aprobó el mismo el diecisiete de junio del presente año. Luego, el dieciocho de junio de dos mil diecinueve, se remató en primera almoneda el aludido bien inmueble. Finalmente, por auto de quince de julio del presente año, el Juez señalado como responsable, en atención a lo solicitado por la parte actora, declaró la firmeza de la audiencia de remate celebrada en dicho contradictorio, le comunicó que en cuanto a su petición de ponerla en posesión del bien inmueble materia de litis, se estuviera a lo dispuesto en el artículo 538 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, y ordenó poner a disposición de dicha parte la cantidad de $804,500.00 (ochocientos cuatro mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional). Este último proveído es el señalado como acto reclamado por el quejoso. Básicamente, de lo anteriormente narrado se advierte que lo que reclama el quejoso, es el auto de quince de julio dictado por el Juez Séptimo Civil de Partido de esta ciudad, a través del cual declaró la firmeza de la audiencia de remate celebrada en dicho contradictorio, le comunicó a la parte actora que en cuanto a su petición de ponerla en posesión del bien inmueble materia de litis, se estuviera a lo dispuesto en el artículo 538 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, y ordenó poner a su disposición la cantidad de $804,500.00 (ochocientos cuatro mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional). Ahora bien, de conformidad con la fracción IV del artículo que antecede, y partiendo de la base de que el amparo indirecto es procedente contra actos judiciales de los tribunales administrativos, agrarios o del trabajo, emitidos fuera de juicio o después de concluido, se precisa que, en lo concerniente a los procedimientos de remate, la que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento. En el caso que ocupa la atención, el acto que se reclama no tiene el carácter de definitivo, por lo que es claro que no ha ocurrido el supuesto para que proceda el juicio de amparo indirecto en el periodo de remate, en la medida en que el acto impugnado no es la resolución que en forma definitiva ordena la escrituración del bien rematado, menos aun la que ordena la entrega material del inmueble, sino que se trata de aquél auto en el que se declaró la firmeza de la audiencia de remate celebrada en el juicio de origen; en el que se le comunicó a la parte actora del juicio primigenio, que en cuanto a su petición de ponerla en posesión del bien inmueble materia de litis, se estuviera a lo dispuesto en el artículo 538 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato; y ordenó poner a su disposición la cantidad de $804,500.00 (ochocientos cuatro mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional), tal y como se aprecia de los antecedentes narrados con antelación, y de la copia de dicho auto que allegó al ocurso de cuenta. La razón que inspiró la creación de esta regla de procedencia fue impedir que el juicio constitucional sea utilizado como instrumento para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva, de la que se presume que la sociedad está interesada en que la ejecución se realice con celeridad, en el menor tiempo posible; y la certidumbre de que la violación que entrañe una afectación meramente adjetiva a las defensas de un sujeto, sólo conllevará perjuicio si es que la resolución final con la que culmina el procedimiento es adversa a sus intereses. Con ese motivo en mente, el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de los procedimientos de remate, a la última resolución, entendida como aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega del bien rematado en caso de que éste fuera el supuesto, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones cometidas durante el procedimiento de remate que hubieran dejado sin defensa a la parte quejosa y además hubieren trascendido al sentido de la resolución. No se soslaya, que en muchas ocasiones no se encuentra contenido en un mismo auto o resolución la orden definitiva de escrituración y la entrega material del inmueble adjudicado, y que en esa hipótesis, debe considerarse como la última resolución en el procedimiento de remate en términos de lo preceptuado en el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero de la actual Ley de Amparo, aquélla que ordena en forma definitiva la entrega de la posesión del bien inmueble adjudicado. Acude en apoyo la jurisprudencia PC.I.C.J/2K (10ª.), pronunciada por el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, al resolver la contradicción de tesis 11/2013, visible en la página 1738, Libro 10, Septiembre de 2014, Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2007355, cuyo rubro dice: "REMATE. LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO, ES LA QUE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN Y ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Asimismo, resulta orientadora la jurisprudencia III.5º.C.J/5 (10ª) del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la página 1454, Libro 7, Junio de 2014, Tomo II, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 2006616, titulada: "REMATE. CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN IV, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, EN VIGOR A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE, EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE ORDENA LA ESCRITURACIÓN Y LA ENTREGA DEL BIEN, AUN CUANDO SE ACUERDEN EN FORMA SEPARADA". De igual manera, el acto reclamado no se ubica en alguno de los casos de excepción a dicho supuesto, entre las cuales se encuentran aquellas resoluciones que tienen una autonomía propia y destacada en relación con la ejecución de sentencia, debiéndose entender por tales, las que se dictan de manera previa y son necesarias para preparar la ejecución, o bien, las que impiden dicha ejecución en perjuicio del ejecutante; como son el arresto dictado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes o la interlocutoria que fije en cantidad líquida la condena de que fue objeto el perdidoso, o el incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado. Encuentra aplicación la tesis 2a. VIII/98, de la Segunda Sala del Alto Tribunal del país, consultable en la página 230, Tomo VII, febrero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro siguiente: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS". Tampoco se encuentra ubicada en el diverso caso de excepción, establecido para aquellos actos dictados en la etapa de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos del promovente de la acción constitucional, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, toda vez que de un análisis efectuado a la demanda de amparo, se advierte que el quejoso reclama el auto de quince de julio dictado por el Juez Séptimo Civil de Partido de esta ciudad, a través del cual declaró la firmeza de la audiencia de remate celebrada en dicho contradictorio, le comunicó a la parte actora que en cuanto a su petición de ponerla en posesión del bien inmueble materia de litis, se estuviera a lo dispuesto en el artículo 538 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, y ordenó poner a su disposición la cantidad de $804,500.00 (ochocientos cuatro mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional), el cual no constituye un acto emitido en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecte de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. Encuentra aplicación la jurisprudencia P./J. 108/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 215/2009, entre las sustentadas por la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en la página 6, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE". Por tanto, como en la especie el acto reclamado sólo es un auto dictado en el juicio ordinario civil 367/2015, por el Juez Séptimo Civil de Partido de esta ciudad, a través del cual declaró la firmeza de la audiencia de remate celebrada en dicho contradictorio, le comunicó a la parte actora que en cuanto a su petición de ponerla en posesión del bien inmueble materia de litis, se estuviera a lo dispuesto en el artículo 538 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato, y ordenó poner a su disposición la cantidad de $804,500.00 (ochocientos cuatro mil quinientos pesos 00/100 moneda nacional), ello revela que no constituye un acto emitido en dicha fase (procedimiento de remate), que afecte de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, ni se trata de la determinación en la que se ordene el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega del bien que se ordena rematar, la cual como última, en todo caso sí podría ser impugnada mediante el juicio de control constitucional, al actualizar supuesto a que se refiere el artículo 107, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales; demanda en la cual podrá reclamar las demás violaciones cometidas durante el procedimiento de remate que hubieren dejado sin defensa al impetrante, como los que en el caso se alegan. Lo anterior, como ya se dijo, tiene como propósito el impedir que el juicio de amparo sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia condenatoria dictada en el juicio natural y que debe cumplimentarse atento a su naturaleza de orden público. Puesto que en el caso particular, no se trata de la resolución que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura y la entrega material del inmueble adjudicado, es inconcuso que el juicio de amparo es improcedente de manera indudable, en términos de lo preceptuado en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación a lo anterior, la tesis aislada P.LVII/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 16, Tomo V, Abril de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es el siguiente: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO". Atento a lo anterior, debe decirse que la demanda de que se trata resulta notoriamente improcedente, al actualizarse en la especie la causa de improcedencia prevista en el artículo 107, fracción IV y 61, fracción XII, ambos de la Ley de Amparo; por tal motivo, con apoyo en el numeral 113 de la Ley invocada, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Notifíquese personalmente al quejoso. Así lo proveyó y firma la licenciada Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, quien actúa asistida de la licenciada Norma Rojas López, Secretaria del juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Prevención. A efecto de estar en aptitud de acordar lo procedente, esto es, la admisión o desechamiento de la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 112, 114, fracciones II y IV, así como 108, fracciones IV y V, todos de la Ley de Amparo, requiérase al promovente para que dentro del término de cinco días, por escrito y con las copias necesarias para correr traslado a las demás partes, bajo protesta de decir verdad cumpla con lo siguiente: Señale con precisión cuál es el acto que reclama en la presente instancia constitucional. Relate de manera clara, cronológica y detallada todos los antecedentes del acto reclamado. Exhiba copia simple del auto de quince de julio de dos mil diecinueve, dictado en el juicio ordinario civil. Se apercibe al promovente que de no cumplir, se procederá conforme a los preceptos citados y en su caso se tendrá por no presentada la demanda de amparo, de conformidad con el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el numeral 110, párrafo primero, de la ley de la materia, hágase del conocimiento del solicitante del amparo que dentro del plazo concedido deberá exhibir las copias necesarias de su escrito aclaratorio y anexos para correr traslado a las partes, toda vez que son parte integral de la demanda de amparo; por tal motivo a fin de dar cumplimiento al presente requerimiento no se deberá presentar otro escrito de demanda. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio. POR ESTE CONDUCTO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA.
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