Humberto Cegueda Wences

Expediente 915/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guerrero. 10 actuaciones registradas, la última del 11 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
915/2023
Año
2023
Actuaciones
10
Última actuación
11/10/2023

Partes del expediente

  • Humberto Cegueda Wences

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Acapulco, Guerrero, once de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación y el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que se encuentra transcurriendo el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que la tercera interesada María de Luz Clemente Castro, se imponga de los autos y, en su caso, de considerarlo pertinente ofrezca las pruebas que estime adecuadas, en tal virtud, la audiencia constitucional programada para este día se difiere y, para su verificativo, se señalan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO. A lo anterior es aplicable la tesis que sustentó el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicada en la página 220 del Tomo XI, Abril de 1993, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con número de registro 216590, que establece lo siguiente: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, DEBE CONCEDERSE EL TÉRMINO NECESARIO A LAS PARTES PARA QUE OFREZCAN PRUEBAS CUANDO SE SEÑALE FECHA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA. CASO CONTRARIO DEBERA ORDENARSE LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. Si de las constancias de autos se advierte que el quejoso no contó con el término suficiente para ofrecer con toda oportunidad las pruebas a que se refiere el segundo párrafo del artículo 151, de la Ley de Amparo, o sea, aquellas pruebas que deben anunciarse cinco días hábiles antes del señalado para la celebración de la audiencia constitucional, esta circunstancia, ocasiona perjuicios al recurrente y, por tanto, debe ordenarse reponer el procedimiento, a efecto de que se señale nueva fecha para la celebración de la audiencia de fondo concediéndoles a las partes el término necesario para el ofrecimiento de pruebas." Así como la diversa V.2o.P.A.4 K (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 4, Marzo de 2014, Tomo II, página 1620, Décima Época, con número de registro 2005903, que refiere: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. AUN CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO QUE RINDIÓ LA AUTORIDAD RESPONSABLE DENTRO O FUERA DEL PLAZO LEGAL, SI NO MEDIARON POR LO MENOS OCHO DÍAS ENTRE SU NOTIFICACIÓN Y LA FECHA PARA SU CELEBRACIÓN, AQUÉLLA DEBE DIFERIRSE, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE SOLICITE. De los párrafos segundo y tercero del artículo 117 de la Ley de Amparo se advierte que las autoridades responsables deben rendir su informe justificado al menos ocho días antes de la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, así como que los informes rendidos fuera del plazo de quince días o el ampliado a veinticinco días, pueden ser considerados por el juzgador de amparo en la resolución respectiva solamente si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos. Lo anterior pone de manifiesto que tales preceptos tienen como finalidad asegurar que las partes -principalmente la quejosa- se ??????????????? impongan del contenido del informe justificado y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que estimen convenientes para desvirtuarlo, o para que, en su caso, pueda ampliarse la demanda de amparo, pues de esta manera se equilibra procesalmente a las partes y se permite aplicar el lineamiento referido que ordena tomar en consideración los informes rendidos solamente "si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos". Esta interpretación impide el estado de indefensión que podría suscitarse si la autoridad responsable rinde el informe justificado momentos antes de la audiencia, sin que éste pueda ser conocido por las partes, armonizándose de esta manera el imperativo de comunicar oportunamente el informe, garantizándose que las partes no queden en estado de indefensión. En ese contexto, cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero interesado no solicite su diferimiento o suspensión, no debe verificarse esa actuación buscando apoyo en una aplicación aislada y restringida del segundo párrafo del citado artículo 117, el cual señala que en caso de que el informe no se presente cuando menos ocho días antes de la audiencia, el juzgador debe acordar diferirla o suspenderla "a solicitud del quejoso o del tercero interesado", sino, relacionarla lógica, sistemática y armónicamente con el tercer párrafo del propio numeral, en el fragmento que evidencia que los informes pueden ser estimados "si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos", pues así se cumple con la finalidad de que las partes se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de aportar pruebas para desvirtuarlo o para ampliar la demanda. Así, por imperativo legal, el referido informe debe darse a conocer a las partes, no obstante se hubiese rendido dentro o fuera del plazo legal, pero siempre mediando un plazo de por lo menos ocho días entre la fecha de notificación y la de celebración de la audiencia, pues de lo contrario ésta deberá diferirse independientemente de que el quejoso o el tercero interesado lo soliciten." Por otro lado, atendiendo a que se encuentran emplazadas la totalidad de las partes en el presente juicio de amparo, se levanta la reserva decretada en proveído de cinco de octubre del año en curso, respecto del escrito signado por el quejoso Humberto Cegueda Wences, registrado con el número 15170, en consecuencia se acuerda: se tienen por ofrecidas como pruebas de su parte la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, legal y humana; sin perjuicio de que sean relacionadas en la etapa correspondiente de la audiencia constitucional y tomadas en consideración como en derecho corresponda en el momento procesal oportuno. Tocante a las pruebas marcadas en los números 1 y 2 de su escrito de ofrecimiento, consistentes en la Testimonial con cargo a Leiver Mauricio Martínez García y Daisy Fricache Díaz, así como la pericial en materia de grafoscopía, dígase al promovente que no ha lugar a acordar de conformidad su petición, toda vez que este juzgado de Distrito estima que dichos medios de convicción no son idóneos ni conducentes para demostrar los hechos controvertidos en esta vía constitucional; POR TANTO, SE DESECHAN DE PLANO LAS MENCIONADAS PROBANZAS. Lo anterior es así, en virtud de que, de un análisis integral realizado a la demanda de amparo presentada por el quejoso, se aprecia que la litis constitucional, versa sobre la legalidad o ilegalidad de la emisión de la orden de aprehensión librada en su contra, en la causa penal 149/2014-I/9°, (ahora 408/2020-II), por el extinto Juzgado Noveno de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, por su probable participación en el delito de homicidio calificado, cometido en contra de la víctima Ramiro Salgado Guerrero, es decir, el quejoso se duele básicamente de la orden de aprehensión librada hacía su persona, pues refiere que se violentan sus garantías de legalidad y seguridad jurídica, al no estar debidamente fundado ni motivado el acto de molestia, emitido, por el Juez de la causa. ??????????????? Consecuentemente, si lo que pretende el quejoso con dichas probanzas es demostrar la negligencia en el actuar del órgano ministerial al momento de realizar sus actuaciones en la integración de la averiguación previa TAB/MOZ/04/0261/2014, debe decirse que ello es ajeno a lo ventilado en esta sede constitucional, pues se insiste, el acto reclamado, versa sobre la legalidad o ilegalidad de la emisión de la orden de aprehensión librada en su contra, acto atribuido únicamente al otrora, Juez Noveno de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares. En ese sentido, debe precisarse que el artículo 119 de la Ley de Amparo dispone que en el juicio de amparo son admisibles toda clase de pruebas, excepto la confesional por posiciones, no obstante, esa facultad de que gozan las partes para ofrecer sus medios de convicción no es plena sino que está limitada al cumplimiento de ciertos requisitos, por lo que no debe entenderse en sentido irrestricto, y que incluso conlleve atentar contra el principio de celeridad que debe regir el juicio de amparo. De ahí se sigue la necesidad de atender las limitaciones que en materia de pruebas impone el artículo 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2, el cual exige que los medios de prueba estén reconocidos por la ley y tengan relación inmediata con los hechos controvertidos; siendo en el caso concreto del juicio de amparo, sólo dos aspectos los que se erigen en los grandes temas que constituyen objeto de la prueba en toda controversia constitucional, y que son: a) La existencia o inexistencia de los actos reclamados, y, b) La constitucionalidad o inconstitucionalidad de dichos actos. En ese contexto, lo procedente es desechar las aludidas pruebas al no ser idóneas ni conducentes para demostrar los extremos que pretende. Resulta aplicable por analogía, la tesis emitida por el Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 163, Tomo 181-186, Sexta Parte, Séptima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, que es del tenor literal siguiente: "PRUEBAS EN EL AMPARO. DEBEN DESECHARSE TODAS AQUELLAS QUE SEAN INCONDUCENTES. El artículo 150 de la Ley de Amparo establece que en el juicio de garantías son admisibles toda clase de pruebas, excepto la de posiciones y las que fueren contra la moral o contra el derecho; sin embargo, este precepto debe interpretarse tomando en cuenta el principio general de derecho que faculta al Juez para desechar las pruebas que estime inconducentes o no idóneas; por ello, si se pretende acreditar por medio de una inspección judicial un hecho que es materia de prueba documental, debe desecharse aquélla pues de no hacerlo así equivaldría a dar a los artículos 151 y 152 de la ley en comento una interpretación indebida y convertir al Juez de Distrito en un colaborador del oferente de la prueba." Asimismo, tiene aplicación la tesis asociada al artículo 150, pronunciada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 421, Tomo IV, Segunda Parte-1, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyos rubro y texto establecen: "PRUEBAS IDÓNEAS. SU CONCEPTO. De conformidad con lo establecido por el texto del artículo 86 del Código Federal de Procedimientos Civiles, "sólo los hechos estarán sujetos a prueba", de lo anterior, se colige que las partes en litigio deberán acreditar ante el juez la veracidad de sus afirmaciones a través de la demostración del hecho ausente, así, los elementos útiles para lograr dicha convicción en el juzgador lo serán las pruebas. Por otro lado, ??????????????? indica el cuerpo del artículo 87 del ordenamiento procesal ya invocado, que todo "tribunal debe recibir las pruebas que le presenten las partes, siempre que estén reconocidas por la ley". Por su parte, el texto del artículo 150 de la Ley de Amparo, explica que en el juicio de amparo es admisible toda clase de pruebas, excepto la de posiciones y las que fueren contra la moral y contrarias a derecho, entendiendo por esto último que no serán admitidas aquellas probanzas que no se ofrezcan en la forma y términos que al efecto establece la Ley. Ahora bien, es incontrovertible el hecho de que, de acuerdo con la naturaleza propia de cada prueba, las hay unas más idóneas que otras para demostrar el hecho ausente por acreditar. Dicha calidad de idoneidad se identifica con la suficiencia para obtener un resultado previamente determinado o determinable, esto es, una prueba será más idónea que otra mientras más suficiente sea para demostrar ante los ojos del juzgador el hecho ausente que se pretenda acreditar. La naturaleza de cada prueba no sólo permite distinguir entre sí a las diversas clases de probanzas útiles para crear convicción en el juzgador sino, además, ofrece a las partes que integran la relación jurídica procesal (juez, actor y demandado) la oportunidad de escoger y decidir, entre los diversos métodos que cada una de ellas importa, cuál es más idónea que las restantes para demostrar el hecho concreto por conocer. Así, dependiendo de la naturaleza de ese hecho concreto, se desprenderá la idoneidad de la prueba que resulte más apta para lograr el extremo que se pretenda acreditar." Sirve de apoyo la Tesis I.1o.A.14 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1888, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Febrero de 2006, Materia Común, Novena Época, Registro: 175823, que dice: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO. LA FALTA DE IDONEIDAD Y PERTINENCIA IMPLICA QUE EL JUEZ DE DISTRITO NO ESTÉ OBLIGADO A RECABARLAS. Los artículos 150 y 152 de la Ley de Amparo, así como el 79 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a los juicios de garantías, disponen que en el juicio de amparo son admisibles toda clase de pruebas, con excepción de la de posiciones y de las que atenten contra la moral y el derecho y que, a efecto de que las partes puedan rendirlas, las autoridades están obligadas a expedir con toda oportunidad las que tengan en su poder y si no cumplen con esa obligación, a petición del interesado, el Juez de Distrito les exigirá tales medios de prueba con el único requisito de que, previo a esa petición, se hubieran solicitado directamente a los funcionarios. Sin embargo, el contenido de dichos dispositivos no debe interpretarse en el sentido de que el juzgador está obligado, en todos los casos, a recabar las pruebas ofrecidas por las partes, sino que, para su admisión, deben cumplir con los principios de pertinencia e idoneidad. Ahora bien, el primero de tales principios impone como limitación al juzgador, tanto al calificar la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes como las que traiga oficiosamente, que tengan relación inmediata con los hechos controvertidos, con la finalidad de evitar, por economía procesal, diligencias innecesarias y carentes de objeto, y el segundo, regido, a su vez, por los principios de expeditez en la administración de justicia y de economía procesal, consiste en que la prueba sea el medio apropiado y adecuado para probar el hecho que se pretende demostrar, de modo que intentar recabar una prueba que no cumpla con esas exigencias provocaría una mayor dilación en el trámite del proceso en perjuicio de los justiciables y de la pronta y expedita impartición de justicia." Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Agréguese a los presentes autos el escrito signado por el quejoso Humberto Cegueda Wences y anexos que acompaña, mediante el cual ofrece diversos medios de prueba, sin embargo, resérvese acordar lo conducente hasta en tanto se encuentren emplazadas todas las partes en el presente juicio.

  3. Incidental

    R E S U E L V E: PRIMERO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por ****************, contra los actos precisados en el resultando primero y autoridades señaladas en el considerando primero de la presente interlocutoria. SEGUDO. Se concede la suspensión definitiva de los actos reclamados por el incidentista ***************, en términos del considerando tercero de la presente resolución interlocutoria.

  4. Principal

    Con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo, téngase a la Jueza Primera de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, rindiendo su informe justificado. Con el contenido de dicho informe y anexo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Relaciónese en la audiencia constitucional. Asimismo, con fundamento en el numeral 119 de la ley de la materia, téngase como pruebas de dicha responsable las documentales que anexa, mismas que se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional. Con las referidas pruebas documentales se ordena abrir un tomo de prueba por separado para mejor manejo del expediente, el cual estará a disposición de las partes en la secretaría de este juzgado. Por otra parte, es menester precisar que por auto de seis de septiembre de dos mil veintitrés, este juzgado se reservó a proveer respecto de la designación de los terceros interesados, hasta en tanto las responsables rindieran sus informes justificados, y dado que ello ya aconteció se provee: Luego entonces, de un análisis realizado a las referidas constancias remitidas por la Jueza Primera de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Tabares, con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso b) y e), de la Ley de Amparo, se reconoce con el carácter de terceros interesados a Alejandro Soria Villa, en su carácter de Agente del Ministerio Público del Fuero Común adscrito al Sector Mozimba del Distrito Judicial de Tabares, el cual intervino en la carpeta judicial 108/2020-II antes 149/2014-I/9, así como a María de la Luz Clemente Castro. En virtud de lo anterior, con apoyo en el numeral 26, fracción II, inciso b), se ordena el emplazamiento de Alejandro Soria Villa, en su carácter de Agente del Ministerio Público del Fuero Común adscrito al Sector Mozimba del Distrito Judicial de Tabares, por medio de oficio que al efecto se libre. Asimismo, se comisiona a uno de los actuarios judiciales adscritos a este órgano de control constitucional, a efecto de que, se emplace a juicio a la tercero interesada María de la Luz Clemente Castro, en el domicilio Callejón primero de mayo 155, Colonia Aguas blancas, código postal 39580 de Acapulco de Juárez....

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