Humberto Hernández Hernández
Expediente 645/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 18 actuaciones registradas, la última del 26 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 645/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 26/11/2021
Partes del expediente
- Humberto Hernández Hernández
- Secretario de Medio Ambiente y Movilidad Urbana del Ayuntamiento de de Tuxtla Gutierrez, Chiapas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno. Se Declara que ha causado ejecutoria la sentencia constitucional, en virtud de que ninguna de la partes recurrio la misma. Hagase del conocimiento de las partes. Se requiere al Secretario, Jefe de Departamento de Inspección y Vigilancia y Verificador Comisionado perteneciente al Departamento de Inspección y Vigilancia, para que dentro del termino de tres dias informe el cumplimiento a la ejecutoria de amparo, con el apercibimiento que en caso de omision se le impondra multa. NOTIFIQUESE
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; cinco de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos de los que se advierte que el veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, se dictó sentencia en el juicio de amparo en que se actúa. Ahora bien, en acuerdo de veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, se hizo efectivo el apercibimiento decretado en autos y se ordenó la notificación por lista de dicho proveído y las subsecuentes aún las de carácter personal en relación de la tercera interesada *****; en consecuencia, notifíquese por lista la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa a la parte tercera interesada, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese; y por lista a la tercera interesa *****, la sentencia constitucional. En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; a las nueve horas del ocho de noviembre de dos mil veintiuno, la (el) suscrita (o) actuaria (o), hago constar que la anterior determinación se notificó por lista. Doy fe.
- Principal
S E R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a Humberto Hernández Hernández, por propio derecho, contra actos del Secretario, Jefe de Departamento de Inspección y Vigilancia y Verificador Comisionado perteneciente al Departamento de Inspección y Vigilancia, todos de la Secretaría de Medio Ambiente y Movilidad Urbana del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, , por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando quinto de la presente resolución. SEGUNDO. Los efectos del amparo son: "La autoridad responsable deje insubsistente el reporte de visita de quince de julio de dos mil veintiuno, así como el citatorio de la misma data, con todas sus consecuencias jurídicas". Notifíquese vía electrónica al quejoso y mediante correo electrónico a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita. Así lo proveyó el Juez Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, Felipe V Consuelo Soto, hoy veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, que lo permitieron las labores de este juzgado, quien firma ante Mónica Correa Chávez, secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
NOTIFIQUESE POR LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; cinco de octubre de dos mil veintiuno. A S U N T O Resolución del amparo indirecto promovido por Humberto Hernández Hernández, por propio derecho, contra actos del Secretario, Jefe de Departamento de Inspección y Vigilancia y Verificador Comisionado perteneciente al Departamento de Inspección y Vigilancia, todos de la Secretaría de Medio Ambiente y Movilidad Urbana del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO (Presentación de la demanda). Mediante escrito presentado el dieciséis de julio de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con sede en Tuxtla Gutiérrez, y de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales y de Amparo en Materia Penal en el Estado de Chiapas con sede en Cintalapa de Figueroa, el quejoso demandó el amparo y protección de la justicia federal contra actos de las autoridades precisadas en el párrafo que antecede, pues aduce que infringieron en su contra los derechos humanos que establecen los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO (Separación de juicios). Previa aclaración, mediante proveído de veintiocho de julio de dos mil veintiuno, el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con domicilio en esta ciudad, decretó la separación de juicios, toda vez que los actos reclamados no pueden estudiarse de manera conjunta, manifestando que únicamente abordaría el estudio de la omisión legislativa. TERCERO (Admisión). Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda, para el estudio de los actos relativos a la visita de verificación de quince de julio de dos mil veintiuno, a este órgano jurisdiccional. El seis de agosto de la presente anualidad, se admitió; se solicitó a las autoridades responsables informe justificado; se dio vista a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita, quien no formuló pedimento; se tuvo como tercera interesada a Alyz Dayana Solís Pimentel, quien fue emplazada el doce de agosto de dos mil veintiuno; y se señaló día y hora para la audiencia constitucional, la cual se difirió y posteriormente se celebró al tenor del acta que antecede. HECHOS Y FUNDAMENTOS JURÍDICOS PRIMERO (Competencia). Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, a causa de la naturaleza administrativa del acto reclamado y la autoridad a la que se le atribuye reside en esta jurisdicción. El fundamento de lo expuesto son los preceptos 103, fracción I y 107, fracción IV, de la Carta Magna; 1, fracción I, 35 y 37, primer párrafo de la Ley de Amparo; 49 y 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como, acuerdo general 3/2013, punto cuarto, apartado I, vigésimo circuito, primer párrafo, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO (Precisión de los actos reclamados). En atención a lo dispuesto en el precepto 74, fracción I de la normativa aplicable, del estudio integral de la demanda se advierte que los actos reclamados consisten en: - Del Secretario del Medio Ambiente y Movilidad Urbana del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. La falta de implementación de medidas o actuaciones que tiendan a proteger mi derecho a la salud en su grado máximo, para evitar el riesgo de contagio por COVID 19, al ser citado de forma física al Departamento de Inspección y Vigilancia durante el tercer rebrote de esta enfermedad, toda vez que soy una persona que pertenece a un grupo vulnerable por ser adulto mayor. La indebida fundamentación y motivación del citatorio sin número de fecha quince de julio de dos mil veintiuno, en el que se me cita para presentarme en las oficinas del Departamento de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Medio Ambiente y Movilidad Urbana. La falta de notificación personal de la orden de visita y verificación de fecha quince de julio de dos mil veintiuno. La falta de fundamentación y motivación para requerirme la exhibición de documentos personales como el comprobante de domicilio y último pago predial del inmueble de referencia. - Del Verificador Comisionado perteneciente al Departamento de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Medio Ambiente y Movilidad Urbana del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. La falta de memorándum, oficio, comisión, o acuerdo en el que se le otorguen facultades vigentes como notificador al momento de dejar citatorio de fecha quince de julio de dos mil veintiuno. La falta de notificación personal de la orden de visita y verificación de quince de julio de dos mil veintiuno. El cumplimiento dado a la orden de requerirme documentos personales como el comprobante de domicilio y último pago predial del inmueble de referencia. TERCERO (Certeza del acto reclamado). Las autoridades responsables al rendir el informe justificado respectivo, negaron la existencia de los actos, sin embargo, de sus manifestaciones, se advierte que son ciertos, por lo tanto, se tienen como plenamente probados. Además, la existencia se corrobora con las constancias que el Secretario del Medio Ambiente y Movilidad Urbana del Ayuntamiento Municipal de esta Ciudad, acompañó al informe de ley, las cuales al tratarse de documentales públicas tienen pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a Ley de Amparo. CUARTO (Causales de improcedencia). La procedencia del presente juicio es una cuestión de orden público, que como tal debe analizarse oficiosamente de conformidad con el artículo 62 de la ley de la materia, sin embargo, no existe causa de improcedencia que las partes aleguen o que el suscrito advierta de oficio, motivo por el cual, se procede al estudio de fondo del presente asunto. QUINTA (Estudio de los conceptos de violación). No se transcriben los conceptos de violación, en atención a que la legislación de la materia en precepto alguno establece como condición para resolver el juicio de amparo, que se deban reproducir los motivos de agravio que contra el acto reclamado se expresen. Además, al no transcribirlos no se transgreden los principios de congruencia y exhaustividad, como lo establece la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, mayo de 2010, página 830, novena época, registro digital 164618, del rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". Son fundados y suficientes para conceder el amparo, los motivos de inconformidad, en los cuales el quejoso expone medularmente, que el citatorio de espera es inconstitucional, toda vez que no cumplió con su finalidad (que la parte interesada esperara al notificador para llevar a cabo determinada diligencia); el notificador no exhibió y acompañó memorándum, oficio o acuerdo que le otorgue facultades o atribuciones delegadas para realizar la función de notificador; el requerimiento para que exhiba comprobante de domicilio y último pago del impuesto predial, carecen de fundamentación y motivación. Para explicar lo expuesto, inicialmente debe precisarse que de conformidad con el derecho humano de legalidad consagrado en el dispositivo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, un acto que pueda implicar una molestia en la esfera jurídica del gobernado, debe constar por escrito, provenir de autoridad competente y estar fundado y motivado. Por fundamentación se entiende la necesidad de que el acto de autoridad se sustente en una disposición normativa de carácter general; es decir, que exista una ley que así lo autorice, en virtud de que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite. Por motivación del acto de autoridad, debe entenderse que al existir una norma jurídica, el caso o situación concreta respecto de los que se pretende emitir un acto autoritario de molestia, sean aquellos a que alude la disposición legal fundatoria; de esta suerte, la motivación indica que las circunstancias y modalidades del caso particular encuadran dentro del marco general correspondiente establecido por la ley; así, si una determinada conducta no corresponde o no encuadra en el caso concreto contemplado por la norma jurídica, el acto de autoridad respectivo violará la exigencia de la motivación legal, por más que se hubiese previsto en una ley, es decir, aunque esté debidamente fundado. La motivación legal implica la necesaria adecuación que debe hacer la autoridad entre la norma general fundatoria y el caso específico en el que ésta va a operar o surtir sus efectos. Por tanto, para que una autoridad cumpla con la debida fundamentación y motivación de sus actos, es necesario que en sus determinaciones cite los preceptos legales que le sirvan de apoyo y, además, exprese los razonamientos lógicos jurídicos que la condujeron a la conclusión de que el asunto de que se trata, encuadra en los supuesto de la norma que invoca. Ilustra el razonamiento precisado con anterioridad la jurisprudencia VI.2o. J/43, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo III, Marzo de 1996, página 769, novena época, que expone: "FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. La debida fundamentación y motivación legal, deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento". Por otra parte, es importante precisar que los artículos 67, 68 y 69 del Reglamento de Protección Ambiental para el Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, disponen: "Artículo 67.- Es obligación de los propietarios, ejidatarios, poseedores, arrendatarios, subarrendatarios o detentadores por cualquier título de inmuebles, conservar y mantener en buen estado los árboles ubicados en los mismos; así como los que se encuentran en aceras y banquetas colindantes con dicho predio, y evitar que estos ocasionen molestias con sus ramas, raíces y/o frutos, perjudicando techos, ventanas, bardas, tanques de almacenamiento de agua, desagüe pluvial y sanitarios. Artículo 68.- Los árboles que se encuentren dentro del Municipio no podrán ser rotulados o causarles daños con cualquier artefacto (clavos, alambres, rafias, cuerdas etc.), la introducción de substancias toxicas; cinchados, quemados, así mismo no podrán ser utilizados como sostén de mantas, letreros, anuncios o pintados de forma temporal o permanente, ni realizar el corte transversal de raíces. Artículo 69.- Los propietarios, ejidatarios, poseedores, arrendatarios, subarrendatarios o detentadores por cualquier título de inmuebles, deberán solicitar a la Secretaría autorización para la poda de los árboles". A su vez, el artículo 87 del propio ordenamiento, establece: "Artículo 87.- La Secretaría conforme a sus facultades, efectuará visitas de verificación a través del personal autorizado, para vigilar el debido cumplimiento del presente reglamento y demás disposiciones legales aplicables en la materia. Las vistas de verificación se realizarán cuando lo determine la Secretaría o en atención a las denuncias recibidas, y se ejecutarán conforme a las disposiciones contenidas en el apartado de visitas de verificación de la Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de Chiapas. Por su parte, los artículos 38 y 39 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Chiapas, son del tenor literal: "ARTÍCULO 38.- Las notificaciones, citatorios, emplazamientos, requerimientos, solicitud de informes o documentos y las resoluciones administrativas definitivas podrán realizarse: I. Personalmente con quien deba entenderse la diligencia, en el domicilio del interesado; II. Mediante oficio entregado por mensajero o correo certificado, con acuse de recibo. También podrá realizarse mediante telefax, medios de comunicación electrónica o cualquier otro medio, cuando así lo haya aceptado expresamente el promovente y siempre que pueda comprobarse fehacientemente la recepción de los mismos, y III. Por edicto, cuando se desconozca el domicilio del interesado o en su caso de que la persona a quien deba notificarse haya desaparecido, se ignore su domicilio o se encuentre en el extranjero sin haber dejado representante legal. Tratándose de actos distintos a los señalados anteriormente, las notificaciones podrán realizarse por correo ordinario, mensajería, telegrama o, previa solicitud por escrito del interesado, a través de telefax, medios de comunicación electrónica u otro medio similar. Salvo cuando exista impedimento jurídico para hacerlo, la resolución administrativa definitiva deberá notificarse al interesado por medio de correo certificado o mensajería, en ambos casos con acuse de recibo, siempre y cuando los solicitantes hayan adjuntado al promover el trámite el comprobante de pago del servicio respectivo". "ARTÍCULO 39.- Las notificaciones personales se harán en el domicilio del interesado o en el último domicilio que la persona a quien se deba notificar haya señalado ante los órganos administrativos en el procedimiento administrativo de que se trate. En todo caso, el notificador deberá cerciorarse del domicilio del interesado y deberá entregar copia del acto que se notifique y señalar la fecha y hora en que la notificación se efectúa, recabando el nombre y firma de la persona con quien se entienda la diligencia. Si ésta se niega, se hará constar en el acta de notificación, sin que ello afecte su validez. Las notificaciones personales, se entenderán con la persona que deba ser notificada o su representante legal; a falta de ambos, el notificador dejara citatorio con cualquier persona que se encuentre en el domicilio, para que el interesado espere a una hora fija del día hábil siguiente. Si el domicilio se encontrare cerrado, el citatorio se dejará con el vecino más inmediato, y en ausencia o negativa de este a recibirlo, se fijará en lugar visible del domicilio. Si la persona a quien haya de notificarse no atendiere el citatorio, la notificación se entenderá con cualquier persona que se encuentre en el domicilio en que se realice la diligencia y, de negarse ésta a recibirla o en su caso de encontrarse cerrado el domicilio, se realizará por instructivo que se fijará en un lugar visible del domicilio. De las diligencias en que conste el procedimiento de notificación el notificador tomará razón por escrito. Cuando las leyes respectivas así lo determinen, y se desconozca el domicilio de los titulares de los derechos afectados, tendrá efectos de notificación personal la segunda publicación del acto respectivo en el Periódico Oficial del Estado". Asimismo, los numerales 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 y 72 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Chiapas, disponen: "ARTÍCULO 65.- Las autoridades administrativas, para comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias podrán llevar a cabo visitas de verificación, mismas que podrán ser ordinarias y extraordinarias; las primeras se efectuarán en días y horas hábiles, y las segundas en cualquier tiempo. ARTÍCULO 66.- Los verificadores, para practicar visitas, deberán estar provistos de orden escrita con firma autógrafa expedida por la autoridad competente, en la que deberá precisarse el lugar o zona que ha de verificarse, el objeto de la visita, el alcance que deba tener y las disposiciones legales que lo fundamenten. ARTÍCULO 67.- Los propietarios, responsables, encargados u ocupantes de establecimientos objeto de verificación estarán obligados a permitir el acceso y dar facilidades e informes a los verificadores para el desarrollo de su labor. ARTÍCULO 68.- Al iniciar la visita, el verificador deberá exhibir credencial vigente con fotografía, expedida por la autoridad competente que lo acredite para desempeñar dicha función, así como la orden expresa a la que se refiere el artículo 66 de la presente Ley, de la que deberá dejar copia al propietario, responsable, encargado u ocupante del establecimiento. ARTÍCULO 69.- De toda visita de verificación se levantará acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por la persona con quien se hubiere entendido la diligencia o por quien la practique si aquélla se hubiere negado a proponerlos. De toda acta se dejará copia a la persona con quien se entendió la diligencia, aunque se hubiere negado a firmar, lo que no afectará la validez de la diligencia ni del documento de que se trate, siempre y cuando el verificador haga constar tal circunstancia en la propia acta. ARTÍCULO 70.- En las actas se hará constar: I. Nombre, denominación o razón social del visitado; II. Hora, día, mes y año en que se inicie y concluya la diligencia; III. Calle, número, población o colonia, teléfono u otra forma de comunicación disponible, municipio o delegación, código postal y entidad federativa en que se encuentre ubicado el lugar en que se practique la visita; IV. Número y fecha del oficio de comisión que la motivó; V. Nombre y cargo de la persona con quien se entendió la diligencia; VI. Nombre y domicilio de las personas que fungieron como testigos; VII. Datos relativos a la actuación; VIII. Declaración del visitado, si quisiera hacerla; y IX. Nombre y firma de quienes intervinieron en la diligencia incluyendo los de quien la hubiere llevado a cabo. Si se negaren a firmar el visitado o su representante legal, ello no afectará la validez del acta, debiendo el verificador asentar la razón relativa. ARTÍCULO 71.- Los visitados a quienes se haya levantado acta de verificación podrán formular observaciones en el acto de la diligencia y ofrecer pruebas en relación a los hechos contenidos en ella, o bien, por escrito, hacer uso de tal derecho dentro del término de cinco días siguientes a la fecha en que se hubiere levantado. ARTÍCULO 72.- Las dependencias podrán, de conformidad con las disposiciones aplicables, verificar bienes, personas y vehículos de transporte con el objeto de comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales, para lo cual se deberán cumplir, en lo conducente, las formalidades previstas para las visitas de verificación". De los preceptos transcritos, se advierte que los propietarios, ejidatarios, poseedores, arrendatarios, subarrendatarios o detentadores por cualquier título de inmuebles, tienen la obligación de conservar y mantener en buen estado los árboles ubicados en los mismos; así como los que se encuentran en aceras y banquetas colindantes con dichos predios, y evitar que estos ocasionen molestias con sus ramas, raíces y/o frutos, perjudicando techos, ventanas, bardas, tanques de almacenamiento de agua, desagüe pluvial y sanitarios. Asimismo, se advierte que la Secretaría de Medio Ambiente y Movilidad Urbana del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, tiene la facultad de efectuar visitas de verificación, a través de personal autorizado, con la finalidad de vigilar el cumplimiento del Reglamento de Protección Ambiental para el Municipio de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y demás disposiciones legales aplicables en la materia. Las vistas de verificación se realizarán, entre otros casos, en atención a las denuncias recibidas, y se ejecutarán conforme a las disposiciones contenidas en el apartado de visitas de verificación de la Ley de Procedimientos Administrativos para el Estado de Chiapas. También, se evidencia que las autoridades administrativas, para comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias están facultadas para llevar a cabo visitas de verificación, mismas que podrán ser ordinarias y extraordinarias; las primeras se efectuarán en días y horas hábiles, y las segundas en cualquier tiempo. Para lo cual, los verificadores deben estar provistos de orden escrita con firma autógrafa expedida por la autoridad competente, en la que deberá precisarse el lugar o zona que ha de verificarse, el objeto de la visita, el alcance que deba tener y las disposiciones legales que lo fundamenten. Al iniciar la visita, el verificador deberá exhibir credencial vigente con fotografía, expedida por la autoridad competente que lo acredite para desempeñar dicha función, de la que deberá dejar copia al propietario, responsable, encargado u ocupante del establecimiento. Una vez realizada la visita, se levantará acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por la persona con quien se hubiere entendido la diligencia o por quien la practique si aquélla se hubiere negado a proponerlos. De toda acta se dejará copia a la persona con quien se entendió la diligencia. En las actas se hará constar: I. Nombre, denominación o razón social del visitado; II. Hora, día, mes y año en que se inicie y concluya la diligencia; III. Calle, número, población o colonia, teléfono u otra forma de comunicación disponible, municipio o delegación, código postal y entidad federativa en que se encuentre ubicado el lugar en que se practique la visita; IV. Número y fecha del oficio de comisión que la motivó; V. Nombre y cargo de la persona con quien se entendió la diligencia; VI. Nombre y domicilio de las personas que fungieron como testigos; VII. Datos relativos a la actuación; VIII. Declaración del visitado, si quisiera hacerla; y IX. Nombre y firma de quienes intervinieron en la diligencia incluyendo los de quien la hubiere llevado a cabo. Si se negaren a firmar el visitado o su representante legal, ello no afectará la validez del acta, debiendo el verificador asentar la razón relativa. Por otra parte, respecto a los citatorios, se establece que podrán realizarse personalmente con quien deba entenderse la diligencia, en el domicilio del interesado, para lo cual el notificador deberá cerciorarse del domicilio del interesado y deberá entregar copia del acto que se notifique y señalar la fecha y hora en que la notificación se efectúa, recabando el nombre y firma de la persona con quien se entienda la diligencia. Las notificaciones personales, se entenderán con la persona que deba ser notificada o su representante legal; a falta de ambos, el notificador dejara citatorio con cualquier persona que se encuentre en el domicilio, para que el interesado espere a una hora fija del día hábil siguiente. Ahora bien, del citatorio que constituye el acto reclamado, se advierte que con motivo de la visita de verificación practicada el quince de julio de dos mil veintiuno, por presuntos hechos y omisiones contenidas en el artículo 67 del Reglamento de Protección Ambiental para el Municipio de Tuxtla, Gutiérrez Chiapas, por falta de mantenimiento árbol (sic), en el inmueble ubicado en Nuevo León ciento noventa y nueve, colonia Plan de Ayala, derivado de la denuncia ciudadana, con el propósito de dar cumplimiento a lo dispuesto en el reglamento invocado, con fundamento en los artículos 38 y 39 y demás de la Ley de Procedimiento Administrativo para el Estado de Chiapas, 87, 88, 89 y 90 del reglamento antes señalado, se requirió a Humberto Hernández Herández, aquí quejoso, para que se presentara en la oficina del Departamento de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Medio Ambiente y Movilidad Urbana, el dieciséis de julio de dos mil veintiuno, en el horario de nueve de la mañana a doce del día, apercibiéndolo que de no presentarse se tendrían por ciertas las imputaciones que le hacen y se procederá conforme a derecho. Asimismo, se le requirió para que presentara en copia simple y original para su cotejo identificación oficial con fotografía, comprobante de domicilio y el último pago predial del inmueble de referencia. El citatorio se dejó en poder de Consuelo Rodríguez, el quince de julio de dos mil veintiuno. Por otra parte, del reporte de la visita de verificación antes señalada, se advierte que el Verificador Marco Antonio Pacheco Tovar, el quince de julio de dos mil veintiuno, a las diez horas con veinte minutos, se constituyó en el domicilio antes precisado, en atención a una denuncia, lugar donde fue atendido por Consuelo Rodríguez, a quien le explicó el motivo de su presencia, y se le solicitó el permiso para acceder al patio, persona que no le dejó constatar lo reportado, en atención a ello, la invitó a entregar el citatorio de esa misma fecha al propietario, para darle las recomendaciones sobre lo que establece el artículo 67 del Reglamento de Protección Ambiental de Tuxtla Gutiérrez, para que realice una poda con el porcentaje que determine el área correspondiente. De lo expuesto, se colige que como lo aduce el quejoso, el citatorio de espera es inconstitucional, toda vez que no cumple con los requisitos señalados en los preceptos antes invocados. En efecto, debió dejarse con cualquier persona que se encontrara en el domicilio para que el interesado esperara a una hora fija del día hábil siguiente, lo cual, no aconteció en el caso a estudio, puesto que del citatorio no se advierte esa circunstancia. Por otro lado, el requerimiento formulado al quejoso en el citatorio, relativo a que al presentarse en las Oficinas del Departamento de Inspección y Vigilancia de la Secretaría de Medio Ambiente y Movilidad Urbana, debe llevar consigo, identificación oficial con fotografía, comprobante de domicilio y último pago predial, carece de fundamentación y motivación, como lo señala el solicitante de amparo, pues la autoridad no expone por qué formula ese requerimiento, menos aún señala los preceptos aplicables. Ahora bien, del contenido del propio citatorio se evidencia que su razón de ser deriva de la visita de verificación realizada el quince de julio de dos mil veintiuno, de la cual, como lo señala el solicitante de amparo, no se advierte que el notificador halla exhibió o acompañado memorándum, oficio o acuerdo que le otorgara facultades o atribuciones delegadas para realizar la función de notificador, tal y como lo establece el precepto 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Estado de Chiapas. En efecto, no se advierte que contara con la orden escrita con firma autógrafa expedida por la autoridad competente, en la que se precisara el lugar o zona que ha de verificarse, el objeto de la visita, el alcance que deba tener y las disposiciones legales que lo fundamenten, pues fue omiso en exhibirla, además de que omitió dejar copia al propietario. Pues nada de ello asentó en el reporte de la visita, tampoco en el citatorio. En ese contexto, si la visita no cumple con los requisitos que establece la ley, motivo por el cual resulta ilegal, procede afirmar que el citatorio, además de la falta de fundamentación y motivación antes señalada, tiene su razón de ser en una verificación dotada de ilegalidad, por lo tanto, también es ilegal. Decisión. Como corolario de lo expuesto y con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la ley de la materia, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Humberto Hernández Herández, para que la autoridad responsable deje insubsistente el reporte de visita de quince de julio de dos mil veintiuno, así como el citatorio de la misma data, con todas sus consecuencias jurídicas. En atención a los efectos de la concesión de amparo, no se aborda el estudio del acto reclamado consistente en la falta de implementación de medidas o actuaciones que tiendan a proteger el derecho a la salud del quejoso, para evitar ser contagiado ante la citación que le hizo la secretaría responsable, puesto que se dejaron insubsistentes el reporte de visita de quince de julio de dos mil veintiuno, así como el citatorio de la misma data, con todas sus consecuencias jurídicas. SEXTO. (Publicación y captura de sentencia). Con fundamento en los artículos 30 y 42 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado el seis de septiembre de dos mil diecinueve, se ordena elaborar y capturar la versión pública de la presente sentencia al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, S E R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a Humberto Hernández Hernández, por propio derecho, contra actos del Secretario, Jefe de Departamento de Inspección y Vigilancia y Verificador Comisionado perteneciente al Departamento de Inspección y Vigilancia, todos de la Secretaría de Medio Ambiente y Movilidad Urbana del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, por los motivos y fundamentos expuestos en el considerando quinto de la presente resolución. SEGUNDO. Los efectos del amparo son: "La autoridad responsable deje insubsistente el reporte de visita de quince de julio de dos mil veintiuno, así como el citatorio de la misma data, con todas sus consecuencias jurídicas". Notifíquese vía electrónica al quejoso y mediante correo electrónico a la Agente del Ministerio Público Federal adscrita. Así lo proveyó el Juez Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, Felipe V Consuelo Soto, hoy veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, que lo permitieron las labores de este juzgado, quien firma ante Mónica Correa Chávez, secretaria que autoriza. Doy fe.
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