Humberto Alejandro Ramírez Talamantes
Expediente 793/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 793/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Humberto Alejandro Ramírez Talamantes
Actuaciones
- Principal
En veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés, se da cuenta al Juez, con un oficio, registrado bajo el folio 15158. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. SE RECIBE OFICIO. Incorpórese a los autos el oficio suscrito por el Encargado de Despacho de la Delegación Michoacán del Instituto Federal de Defensoría Pública, con residencia en Morelia, sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que en proveído de veinticuatro de noviembre pasado, se acordó lo conducente.
- Principal
En veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés, se da cuenta al Juez, con un oficio, registrado bajo el folio 14909. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. DESIGNA REPRESENTANTE ESPECIAL. Téngase al Encargado de Despacho de la Delegación Michoacán del Instituto Federal de la Defensoría Pública, informando la designación del Defensor Público Federal Mauricio Flores Martínez, para que brinde el servicio de defensa penal pública al quejoso ****************************************. DOMICILIO, NÚMERO TELEFÓNICO Y CORREO ELECTRÓNICO. Asimismo, se le tiene proporcionando el domicilio, número telefónico y correo electrónico del referido defensor, por tanto, manténganse bajo resguardo estos datos, a fin de que sean utilizados como medio especial y expedito de contacto. SE ORDENA NOTIFICAR. Notifíquese el cargo conferido al referido asesor, dese vista con todo lo actuado y córrasele traslado con copia de la demanda y proveído de quince de noviembre de dos mil veintitrés. ACEPTACIÓN Y PROTESTA DEL CARGO. En ese contexto, requiérase al asesor designado para que dentro del plazo de TRES DÍAS, computado legalmente, acepte y proteste el cargo conferido. Bajo el apercibimiento que de no cumplir con lo solicitado, se le impondrá una multa de doscientas unidades de medida y actualización, equivalente a ********************, en términos de los artículos 237, fracción I, 259 y 259, de la Ley de Amparo.
- Principal
En quince de noviembre de dos mil veintitrés, se da cuenta al Juez, con un oficio y anexos, registrado bajo el folio 14440. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, quince de noviembre de dos mil veintitrés. DETERMINACIONES ESPECÍFICAS EN RELACIÓN CON LA ACCIÓN DE AMPARO. Estas son las que se toman enseguida: RECEPCIÓN. Por recibido el oficio que remite el Administrador Provisional del Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán, con residencia en Morelia, mediante el cual remite el escrito de demanda signado por Humberto Alejandro Ramírez Talamantes, en el cual promueve juicio de amparo, contra actos del Titular del Órgano Administrativo Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social número 3, con residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua, y otras autoridades. REGISTRO. Fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y regístrese en el libro de gobierno bajo el juicio de amparo número 793/2023. DESECHAMIENTO. A efecto de proveer respecto de la demanda de cuenta, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda, y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Cobra aplicación, la jurisprudencia V.2o.J/75 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro y texto es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. De la lectura del artículo 145 de la Ley de Amparo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; que este motivo sea manifiesto; que también sea indudable. Lo relativo al motivo o causa de improcedencia del juicio constitucional no requiere mayor explicación; lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación -cuando los haya- y de los documentos que se anexan a tales promociones, y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Del precepto trascrito, se desprende que es obligación del Juez de Distrito examinar, ante todo, el escrito de demanda y anexos que se acompañan a ella y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las causas de improcedencia reguladas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual. Bajo esa tesitura, este juzgador estima que, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 5, fracción I y 6, todos de la Ley de Amparo, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)". "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. (.)". Del primer artículo transcrito se desprende que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando tal causa derive de alguna disposición constitucional o de la propia Ley de Amparo. En relación con lo anterior, de los artículos 5° y 6° de la ley de la materia, se aprecia, en lo que interesa, que es parte en el juicio de amparo el quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la Ley de Amparo y con ello se produce una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Así, dentro de los postulados básicos del juicio de amparo se encuentra el principio de instancia de parte agraviada, el cual señala que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o acto reclamado, pudiendo hacerlo por sí, por su representante legal, por su apoderado o cualquier persona en los casos previstos por la ley. Este principio es requisito básico para que el juicio de derechos fundamentales pueda iniciarse, ya que sin la promoción del agraviado por el acto de autoridad, no es dable que dé inicio el juicio de amparo, ni se restablezca el orden constitucional, para dejar inválido el acto de autoridad contraventor de los derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En efecto, para que proceda el amparo y protección de la justicia federal, debe existir un agravio personal, directo y objetivo, es decir, el daño o perjuicio que ocasione una autoridad a cualquier gobernado violando en su perjuicio derechos humanos, bien mediante un hecho positivo o una abstención. Concatenado a ello, conforme al artículo 6° de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo únicamente compete a aquella persona que resiente un daño o perjuicio, con motivo de la violación a sus derechos, al verse mermados, disminuidos o restringidos por una ley o acto de autoridad. Por ende, la afectación a un derecho legítimamente tutelado, otorga al agraviado la facultad para acudir ante el órgano de control constitucional competente, a efecto de exigir se le restituya en el pleno goce del derecho humano violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija. Además, si el acto o ley reclamada, no afecta los derechos contenidos en la esfera jurídica de la parte quejosa, debe declararse la improcedencia del juicio. Bajo ese contexto, en el caso que nos ocupa, se advierte que la misma fue promovida por Humberto Alejandro Ramírez Talamantes, contra actos del Titular del Órgano Administrativo Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social Número 3, con residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua, y otras autoridades; empero, de la referida demanda de amparo indirecto se aprecia que NO CALZA FIRMA AUTÓGRAFA DEL PROMOVENTE, motivo por el cual, es dable desechar la presente acción constitucional. Ello es así, pues la firma consiste en asentar al pie del escrito, el nombre y apellido de la persona que lo emite, en la forma en que acostumbra hacerlo, con el propósito de expresar la voluntad de las partes de ejercer un derecho; es por ello que, ante la falta de firma original o cuando la firma que calza la demanda de amparo es notoriamente distinta o dudosa, no hay forma de saber si es voluntad del peticionario del amparo, promover el juicio constitucional, lo que convierte a la promoción de que se trate en un documento privado de autenticidad, con lo que queda evidenciado que la carencia de firma autógrafa se traduce en la falta de exteriorización de la voluntad para la promoción de la demanda, lo que al mismo tiempo, torna patente su ausencia de interés jurídico o legítimo para promover el juicio, pues no queda demostrada la existencia del titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo que produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Luego entonces, si la demanda que se provee carece de firma autógrafa de Humberto Alejandro Ramírez Talamantes, equivale a un anónimo que no obliga al órgano jurisdiccional a realizar algún acto procesal tendente a darle curso legal. Además que, dicha irregularidad no puede ser corregida mediante una prevención, pues no se trata de una omisión de los requisitos exigidos por el artículo 108 de la Ley de Amparo, ni una de irregularidad a que refiera el numeral 114 del mismo ordenamiento legal; por lo cual, resulta procedente desechar la demanda de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, séptima época, volumen 80, segunda parte, página 29, que establece: "FIRMA, DEMANDA DE AMPARO CARENTE DE. Si el escrito en que se formula la demanda de garantías no está suscrito por quien se supone que es el agraviado y si se toma en cuenta que las promociones son el medio de que se valen los gobernados para poner en movimiento a los órganos jurisdiccionales, debe decirse que es indispensable que esas promociones estén suscritas por el interesado, sobre todo cuando se trata del primer escrito o promociones que, por ser la demanda, constituye la base de todo el procedimiento legal y mediante tal escrito se puede considerar a quien lo suscribió como parte actora. Por tanto, la falta de la firma tiene como consecuencia que el repetido escrito no constituya demanda y que no pueda considerarse como agraviado al que no firmó, puesto que ese requisito, el de la firma, por ser obvio, no es necesario que se precise como tal en ninguna disposición de la Ley de Amparo, aunque su ausencia sí es bastante para tener por no hecha la promoción de que se trata.". Por último, se precisa que si bien, se puede eximir al promovente de firmar la demanda, cuando reclama actos previstos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, no obstante, en el caso la parte quejosa señala como acto reclamado: " IV.- Acto reclamado: De la autoridad señalada como responsable ordenadora en el inciso (a) se reclama, el hecho de haber ordenado el traslado del Centro Penitenciario #3 de Cd. Juárez Chihuahua, al actual CEFERESO N° 17 CPS Michoacán: De las autoridades restantes señaladas en carácter de responsables; ejecutoras, se reclaman todas y cada uno de los actos que estén a ejecutar y consentir el acto de autoridad responsable ordenadora, como lo es el aceptar el egreso del Centro Penitenciario #3 de Cd. Juárez Chihuahua y el ingreso al CEFERESO NO. 17 CPS Michoacán. Puesto que tal acto resulta un traslado ilegal de lugar a lugar en franca violación a mis derechos fundamentales y las garantías para su protección, por lo que pido ser trasladado de nueva cuenta al Centro Penitenciario #3 de Cd. Juárez Chihuahua." De lo anterior se advierte que, respecto de dicho acto, no está acreditada alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que permitan considerar que no le era posible firmar la demanda, dispositivo que literalmente indica: "Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad." Del dispositivo transcrito, resulta inconcuso que en el caso, no se actualiza alguna de las hipótesis previstas en esa norma, pues el ordenar el traslado del quejoso de un Centro Penitenciario a otro, no participa de la naturaleza de dichos actos, por el contrario, se trata de figuras previstas en la ley. De ahí que, dicho acto, tampoco pueda considerarse como de los prohibidos por el artículo 22, de la Constitución Federal. En esas condiciones, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, de conformidad con el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 5°, fracción I y 6°, todos de la Ley de Amparo. REPRESENTANTE ESPECIAL. Tomando en consideración que el peticionario del amparo se encuentra privado de su libertad, con fundamento en el artículo 29 fracción V, de las Bases Generales de Organización y Funcionamiento del Instituto Federal de la Defensoría Pública, requiérase al Delegado del Instituto Federal de la Defensoría Pública, con residencia en Morelia, Michoacán, para que en un plazo de cuarenta y ocho horas, contado a partir de que le sea legalmente notificado del presente proveído, designe a un representante especial que brinde asesoría jurídica especializada a la parte quejosa y canalice las peticiones del quejoso a la autoridad competente, adjuntándole copia simple de su demanda. NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA. En virtud de que el quejoso guarda reclusión en el Centro Federal de Readaptación Social número 17 "CPS Michoacán", con sede en Buenavista Tomatlán, Michoacán, se comisiona al actuario de la adscripción, para que se constituya en el interior del aludido centro de reclusión y le notifique el presente proveído. Lo anterior, con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de la persona justiciable. De ser el caso, instrúyase al área administrativa de este juzgado, para los efectos del artículo 136, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. DETERMINACIONES GENERALES EN RELACIÓN CON LA ACTUACIÓN DEL PERSONAL JUDICIAL Y LAS PARTES. Se exhorta a las partes para que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; o bien, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se pueden entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO Y PUBLICIDAD. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Hágase saber a las partes, que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de manifestación expresa, implica la oposición a la publicación de tales datos. Lo anterior, en términos de los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente al quejoso en el lugar que guarda reclusión. Así lo acordó y firma René Castro Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, quien actúa asistido de la secretaria Marcela Cortez Ruíz, quien da fe.
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