Humberto Hernandez Nigenda

Expediente 669/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 6 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
669/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
06/08/2021

Partes del expediente

  • Humberto Hernandez Nigenda

Actuaciones

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 669/2021. Puebla, Puebla, seis de agosto de dos mil veintiuno. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que el quejoso no interpuso recurso de queja contra el proveído de veinte de julio de dos mil veintiuno, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE EL REFERIDO ACUERDO CAUSÓ ESTADO (QUEDÓ FIRME). trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Inexistencia de documentos. Toda vez que no se advierten documentos exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo. Inexistencia de cuadernos auxiliares Toda vez que no existen constancias remitidas por la autoridad responsable que deban devolverse, se deja de proveer al respecto. Carátula del expediente. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto, del citado acuerdo general del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena hacer las anotaciones en la carátula del expediente. Revisión del expediente. Se instruye a la secretaria que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notifíquese.

  2. Principal

    JUICIO DE AMPARO 669/2021-IX. Puebla, Puebla, veinte de julio de dos mil veintiuno. Despacho diligenciado. Se agrega al expediente el oficio (con su anexo), signado por el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tepexí de Rodríguez, Puebla, por el cual devuelve diligenciado el despacho 172/2021, con número de orden 262/2021, del índice de este órgano judicial, relativo a la notificación del quejoso Humberto Hernández Nigenda. En consecuencia, se ordena dar de baja el despacho de mérito y realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo así como en el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (SISE). Cumplimiento de la prevención. Ahora, de las constancias remitidas, se advierte que el referido quejoso, en la misma diligencia de la notificación del auto de cinco de julio del año en curso, dio cumplimiento a la prevención formulada, pues de propia mano asentó: ". Deseo que este (sic) como responsable la autoridad del Juzgado de Ejecución de Sentencias." En tal virtud se procede a proveer en los términos siguientes: Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo1, establece que el juez de distrito examinará la demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse el crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán indudablemente en sobreseimiento. ...actualmente, además de la intervención primaria de las autoridades administrativas en cuanto a la supervisión de los medios utilizados para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y los eventos acontecidos durante el internamiento de los imputados y el cumplimiento de las sentencias, también están involucrados particularmente los Jueces de Ejecución en Materia Penal, tanto en el ámbito federal como local, quienes deberán asegurar el cumplimiento de las penas y controlar las diversas situaciones que puedan producirse, así como las decisiones que sobre dicha ejecución pueda adoptar la administración penitenciaria. Sumado a ello, se destaca que las reformas constitucional y legal sobre el sistema penitenciario, tuvieron como uno de sus propósitos esenciales involucrar al juez de ejecución como protector inmediato de los derechos humanos de los internos, por eso, lo doto, de entre otras, de las siguientes facultades: "Artículo 25. Competencias del Juez de Ejecución...." En mérito de lo anterior, todas las controversias sobre el computo de las penas, como en este caso, deben ser del conocimiento del juez de ejecución, pues, de otro modo, no tendrían efecto útil las disposiciones de la ley en comento, y serían obsoletas, en tanto que se dejaría de cumplir con su objetivo: garantizar la protección de los derechos fundamentales de las personas privadas de su libertad en forma directa e inmediata. Además, se dejaría de observar que el ánimo de la reforma es garantizar con celeridad esa protección, ya que el procedimiento respectivo es breve, dado que el juez de ejecución tiene la obligación de iniciar el trámite respectivo en un plazo de setenta y dos horas. Ahora, dado que de la demanda de amparo y de la aclaración a la misma, no se advierte dato objetivo alguno tendente a evidenciar que el quejoso haya formulado la petición respectiva ante la autoridad responsable (juez de ejecución); es posible advertir que no agotó el principio de definitividad. Dicho de otro modo, el interesado debe agotar, previo a la interposición de la acción constitucional, todas las jurisdicciones y competencias a virtud del ejercicio del recurso ordinario tendente a revocar a o modificar el acto lesivo a sus intereses. Por tanto, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, relacionado con la fracción XVIII del diverso 61 de la propia legislación, se desecha de plano la demanda de protección de derechos que presentó el quejoso, porque se encontró una causal de improcedencia manifiesta e indudable. Notifíquese; en forma personal al quejoso (a través de su defensora pública); y cúmplase.

  3. Principal

    SE DEJÓ AVISO DE NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA. JUICIO DE AMPARO 669/2021-IX. Puebla, Puebla, veinte de julio de dos mil veintiuno. Despacho diligenciado. Se agrega al expediente el oficio (con su anexo), signado por el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tepexí de Rodríguez, Puebla, por el cual devuelve diligenciado el despacho 172/2021, con número de orden 262/2021, del índice de este órgano judicial, relativo a la notificación del quejoso Humberto Hernández Nigenda. En consecuencia, se ordena dar de baja el despacho de mérito y realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo así como en el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (SISE). Cumplimiento de la prevención. Ahora, de las constancias remitidas, se advierte que el referido quejoso, en la misma diligencia de la notificación del auto de cinco de julio del año en curso, dio cumplimiento a la prevención formulada, pues de propia mano asentó: ". Deseo que este (sic) como responsable la autoridad del Juzgado de Ejecución de Sentencias." En tal virtud se procede a proveer en los términos siguientes: Desechamiento. El artículo 113 de la Ley de Amparo1, establece que el juez de distrito examinará la demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse el crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán indudablemente en sobreseimiento. ...actualmente, además de la intervención primaria de las autoridades administrativas en cuanto a la supervisión de los medios utilizados para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y los eventos acontecidos durante el internamiento de los imputados y el cumplimiento de las sentencias, también están involucrados particularmente los Jueces de Ejecución en Materia Penal, tanto en el ámbito federal como local, quienes deberán asegurar el cumplimiento de las penas y controlar las diversas situaciones que puedan producirse, así como las decisiones que sobre dicha ejecución pueda adoptar la administración penitenciaria. Sumado a ello, se destaca que las reformas constitucional y legal sobre el sistema penitenciario, tuvieron como uno de sus propósitos esenciales involucrar al juez de ejecución como protector inmediato de los derechos humanos de los internos, por eso, lo doto, de entre otras, de las siguientes facultades: "Artículo 25. Competencias del Juez de Ejecución...." En mérito de lo anterior, todas las controversias sobre el computo de las penas, como en este caso, deben ser del conocimiento del juez de ejecución, pues, de otro modo, no tendrían efecto útil las disposiciones de la ley en comento, y serían obsoletas, en tanto que se dejaría de cumplir con su objetivo: garantizar la protección de los derechos fundamentales de las personas privadas de su libertad en forma directa e inmediata. Además, se dejaría de observar que el ánimo de la reforma es garantizar con celeridad esa protección, ya que el procedimiento respectivo es breve, dado que el juez de ejecución tiene la obligación de iniciar el trámite respectivo en un plazo de setenta y dos horas. Ahora, dado que de la demanda de amparo y de la aclaración a la misma, no se advierte dato objetivo alguno tendente a evidenciar que el quejoso haya formulado la petición respectiva ante la autoridad responsable (juez de ejecución); es posible advertir que no agotó el principio de definitividad. Dicho de otro modo, el interesado debe agotar, previo a la interposición de la acción constitucional, todas las jurisdicciones y competencias a virtud del ejercicio del recurso ordinario tendente a revocar a o modificar el acto lesivo a sus intereses. Por tanto, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, relacionado con la fracción XVIII del diverso 61 de la propia legislación, se desecha de plano la demanda de protección de derechos que presentó el quejoso, porque se encontró una causal de improcedencia manifiesta e indudable. Notifíquese; en forma personal al quejoso (a través de su defensora pública); y cúmplase.

  4. Principal

    JUICIO DE AMPARO 669/2021-IX. Puebla, Puebla, ocho de julio de dos mil veintiuno. Se agrega al expediente el oficio remitido por la Directora General de Defensoría Pública de la Secretaría de Gobernación del Estado de Puebla, a través del cual informa que comisiona a la Defensora Pública *, para que asista jurídicamente al aquí quejoso. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 28, fracción I, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y 5, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, que regulan la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo; cítese a la licenciada Fabiola Serrano Cabrera, defensora pública adscrita a la Dirección General de la Defensoría Pública de la Secretaría de Gobernación del Estado de Puebla, a las OCHO HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL QUINCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO, para que acceda a la videoconferencia y se realice la diligencia a fin de protestar el cargo de defensora pública del quejoso, para el que fue designada. Para tal efecto, en la fecha y hora señaladas deberá ingresar a la plataforma Cisco Webex, con el código de reunión *y contraseña; en el entendido de que el hipervínculo correspondiente le será remitido, un día anterior, al correo electrónico proporcionado. Para ello deberá contar con equipo de cómputo que cumpla al menos con los requerimientos tecnológicos necesarios; o a través de un dispositivo móvil (celular inteligente o tableta); en este último caso, deberá descargar, previamente, la aplicación "Webex Meetings". Lo anterior, a fin de que se realicen las gestiones pertinentes para que pueda acceder a la visualización por videoconferencia de la audiencia respectiva. Al respecto, es menester precisar que, con la finalidad de permitir prepararse para el desahogo de la diligencia de protesta de defensor público, así como la implementación de la logística operacional, deberá ingresar a dicho enlace a las ocho horas con quince minutos del quince de julio de dos mil veintiuno, esto es, quince minutos previos al inicio de la audiencia, para ello, bajo protesta de decir verdad, deberá poner a la vista su cédula profesional, para corroborar su identidad, personalidad y capacidad procesal - conforme a lo previsto en la ley reglamentaria-.. Por otro lado, se hace saber a la defensora pública que, durante el desarrollo de la diligencia no puede intervenir o interrumpir, hasta en tanto -de ser el caso- se le dé el uso de la voz, pues la diligencia que se llevara a cabo tiene como finalidad exclusiva la protesta del cargo de defensora pública del quejoso. Además, en términos del artículo 28, último párrafo, del Acuerdo General 12/2020, el uso de videoconferencia -en virtud de las políticas de salud pública adoptadas por la presencia del virus COVID19- no faculta a las partes para emitir alegatos orales que no se encuentren previstos en la Ley de Amparo, ni para solicitar entrevistas con servidoras o servidores públicos del Poder Judicial de la Federación. De ahí que, con la finalidad de mantener el orden y la solemnidad de la referida audiencia, de conformidad con los artículos 236, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, se apercibe a la defensora pública, en caso incumplimiento a cualquiera de las indicaciones precisadas en este proveído o en el Acuerdo General 12/2020, a guisa de ejemplo: se interrumpa la diligencia o se traten de emitir alegatos de manera oral, se impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización (a razón de su valor diario). Ello, con independencia de que, en la propia diligencia, se adopten las medidas que se estimen pertinentes para garantizar el correcto desarrollo de la diligencia. Asimismo, se deja establecido que se tienen como medios de contacto, el número telefónico y correo electrónico señalados en el oficio de cuenta. Por último, se ordena al actuario que el oficio generado de este proveído sea entregado de manera física, dado que la autoridad es local. Notifíquese; por oficio a la Defensora Pública.

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