Humberto Huipe Garibay

Expediente 231/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
231/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
24/04/2023

Partes del expediente

  • Humberto Huipe Garibay

Actuaciones

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, veinticuatro de abril de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, este órgano jurisdiccional emite las determinaciones, siguientes: CAUSA ESTADO Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que, no fue impugnado en legal término el auto que desechó la demanda de amparo, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO. ORDEN DE ARCHIVO Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE JUDICIAL En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. De conformidad con el artículo 21, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento toda vez que en el presente asunto no se tramitó incidente de suspensión. Notifíquese. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido de la Secretaria María Guadalupe Mateo Mendoza, quien da fe.

  2. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, tres de abril de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, este órgano jurisdiccional emite las determinaciones, siguientes: RECEPCIÓN Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Humberto Huipe Garibay, por propio derecho, en contra del Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán de Ocampo. REGISTRO Fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y regístrese en el libro de gobierno bajo el juicio de amparo número 231/2023. CAUSA DE IMPROCEDENCIA Ahora, a efecto de proveer respecto de la demanda de cuenta, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que literalmente establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda, y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Cobra aplicación, la jurisprudencia V.2o.J/75 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro y texto es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. De la lectura del artículo 145 de la Ley de Amparo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; que este motivo sea manifiesto; que también sea indudable. Lo relativo al motivo o causa de improcedencia del juicio constitucional no requiere mayor explicación; lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación -cuando los haya- y de los documentos que se anexan a tales promociones, y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Del precepto trascrito, se desprende que es obligación del Juez de Distrito examinar, ante todo, el escrito de demanda y anexos que se acompañan a ella y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las causas de improcedencia reguladas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual. Ahora, en el caso, se aprecia que el peticionario de amparo, comparece ante esta instancia constitucional a dolerse de, lo siguiente: "(.) AUTORIDADES RESPONSABLES: Lo es en cuanto Ordenadora, la C. Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán.". ACTO RECLAMADO: Lo constituye el auto de fecha 14 catorce de marzo del año 2023 dos mil veintitrés, emitido por la Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Uruapan, Michoacán, dentro del Juicio Ordinario Oral Familiar número 149/2022, sobre Desconocimiento e Investigación de la Paternidad, el cual textualmente señala que: "Visto el escrito de cuenta que presenta el Demandado Humberto Huipe Garibay, atento a su contenido dígasele que no ha lugar a lo que solicita en el sentido de desechar la demanda que dio origen la presente y remitir los autos al archivo, bajo el argumento que la actora no cumplió con el requerimiento realizado en auto de fecha 5 cinco de mayo del año 2022 dos mil veintidós, concretamente exhibir la cédula profesional del abogado que autorizo el escrito inicial de demanda, lo anterior es así, por que la demanda fue admitida en la fecha que se indica, es decir, 5 cinco de mayo del año pasado, y no obstante que se haya hecho el requerimiento a la parte demandada para que exhibiera la cédula profesional que autorizó su escrito de demanda, lo cierto es que no se le realizó apercibimiento alguno en caso de no cumplir con la prevención. Más aún que a la fecha, dicho auto de admisión ha causado firmeza pues nadie se inconformó con su contenido, de manera y términos previstos por la legislación familiar vigente. (Lo resaltado, es propio) (.)". En relación a lo anterior, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual establece que la improcedencia del juicio puede derivar no sólo de las causas expresamente previstas en dicho artículo, sino también de los demás supuestos de improcedencia que provengan de la Ley de Amparo o la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El dispositivo en mención, establece lo siguiente: "(.) Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.)" Lo anterior, en relación con el artículo 107, fracción V de la Ley de Amparo, como se lee de la siguiente inserción: "(.) Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". Esto es, el acto reclamado no se trata de un acto de imposible reparación, toda vez que la Ley de Amparo, en su artículo 107, fracción V, se establece lo que debe entenderse por un acto dentro de juicio cuyos efectos sean de imposible reparación. De esta manera, se pone de manifiesto que el legislador acotó los actos dentro de juicio, considerados como de ejecución irreparable, a aquéllos que producen una afectación material a los derechos sustantivos tutelados por la Constitución y los Tratados Internacionales; por lo que efectivamente ya no existe la posibilidad de considerar que dentro de ese concepto se incluyan los actos que producen efectos meramente formales, aun cuando se tratara de una violación procesal en grado predominante o superior. Lo cual quedó de manifiesto con la jurisprudencia 37/2014 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, donde concluyó que la hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto contra los actos en juicio de imposible reparación, a la luz de la nueva Ley de Amparo, sería contra aquéllos actos que necesariamente produzcan una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no que produjeran una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además, de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), visible en la página 39, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, que es del rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios. La interpretación del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor, contenida en la jurisprudencia antes citada, en cuanto se ha establecido que la condición de afectación a las partes de manera preponderante y superior no implica irreparabilidad, es vinculatoria para este Juzgador Federal conforme a lo dispuesto por el artículo 217, primer párrafo, de la Ley de Amparo, dado que ha quedado resuelto el tema específico sobre lo que debe entenderse por acto de imposible reparación dentro del proceso, aun cuando dicho criterio se haya emitido al analizar lo relativo a la personalidad. En ese orden de ideas, se considera que para calificar ahora la procedencia del juicio de amparo indirecto respecto de aquellos actos de "imposible reparación", esto es, conforme al marco legal vigente, se atenderá a los efectos o consecuencias que éstos produzcan; es decir, si la naturaleza de la violación afecta o no materialmente un derecho sustantivo protegido por la Constitución y los Tratados Internacionales. Ahora bien, en el caso el peticionario de amparo reclama el acuerdo de catorce de marzo de dos mil veintitrés, dictado dentro del juicio 149/2022, que sobre desconocimiento de la paternidad y reconocimiento de la paternidad, promovió en su contra Ma. Concepción González Bedolla, de la estadística del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial Uruapan, Michoacán de Ocampo; en el cual, la responsable determinó que no había lugar a proveer de conformidad el escrito de nueve de marzo de los corrientes, en el que en su calidad de parte demandada solicitó lo siguiente: "tenga a bien decretar el archivo y conclusión del presente juicio o desechamiento de la demanda que dio origen al presente juicio; lo anterior resulta así, ya que mediante acuerdo de fecha 5 cinco de mayo del año 2022 dos mil veintidós, este jugado emitió prevención en contra de la parte actora en los siguientes términos; 'se requiere a la actora para que dentro del término de 3 tres días exhiba copia certificada de la cédula profesional de los licenciados Saúl Cornelio González y Alberto Manuel Aguilar Pulido, con la finalidad de tener por colmada la exigencia prevista en el artículo 693 del Código Familiar del Estado.', prevención a la cual la parte accionante no dio cumplimiento en el tiempo que le fue concedido para tales efectos y de manera formal, luego entonces de conformidad con lo establecido en el citado artículo 693, que relacionado con los artículos 966 y 982 del mismo cuerpo normativo en la materia, se debe decretar el archivo del presente juicio como asunto concluido." Determinación que sustentó en los hechos siguientes: Que la demanda fue admitida en la fecha que se indica, es decir, 5 cinco de mayo del año pasado (dos mil veintidós); Que no obstante que se haya hecho el requerimiento a la parte demandada para que exhibiera la cédula profesional que autorizó su escrito de demanda, no se le realizó apercibimiento alguno en caso de no cumplir con la prevención; Que a la fecha, el auto de admisión causó firmeza al no haberse inconformado nadie con su contenido, de manera y términos previstos por la legislación familiar vigente. Bajo ese contexto, en el caso particular, los efectos de dicho acto reclamado no son de aquéllos que han sido calificados por la jurisprudencia como de imposible reparación; ya que dicha determinación no impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, tampoco reviste la categoría de derechos "sustantivos", como pudiera ser la vida, salud, libertad, integridad personal, entre otros; ni son de aquellos que afectan a las partes en grado predominante o superior y que causen agravio que no pueda repararse, puesto que es factible que concluidas las etapas procesales del juicio familiar, obtenga el dictado de una sentencia favorable, caso en el cual desaparecerán las violaciones procesales, pero de persistir y de estimar que se cometió alguna violación, está en condiciones de hacerla valer como tal en el amparo directo. Por tanto, se reitera, la respuesta de no proveer de conformidad la petición del quejoso, esto es, de decretar el archivo, la conclusión del juicio, o desechamiento de la demanda, por sí no causa una situación de irreparabilidad o imposible reparación, sino que sólo produce efectos intraprocesales, que no pueden considerarse como de imposible reparación en tanto sus consecuencias podrían no repercutir en el propio juicio natural. En ese tenor, si el acto reclamado en mención no satisface la condición para que sean considerados como actos dentro del juicio que tengan una ejecución irreparable, deviene inconcuso que el juicio de amparo indirecto resulta improcedente, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo y por tanto, con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. A mayor abundamiento, es menester indicar que, respecto de la modalidad en que la autoridad responsable practicó la notificación del auto de cinco de mayo de dos mil veintidós, relativo a la admisión del juicio de origen, no afecta directamente a los derechos sustantivos; pues, en todo caso, quedan a salvo sus derechos para que los haga valer en la vía y forma legal que corresponda, dentro el sumario natural. DOMICILIO PROCESAL Téngase a la parte quejosa, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en su escrito de cuenta. AUTORIZADOS Se le tiene al quejoso autorizando en términos del artículo 12 de la Ley de la Materia, a ********************, cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos del Poder Judicial de la Federación, que le acredita como licenciado en derecho, y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse delos autos a las personas restantes, hasta en tanto acrediten encontrarse facultados para ejercer la profesión de licenciados en derecho. CORREO ELECTRÓNICO Manténgase bajo resguardo el correo electrónico que proporciona, a fin de que sea utilizado únicamente como medio especial y expedito de contacto de carácter no procesal, toda vez que no se encuentran previstos por la Ley de Amparo. DETERMINACIONES GENERALES EN RELACIÓN CON LA ACTUACIÓN DE LAS PARTES Se exhorta a las partes para que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; o bien, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se pueden entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO Y PUBLICIDAD Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Hágase saber a las partes, que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de manifestación expresa, implica la oposición a la publicación de tales datos. Lo anterior, en términos de los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido de la Secretaria María Guadalupe Mateo Mendoza, quien da fe.

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