Humberto Javier Hernández García
Expediente 289/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 3 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 289/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 03/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Humberto Javier Hernández García
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE TRES DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, EN EL QUE SE ACORDÓ: Se agrega oficio. Agréguese a los autos el oficio que remite la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimosexto Circuito, con sede en Guanajuato, capital, a través del cual remite los autos originales del juicio de amparo en que se actúa; así como una copia del escrito de expresión de agravios, e informa que mediante acuerdo de veintiocho de mayo de dos mil diecinueve, dicho tribunal declaró que causó estado el diverso de dieciséis de mayo de este año, en el que se desechó por improcedente el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa. Acúsese recibo. Asimismo, se ordena glosar, únicamente las constancias originales que obran en el cuaderno de antecedentes correspondiente, pues se estiman innecesarias las diversas que en copia certificada lo integran, dado que sus originales constan el expediente en que se actúa. II. Depuración, destrucción y archivo. Con fundamento en el Acuerdo General número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve y Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobado el diez de diciembre de dos mil doce, se determina destruir esta pieza de actuaciones, ya que: Obran documentos originales. Se desechó la demanda de amparo. Hágase anotación de archivo y remítase al lugar de su guarda. III. Se deja a disposición de la parte quejosa documento. Requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación del presente proveído, comparezca al local de este juzgado a recoger el documento original que aportó como prueba al presente juicio de amparo; con el apercibimiento que de no hacerlo, en su momento dicha documental tendrá el mismo destino que este expediente, lo anterior con fundamento en el párrafo tercero del punto décimo primero del citado Acuerdo General. Notifíquese personalmente.
- Principal
Colegiado informa. Agréguese el oficio de cuenta signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimosexto Circuito, residente en Guanajuato, mediante el cual informa que se desecho por improcedente el recurso de revisión interpuesto por el aquí quejoso, mismo que quedó registrado bajo el número 30/2019.
- Principal
Interposición y trámite de recurso de revisión propuesto por la parte quejosa. Agréguense a los autos para que obren como correspondan el escrito y anexos de cuenta signados por el quejoso Humberto Javier Hernández García, mediante los cuales interpone recurso de revisión en contra del proveído de veintitrés de abril de dos mil diecinueve (fojas 43 y 44), en el cual se desechó la demanda de amparo. fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente y remítase a la superioridad de amparo los autos originales del juicio en que se actúa, el escrito de interposición del recurso, así como el original y copia del escrito de agravios, para la substanciación del recurso de revisión interpuesto. sin que resulte necesario atender el plazo establecido por el artículo 89 de la Ley de Amparo, pues al tratarse de una demanda que se tuvo por desechada, resulta innecesario notificar a persona alguna la interposición del recurso, pues no existe parte diversa al quejoso integrada a la relación procesal. En el entendido de que no existe base legal para sostener que cuando el recurso interpuesto no fuera el indicado deba reencauzarse la vía y admitirse el que resulte procedente, porque la Ley de Amparo establece con claridad la procedencia y el trámite que debe darse a los recursos de revisión y de queja.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE VEINTITRÉS DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE, EN EL QUE SE ACORDÓ: León, Guanajuato, veintitrés de abril de dos mil diecinueve. I. Parte quejosa ratifica escrito aclaratorio de demanda. Agréguese a los autos la constancia de notificación que antecede, de la que se desprende que el quejoso Humberto Javier Hernández García ratificó los escritos presentados ante este juzgado en fecha once de abril del año en curso y, en atención a ello, se acuerda: II. Fijación de la litis. Vistos los escritos aclaratorios de la demanda de amparo, se desprende que el aquí quejoso reclama de las autoridades responsables: Lo decidido dentro de la audiencia celebrada el doce de marzo de dos mil diecinueve, en la cual se determinó reconocer a Manuela Pérez, como beneficiaria de los derechos del finado Juan Hernández López y como consecuencia titular de los derechos que se encuentran señalados en el laudo dictado dentro del juicio laboral número 1758/2009/E3/CE/IND. III. Se desecha la demanda de amparo. A efecto de proveer respecto de la admisión o desechamiento de la demanda, por lo que a dicho acto se refiere, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del artículo transcrito se desprende que el órgano jurisdiccional tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que encuentre una causa manifiesta e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En el particular, se actualiza la causa de improcedencia prevista en los numerales 61, fracción XII de la Ley de Amparo, que textualmente dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia." El interés jurídico, consiste en el derecho que le asiste a los gobernados para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de derechos humanos reconocidos, tanto en la Constitución como en los tratados internacionales en los que México es parte, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal, que se ve afectado por un acto de autoridad, que ocasiona un perjuicio a sus titulares, esto es, una ofensa, daño o menoscabo en los derechos o intereses de los particulares. Ahora bien, la parte quejosa aduce que el acto reclamado irroga agravio en su esfera jurídica, tal y como lo menciona en el capítulo relativo a los conceptos de violación, al considerar violados los derechos contenidos en los artículos 14 y 16 constitucionales. Contrariamente a lo que afirma la parte quejosa, del escrito de demanda y correspondientes ocursos aclaratorios se advierte que en el presente juicio de amparo reclama lo resuelto en la audiencia celebrada el doce de marzo de dos mil diecinueve, en la cual se determinó reconocer a Manuela Pérez, como beneficiaria de los derechos del finado Juan Hernández López y como consecuencia titular de los derechos laborales que se encuentran señalados en el laudo dictado dentro del juicio laboral número 1758/2009/E3/CE/IND; empero, en el presente caso es la parte demandada en el juicio de origen, es decir, el patrón quien promueve el juicio de amparo, por lo que tal determinación no puede ser combatida por dicha parte procesal, ya que al haber una condena previa en su contra, tendrá que dar cumplimiento a la misma, independientemente de quien resulte beneficiario del trabajador fallecido. En consecuencia, la parte quejosa carece de interés jurídico para reclamar el acto que por este vía combate. Apoya la anterior determinación, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto establece: "BENEFICIARIOS EN MATERIA LABORAL, DECLARACIÓN DE. EL PATRÓN CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR SU RESOLUCIÓN. De una interpretación armónica de los artículos 115, 501, 503, 892 a 899 y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo, se concluye que el procedimiento de beneficiarios y dependencia económica, que tiene como única finalidad que se declare por parte de la autoridad laboral, quién es el que habrá de suceder al trabajador fallecido en el beneficio de una condena en contra del patrón, respecto de una acción previamente instaurada, sólo podría impugnarse por alguna de las personas que se considerara con mejor derecho en términos de las fracciones I a V, del mencionado artículo 501, pero la determinación adoptada en el procedimiento respectivo no genera un perjuicio o agravio personal y directo en la esfera jurídica del patrón, habida cuenta de que al existir una condena previa en su contra, independientemente de quién resulte beneficiario, él tendrá que cumplirla, lo que actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en la fracción V, del artículo 73 que, aplicado en concordancia con el artículo 74, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, conduce al sobreseimiento del juicio." No pasa inadvertido para esta Juzgadora la existencia de diversos criterios jurisprudenciales que impiden desechar, por regla general, una demanda de amparo por falta de acreditamiento de la afectación al interés jurídico. Esas tesis establecen que la ausencia de interés jurídico no es una causa notoria y manifiesta de improcedencia de la demanda de amparo, porque el promovente puede acreditarlo hasta la audiencia constitucional. Sin embargo, en este asunto no está en juego la demostración de una eventual afectación al interés jurídico de la parte quejosa, sino lo que se está poniendo de manifiesto es que al ser la parte demandada, es decir el patrón, en el juicio laboral en el que fue vencido y condenado, tendrá que dar cumplimiento al laudo, independientemente de quien resulte beneficiario del trabajador fallecido, situación que no se modificaría con la tramitación del juicio de amparo. Aunado a ello, si bien por regla general, el análisis del interés jurídico y su afectación debe observarse hasta el dictado de la resolución definitiva, existen casos de excepción en los que resulta evidente la falta de interés jurídico y su afectación desde la presentación de la demanda, por lo cual es posible su análisis en este momento, pues a nada práctico llevaría postergar su estudio hasta la sentencia si, finalmente, el resultado sería el mismo. En ese sentido, aun y cuando se admitiera la demanda de amparo y que la parte quejosa tuviera la oportunidad de ofrecer las pruebas que estime pertinentes, no podría controvertir el hecho de que no le causa perjuicio el acto en comento. La anterior determinación, se apoya, por analogía, en la jurisprudencia 2a./J. 57/2017, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, libro 43, junio de 2017, tomo II, materia común, página 1078, que dice: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable.". Bajo ese contexto resulto inaplicable la tesis aislada enunciada por el quejoso de rubro "BENEFICIARIOS EN MATERIA LABORAL. EL PATRÓN TIENE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR EN AMPARO LA DECLARACIÓN RELATIVA, CUANDO LA MISMA RESOLUCIÓN TAMBIÉN LO CONDENE AL PAGO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS (INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J.22/98)"; lo anterior, por proveer un supuesto distinto al aquí analizado, ya que en el caso que ocupa la atención sí existe una condena previa al aquí quejoso, como él mismo lo aseguró bajo protesta de decir verdad. Por tanto, debe decirse que la demanda de amparo de que se trata resulta notoriamente improcedente, al actualizarse en la especie la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo; por tal motivo, con apoyo en el numeral 113 de la ley invocada, se desecha la demanda de amparo que ocupa la atención. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Gabriela Elizeth Almazán Hernández, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en León, quien actúa asistida de la licenciada Norma Rojas López, Secretaria del juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.
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