Humberto Altamirano Cruz
Expediente 1125/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1125/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 21/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos
- Humberto Altamirano Cruz
Actuaciones
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos los oficios señalados en la cuenta, por medio de los cuales el secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca y el Subjefe Jurídico Contencioso y Amparo de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de la Defensa Nacional, rinden su informe relativo a la suspensión de plano concedida a los quejosos en este juicio de amparo. En consecuencia, se reserva proveer respecto los informes señalados, hasta en tanto el Juzgado de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, en turno, se pronuncie respecto a la incompetencia planteada por este Juzgado. CÚMPLASE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos los oficios señalados en la cuenta, por medio de los cuales los titulares de los Juzgados Primero y Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca, Juez de Control del Circuito Judicial de la Costa, sede San Pedro Pochutla, Juez de Control del Circuito Judicial de la Costa, sede Puerto Escondido, Encargado del despacho de la Vicefiscalia Regional de Valles Centrales de la Fiscalía General del Estado, Director de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General del Estado, en representación del Fiscal General, Directora Jurídica y Transparencia dependiente de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca y Director General de Asuntos Jurídicos de la Secretaria General de Seguridad y Protección Ciudadana, todos en esta Entidad Federativa, rinden su informe relativo a la suspensión de plano concedida a los quejosos en este juicio de amparo. En consecuencia, se reserva proveer respecto los informes señalados, hasta en tanto el Juzgado de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, en turno, se pronuncie respecto a la incompetencia planteada por este Juzgado. CÚMPLASE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de noviembre de dos mil veintitrés. Téngase por recibido la demanda de amparo señalada en la nota de cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos de lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo, en relación con los arábigos 251, 252, 253, 254 y 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, aprobado por el Pleno del Consejo y regístrese con el progresivo 1125/2023. En el entendido que el expediente físico servirá únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente aportados por las partes, y se formará con los instrumentos remitidos por esa vía y las constancias de notificación que se generen de la misma manera, por lo que, las actuaciones y promociones electrónicas no se incorporaran al expediente material; por tanto, serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes. Pronunciamiento sobre la suspensión de plano. De la lectura de la demanda de amparo, se advierte que los quejosos señalan como autoridades responsables al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y otras, de quienes reclaman los actos consistentes en la incomunicación, intimidación, tortura física y psicológica, azotes, palos y tormentos, arresto administrativo, sujeción, presentación y comparecencia. Por tanto, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 126 de la Ley de Amparo SE SUSPENDE DE PLANO todo acto que tienda a mantener privado de la libertad a los directos quejosos fuera de procedimiento, hacerlos víctimas de malos tratos, incomunicación, coacción, castigos o tormentos y que puedan privarlos de la vida o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, quedando a disposición de este Juzgador por lo que hace a su libertad personal. i.i) Suspensión de oficio y de plano respecto del "arresto administrativo". La parte promovente del amparo, refiere que se pretende ejecutar un arresto administrativo en contra de los directos quejosos. En ese sentido, toda vez que el arresto se trata de un acto privativo de la libertad fuera de procedimiento, porque las autoridades administrativas señaladas como responsables no están facultadas constitucionalmente para dictar un mandamiento de captura, de conformidad con lo estatuido por los ordinales 126 y 164 de la Ley de Amparo se CONCEDE la suspensión de oficio y de plano para el efecto de que cese todo acto tendente a privar de su libertad a los quejosos por parte de las autoridades administrativas que señala como responsables. Apercibimiento a la autoridad responsable. Requiérase a las responsables para que en el término de VEINTICUATRO HORAS, comuniquen, vía informe a éste órgano jurisdiccional, la forma y términos en que den cumplimiento a esta suspensión de plano, con el apercibimiento, que de no cumplir con ello se le impondrá, a la omisa, una multa de cincuenta veces de unidades de medida y actualización, de conformidad con lo ordenado en el artículo 259 en relación con el 237, fracción I, ambos de la Ley de Amparo; en la inteligencia de que la violación a dicha medida concedida, entraña la probable comisión de un delito, de conformidad con el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo citada, por lo que de consumarse, de inmediato se pondrá en conocimiento del Agente del Ministerio Público Federal adscrito. Autorización para subsanar denominaciones incorrectas. Si al momento de la notificación a las autoridades responsables, alguna de éstas refiere que la denominación a la que se encuentra dirigido el oficio que le corresponde es incorrecta, se faculta al actuario judicial para que subsane dicho error en la designación de la nominación de la responsable y asiente de propia mano en un nuevo oficio que al efecto le sea entregado por este Juzgado, la denominación correcta, sin que ello implique una alteración al documento a notificar, dada la fe pública con la que cuenta dicho funcionario, esto es así, pues este Juzgador se encuentra facultado para corregir la inexactitud del señalamiento de la parte quejosa, en aras de evitar rigorismos formalistas que obstruyan los derechos de acceso a la justicia y a un recurso efectivo, previstos en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25, numeral 1, de la Convención Americana de Derechos Humanos, y en el presente caso, la parte quejosa reclama actos de los contenidos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, cuyos supuestos se encuentran dentro de los catalogados como urgentes, debiéndose tramitar la demanda de amparo con la mayor celeridad, en salvaguarda de los derechos humanos de la parte quejosa. De igual forma, en el supuesto anterior, se apercibe a la autoridad responsable, que si persistiere en no recibir el oficio que le fuera dirigido, se le tendrá por hecha la notificación pretendida, en términos de lo dispuesto por el artículo 28, fracción I, párrafo segundo de la Ley de Amparo, con todas las consecuencias jurídicas que ello conlleve. En el entendido de que, de la negativa de la responsable, se dará vista a su superior jerárquico, en términos de lo dispuesto en el artículo 143 de la Ley de Amparo, en relación con el 194 del propio ordenamiento legal, a fin de que las disposiciones en materia del cumplimiento de las medidas cautelares decretadas sean ejecutadas y observadas por las autoridades responsables. Sirven de apoyo a lo anterior, las tesis con los rubros y textos siguientes: "AUTORIDADES RESPONSABLES. SU SEÑALAMIENTO NO LLEGA AL EXTREMO DE EXIGIR AL QUEJOSO QUE PROPORCIONE SU DENOMINACIÓN CORRECTA. El artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo vigente no establece la obligación de señalar en la demanda, la denominación correcta de las autoridades responsables, y que, en caso de no hacerlo, el juzgador pueda dejar de tenerlas con ese carácter. Antes bien, el precepto dispone que el quejoso debe expresar el o los nombres de las autoridades responsables como requisito para identificarlas, integrarlas a la relación procesal y resolver sobre la constitucionalidad de sus actos. Por tanto, nada impide al juzgador que como hecho notorio, y a fin de resolver sobre la cuestión planteada, corrija de oficio el error en que se incurra en el señalamiento de autoridades con ese carácter, pues no debe llegarse al extremo de exigirle que proporcione su denominación correcta, ya que el Juez de amparo, como rector del proceso, debe procurar interpretar su solicitud sin rigorismos formalistas que obstruyan el acceso a la justicia y a un recurso judicial efectivo". "AUTORIDADES RESPONSABLES. AUN CUANDO EL QUEJOSO LAS MENCIONE INCORRECTAMENTE O CON IMPRECISIONES, SI ELLO NO IMPIDE AL JUEZ DE DISTRITO IDENTIFICARLAS DEBERÁ CORREGIRSE OFICIOSAMENTE ESE ERROR Y TENERLAS POR SEÑALADAS CON SU DENOMINACIÓN CORRECTA, A FIN DE NO INTERPRETAR LA DEMANDA CON RIGORISMOS FORMALISTAS QUE OBSTRUYAN LOS DERECHOS DE ACCESO A LA JUSTICIA Y A UN RECURSO EFECTIVO. Conforme al artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, en la demanda de amparo indirecto se expresarán los nombres de las autoridades responsables, requisito indispensable para identificarlas, integrarlas a la relación procesal y resolver sobre la constitucionalidad de sus actos. Ahora bien, no es posible fijar a priori reglas absolutas sobre el grado de precisión en el señalamiento requerido para singularizar a una autoridad, pues esto dependerá del contexto de cada asunto. Así, en algunos casos, el error o imprecisión del gobernado al nombrar una autoridad, podría impedir individualizarla o distinguirla de otras con denominaciones similares. De ser así, el órgano constitucional no podrá sustituir al quejoso en la expresión de la autoridad responsable, sino que deberá prevenirlo para que subsane el defecto en el que haya incurrido. En cambio, si la inexactitud en el señalamiento de la autoridad no impide identificarla, el juzgador de amparo deberá corregir oficiosamente ese error y tenerla por señalada con su denominación correcta. Lo anterior no implica sustituir al quejoso en la expresión de las autoridades responsables, sino interpretar la demanda sin rigorismos formalistas que obstruyan los derechos de acceso a la justicia y a un recurso efectivo previstos en los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos". Se autoriza al actuario de la adscripción para que las solicitudes de informe sean entregadas al correo electrónico oficial de cada autoridad, misma que deberá ser corroborada por el fedatario vía telefónica levantando la razón actuarial correspondiente. Hágase del conocimiento de las autoridades responsables que podrán remitir sus informes respectivos a través del correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional 5jdo13cto@correo.cjf.gob.mx. Finalmente, se autoriza al fedatario judicial adscrito para que firme los comunicados oficiales que deriven de la presente determinación. Incompetencia Por otra parte, debido a que la competencia constituye un presupuesto procesal que es de orden público, previamente se debe considerar, si en el caso, la demanda de amparo promovida por Félix Martínez Ruíz, promoviendo en representación de Humberto Altamirano Cruz y Rosa Cruz García, da motivo para que este juzgado se avoque a su conocimiento, a fin de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados a las autoridades que señala como responsables, de no hacerlo así, es inconcuso que se violarían las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo. En ese contexto, los artículos 38 y 48 de la Ley de Amparo, en su parte relativa dice: "Artículo 38. Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca." "Artículo 48. Cuando se presente una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito y estimen carecer de competencia, la remitirán de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. [.]." Ahora bien, tomando en consideración que de la lectura de la demanda se advierte que este órgano jurisdiccional, así como los jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Octavo, Noveno, Décimo y Decimoprimero de Distrito en el Estado de Oaxaca, residentes en San Bartolo Coyotepec, así como Sexto y Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz fueron señaladas como autoridades responsables por el promovente; por tanto, con apoyo en los aludidos preceptos, este juzgado federal declara carecer de competencia legal para conocer del asunto y se presume que su tramitación corresponde a otra autoridad de la misma categoría. En efecto, su conocimiento corresponde a un Juez de Distrito en turno en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, por ser el más cercano a la jurisdicción a la que pertenece este órgano jurisdiccional, según el punto cuarto del "ACUERDO GENERAL 3/2013 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA DETERMINACIÓN DEL NÚMERO Y LÍMITES TERRITORIALES DE LOS CIRCUITOS JUDICIALES EN QUE SE DIVIDE LA REPÚBLICA MEXICANA; Y AL NÚMERO, LA JURISDICCIÓN TERRITORIAL Y ESPECIALIZACIÓN POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE APELACIÓN Y LOS JUZGADOS DE DISTRITO". En ese orden, remítase la demanda de amparo de cuenta a la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, con residencia en San Andrés Cholula, para que lo turne al órgano jurisdiccional con residencia en esa ciudad, a quien corresponda su conocimiento por razón de turno; solicítese al Juzgado de Distrito que conozca del asunto, el acuse de recibo correspondiente. Apoya lo expuesto por analogía la jurisprudencia 1ª /J 88/2006, de rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE RECLAMA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y SE SEÑALAN COMO AUTORIDADES RESPONSABLES A TODOS LOS JUECES DE DISTRITO DE UN MISMO ÁMBITO TERRITORIAL, SE SURTE A FAVOR DEL MÁS INMEDIATO. Cuando en una demanda de amparo se reclama una orden de aprehensión y se señalan como autoridades responsables a todos los Jueces de Distrito de un mismo ámbito territorial, éstos tendrán el carácter de autoridad responsable durante toda la secuela procesal conforme al artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, por lo que no puede operar la regla general para fijar la competencia establecida en el artículo 36, párrafo primero, de dicho ordenamiento, ya que el juzgador que ha sido señalado como autoridad responsable, independientemente de que ejerza jurisdicción en el lugar en que el acto reclamado podría ejecutarse, ya es parte en el juicio de garantías respectivo y no puede tener el doble carácter de parte procesal y Juez, pues se actualizaría el impedimento previsto en el artículo 66, fracción IV, de la Ley citada. En consecuencia, se concluye que en la hipótesis referida debe atenderse a la regla de excepción contenida en el artículo 42, primer párrafo, de la Ley de Amparo y señalar como competente al Juez de Distrito más inmediato". Fórmese cuaderno de antecedentes. Domicilio. Dado que el disidente señaló los estrados para recibir notificaciones, sin que esa vía de comunicación procesal esté prevista legalmente, con fundamento en el arábigo 27, fracción III, inciso a), de la ley de materia notifíquese por lista esta determinación, así como las determinaciones ulteriores, incluidas las de carácter personal, hasta en tanto el justiciable señale un domicilio procesal. Notifíquese personalmente y cúmplase.
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