Humberto Cesar Olarte Fajardo

Expediente 250/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de abril de 2021.

Datos del expediente

Expediente
250/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
23/04/2021

Partes del expediente

  • Humberto Cesar Olarte Fajardo

Actuaciones

  1. Principal

    Puebla, Puebla, veintitrés de abril de dos mil veintiuno. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que el quejoso no interpuso recurso de queja contra el proveído de veintidós de marzo del año en curso, en el cual fue desechada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE EL REFERIDO ACUERDO CAUSÓ ESTADO (QUEDÓ FIRME). Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y a la Analista Jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Valoración documental. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, el presente expediente constituye un asunto concluido. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que en el proveído inicial se desechó la solicitud de amparo -lo cual implica una resolución que sin decidir el juicio lo dio por concluido-. Resguardo del expediente. Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Devolución de documentos. Toda vez que el quejoso no acompañó a su demanda documento originales que merezcan su devolución, se omite pronunciarse al respecto. Carátula del expediente. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capitulo Quinto, del citado acuerdo general del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena hacer las anotaciones en la carátula del expediente. Revisión del expediente. Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notifíquese; de forma personal al quejoso (por lista).

  2. Principal

    JUICIO DE AMPARO 250/2021-V. Puebla, Puebla, veintidós de marzo de dos mil veintiuno. Se recibe la demanda de amparo signada por * por propio derecho, contra actos del Agente del Ministerio Público Investigador de La Mesa Metlaltoyuca, Francisco Z. Mena, Puebla (sic) y otra autoridad. Se ordena formar expediente Desechamiento de la demanda. Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que los jueces de distrito examinarán la demanda y si encontraren motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharan de plano. Lo anterior, porque el derecho de justicia pronta y expedita consagrado el precepto 17 de la constitución federal, permite considerar que es inviable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, pues debe evitarse el crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal, en particular para asuntos que desde un inicio se advierte que terminarán indudablemente en sobreseimiento. Por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente; mientras que indudable es aquello de lo cual se tenga la certeza y plena seguridad, de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, de ninguna forma sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. Se reitera que de la demanda de amparo se advierte que el quejoso señala como acto reclamado: la orden de detención emitida por el Agente del Ministerio Público Investigador de La Mesa Metlaltoyuca, Francisco Z. Mena, Puebla, la cual es señalada como autoridad ordenadora. Ahora, debe tenerse en cuenta que una orden de detención emitida por un Ministerio Público no puede implicar la restricción de la libertad del quejoso porque cuando un Representante Social emite una orden de detención (presentación) es únicamente con la finalidad de lograr su presencia dentro de la carpeta de investigación para que declare si así lo estima conveniente, pues incluso puede abstenerse de hacerlo, y terminada la diligencia para la que fue citado, puede, puede reincorporarse a sus actividades cotidianas. Por ello no puede considerarse que la orden de presentación girada por las citadas autoridades señaladas como responsables ordenadoras tenga como finalidad restringir o privar de su libertad al quejoso; circunstancia que solo se da con la orden de aprehensión, la detención en flagrancia, la prisión preventiva o la pena, que constituyen sucesos distintos a la orden de detención. A mayor abundamiento, la actuación emitida por el Ministerio Público, en la que ordena la detención de un inculpado, no contraviene lo dispuesto por el artículo 20 de la Constitución, toda vez que a virtud de la orden de presentación, solamente se impone al inculpado a comparecer ante la Fiscalía, pero ello no implica que se le obligue a declarar, pues al encontrarse ante la autoridad ministerial, el presentado puede manifestar su voluntad de abstenerse de hacerlo; además, con la orden de presentación, lejos de coartarle algún derecho, la autoridad investigadora satisface sus derechos constitucionales de audiencia y defensa, toda vez que al ordenar que el peticionario del amparo, en su caso, se apersone ante dicha autoridad, aquél se encuentra en condiciones de conocer el nombre de su acusador, así como el de las personas que hubieran testificado en su contra, la naturaleza y causa de la acusación; asimismo, se le da la oportunidad de exponer lo que a su derecho corresponda, aparte, de que le sean facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en las actuaciones de la indagatoria, con lo que de considerarlo conveniente, estará en posibilidad de ofrecer las pruebas de descargo. De lo que resulta patente que una orden de detención no constituye un acto restrictivo de la libertad personal, sino que corresponde a un acto de investigación, pues todo ciudadano está obligado a comparecer ante la autoridad ministerial que integra una investigación, como lo establece el primer párrafo del artículo 90 del Código Nacional de Procedimientos Penales4, sin que ello implique que se afecte su libertad, pues sostener lo contrario, implicaría entorpecer el procedimiento que es de orden público, además de contravenir lo dispuesto por el artículo 21 constitucional, dado el interés de la sociedad en que el Ministerio Público cumpla con su función investigadora a fin de que se persigan y castiguen los delitos. Por tanto, resulta evidente que respecto del acto reclamado, opera una causa de improcedencia con las características de indudable y manifiesta, la cual resulta de relacionar la fracción XXIII del numeral 61 con el primer párrafo del artículo 20 aplicado a contrario sensu y con el primer párrafo de la fracción IV del diverso 107, también a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo5. Máxime que la regulación de la orden de presentación traducida en un acto de investigación por parte de la autoridad ministerial, ni siquiera está prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales6 el cual regula las formas en que un imputado debe comparecer ante un juez de control. Es más, de la lectura de las fracciones I y II del precepto legal antes citado es posible establecer que la presentación de la persona investigada incluso ante un juez, en donde habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del juez a solicitud del Ministerio Público, de requerir la presencia del investigado para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación seguida en su contra y se formulará la imputación respectiva; lo anterior se advierte de lo previsto en los artículos 310, segundo párrafo y 311 del Código Nacional de Procedimientos Penales7. Audiencia en la cual podrá ser o no vinculada a proceso y, en su caso, sometida a una medida cautelar. Sin ser obstáculo la circunstancia de que conforme a la fracción II del artículo 141 del código procesal penal en comento, en caso de dejar de comparecer sin causa justa, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, al ser ello un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que la citada no asista, sin justificación, y el agente del Ministerio Público solicite que se ordene su comparecencia a través de la fuerza pública. Por consiguiente, el acto consistente en la orden de presentación, así como la ejecución de la misma, se trata de actos judiciales fuera de juicio que no afectan la libertad personal de la parte quejosa, conforme al artículo 107, fracción IV, también a contrario sensu, de la Ley de Amparo. Por tanto, de conformidad con los artículos 113, 61, fracción XXIII, primer párrafo del artículo 20 aplicado a contrario sensu y el primer párrafo de la fracción IV del diverso 107, también a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, pues se actualizó una causa de improcedencia manifiesta e indudable. , se exhorta a las partes para efectos de que continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", esto es, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; y, mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (E.Firma). Domicilio y autorizados de la parte quejosa Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones las listas que se fijan en los estrados de este juzgado. Por otra parte, quedan autorizados para los mismos efectos a las personas que señala el quejoso en su escrito de cuenta, al no haberlas autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo. Ahora, por lo que respecta al correo electrónico, podrá considerarse (dado el estado de contingencia sanitaria, derivado del fenómeno de salud pública que existe en la República Mexicana, a partir del virus COVID- 19) por los actuarios correspondientes, como medio para establecer contacto con la parte quejosa a fin de localizarlo, no así para notificarlo, pues esto último deberá hacerse únicamente en la forma y términos previstos por la ley de la materia. Autorización para toma de fotografías. Se hace saber a las partes que desde este momento se autoriza la toma de fotografías, pues la normatividad vigente permite a las partes consultar las actuaciones judiciales y fotografiarlas. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. Acceso a la información. Con fundamento los artículos 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y ante la oposición expresa para la publicación de datos personales, se ordena salvaguardarlos, así como la información confidencial o reservada, como lo establecen los lineamientos actuales en materia de información. Medio de contacto Ahora, por lo que respecta al número telefónico señalado por el quejoso podrá considerarse (dado el estado de contingencia sanitaria, derivado del fenómeno de salud pública que existe en la República Mexicana, a partir del virus COVID-19) por los actuarios correspondientes, como un medio para establecer contacto con la parte quejosa a fin de localizarlo. Habilitación de días y horas inhábiles. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la constitución y con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se faculta al actuario judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias. Digitalización del expediente. De conformidad con el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal9, en específico en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE) y en el acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el Seguimiento de Expedientes (FESE), procédase en su momento a la digitalización del presente asunto a efecto de tener una copia digital para conservar y difundir su contenido. Registro de partes en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes. Se instruye a la Analista Jurídica del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realice las anotaciones correspondientes a las denominaciones de las autoridades responsables y partes en el presente juicio, lo que implica corroborar que los datos subidos al sistema estén correctos y completos. Ello, a fin de evitar que pueda generarse algún oficio con una denominación incorrecta que sea motivo de rechazo por la autoridad a la que va dirigido o que no se libre algún oficio necesario para la tramitación y resolución del presente asunto. Lo anterior, en aras de la impartición de justicia en términos del artículo 17 constitucional (pronta, oportuna y expedita). Integración de la demanda. Por último, en virtud de las cuestiones de logística adoptadas por el virus COVID-19, se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente para efectos de que, una vez recibida la demanda de amparo - de manera física-, sin ulterior acuerdo glose a los autos el documento original respectivo. Notifíquese, de manera personal a la parte quejosa, y cúmplase.

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