Humberto Baron Alanis
Expediente 786/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 45 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 786/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 45
- Última actuación
- 03/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Humberto Baron Alanis
- Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 45.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a tres de octubre de dos mil veintidós Vista la razón asentada por el fedatario de la adscripción, mediante la cual manifiesta la imposibilidad que tiene para notificar personalmente a la tercero interesada J. Matilde Ramírez Provisor, por las razones que señala en la misma; al respecto, con fundamento en lo previsto por la fracción III, inciso a) del artículo 27 y 29, de la Ley de Amparo, la notificación de la resolución de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, el presente acuerdo, así como las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, hágansele a la parte tercero interesada, por medio de lista que se fija en los estrados de éste Juzgado. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe. EN ACATAMIENTO A LO ORDENADO EN LÍNEAS QUE ANTECEDEN, SE PROCEDE A NOTIFICAR A LA TERCERO INTERESADA J. MATILDE RAMÍREZ PROVISOR POR MEDIO DE LISTA LA SIGUIENTE DETERMINACIÓN: (RESOLUCIÓN DE 29-SEPTIEMBRE-2022) VISTO, para resolver el juicio de amparo 786/2020, promovido por HUMBERTO BARON ALANIS, por propio derecho y con el carácter de Director de Gobernación e Integrante del Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Yautepec, Morelos, contra actos del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, con sede en esta ciudad y otra autoridad, y; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintiocho de septiembre de dos mil veinte, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, HUMBERTO BARON ALANIS, por propio derecho y con el carácter de Director de Gobernación e Integrante del Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Yautepec, Morelos solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por el acto siguiente: Autoridad responsable: ° Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. ° Cuarta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. ° Actuario de la adscripción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Acto reclamado. ".Del C. Actuario adscrito a Cuarta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, la violación al DEBIDO PROCESO en la supuesta e ilegal diligencia de emplazamiento realizada dentro del expediente radicado ante la responsable bajo el número TJA/4ªSERA/020/2018, seguido por el ahora tercero interesado en contra del Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Yautepec, Morelos; misma que nunca me fue notificado personalmente o en los términos legales que se ordenan en los artículos 26, 27 y 28 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, en el que no se dio cumplimiento a las formalidades esenciales del procedimiento. De la Titular de la Cuarta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, la violación al DEBIDO PROCESO, esto dentro de todo el procedimiento llevado a cabo en contra del Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Yautepec, Morelos, dentro del juicio Administrativo tramitado ante la responsable bajo el número TJA/4ªSERA/020/2018, seguido por el ahora tercero interesado en contra del Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Yautepec, Morelos, con lo que se me generó un estado de indefensión, al haberme privado de mis derechos de contestar la demanda conforme a derecho, ofrecer pruebas y alegatos dentro del procedimiento.". SEGUNDO. El treinta de septiembre de dos mil veinte, esta autoridad admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 786/2020, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar dichos actos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que dispone: Conforme a dicho precepto, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de la autoridad responsable la falta de llamamiento al juicio de nulidad TJA/4ªSERA/020/2018. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado, pues así se advierte del contenido del informe justificado, lo que se corrobora con las copias certificadas que acompañó al mismo. CUARTO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es pertinente examinar la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio oficioso, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62, de la Ley de Amparo. En el caso, este Juzgado de Distrito advierte que se actualiza la causa de improcedencia establecida por la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, mismo que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII.- Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o. de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" En primer término, debe puntualizarse que conforme a lo establecido en el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, el interés jurídico o legítimo consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar en la vía de amparo, algún acto violatorio de derechos humanos en su perjuicio; esto es, se refiere a un derecho subjetivo o de un derecho legítimo, protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad, mismo que ocasiona una afectación real y actual en su esfera jurídica. En ese sentido, debe tenerse que el juicio constitucional se creó con la finalidad de cerciorar del goce de derechos humanos establecidos en la carta magna, cuando exista violación a aquellos por un acto de autoridad y éste tenga efectos materiales consistentes en un perjuicio o afectación real y actual en contra del solicitante del amparo. Resulta aplicable a lo anterior, por identidad de razón la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, página 364, segunda parte-1, julio a diciembre de 1990, la cual establece: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUE CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona." Ahora bien, por lo que respecta al interés jurídico a que se refieren los preceptos transcritos, que es el único tipo de interés que pudiera invocar la parte quejosa, se encuentra definido en la jurisprudencia 1a./J. 168/2007 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la página 225, tomo XXVII, Enero de 2008, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que es del contenido siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Conforme a la jurisprudencia transcrita, es claro que para pedir amparo el peticionario debe resentir un perjuicio directo sobre sus intereses jurídicos con motivo de un acto de autoridad; y, del criterio transcrito se advierte lo siguiente: a) El interés jurídico se identifica como un derecho subjetivo derivado de una norma objetiva que se concreta en forma individual en algún sujeto determinado otorgando una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad; b) El acto de autoridad tiene que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de un individuo en lo particular; c) No es suficiente para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Por tanto, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que implica que uno de los presupuestos que deben concurrir ineludiblemente para la procedencia del juicio constitucional, es justamente la demostración plena del interés jurídico, que no es otra cosa sino la ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona. Apoya las consideraciones anteriores, la Jurisprudencia número 358, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 241, del Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, Quinta Época, que reza: "PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. El concepto perjuicio, para los efectos del amparo, no debe tomarse en los términos de la ley civil, o sea, como la privación de cualquiera ganancia lícita que pudiera haberse obtenido, o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona." Así, tenemos por cierto que, para la procedencia de la acción de amparo, es indispensable que quien la promueva acredite fehacientemente ante el juzgador federal que la actuación de la autoridad responsable le causa directamente perjuicios en su persona, derechos, bienes o posesiones, para que de inmediato se analice la posible violación de derechos. Es decir, si bien es cierto que la legitimación activa en la causa como condición necesaria para la procedencia del juicio, consiste en la identidad del actor con la persona a cuyo favor está la ley, y que como consecuencia está legitimado en la causa cuando ejercita un derecho que realmente le corresponde, también es cierto que el juicio de amparo sólo puede ser promovido por aquél que verdaderamente resienta un perjuicio con motivo del acto reclamado en el derecho que se busca ejercer, es decir por aquél a quien le hayan sido violentados sus derechos fundamentales por omisión o insuficiencia de las prestaciones a las que tenga derecho o por actuaciones que impliquen una lesión a un bien jurídico tutelado, lo que de hecho debe estar plenamente probado para la procedencia del juicio de amparo. En ese contexto, debe decirse que la parte quejosa HUMBERTO BARON ALANIS, reclama la falta de emplazamiento al juicio de nulidad TJA/4ªSERA/020/2018. Sin embargo, para este órgano jurisdiccional, HUMBERTO BARON ALANIS por propio derecho y con el carácter de Director de Gobernación e Integrante del Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Yautepec, Morelos, carece de interés jurídico para reclamar la falta de emplazamiento a dicho juicio natural ya que de las constancias remitidas por la Sala responsable se advierte la quejosa como persona física no fue parte demandada, y por otra parte tampoco que ejerza la representación del Consejo de Honor y Justicia que sí fue demandada y que sí compareció por medio de su Presidente, el Comandante Gerardo Mosqueda Ortiz, quien acreditó ser el representante de dicha autoridad, como se desprende del acta de la Primera Sesión Ordinaria del año dos mil dieciséis, en términos de lo establecido en los artículos 176 a 179 y 181 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos. Dicha circunstancia se corrobora con base en el oficio ingresado ante la autoridad responsable el dieciséis de abril de dos mil dieciocho, al cual se adjuntó copia certificada del acta de sesión referida; documental con la que, mediante acuerdo de la misma fecha, la Sala responsable tuvo por apersonada al juicio al Presidente del Consejo de Honor y Justicia de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Yautepec, Morelos, y por acreditada su personería. Entonces, como se desprende de lo anterior, la falta de emplazamiento al juicio de nulidad TJA/4ªSERA/020/2018 de la aquí quejosa HUMBERTO BARON ALANIS por propio derecho o con el carácter de Director de Gobernación e Integrante del Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Yautepec, Morelos, no le genera perjuicio alguno, pues como se advierte de dicho juicio, ella no figura con el carácter de parte en este. Sin que pase desapercibido que por auto de trece de diciembre de dos mil diecinueve, la Sala responsable vinculara a todos los elementos (incluyendo a la quejosa) al cumplimiento de la resolución emitida en el juicio de origen, ya que dicha actuación no fue materia de reclamo y mucho menos de concepto de violación en su escrito inicial de demanda de amparo, siendo que tuvo conocimiento desde la data en que recibió el oficio por parte de la autoridad de origen. Además de que todos sus argumentos sobre la ilegalidad del procedimiento y el requerimiento efectuado, descansan sobre la premisa de que no fue debidamente llamada a la contienda de origen, lo cual como se señaló con antelación, no le asiste la razón ni el interés para reclamarlo así. En tales condiciones, es dable concluir que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo; por ende, debe decretarse el sobreseimiento en el presente juicio de derechos fundamentales, en términos del artículo 63, fracción V, del propio cuerpo normativo, mismo que se hace efectivo a la autoridad ejecutora. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia de Erik Calderón Ocampo, hasta hoy veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, fecha en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
- Principal
VISTO, para resolver el juicio de amparo 786/2020, promovido por HUMBERTO BARON ALANIS, por propio derecho y con el carácter de Director de Gobernación e Integrante del Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Yautepec, Morelos, contra actos del Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, con sede en esta ciudad y otra autoridad, y; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Mediante escrito presentado el veintiocho de septiembre de dos mil veinte, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido al día hábil siguiente, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal, HUMBERTO BARON ALANIS, por propio derecho y con el carácter de Director de Gobernación e Integrante del Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Yautepec, Morelos solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por el acto siguiente: Autoridad responsable: ° Pleno del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. ° Cuarta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. ° Actuario de la adscripción del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Acto reclamado. ".Del C. Actuario adscrito a Cuarta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, la violación al DEBIDO PROCESO en la supuesta e ilegal diligencia de emplazamiento realizada dentro del expediente radicado ante la responsable bajo el número TJA/4ªSERA/020/2018, seguido por el ahora tercero interesado en contra del Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Yautepec, Morelos; misma que nunca me fue notificado personalmente o en los términos legales que se ordenan en los artículos 26, 27 y 28 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, en el que no se dio cumplimiento a las formalidades esenciales del procedimiento. De la Titular de la Cuarta Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, la violación al DEBIDO PROCESO, esto dentro de todo el procedimiento llevado a cabo en contra del Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Yautepec, Morelos, dentro del juicio Administrativo tramitado ante la responsable bajo el número TJA/4ªSERA/020/2018, seguido por el ahora tercero interesado en contra del Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Yautepec, Morelos, con lo que se me generó un estado de indefensión, al haberme privado de mis derechos de contestar la demanda conforme a derecho, ofrecer pruebas y alegatos dentro del procedimiento.". SEGUNDO. El treinta de septiembre de dos mil veinte, esta autoridad admitió la demanda de amparo, radicó el asunto con el número de expediente 786/2020, requirió a las responsables su informe justificado, dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar dichos actos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que dispone: Conforme a dicho precepto, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de la autoridad responsable la falta de llamamiento al juicio de nulidad TJA/4ªSERA/020/2018. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado, pues así se advierte del contenido del informe justificado, lo que se corrobora con las copias certificadas que acompañó al mismo. CUARTO. Causales de improcedencia y sobreseimiento. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es pertinente examinar la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio oficioso, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62, de la Ley de Amparo. En el caso, este Juzgado de Distrito advierte que se actualiza la causa de improcedencia establecida por la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, mismo que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII.- Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o. de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia;" En primer término, debe puntualizarse que conforme a lo establecido en el artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, el interés jurídico o legítimo consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar en la vía de amparo, algún acto violatorio de derechos humanos en su perjuicio; esto es, se refiere a un derecho subjetivo o de un derecho legítimo, protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad, mismo que ocasiona una afectación real y actual en su esfera jurídica. En ese sentido, debe tenerse que el juicio constitucional se creó con la finalidad de cerciorar del goce de derechos humanos establecidos en la carta magna, cuando exista violación a aquellos por un acto de autoridad y éste tenga efectos materiales consistentes en un perjuicio o afectación real y actual en contra del solicitante del amparo. Resulta aplicable a lo anterior, por identidad de razón la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, página 364, segunda parte-1, julio a diciembre de 1990, la cual establece: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUE CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona." Ahora bien, por lo que respecta al interés jurídico a que se refieren los preceptos transcritos, que es el único tipo de interés que pudiera invocar la parte quejosa, se encuentra definido en la jurisprudencia 1a./J. 168/2007 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación visible en la página 225, tomo XXVII, Enero de 2008, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que es del contenido siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados." Conforme a la jurisprudencia transcrita, es claro que para pedir amparo el peticionario debe resentir un perjuicio directo sobre sus intereses jurídicos con motivo de un acto de autoridad; y, del criterio transcrito se advierte lo siguiente: a) El interés jurídico se identifica como un derecho subjetivo derivado de una norma objetiva que se concreta en forma individual en algún sujeto determinado otorgando una facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad; b) El acto de autoridad tiene que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de un individuo en lo particular; c) No es suficiente para acreditar el interés jurídico en el amparo, la existencia de una situación abstracta en beneficio de la colectividad que no otorgue a un particular determinado la facultad de exigir que esa situación abstracta se cumpla. Por tanto, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, lo que implica que uno de los presupuestos que deben concurrir ineludiblemente para la procedencia del juicio constitucional, es justamente la demostración plena del interés jurídico, que no es otra cosa sino la ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona. Apoya las consideraciones anteriores, la Jurisprudencia número 358, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 241, del Tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, Quinta Época, que reza: "PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. El concepto perjuicio, para los efectos del amparo, no debe tomarse en los términos de la ley civil, o sea, como la privación de cualquiera ganancia lícita que pudiera haberse obtenido, o como el menoscabo en el patrimonio, sino como sinónimo de ofensa que se hace a los derechos o intereses de una persona." Así, tenemos por cierto que, para la procedencia de la acción de amparo, es indispensable que quien la promueva acredite fehacientemente ante el juzgador federal que la actuación de la autoridad responsable le causa directamente perjuicios en su persona, derechos, bienes o posesiones, para que de inmediato se analice la posible violación de derechos. Es decir, si bien es cierto que la legitimación activa en la causa como condición necesaria para la procedencia del juicio, consiste en la identidad del actor con la persona a cuyo favor está la ley, y que como consecuencia está legitimado en la causa cuando ejercita un derecho que realmente le corresponde, también es cierto que el juicio de amparo sólo puede ser promovido por aquél que verdaderamente resienta un perjuicio con motivo del acto reclamado en el derecho que se busca ejercer, es decir por aquél a quien le hayan sido violentados sus derechos fundamentales por omisión o insuficiencia de las prestaciones a las que tenga derecho o por actuaciones que impliquen una lesión a un bien jurídico tutelado, lo que de hecho debe estar plenamente probado para la procedencia del juicio de amparo. En ese contexto, debe decirse que la parte quejosa HUMBERTO BARON ALANIS, reclama la falta de emplazamiento al juicio de nulidad TJA/4ªSERA/020/2018. Sin embargo, para este órgano jurisdiccional, HUMBERTO BARON ALANIS por propio derecho y con el carácter de Director de Gobernación e Integrante del Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Yautepec, Morelos, carece de interés jurídico para reclamar la falta de emplazamiento a dicho juicio natural ya que de las constancias remitidas por la Sala responsable se advierte la quejosa como persona física no fue parte demandada, y por otra parte tampoco que ejerza la representación del Consejo de Honor y Justicia que sí fue demandada y que sí compareció por medio de su Presidente, el Comandante Gerardo Mosqueda Ortiz, quien acreditó ser el representante de dicha autoridad, como se desprende del acta de la Primera Sesión Ordinaria del año dos mil dieciséis, en términos de lo establecido en los artículos 176 a 179 y 181 de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Morelos. Dicha circunstancia se corrobora con base en el oficio ingresado ante la autoridad responsable el dieciséis de abril de dos mil dieciocho, al cual se adjuntó copia certificada del acta de sesión referida; documental con la que, mediante acuerdo de la misma fecha, la Sala responsable tuvo por apersonada al juicio al Presidente del Consejo de Honor y Justicia de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Yautepec, Morelos, y por acreditada su personería. Entonces, como se desprende de lo anterior, la falta de emplazamiento al juicio de nulidad TJA/4ªSERA/020/2018 de la aquí quejosa HUMBERTO BARON ALANIS por propio derecho o con el carácter de Director de Gobernación e Integrante del Consejo de Honor y Justicia de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Yautepec, Morelos, no le genera perjuicio alguno, pues como se advierte de dicho juicio, ella no figura con el carácter de parte en este. Sin que pase desapercibido que por auto de trece de diciembre de dos mil diecinueve, la Sala responsable vinculara a todos los elementos (incluyendo a la quejosa) al cumplimiento de la resolución emitida en el juicio de origen, ya que dicha actuación no fue materia de reclamo y mucho menos de concepto de violación en su escrito inicial de demanda de amparo, siendo que tuvo conocimiento desde la data en que recibió el oficio por parte de la autoridad de origen. Además de que todos sus argumentos sobre la ilegalidad del procedimiento y el requerimiento efectuado, descansan sobre la premisa de que no fue debidamente llamada a la contienda de origen, lo cual como se señaló con antelación, no le asiste la razón ni el interés para reclamarlo así. En tales condiciones, es dable concluir que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo; por ende, debe decretarse el sobreseimiento en el presente juicio de derechos fundamentales, en términos del artículo 63, fracción V, del propio cuerpo normativo, mismo que se hace efectivo a la autoridad ejecutora. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo. Notifíquese personalmente Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia de Erik Calderón Ocampo, hasta hoy veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, fecha en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.
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Cuernavaca, Morelos, a veintidós de septiembre de dos mil veintidós Agréguense a los autos el informe justificado rendido por la Subjefe de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento formulado en autos; al respecto, se provee lo siguiente. Téngase por hecha la comunicación anterior para los efectos legales procedentes, sin que sea necesario realizar mayor pronunciamiento en cuanto a su contenido, en razón de que el quince de julio de dos mil veintidós se celebró la audiencia constitucional en el presente asunto, resultando su llegada extemporánea. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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Cuernavaca, Morelos, a veintitrés de junio de dos mil veintidós Visto el estado de los autos, se advierte el oficio signado por el Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial en el Estado de Morelos; por medio del cual devuelve diligenciado el despacho 15/2022 número de orden 55/2022; atento a su contenido, se tiene por hecha la comunicación aludida para los efectos legales a que haya lugar y por emplazado al tercero interesado ********************. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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