Humberto Freddy Carballo Gómez

Expediente 1347/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 5 actuaciones registradas, la última del 6 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1347/2017
Año
2017
Actuaciones
5
Última actuación
06/02/2018

Partes del expediente

  • Humberto Freddy Carballo Gómez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, seis de febrero de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos y la certificación secretarial que antecede, con fundamento en los artículos 86, de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la citada Ley, se acuerda: Como la parte quejosa no recurrió dentro del término legal el auto que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio, se declara que ha causado estado para los efectos legales procedentes. Atento al dispositivo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese este expediente como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo que se sobreseyó fuera de audiencia y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE ONCE DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, QUE EN LO MEDULAR SEÑALA :...Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; once de enero de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos la comunicación del Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, por medio del cual remite diversas constancias, entre otras, el emplazamiento realizado al Banco Mercantil del Norte Institución de Banca Múltiple, Sociedad Anónima de Capital Variable y/o Banorte, Sociedad Anónima de Capital Variable y/o Grupo Financiero Banorte, y Afore XXI Banorte, Sociedad Anónima de Capital Variable y/o Julissa Matuz Cruz y/o quien o quienes resulten responsables de la fuente de trabajo, con residencia en esta ciudad, parte demandada en el juicio laboral *********** de su índice, de ocho de enero del año en curso. Documentales a la que se les concede valor probatorio pleno, en términos de lo que establecen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2. Ahora, del escrito inicial de demanda se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado la falta de notificación y emplazamiento a la parte demandada en el juicio laboral ******** Por lo que respecta a dicho acto reclamado, se toma en cuenta el contenido de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente reclamado; El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional, respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa. Lo anterior implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos de dicho acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención, no es sólo la paralización del acto de autoridad, además es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del tomo IX-Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". De lo expuesto se desprende que, para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de cuatro extremos, a saber: a) Un acto de autoridad que se estime lesivo de derechos fundamentales y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; c) Una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías; y, d) Una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Por otro lado, resulta indispensable acudir al contenido del artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los diversos 103 y 107 de la Constitución General de la República, que a la letra señala: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija". Del precepto transcrito se obtiene que los efectos que genera la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión, tratándose de actos de carácter omisivo, es obligar a la autoridad responsable a respetar la prerrogativa de que se trate y exigir de la misma su cumplimiento. Esto es, tratándose de actos omisivos de autoridades responsables, se entiende que han dejado de surtir sus efectos una vez que la autoridad lleva a cabo el acto que destruye la violación al derecho reconocido por la Constitución General. En la especie, el quejoso se duele de la falta de notificación y emplazamiento a la parte demandada dentro del expediente laboral *********** Ahora bien, del oficio de cuenta, la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, remitió el emplazamiento realizado al Banco Mercantil del Norte Institución de Banca Múltiple, Sociedad Anónima de Capital Variable y/o Banorte Sociedad Anónima de Capital Variable y/o Grupo Financiero Banorte, y Afore XXI Banorte Sociedad Anónima de Capital Variable y/o Julissa Matuz Cruz y/o quien o quienes resulten responsables de la fuente de trabajo, con residencia en esta ciudad, con residencia en esta ciudad, parte demandada en el expediente laboral ********* de su índice, de ocho de enero del año en curso. En ese sentido, deviene inconcuso que los efectos del acto reclamado consistente en la falta de notificación y emplazamiento a la parte demandada dentro del expediente laboral ********* ha cesado en sus efectos, al haber quedado insubsistente en forma total e incondicional el citado acto omisivo tildado de inconstitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto omisivo no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí ninguna huella. Lo cual se corrobora al considerar que los efectos de una eventual concesión de amparo deberían delimitarse en función del acto reclamado y en consideración de la etapa procesal en que se sitúa dentro del procedimiento laboral. Cobra aplicación, por identidad jurídica, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Luego, al haberse acreditado que cesaron los efectos del acto que por esta vía se reclamó, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que por su aplicación relacionada con las fracciones IV y V del numeral 63 del mismo ordenamiento, obliga a SOBRESEER ESTE JUICIO FUERA DE AUDIENCIA. Por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con diez minutos del veintitrés de enero de dos mil dieciocho. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el Juez José Antonio Lozano Batarse, titular del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistido de la secretaria que autoriza, Laura Elena Romero Luna, a quien faculta a firmar los oficios que se expidan, quien certifica que la promoción que generó este acuerdo y el proveído mismo se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veinte de diciembre de dos mil diecisiete. Visto el estado de autos y tomando en consideración que aún no transcurre el término de tres días concedido a la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, en auto de ..., para que remita las copias certificadas de lo actuado en el expediente laboral ..., de su índice; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fija como nueva fecha para su celebración las NUEVE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO. Lo anterior, toda vez que mediante oficio ..., la secretaria General de Acuerdos y Conflictos Colectivos y Secretaria de Pleno de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, informó a este órgano de control constitucional que se autorizó el segundo periodo vacacional, comprendido del .... Tiene aplicación a lo anterior la tesis P./J. 16/94, sustentado por el Segundo, Sexto y Séptimo Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Primer Circuito, Octava Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Junio de 1994, Página 14, que dice: "PERIODO VACACIONAL DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL RESPONSABLE. CONSTITUYE UN HECHO NOTORIO QUE PUEDE SER INVOCADO DE OFICIO POR EL JUZGADOR DE AMPARO. El periodo vacacional de la autoridad jurisdiccional responsable constituye un hecho notorio, en virtud de que forma parte del bagaje cultural que es propio del círculo o grupo de los juzgadores de amparo, sobre todo si se toma en cuenta que en la actualidad las reformas constitucionales y legales en vigor a partir de 1988, han permitido la activación y aceleramiento de la desconcentración de los órganos judiciales federales, de modo que su multiplicación y mayor distribución geográfica favorecen su cercanía a las autoridades responsables localizadas dentro de su jurisdicción y, en consecuencia, propician su inmediatez, que les permite enterarse de un hecho tan relevante para su función, como lo es el periodo vacacional de las autoridades responsables cuyos actos juzgan cotidianamente; por ello, el periodo vacacional de la autoridad responsable, que debe ser descartado del término dentro del cual debe presentarse la demanda de garantías, no necesita ser alegado ni probado por el quejoso, puesto que al ser un hecho notorio puede ser invocado de oficio por los juzgadores de amparo, con base en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo." Notifíquese.

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; catorce de diciembre de dos mil diecisiete. Se tienen por recibidos y se ordena agregar a los autos los informes justificados rendidos por las autoridades responsables Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas y Actuario de su adscripción, con residencia en esta ciudad; de conformidad con el numeral 117 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de relacionarlos en la audiencia constitucional Atento a lo dispuesto en los numerales 119 y 123 de la ley de la materia, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza las documentales que remite la Junta responsable, sin perjuicio de hacer relación de ellas el día y hora señaladas para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Ahora, por cuanto que la Junta responsable únicamente remite diversas constancias relativas al juicio laboral ..., de su índice, para efectos de mejor proveer y estar en aptitud de dictar una sentencia apegada a derecho; con fundamento en los artículos 75, párrafo tercero y 117 de la legislación citada, requiérase a la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Chiapas, ubicada en esta ciudad, para que dentro del término de tres días contados a partir de la recepción del oficio que al efecto se envíe, remita la totalidad de las copias debidamente certificadas del expediente antes citado, de donde emanan los actos reclamados. En el entendido que de no cumplir con lo anterior, se hará acreedora a una multa de cien unidades de medida y de actualización, la que asciende a la cantidad de $7,549.00 (siete mil quinientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), tomando como base el valor inicial diario equivalente $75.49 (setenta y cinco pesos 49/100 moneda nacional) conforme lo dispone el artículo Segundo Transitorio, del decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de enero de dos mil diecisiete, de conformidad con el numeral 260, fracción ll y 237, fracción l de la ley reglamentaria de los preceptos 103 y 107 constitucional. Es aplicable al caso, la Jurisprudencia 17/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 108, del Tomo V, Febrero de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto". Notifíquese.

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