Humberto Jesús Romero Granados
Expediente 782/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero. 39 actuaciones registradas, la última del 25 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 782/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 39
- Última actuación
- 25/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Humberto Jesús Romero Granados
Actuaciones
Las 4 más recientes de 39.
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que el término de quince días que concede la ley, a fin de que las partes se inconformaran respecto al proveído de veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, por el que se declaró cumplida la sentencia dictada en este juicio, en consecuencia... envíese al archivo.
- Principal
Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se aprecia que transcurrió el término de tres días concedido a las partes en auto de diecisiete de abril de dos mil dieciocho (fojas 606 y 607), para que se manifestaran en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria por parte de la autoridad responsable, sin que hayan hecho manifestación alguna al respecto. Por consiguiente, dado que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, se analiza si de las constancias que integran el expediente, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia definitiva dictada en este juicio de amparo el treinta de noviembre de dos mil dieciséis, por el Juzgado Cuarto Auxiliar de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región (fojas 296-330), se consideró que en el caso, no se había cumplido con lo establecido en la Constitución ni en la Ley Especial Indígena, ya que la Autoridad Responsable, al advertir que el quejoso pertenecía a un grupo Indígena, debió cerciorarse que, al tener carácter de inculpado, tuviera un desenvolvimiento pleno sobre el entendimiento en idioma español y sus consecuencias, por lo que debió asentar constancias de ello en la que interviniera un experto interprete que conociera de la lengua y las tradiciones del inculpado. En consecuencia se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso, para el efecto de que: En ese contexto, mediante proveído de veinte de enero de dos mil diecisiete (fojas 365-368), causó ejecutoria la sentencia referida, y se requirió a la Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Abasolo y Director del Centro de Reinserción Social, ambos con sede en Ometepec, Guerrero, su cumplimiento. En acatamiento a lo anterior, mediante oficio número 245, recibido el veinte de febrero del año próximo pasado (foja 392-427), la indicada Juez remitió constancias de las que se advierte dejó insubsistente el auto de formal prisión de dieciocho de mayo de dos mil once, dictado en la causa penal 115-I/2011, así como la declaración preparatoria rendida por el quejoso Humberto Jesús Romero Granados, tomada el trece del citado mes y año; asimismo, ordenó reponer el procedimiento a partir de la citada diligencia -declaración preparatoria del quejoso Humberto Jesús Romero Granados-; fijando como nueva fecha para rendirla las catorce horas del treinta de enero de dos mil diecisiete, diligencia en la que se designó a favor del procesado aquí quejoso a la perito oficial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, intérprete y traductora en la lengua español-amuzgo-español, Elida Mónico Francisco, quien lo asistió en dicha actuación, haciéndole de su conocimiento los hechos delictivos que se le atribuían, y los derechos que le otorga el artículo 20 de la Constitución Política Federal, en estricto apego al principio de defensa adecuada que se le reconoce constitucionalmente y finalmente, con fecha cinco de febrero de dos mil diecisiete, emitió auto de formal prisión en contra del quejoso Humberto Jesús Romero Granados, por el ilícito de homicidio calificado, cometido en agravio de Amado Valtierra Antonio. No obstante lo anterior, este juzgado consideró que la ejecutoria no había sido cumplida en su totalidad, ya que la citada autoridad responsable omitió considerar los usos y costumbres del referido quejoso como individuo de un grupo étnico o indígena, toda vez que en el considerando cuatro de tal resolución, relativo a la probable responsabilidad del impetrante, al referirse al escrito de alegatos, indicó, escuetamente, que si bien pertenece a la etnia amuzga por ser originario de la cabecera municipal de Xochistlahuaca, entiende y habla la lengua castellana, por lo que no se violaron sus garantías constitucionales, en razón de que se le asignó un perito intérprete en su declaración preparatoria, y que por cuanto hacía al señalamiento de que el órgano investigador no le asignó perito intérprete tal circunstancia contraviene las formalidades, pero no el resultado de su declaración, ya que se realizó ante un órgano de buena fe, motivo por el que, en proveído de quince de marzo de dos mil diecisiete (fojas 466 a 468), se requirió nuevamente su cumplimiento a la juez responsable. En acatamiento a lo antes expuesto, la autoridad responsable a través de su oficio 750, recibido el veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete (foja 486), remitió copias certificadas del auto de plazo constitucional de seis de abril de dos mil diecisiete (fojas 487-519), en el que dejó insubsistente la determinación que había dictado el cinco de febrero de dos mil diecisiete, tomando en consideración los antecedentes que se obtuvieron en la declaración preparatoria del quejoso Humberto Jesús Romero Granados, como individuo de un grupo étnico o indígena, concluyendo que no se violaron derechos fundamentales del quejoso en la indagatoria respectiva, ya que declaró detalladamente cuál fue su participación en el hecho delictivo que se le atribuye; aunado a que al declarar ante ese órgano judicial manifestó que pertenecía a la etnia amuzga, pero que hablaba y entendía perfectamente el idioma castellano, y que no era necesario que se le designara perito alguno; que aun cuando el quejoso dijo no ser necesaria la intervención de perito intérprete, le fue nombrado a un experto de su lengua madre, puesto que por el solo hecho de decir que pertenece a la etnia amuzga, indicaba que se autodescribió como indígena, por lo que se le otorgó la protección que le reconoce tanto la constitución como los tratados internaciones, pues dicha pertenencia le concede la identidad cultural que genera una diferencia valorativa a favor de los indígenas por su especial vulnerabilidad a fin de garantizarle acceso pleno a las instancias de defensa jurídica, la protección de los derechos compatibles de sus usos y costumbres con su especificidad cultural; por tanto, en la misma fecha dictó auto de formal prisión al quejoso Humberto Jesús Romero Granados, por el delito de homicidio calificado, en agravio de Armado Valtierra Antonio. Sin embargo, este juzgado nuevamente consideró que la ejecutoria no había sido cumplida en su totalidad, ya que la juez responsable al recibir la declaración preparatoria del indicado quejoso, si bien, en atención a la designación que hizo el impetrante, tuvo al licenciado Rogelio Arias Mejía, aceptando y protestando el cargo de defensor particular que le fue conferido por el inculpado, omitió corroborar si tal profesionista tenía conocimiento de la lengua y la cultura amuzga así como de sus usos y costumbres, a la que pertenece el indiciado, lo que infringía el derecho de defensa adecuada del quejoso, motivo por el que, en proveído de veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete (fojas 530 a 534), se requirió nuevamente su cumplimiento a la juez responsable. En cumplimiento a lo anterior, la Juez responsable mediante comunicaciones oficiales número 2021 (foja 547) y 4003/2017 (foja 581), remitió copia certificada del auto de formal prisión de diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, emitido en la causa penal 115-I/2011 (fojas 548 a 569), así como la declaración preparatoria rendida por el quejoso Humberto Jesús Romero Granados, el dieciséis de octubre del año antes citado (fojas 582 a 585), de los que se desprende que dejó insubsistentes los autos de plazo constitucionales de cinco de febrero y seis de abril ambos de dos mil diecisiete; asimismo, ordenó reponer el procedimiento a partir de la citada diligencia -declaración preparatoria del quejoso Humberto Jesús Romero Granados-; en la que se le designó a favor del procesado a la perito oficial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, intérprete y traductora en la lengua español-amuzgo-español, Elida Mónico Francisco, quien lo asistió en dicha actuación, haciéndole de su conocimiento el derecho que tiene de usar su dialecto durante el procedimiento y hacer uso de un intérprete y de un defensor con conocimiento de la lengua y cultura a la que pertenece, así como nombrar persona de su confianza que le defienda y que en caso de no hacerlo, ese Juzgado le designaría uno de oficio adscrito, quien por estar pagado por el Estado no le devengaría honorarios. El procesado designó como su defensor particular al licenciado Rogelio Arias Mejía, quien en la misma diligencia aceptó y protestó el cargo conferido, acreditando tener conocimiento de la lengua y cultura amuzga a la que pertenece el indiciado, exhibiendo diversas constancias que lo acreditaban. De modo que, como quedó anotado, con fecha diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, emitió un diverso auto de formal prisión en contra del quejoso Humberto Jesús Romero Granados, por el ilícito de homicidio calificado, cometido en agravio de Amado Valtierra Antonio, de acuerdo a las pruebas que obraban en la causa penal de origen, considerando los usos y costumbres del aquí quejoso. Por su parte, mediante telegrama enviado por el Encargado de la Dirección del Centro Penitenciario de Ometepec, Guerrero, informó haber dado cumplimiento al fallo otorgado al aquí quejoso (foja 605). Por lo anterior, se declara cumplida la sentencia dictada en este juicio; háganse las anotaciones en el libro respectivo. Por lo que como se dijo, de las constancias que remitió el Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Abasolo, se advierte que se siguieron los lineamientos dados en la sentencia de amparo. En virtud de las razones expuestas, se concluye que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos fundamentales violentados, al dar cumplimiento al fallo protector las autoridades responsables ciñéndose a los efectos precisados; de ahí que, no existe defecto o exceso en el cumplimiento de la ejecutoria dictada en el juicio de amparo en que se actúa. Tampoco se advierte, imposibilidad jurídica para cumplirla, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente. Notifico a la tercera interesada Clementina López Favián, el contenido del proveído que antecede por medio de lista que se fija en los estrados del juzgado.
- Principal
Notifico al quejoso el proveído de veintiuno de mayo en curso, mediante lista que se fija en los estrados del juzgado, toda vez que transcurrió el término de dos días señalado en el aviso que se dejo en su domicilio el veintiuno siguiente, el cual dice: "Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se aprecia que transcurrió el término de tres días concedido a las partes en auto de diecisiete de abril de dos mil dieciocho (fojas 606 y 607), para que se manifestaran en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria por parte de la autoridad responsable, sin que hayan hecho manifestación alguna al respecto. Por consiguiente, dado que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, se analiza si de las constancias que integran el expediente, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia definitiva dictada en este juicio de amparo el treinta de noviembre de dos mil dieciséis, por el Juzgado Cuarto Auxiliar de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región (fojas 296-330), se consideró que en el caso, no se había cumplido con lo establecido en la Constitución ni en la Ley Especial Indígena, ya que la Autoridad Responsable, al advertir que el quejoso pertenecía a un grupo Indígena, debió cerciorarse que, al tener carácter de inculpado, tuviera un desenvolvimiento pleno sobre el entendimiento en idioma español y sus consecuencias, por lo que debió asentar constancias de ello en la que interviniera un experto interprete que conociera de la lengua y las tradiciones del inculpado. En consecuencia se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso, para el efecto de que: En ese contexto, mediante proveído de veinte de enero de dos mil diecisiete (fojas 365-368), causó ejecutoria la sentencia referida, y se requirió a la Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Abasolo y Director del Centro de Reinserción Social, ambos con sede en Ometepec, Guerrero, su cumplimiento. En acatamiento a lo anterior, mediante oficio número 245, recibido el veinte de febrero del año próximo pasado (foja 392-427), la indicada Juez remitió constancias de las que se advierte dejó insubsistente el auto de formal prisión de dieciocho de mayo de dos mil once, dictado en la causa penal 115-I/2011, así como la declaración preparatoria rendida por el quejoso Humberto Jesús Romero Granados, tomada el trece del citado mes y año; asimismo, ordenó reponer el procedimiento a partir de la citada diligencia -declaración preparatoria del quejoso Humberto Jesús Romero Granados-; fijando como nueva fecha para rendirla las catorce horas del treinta de enero de dos mil diecisiete, diligencia en la que se designó a favor del procesado aquí quejoso a la perito oficial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, intérprete y traductora en la lengua español-amuzgo-español, Elida Mónico Francisco, quien lo asistió en dicha actuación, haciéndole de su conocimiento los hechos delictivos que se le atribuían, y los derechos que le otorga el artículo 20 de la Constitución Política Federal, en estricto apego al principio de defensa adecuada que se le reconoce constitucionalmente y finalmente, con fecha cinco de febrero de dos mil diecisiete, emitió auto de formal prisión en contra del quejoso Humberto Jesús Romero Granados, por el ilícito de homicidio calificado, cometido en agravio de Amado Valtierra Antonio. No obstante lo anterior, este juzgado consideró que la ejecutoria no había sido cumplida en su totalidad, ya que la citada autoridad responsable omitió considerar los usos y costumbres del referido quejoso como individuo de un grupo étnico o indígena, toda vez que en el considerando cuatro de tal resolución, relativo a la probable responsabilidad del impetrante, al referirse al escrito de alegatos, indicó, escuetamente, que si bien pertenece a la etnia amuzga por ser originario de la cabecera municipal de Xochistlahuaca, entiende y habla la lengua castellana, por lo que no se violaron sus garantías constitucionales, en razón de que se le asignó un perito intérprete en su declaración preparatoria, y que por cuanto hacía al señalamiento de que el órgano investigador no le asignó perito intérprete tal circunstancia contraviene las formalidades, pero no el resultado de su declaración, ya que se realizó ante un órgano de buena fe, motivo por el que, en proveído de quince de marzo de dos mil diecisiete (fojas 466 a 468), se requirió nuevamente su cumplimiento a la juez responsable. En acatamiento a lo antes expuesto, la autoridad responsable a través de su oficio 750, recibido el veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete (foja 486), remitió copias certificadas del auto de plazo constitucional de seis de abril de dos mil diecisiete (fojas 487-519), en el que dejó insubsistente la determinación que había dictado el cinco de febrero de dos mil diecisiete, tomando en consideración los antecedentes que se obtuvieron en la declaración preparatoria del quejoso Humberto Jesús Romero Granados, como individuo de un grupo étnico o indígena, concluyendo que no se violaron derechos fundamentales del quejoso en la indagatoria respectiva, ya que declaró detalladamente cuál fue su participación en el hecho delictivo que se le atribuye; aunado a que al declarar ante ese órgano judicial manifestó que pertenecía a la etnia amuzga, pero que hablaba y entendía perfectamente el idioma castellano, y que no era necesario que se le designara perito alguno; que aun cuando el quejoso dijo no ser necesaria la intervención de perito intérprete, le fue nombrado a un experto de su lengua madre, puesto que por el solo hecho de decir que pertenece a la etnia amuzga, indicaba que se autodescribió como indígena, por lo que se le otorgó la protección que le reconoce tanto la constitución como los tratados internaciones, pues dicha pertenencia le concede la identidad cultural que genera una diferencia valorativa a favor de los indígenas por su especial vulnerabilidad a fin de garantizarle acceso pleno a las instancias de defensa jurídica, la protección de los derechos compatibles de sus usos y costumbres con su especificidad cultural; por tanto, en la misma fecha dictó auto de formal prisión al quejoso Humberto Jesús Romero Granados, por el delito de homicidio calificado, en agravio de Armado Valtierra Antonio. Sin embargo, este juzgado nuevamente consideró que la ejecutoria no había sido cumplida en su totalidad, ya que la juez responsable al recibir la declaración preparatoria del indicado quejoso, si bien, en atención a la designación que hizo el impetrante, tuvo al licenciado Rogelio Arias Mejía, aceptando y protestando el cargo de defensor particular que le fue conferido por el inculpado, omitió corroborar si tal profesionista tenía conocimiento de la lengua y la cultura amuzga así como de sus usos y costumbres, a la que pertenece el indiciado, lo que infringía el derecho de defensa adecuada del quejoso, motivo por el que, en proveído de veintinueve de septiembre de dos mil diecisiete (fojas 530 a 534), se requirió nuevamente su cumplimiento a la juez responsable. En cumplimiento a lo anterior, la Juez responsable mediante comunicaciones oficiales número 2021 (foja 547) y 4003/2017 (foja 581), remitió copia certificada del auto de formal prisión de diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, emitido en la causa penal 115-I/2011 (fojas 548 a 569), así como la declaración preparatoria rendida por el quejoso Humberto Jesús Romero Granados, el dieciséis de octubre del año antes citado (fojas 582 a 585), de los que se desprende que dejó insubsistentes los autos de plazo constitucionales de cinco de febrero y seis de abril ambos de dos mil diecisiete; asimismo, ordenó reponer el procedimiento a partir de la citada diligencia -declaración preparatoria del quejoso Humberto Jesús Romero Granados-; en la que se le designó a favor del procesado a la perito oficial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, intérprete y traductora en la lengua español-amuzgo-español, Elida Mónico Francisco, quien lo asistió en dicha actuación, haciéndole de su conocimiento el derecho que tiene de usar su dialecto durante el procedimiento y hacer uso de un intérprete y de un defensor con conocimiento de la lengua y cultura a la que pertenece, así como nombrar persona de su confianza que le defienda y que en caso de no hacerlo, ese Juzgado le designaría uno de oficio adscrito, quien por estar pagado por el Estado no le devengaría honorarios. El procesado designó como su defensor particular al licenciado Rogelio Arias Mejía, quien en la misma diligencia aceptó y protestó el cargo conferido, acreditando tener conocimiento de la lengua y cultura amuzga a la que pertenece el indiciado, exhibiendo diversas constancias que lo acreditaban. De modo que, como quedó anotado, con fecha diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, emitió un diverso auto de formal prisión en contra del quejoso Humberto Jesús Romero Granados, por el ilícito de homicidio calificado, cometido en agravio de Amado Valtierra Antonio, de acuerdo a las pruebas que obraban en la causa penal de origen, considerando los usos y costumbres del aquí quejoso. Por su parte, mediante telegrama enviado por el Encargado de la Dirección del Centro Penitenciario de Ometepec, Guerrero, informó haber dado cumplimiento al fallo otorgado al aquí quejoso (foja 605). Por lo anterior, se declara cumplida la sentencia dictada en este juicio; háganse las anotaciones en el libro respectivo. Por lo que como se dijo, de las constancias que remitió el Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Abasolo, se advierte que se siguieron los lineamientos dados en la sentencia de amparo. En virtud de las razones expuestas, se concluye que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos fundamentales violentados, al dar cumplimiento al fallo protector las autoridades responsables ciñéndose a los efectos precisados; de ahí que, no existe defecto o exceso en el cumplimiento de la ejecutoria dictada en el juicio de amparo en que se actúa. Tampoco se advierte, imposibilidad jurídica para cumplirla, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo".
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