Humberto Ángel Pérez Torres
Expediente 1296/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 17 actuaciones registradas, la última del 13 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1296/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 13/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Morelos
- Humberto Ángel Pérez Torres
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a trece de marzo de dos mil veintitrés Visto el estado que guardan los autos, así como de una revisión del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se advierte la existencia en este Juzgado Federal del diverso juicio de amparo 1298/2022, promovido por Lucía Sandre Aguilar, por su propio derecho y en su carácter de Regidora de la Comisión de Derechos Humanos del Municipio de Ayala, Morelos. En ese sentido, de un estudio integral de la demanda en el citado juicio de amparo 1298/2022, así como de la demanda en el presente juicio de amparo 1296/2022, promovido por Humberto Ángel Pérez Torres, por su propio derecho y en su carácter de representante de la Consejería Municipal de Ayala, Morelos, se advierte que en ellos se señalan como autoridades responsables: ".Ordenadora ".Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos.. "Ejecutora ".Dirección General de Recaudación de la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado de Morelos. ".Notificador y Ejecutor Fiscal adscrito a la Dirección General de Recaudación dependiente de la Coordinación de Política de Ingresos. ".Coordinación de Política de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos." Precisando en el juicio de amparo 1296/2022, los siguientes actos reclamados: "... Acto que se reclama: "De la autoridad ordenadora: "1) Se constituye por la resolución de fecha diecisiete de mayo de dos mil veintidós, mediante la cual la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos IMPONE DE FORMA INDEBIDA al suscrito en carácter de autoridad demandada del Municipio de Ayala, Morelos la medida de apremio consistentes en multa equivalente a 100 Unidades de Medida y Actualización vigente a la fecha de la imposición de la multas, establecida en la fracción II del artículo 11 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos vigente a la fecha de la imposición de la medida de apremio. "De las autoridades ejecutoras: "1) Coordinación de Política de Ingresos. El cumplimiento de la multa derivada de la INDEBIDA IMPOSICIÓN de la fracción II del artículo 11 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, actuación que generó la indebida ejecución del mandamiento número ******************** de fecha 6 de julio de 2022. "2) Notificador y Ejecutor Fiscal adscrito a la Dirección General de Recaudación dependiente de la Coordinación de Política de Ingresos. Actuación consistente en la indebida ejecución del mandamiento de ejecución ******************** de fecha 6 de julio del presente año, el cual fue notificado en la Consejería Jurídica del Municipio de Ayala, Morelos el día 6 de septiembre de los corrientes.." De igual forma, en el 1298/2022 los actos siguientes: ". Acto que se reclama: "De la autoridad ordenadora: "1) Se constituye por la resolución de fecha diecisiete de mayo de dos mil veintidós, mediante la cual la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos impone de forma indebida al suscrito en carácter de autoridad demandada del Municipio de Ayala, Morelos la medida de apremio consistentes en multa equivalente a 100 Unidades de Medida y Actualización vigente a la fecha de la imposición de la multas, establecida en la fracción II del artículo 11 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos vigente a la fecha de la imposición de la medida de apremio. "De las autoridades ejecutoras: "1) Coordinación de Política de Ingresos. El cumplimiento de la multa derivada de la indebida imposición de la fracción II del artículo 11 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, actuación que generó la indebida ejecución del mandamiento número ******************** de fecha 6 de julio de 2022. "2) Notificador y Ejecutor Fiscal. Actuación consistente en la indebida ejecución del mandamiento de ejecución ******************** de fecha 6 de julio del presente año, el cual fue notificado en la Consejería Jurídica del Municipio de Ayala, Morelos el día 6 de septiembre de los corrientes." En virtud de lo anterior, en el presente juicio se advierte que se actualiza la hipótesis prevista en los artículos 72 y 75 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, para la procedencia de la acumulación. Lo anterior en virtud de que esos dos juicios de amparo fueron promovidos en contra de las mismas autoridades y por los mismos actos reclamados. En efecto, es pertinente señalar que la norma legal invocada, dispone que la acumulación de juicios de amparo, podrá decretarse de oficio o a instancia de parte y puede operar en cualquier etapa del juicio; a fin de evitar que se dicten sentencias contradictorias; por tanto, es necesario atender a la identidad del acto reclamado y de las autoridades responsables, principalmente de la ordenadora. Por tanto, un Juez de Distrito, conforme al ordinal en comento, puede decretar la acumulación de aquellos juicios que se sigan en el Juzgado de su adscripción, sin necesidad de abrir y tramitar el incidente de acumulación respectivo, pues en esta hipótesis no se trata de una cuestión incidental, sino de una determinación de la autoridad jurisdiccional que no requiere la tramitación de tal incidente. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia número P./J. 51/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, Tomo: XX, Agosto de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: "ACUMULACIÓN EN AMPARO. SE PODRÁ DECRETAR DE OFICIO CUANDO SE TRATE DE JUICIOS EN TRÁMITE ANTE UN MISMO JUZGADO DE DISTRITO, PUES EN EL CASO DE LOS TRAMITADOS ANTE JUZGADOS DISTINTOS, SÓLO PROCEDERÁ A INSTANCIA DE PARTE. De la interpretación de los artículos 57 a 60 de la Ley de Amparo se advierte que en los juicios de garantías que se encuentren en trámite ante los Jueces de Distrito podrá decretarse su acumulación, a instancia de parte o de oficio, en los casos que señala la ley; que será competente para conocer de la acumulación, así como de los juicios acumulados, el Juez que hubiere prevenido, y que el más reciente se acumulará al más antiguo; que la acumulación podrá decretarse tanto respecto de los juicios de amparo que se sigan ante un mismo juzgado, como de los que se sigan ante juzgados diferentes; y que es potestativo para los Jueces decretarla o no. Ahora bien, como la facultad de decretar la acumulación de oficio se ejerce unilateralmente, con potestad plena y sin tramitación alguna, no es factible que un Juez de Distrito pueda hacerlo respecto de juicios que se sigan ante otro Juez, porque en esta hipótesis la acumulación ya no sería de oficio, sino mediante la necesaria concurrencia de dos voluntades, una que inicia el trámite sin poder vinculante y otra que accede a la acumulación y que no obraría por impulso propio ni a instancia de parte; luego, no es posible que, de oficio, un Juez de Distrito le ordene a otro que esté conociendo de otros juicios de amparo, que le envíe los autos, porque este último está en libertad de negarse a hacerlo por virtud de la facultad discrecional de que goza. En consecuencia, la acumulación de oficio sólo puede ejercerse respecto de los juicios de amparo que se tramitan ante un mismo juzgado, mientras que la acumulación a instancia de parte podrá promoverse ante cualquiera de los Jueces que estén conociendo de los juicios relacionados; sin embargo, en caso de que el que reciba la solicitud advierta de las constancias de autos que otro previno, conforme al sello fechador impreso en las demandas por la oficialía respectiva, deberá declararse legalmente incompetente para conocer del incidente de acumulación y remitir las constancias necesarias a aquél, a fin de que lo resuelva." Ahora bien, tomando en consideración que el juicio de amparo 1298/2022, es el más antiguo, lo que se corrobora con la boleta de turno de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta entidad federativa, a él corresponde acumular el expediente en que se actúa 1296/2022, del índice de este Órgano Jurisdiccional. Lo anterior se muestra en el siguiente cuadro: juicio de amparo: día de presentación: hora de la presentación: 1298/2022 30/09/2022 8:30 1296/2022 30/09/2022 8:31 Es aplicable a la anterior consideración, la tesis visible en la página 263, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo X, correspondiente al mes de octubre, octava época, que dice: "ACUMULACIÓN. JUICIO MÁS ANTIGUO. Para efecto de la acumulación y determinar cuál es el juicio más antiguo, debe tomarse como base la fecha y el momento de la presentación de la demanda; independientemente de la fecha de radicación del expediente respectivo, pues con la demanda se inicia el procedimiento y se interrumpe la prescripción". Con apoyo en los artículos 72 y 75 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara procedente la acumulación del juicio de amparo 1296/2022, al juicio de amparo 1298/2022, por ser éste el más antiguo. Por tal virtud, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en el presente juicio para las DIEZ HORAS CON UN MINUTO DEL VEINTICINCO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS. Dado que se declara procedente la acumulación, deben glosarse los autos de los expedientes en un sólo cuaderno para sujetarlos a una tramitación común y fallarlos en una sola sentencia conservando cada expediente su individualidad. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Expediente, que se lleva en este Juzgado para los efectos legales y administrativos a que haya lugar. Finalmente, comuníquese a las partes que laspromociones relativas al juicio de amparo indirecto1296/2022, del índice de este Juzgado de Distrito en elEstado de Morelos, deberán ser dirigidas al mismoJuzgado bajo el juicio de amparo indirecto 1298/2022. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma Fabiola Viridiana Ramos Castillo, secretaria en funciones de jueza, del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca; autorizada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 174, párrafo segundo, del Acuerdo General de Carrera Judicial, en congruencia con los artículos 30, 44 párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral V.2.8. de los lineamientos para integrar las listas de personas habilitadas para sustituir a magistradas y magistrados de Circuito, juezas y jueces de Distrito, en casos de ausencias temporales superiores a quince días y en casos de impedimento; notificado a este Juzgado mediante oficio número SEADS/504/2023, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción, asistida de Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a nueve de marzo de dos mil veintitrés Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que, en el acuerdo de tres de marzo del año en curso, se tuvo por recibido el informe justificado rendido por la autoridad responsable; luego entonces, se desprende que no han transcurrido los ocho días previos a la celebración de la audiencia constitucional, tal y como lo refiere el artículo 117, de la ley de la materia, para que las partes estén en posibilidad de imponerse de dicho informe; motivo por el cual, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose en su lugar las DIEZ HORAS CON UN MINUTO DEL VEINTICINCO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la misma. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fabiola Viridiana Ramos Castillo, secretaria en funciones de jueza, del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca; autorizada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 174, párrafo segundo, del Acuerdo General de Carrera Judicial, en congruencia con los artículos 30, 44 párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral V.2.8. de los lineamientos para integrar las listas de personas habilitadas para sustituir a magistradas y magistrados de Circuito, juezas y jueces de Distrito, en casos de ausencias temporales superiores a quince días y en casos de impedimento; notificado a este Juzgado mediante oficio número SEADS/504/2023, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción, asistida de Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a tres de marzo de dos mil veintitrés Agréguense a los autos para que surtan sus efectos legales a que haya lugar, el informe justificado rendido por la Subprocuradora Fiscal de Asuntos Estatales, en representación del Director General de Recaudación dependiente de la Coordinación de Política de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos y del Notificador y Ejecutor Fiscal adscrito a la Dirección General de Recaudación de la Coordinación de Política de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos. Al respecto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con dicho informe dese vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convenga. Con fundamento en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tienen por recibidas las documentales que se ofrecen, de las cuales se hará relación en la audiencia constitucional. Se tienen por designados como delegados de la autoridad responsable, en términos del numeral 9 de la ley antes invocada, a las personas que propone y se autoriza como medio de contacto el correo electrónico y número telefónico que proporciona, más no de notificación toda vez que la Ley de Amparo no lo prevé. Por otra parte, se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico con los usuarios que proporciona, siempre y cuando las cuentas se encuentren registradas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Lo anterior, de conformidad con lo establecido por el Acuerdo 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramitación del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fabiola Viridiana Ramos Castillo, secretaria en funciones de jueza, del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca; autorizada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 174, párrafo segundo, del Acuerdo General de Carrera Judicial, en congruencia con los artículos 30, 44 párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral V.2.8. de los lineamientos para integrar las listas de personas habilitadas para sustituir a magistradas y magistrados de Circuito, juezas y jueces de Distrito, en casos de ausencias temporales superiores a quince días y en casos de impedimento; notificado a este Juzgado mediante oficio número SEADS/504/2023, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción, asistida de Jaime César Pereyra Román, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Incidental
En los autos del juicio de amparo número 1296/2022, promovido por Humberto Ángel Pérez Torres, se dictó el siguiente acuerdo: V I S T O S para resolver, sobre la suspensión definitiva en el incidente relativo al juicio de amparo número 1296/2022; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Morelos, reclama de la autoridad ordenadora: I. Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos: La resolución de diecisiete de mayo de dos mil veintidós, emitida en el expediente administrativo TJA/3ªS/155/2019, mediante la cual se impone una multa equivalente a cien unidades de medidas y actualización. De las autoridades ejecutoras: II. Dirección General de Recaudación de la Secretaría de Hacienda de Gobierno del Estado de Morelos; III. Coordinación de Política de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Estado de Morelos; y IV. Notificador y Ejecutor Fiscal adscrito a la Dirección General de Recaudación dependiente de la Coordinación de Política de Ingresos. Reclama lo siguiente: La ejecución del mandamiento MEJ20220608 de seis de julio de dos mil veintidós, notificado el seis de septiembre de la misma anualidad. SEGUNDO. Como se ordenó en el cuaderno principal, por auto de uno de febrero del dos mil veintitrés, se proveyó sobre la suspensión provisional; se solicitó a las autoridades responsables rindieran su informe previo y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia incidental, la que se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Las autoridades señaladas como responsables Magistrado de la Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, Dirección General de Recaudación de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos y Notificador y Ejecutor Fiscal Adscrito a la Dirección General de Recaudación Dependiente de la Coordinación de Política de Ingresos, al rendir su respectivo informe previo aceptaron la existencia de los actos que se les reclaman., al rendir su respectivo informe previo aceptaron la existencia de los actos que se les reclaman. SEGUNDO. En ese contexto, es menester destacar que la finalidad de la suspensión en el amparo, en esencia, es conservar la materia de la litis y evitar a los quejosos la materialización de daños irreparables. Por su parte, el evitar causar daños irreparables a los quejosos está relacionado con lo previsto en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo, conforme el cual, cuando el acto reclamado se haya consumado de modo irreparable, el juicio deberá ser sobreseído, lo que se traduce en la existencia de una imposibilidad técnica para abordar el estudio del asunto. Es decir, la finalidad en comento busca indirectamente conservar la materia del juicio y, directamente, la producción de efectos nocivos mayores en la esfera jurídica de los quejosos. Por tanto, el quejoso podrá solicitar la suspensión de los actos reclamados, a condición de que se cumpla con lo previsto en el artículo 128 del multirreferido ordenamiento, el cual en esencia establece lo siguiente: El quejoso debe solicitar la suspensión de los actos reclamados. El otorgamiento de la suspensión no debe traducirse o implicar: El perjuicio del interés social. La contravención de disposiciones de orden público. Junto con el cumplimiento de esos requisitos, para otorgar la medida cautelar debe atenderse a la apariencia del buen derecho y al peligro en la demora. Es decir, a la posibilidad que tiene el quejoso de obtener una sentencia favorable a sus intereses y el peligro que implicaría negar la suspensión frente a la posibilidad real de otorgarse el amparo. De esta forma, además de verificar que se satisfagan los requisitos previstos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, el juzgador debe hacer una apreciación provisional de la inconstitucionalidad reclamada con el fin de determinar o anticipar la probabilidad de otorgar el amparo solicitado y, de ser el caso, conceder la medida cautelar sin menoscabar los requisitos previstos en la disposición jurídica antes mencionada. Además, la modalidad de la suspensión que se analiza permite la existencia de un primer pronunciamiento del juzgador, el cual se emite con motivo de la solicitud inicial de la medida al cual se denomina suspensión provisional y que se resuelve con base únicamente en los elementos aportados en la demanda de amparo (manifestaciones y pruebas), sin analizar la existencia de los actos materia de la suspensión (pues ello será objeto de pronunciamiento en otro momento). Esto porque al proveer sobre la suspensión provisional, el órgano de amparo sólo cuenta con lo expresado y aportado (en su caso) por el quejoso, pues no ha dado intervención a las autoridades responsables para que manifiesten sobre la suspensión provisional. Por tanto, se trata de una medida que se otorga sobre la base del principio de buena fe, verificando el cumplimiento de los requisitos previstos en la Ley de Amparo y tras determinar que la naturaleza de los actos materia de la suspensión permite su paralización. Una vez que la autoridad fue requerida para rendir el informe previo y, en su caso, ofreció las pruebas que estimó pertinentes, el órgano de amparo se pronunciará sobre la procedencia de la medida. De esta forma, es el órgano de amparo quien debe fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta su conclusión, lo cual implica que el legislador reconoció la potestad del órgano de amparo para pronunciarse sobre los actos materia de la suspensión, así como de los efectos de tal medida, al margen de que el quejoso identifique los efectos que habrá de producir la suspensión. Con base en lo anterior, este juzgador considera pertinente analizar el contenido del numeral 139 de la Ley de Amparo, el cual a continuación se transcribe para pronta referencia: "Artículo 139. En los casos en que proceda la suspensión conforme a los artículos 128 y 131 de esta Ley, si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con perjuicios de difícil reparación para los quejosos, el órgano jurisdiccional, con la presentación de la demanda, deberá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarda hasta que se notifique a las autoridades responsables la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva, tomando las medidas que estime convenientes para que no se defrauden derechos de tercero y se eviten perjuicios a los interesados, hasta donde sea posible, ni quede sin materia el juicio de amparo." Del precepto en estudio, se destaca que en los casos en que proceda la suspensión, si hubiere peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado, con perjuicios de difícil reparación para el quejoso, el órgano jurisdiccional deberá ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guardan hasta que se notifique a la autoridad responsable, la resolución que se dicte sobre la suspensión definitiva. En ese contexto normativo, el asunto que nos ocupa actualiza la hipótesis que se comenta, ya que en el supuesto de ejecutarse el acto reclamado podría generarse consecuencias no reparables a la parte quejosa. Decisión: Con base en lo hasta aquí expuesto, y con fundamento en los artículos 126, 128, 139, de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva solicitada para el único efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y como consecuencia no se le cobre la multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización. Lo anterior, hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables que la sentencia que se dicte en el juicio principal del cual deriva el presente incidente, ha quedado firme. Esta suspensión surte sus efectos de inmediato y su efectividad queda sujeta a que se garantice el interés fiscal ante la autoridad responsable competente, por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables, en los términos previsto por el artículo 135 de la Ley de Amparo. Se concede a la quejosa el plazo de cinco días hábiles, para que compruebe ante este Juzgado de Distrito, que garantizó ante la autoridad exactora responsable el crédito fiscal materia de la suspensión del acto reclamado, como ya se dijo, en cualquiera de las formas establecidas en la legislación fiscal aplicable. Lo anterior, toda vez que conforme al artículo 13 del Código Fiscal para el Estado de Morelos, la multa impuesta por la autoridad responsable constituye un crédito fiscal. Se estiman aplicables, en lo conducente, las jurisprudencias y tesis que llevan por datos de identificación, rubro y texto, los siguientes: Tesis: I.4o.A.71, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, con número de registro 203101, que a la letra dice: "SUSPENSION. PARA QUE SURTA EFECTOS RESPECTO DE UNA SANCION ECONOMICA IMPUESTA A UN SERVIDOR PUBLICO, DEBE OBSERVARSE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 135 DE LA LEY DE AMPARO. Al margen de la procedencia o improcedencia de la sanción económica que se imponga a un servidor público, en virtud de que conforme a lo dispuesto por el último párrafo del artículo 75 de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, constituye un crédito fiscal en favor del Erario Federal, situación que se ve reforzada con lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 4o. del Código Fiscal de la Federación; resulta correcta la determinación a través de la que el Juez de Distrito condiciona el que surta efectos la suspensión solicitada y concedida para que no se ejecute la sanción económica, a que se garantice su importe mediante depósito ante la Tesorería de la Federación, en términos de lo dispuesto por el artículo 135 de la Ley de Amparo". Tesis: PC.I.A. J/57 A (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2010522 Plenos de Circuito Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo III Pag. 2118 Jurisprudencia (Común) "MULTAS ADMINISTRATIVAS. AL CONSTITUIR APROVECHAMIENTOS QUE ADQUIEREN LA NATURALEZA DE CRÉDITOS FISCALES, EN LA SUSPENSIÓN CONTRA SU COBRO DEBE GARANTIZARSE EL INTERÉS FISCAL, CONFORME AL ARTÍCULO 135 DE LA LEY DE AMPARO. El primer párrafo del precepto citado dispone que cuando el amparo se solicite contra actos relativos a determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones o créditos de naturaleza fiscal, podrá concederse discrecionalmente la suspensión del acto reclamado, la que surtirá efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. Ahora bien, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias 2a./J. 148/2005, de rubro: "MULTAS ADMINISTRATIVAS NO FISCALES. PARA QUE SURTA EFECTOS LA SUSPENSIÓN CONTRA SU COBRO, EL QUEJOSO DEBE GARANTIZAR EL INTERÉS FISCAL ANTE LA AUTORIDAD EXACTORA O ACREDITAR HABERLO HECHO." y 2a./J 138/2008, de rubro: "MULTAS ADMINISTRATIVAS, SON APROVECHAMIENTOS Y LA SUSPENSIÓN CONTRA SU COBRO DEBE GARANTIZARSE CONFORME AL ARTÍCULO 135 DE LA LEY DE AMPARO.", estableció que las multas administrativas constituyen aprovechamientos que adquieren la naturaleza de créditos fiscales, exigibles mediante el procedimiento administrativo de ejecución; por tanto, con independencia de que las multas provengan de infracciones de carácter tributario u ordenamientos administrativos, al constituir créditos que participan de tal naturaleza, en términos de la norma vigente, podrá otorgarse discrecionalmente la suspensión en su contra, la que surtirá efectos si se ha constituido o se constituye garantía del interés fiscal ante la autoridad exactora correspondiente por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables." Décima época Registro: 2006860 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 7, junio de 2014, tomo II Materia: Común Tesis: IV.2o.A.84 A Página: 1925 "SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL AMPARO. CUANDO SE RECLAMA EL COBRO DE CONTRIBUCIONES O CRÉDITOS FISCALES CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, SURTE EFECTOS DE INMEDIATO, Y SU EFECTIVIDAD QUEDA SUJETA A QUE SE GARANTICE EL INTERÉS FISCAL EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 135 DE DICHO ORDENAMIENTO (APLICACIÓN DE LAS JURISPRUDENCIAS P./J. 43/2001 Y 2a./J. 74/2006). Durante la vigencia de la Ley de Amparo abrogada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia P./J. 43/2001, de rubro: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. SURTE SUS EFECTOS DESDE LUEGO, SIN QUE PARA ELLO SE REQUIERA DE LA EXHIBICIÓN DE LA GARANTÍA RESPECTIVA.", en la que consideró que de la interpretación armónica de los artículos 125, 130 y 139 de aquel ordenamiento, en atención a la naturaleza, objeto, requisitos de procedencia y efectividad de la suspensión, así como al principio general de derecho que se refiere a que donde existe la misma razón, debe existir la misma disposición, debía concluirse que la suspensión provisional que puede decretarse con la sola presentación de la demanda, cuando exista peligro inminente de que se ejecute el acto reclamado con notorios perjuicios para el quejoso, surte efectos inmediatamente después de que se concede y no hasta que se exhiba la garantía fijada, porque de lo contrario no se cumpliría con su finalidad de evitar al quejoso perjuicios de difícil reparación, sin que ello implicara que de no exhibirse esa garantía, dejara de surtir efectos. Asimismo, la Segunda Sala del propio Alto Tribunal emitió la jurisprudencia 2a./J. 74/2006, de rubro: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CUANDO SE RECLAMA EL COBRO DE CONTRIBUCIONES. SURTE SUS EFECTOS DE INMEDIATO, PERO SU EFECTIVIDAD ESTÁ SUJETA A QUE EL QUEJOSO EXHIBA LA GARANTÍA EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS POR EL JUEZ (APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 43/2001).", en la que precisó que el criterio establecido en la jurisprudencia indicada era aplicable también respecto de la garantía contenida en el artículo 135 de la Ley de Amparo, que preveía la suspensión cuando se reclama el cobro de contribuciones, ya que, en primer lugar, en la ejecutoria relativa se señaló que los requisitos de procedencia de la suspensión (a petición de parte) son aquellas condiciones que deben reunirse para que surja la obligación jurisdiccional de concederla y que éstas se establecían en el artículo 124 de dicha ley, mientras que los requisitos de efectividad estaban contenidos en sus diversos preceptos 125, 135, 136 y 139, dependiendo de la naturaleza del acto reclamado, y se constituyen por las condiciones que el quejoso debe llenar para que surta efectos la suspensión concedida; asimismo, que los requisitos de efectividad se referían a la causación de los efectos de la medida, por lo que bien podía acontecer que la suspensión haya sido concedida por estar colmadas las condiciones de su procedencia y que, sin embargo, no operara la paralización o cesación del acto reclamado o de sus consecuencias, por no haberse aún cumplido los requisitos que la ley señala para su efectividad; y que la ratio legis de la garantía prevista en el artículo 135 mencionado tendía a satisfacer los fines relativos a salvaguardar el interés fiscal, que esencialmente se asemejaban a los perseguidos por los artículos 125, 130 y 139 referidos, por lo que de acuerdo con el principio de derecho que establece: "donde existe la misma razón debe regir la misma disposición", los argumentos contenidos en la jurisprudencia inicialmente indicada podían aplicarse en esos casos. Luego, el criterio jurídico contenido en esas tesis de jurisprudencia es aplicable a los casos en que se reclame el cobro de contribuciones o créditos fiscales, tramitados conforme a la Ley de Amparo vigente, en términos de su artículo sexto transitorio, porque no se contrapone con sus disposiciones, ya que su artículo 128 establece requisitos de procedencia de la suspensión a petición del quejoso que debe tomar en cuenta el Juez de Distrito al tomar la decisión correspondiente, en términos similares a los que preveía el artículo 124 de la ley abrogada en sus fracciones I y II; y los artículos 132, 135 y 136 de la ley vigente, instituyen requisitos de efectividad que también resultan similares a los contenidos en los numerales 125, 135 y 139 de la abrogada. Por tanto, la suspensión provisional en este tipo de asuntos surte efectos de inmediato y su efectividad queda sujeta a que se garantice el interés fiscal en términos del artículo 135 de la ley de la materia vigente." Registro número: 203071 Novena época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: III, marzo de 1996 Página: 1013 Tesis: XX.19 A Tesis aislada Materia: Administrativa "RESOLUCIONES FISCALES. ES PROCEDENTE LA SUSPENSION DEFINITIVA CONTRA LAS CONSECUENCIAS Y EFECTOS DE LAS. Si bien es cierto que contra la emisión de las órdenes de embargo y de las resoluciones fiscales no es procedente el otorgamiento de la suspensión definitiva por tratarse de actos consumados, ya que al emitirse se consuman; también lo es, que no sucede lo mismo con los efectos y consecuencias de tales actos, en razón de que éstos no se consuman, ya que un embargo que ha sido trabado puede considerarse como consumado pero sus efectos ulteriores, como son, por ejemplo el remate y la adjudicación, sí son suspendibles, y respecto de una resolución que determina una obligación fiscal a cargo de un particular, la emisión de la resolución en sí es consumada, pero la consecuencia y efecto de la misma que es su ejecución no, y por tanto, sí puede ser suspendible." Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se concede la suspensión definitiva solicitada por Humberto Ángel Pérez Torres por propio derecho y en su carácter de representante de la Consejería Municipal de Ayala, Morelos, respecto de los actos precisados en el resultando primero, por las autoridades y motivos expuestos en los considerandos primero y segundo de esta interlocutoria. Tercera Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Morelos Notifíquese. Así lo acordó y firma Fabiola Viridiana Ramos Castillo, secretaria en funciones de jueza, del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca; autorizada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veinticinco de enero de dos mil veintitrés, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 174, párrafo segundo, del Acuerdo General de Carrera Judicial, en congruencia con los artículos 30, 44 párrafo tercero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el numeral V.2.8. de los lineamientos para integrar las listas de personas habilitadas para sustituir a magistradas y magistrados de Circuito, juezas y jueces de Distrito, en casos de ausencias temporales superiores a quince días y en casos de impedimento; notificado a este Juzgado mediante oficio número SEADS/504/2023, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción, asistida de Jaime César Pereyra Román, secretario que autoriza y da fe.- DOY FE.
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