Humberto Agustín Agustín

Expediente 721/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 12 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
721/2022
Año
2022
Actuaciones
12
Última actuación
21/09/2022

Partes del expediente

  • Humberto Agustín Agustín

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. En atención a la cuenta que antecede, el juez determina lo siguiente: Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia dictada en este juicio de amparo ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado por los artículos 9, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. Se estima que este juicio de amparo carece de relevancia documental, porque el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido, entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o bien, se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. En otro punto, dado que no existen documentos considerados como originales en términos de lo señalado por el precepto 3, fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y como se sobreseyó en este juicio de amparo, de acuerdo con los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del propio acuerdo, este asunto encuadra en la hipótesis prevista por el inciso a) del numeral 21 del acuerdo de observancia general invocado; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en la que surta efectos la notificación de este auto, procédase a la destrucción de este cuaderno. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, toda vez que carece de objeto que permanezca en la secretaría de este juzgado el cuaderno de pruebas que remitió la autoridad responsable como complemento a su informe justificado; en tales condiciones devuélvasele el mismo a fin de que provea lo que en derecho proceda. Notifíquese.

  2. Principal

    NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    " . . . S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 721/2022, promovido por***, en contra de los actos de los magistrados de la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. El problema jurídico en el presente asunto consiste en analizar, en caso de que se reúnan los requisitos procesales correspondientes, si la parte quejosa logra desvirtuar las consideraciones de la Sala Constitucional y Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, que tomó en cuenta en la resolución de veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, dictada dentro del toca penal *** que ordenó la reposición del procedimiento de todo lo actuado en la etapa de juicio en la causa penal ** del índice del Juez de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, con sede en Ejutla, Oaxaca, instruida en contra Heriberto Roque o Heriberto Roque Roque, por el hecho que la ley señala como delito de secuestro agravado, cometido en agravio de **. ANTECEDENTES De las constancias que obran agregadas en autos se desprende que, en el Juzgado de Control del Circuito Judicial de Valles Centrales, con sede en Ejutla, Oaxaca, se instruyó la causa penal *** en contra ***, por el hecho que la ley señala como delito de secuestro agravado, cometido en agravio de la víctima directa*** El dieciséis de septiembre de dos mil veintiuno, se llevó a cabo la audiencia de lectura de fallo deliberatorio y de individualización de pena. El veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, se dictó sentencia condenatoria en contra del aquí tercero perjudicado. En desacuerdo con esa situación, el sentenciado*** interpuso ante el Tribunal de Enjuiciamiento el recurso de apelación en contra de dicha sentencia. Dicho medio ordinario de defensa se registró con el número de toca penal **, del índice de la Sala Constitucional y Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. Tribunal de Alzada que el veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, dictó la resolución en la que determinó, reponer el procedimiento a fin de que el acusado fuera asistido por un traductor en su lengua indígena. Inconforme con esta determinación la víctima directa aquí quejosa promovió el presente juicio de amparo. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO Humberto Agustín Agustín, presentó un escrito el dieciséis de junio de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, el cual fue recibido en esa misma fecha en el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Oaxaca. Homologo que el diecisiete de junio siguiente, estimó declinar competencia para conocer del presente a este juzgado al estar relacionado con otro diverso. El veintidós de junio pasado, este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, aceptó la competencia para conocer el presente asunto, admitió a trámite la demanda, la registró con el progresivo 721/2022, solicitó el informe justificado a la autoridad responsable, se dio vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados y se citó a las partes a la audiencia constitucional La audiencia constitucional tuvo verificativo el veintitrés de agosto de dos mil veintidós, en términos del acta que antecede. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción V de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se discute la legalidad de actos emitidos por autoridades de la jurisdicción del propio juzgado. LEGITIMACIÓN ***, se encuentra legitimado para promover el presente juicio de amparo, porque en el juicio de origen tiene reconocido el carácter de víctima directa y porque la resolución reclamada le es adversa, en la medida de que revoca la sentencia condenatoria dictada en contra de la persona que denunció dentro de la causa penal** FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Dicha obligación ya ha sido objeto de múltiples pronunciamientos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha dicho que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; y que cuando ello resulta insuficiente, los juzgadores de amparo deben armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Así lo sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada P. VI/2004, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En el caso, del contenido integral de la demanda de amparo permite sostener que el quejoso reclama a los magistrados de la Sala Constitucional y Cuarta Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado: La resolución de veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, dictada en la toca penal *** de su índice. No pasa por inadvertido que el quejoso señala como actos reclamados destacados ".b) La omisión de la responsable de realizar una consideración, valoración y ponderación de derechos del suscrito como víctima directa dentro de la causa penal ** c) como consecuencia de los actos anteriores, la revictimización a la que me sometería en la reposición del procedimiento desde la etapa de juicio, por obligarme a revivir el hecho victimizante y con ello agravar mi situación de víctima."; sin embargo, de la lectura integral de la demanda se aprecia, que ese señalamiento constituye motivos de inconformidad relacionados con la forma en que se emitió el acto que tilda de inconstitucional, lo cual, en el caso de mantenerse la legalidad del acto, esa situación, será motivo de análisis como concepto de violación. Lo anterior en observancia de los principios de congruencia y de exhaustividad que rigen a todo juzgamiento, la litis se atenderá como quedó fijada en los párrafos precedentes porque como se indicó anteriormente el Supremo Tribunal Constitucional de la Nación ha sostenido el criterio de que para fijar los actos reclamados en un juicio de amparo debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su inconstitucionalidad. Las consideraciones expuestas tienen respaldo en la jurisprudencia sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que precisa: "CONCEPTOS DE VIOLACION CONSIDERADOS EN LA DEMANDA COMO ACTOS RECLAMADOS. Si en la demanda de amparo se señalan como actos reclamados, lo que no constituye sino conceptos de violación con relación a las consideraciones que fundamentan la sentencia recurrida, deben estudiarse en el fallo y no declararse improcedente en el amparo, ya que los errores de técnica no deben influenciar al juzgador, para dejar de impartir justicia". EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS La existencia del acto reclamado a la Sala Constitucional y Cuarta Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado quedó legalmente acreditada a partir de su informe justificado, mediante el cual, confesaron su existencia. Circunstancia que se corrobora con las constancias que allegaron, consistentes en la toca penal *** así como el contenido de los discos versátiles digitales relativo al registro en audio y video inherentes a la audiencia celebrada dentro de la causa penal***; medios de prueba que adquieren valor probatorio pleno, al tenor de los normativos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2. Apoya lo antes dicho la jurisprudencia 226, consultable en la página 153, tomo VI, Parte SCJN, del Apéndice de 1995, Quinta Época, cuyos epígrafe y texto son: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Así como la diversa 1a./J. 43/2013 (10a.), visible en la página 703, Libro XXIII, Agosto de 2013, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." PROCEDENCIA Previo al estudio del fondo del asunto, procede analizar las causales de improcedencia del juicio, ya sea que las partes aleguen su existencia o de oficio, por tratarse de una cuestión de orden público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo para lo anterior, la jurisprudencia 158 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos sesenta y dos, del Apéndice de mil novecientos ochenta y cinco, Parte VIII, Quinta Época, bajo el rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías.". En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, éste último interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo. El artículo 61 de la Ley de Amparo invocado dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." Por su parte, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De la simple lectura de la fracción V, del último precepto legal transcrito, se advierte que refiere al juicio de amparo indirecto promovido contra actos judiciales, esto es, a su procedencia contra actos dictados dentro de un procedimiento cuando producen una afectación de imposible reparación, entendiéndose por tales los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En sentido contrario, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado no produce una afectación de esa naturaleza. En las condiciones apuntadas, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a un derecho de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales, pues si bien inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se va desarrollando éste, si la parte quejosa obtiene sentencia favorable, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado, tales como la vida, la libertad, la posesión o la propiedad. En el particular, se afirma que no existe afectación material a derechos sustantivos, pues, como se vio, el acto reclamado por el accionante de la instancia constitucional, es la sentencia de veinticuatro de mayo de dos mil veintidós, dictada en el toca penal *** en la que la sala responsable ordenó dejar insubsistente la sentencia condenatoria emitida en la causa penal ***, y decretó la reposición del procedimiento para el efecto de que se garantice al acusado, aquí tercero interesado, la asistencia de un intérprete en su lengua indígena, la cual deberá ser durante todo el desahogo del juicio en todas sus etapas. En ese contexto, queda de manifiesto que dicha resolución de alzada no tiene sobre el solicitante de amparo, una ejecución que sea de imposible reparación, requisito indispensable para la procedencia del amparo biinstancial, ya que con el mencionado acto sólo se pueden afectar los derechos procesales del quejoso, pero en modo alguno los de naturaleza sustantiva como serían la vida, la libertad, la propiedad, la posesión, entre otros, pues es evidente que el efecto de tal acto no se traduce al exterior del procedimiento en el que se dictó, ya que su única consecuencia es que continúe el procedimiento natural por sus etapas ante el juez de la causa, por ende, no puede considerarse como un acto que tenga ejecución irreparable en perjuicio de la parte quejosa, sino que sus efectos son meramente intraprocesales, cuya afectación puede ser reparada si la quejosa obtiene sentencia favorable y en caso de resultarle adversa, procede reclamarla como violación procesal en el amparo directo, conforme a las reglas del artículo 171 de la Ley de la Materia Máxime que de la determinación reclamada no se advierte, como se dijo, que se cause al impetrante alguna afectación que sea de imposible reparación, como pudiera ser, el incumplimiento de alguna de las garantías que como víctima le reconoce el artículo 20, inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como son: I. Recibir asesoría jurídica, y ser informado de los sus derechos y del desarrollo del procedimiento; II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley. III. Recibir, atención médica y psicológica de urgencia; IV. A la reparación del daño cuando sea procedente. V. Al resguardo de su identidad y otros datos personales. VI. Solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos, y VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño. Así lo revelan las motivos de disenso expuestos por el justiciable, quien estimó, en esencia, que (i) se transgrede en su perjuicio se le administre justicia dentro de los plazos de ley, puesto que con la reposición reclamada prolongaría de manera indefinida dicha administración de justicia; (ii) que si existió deficiencia en la comunicación del interprete que en su momento asistió al tercero interesado Heriberto Roque Roque, es derivado del propio derecho de éste y atribuible al mismo; (iii) que la Sala responsable no valoró y ponderó que sus derechos que como víctima directa se contraponen con los del sentenciado; y (iii) la revictimización a la que me sometería en la reposición del procedimiento desde la etapa de juicio, por obligarlo a revivir el hecho victimizante y con ello agravar mi situación de víctima. En tales condiciones, como ya se dijo, al no ser un acto - el reclamado- que afecte materialmente derechos sustantivos del inconforme, es inconcuso que no se actualiza la hipótesis contemplada por el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo, para poder ser impugnado, de inmediato, a través del juicio de amparo indirecto. Máxime, porque en el caso de estudio no es el procesado, privado de su libertad, quien acude a esta instancia constitucional, si no la víctima directa a quien no se le ocasiona algún acto de imposible reparación con la reposición del procedimiento reclamada. Por las razones que la sustentan, en sentido contrario -a contrario sensu-, es aplicable la jurisprudencia por contradicción de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido siguientes: "REPOSICIÓN DEL PROCESO PENAL. LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL DE ALZADA QUE LA ORDENA OFICIOSAMENTE RESPECTO DE UN IMPUTADO QUE SE ENCUENTRA EN RECLUSIÓN PREVENTIVA, CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, CONTRA EL CUAL PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver las contradicciones de tesis 377/2013 y 14/2015, respectivamente, determinó que por actos de imposible reparación deben entenderse aquellos que producen una afectación material a derechos sustantivos, ya sea que éstos se encuentren reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y precisó que sus consecuencias, al ser de tal gravedad, impiden en forma actual el ejercicio del derecho involucrado, por lo que con su dictado no sólo producen lesiones jurídicas de naturaleza formal o adjetiva. Asimismo, para delimitar esa irreparabilidad, se establecieron dos condiciones: 1) que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto de autoridad impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente; y, 2) que esos derechos revistan la categoría de "sustantivos", expresión que resulta antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento. Con base en ello, la decisión de un tribunal de alzada que ordena oficiosamente la reposición de un proceso penal instaurado contra un imputado que se encuentra en reclusión preventiva, constituye un acto de imposible reparación contra el cual procede el juicio de amparo indirecto, toda vez que si bien es cierto que esa determinación no contiene pronunciamientos relacionados con el fondo del asunto, también lo es que derivado de ésta, la decisión del caso se pospone y la restricción a la libertad personal a la que el quejoso está sujeto de forma preventiva se prolonga, pudiéndose afectar, desde el pronunciamiento de dicha resolución, el derecho fundamental a que la citada restricción de la libertad sea por un plazo razonable, el cual está reconocido tanto en la Constitución Federal, como en diversos tratados internacionales suscritos por México." El resaltado es propio. Así como la diversa: VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO. TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA QUE REVOCA LA DE PRIMER GRADO Y ORDENA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE Y CUANDO EL MOTIVO DE ÉSTA, IMPLIQUE UNA AFECTACIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN [APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 40/2013 (10a.)]. La jurisprudencia 1a./J. 40/2013 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 123, Libro XXII, Tomo 1, julio de 2013, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "AMPARO DIRECTO EN MATERIA PENAL. LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO TIENE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLO CUANDO SE IMPUGNAN APARTADOS JURÍDICOS DIVERSOS AL DE LA REPARACIÓN DEL DAÑO DE LA SENTENCIA DEFINITIVA.", por su esencia, debe aplicarse cuando se reclama una sentencia de segunda instancia que revoca la de primer grado y ordena reponer el procedimiento, pues conforme al artículo 5o., fracción I, último párrafo, de la Ley de Amparo, la víctima u ofendido del delito tiene legitimación para acudir al amparo, a fin de que la autoridad responsable entre al estudio del fondo del asunto y se decrete que existen elementos suficientes que demuestran el ilícito y la plena responsabilidad del acusado, al constituir estos aspectos el presupuesto lógico para que se determine la procedencia de la reparación del daño; lo anterior, siempre y cuando el motivo de la reposición del procedimiento implique una afectación de imposible reparación en términos del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Por tanto, debe entenderse que el juicio de amparo como "último recurso" es una oportunidad para ejercer la defensa del impetrante; por tanto, conforme a la Convención Americana de Derechos Humanos, el juicio de amparo debe ser hábil para examinar la aplicación indebida o la errónea interpretación de normas procesales, de tal manera que si el juicio de amparo no cumple con tal expectativa, resulta claro que se estaría infringiendo el derecho previsto en el artículo 8, numeral 2, inciso h), de la citada Convención Americana. Se sostiene lo anterior, pues no obstante la existencia del derecho humano a una tutela judicial efectiva no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales o medidas cautelares que los gobernados tengan a su alcance. Ello, ya que tal proceder equivaldría a que los tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales, que rigen su función jurisdiccional y regulan tales vías jurisdiccionales o medidas cautelares, provocando un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, trastocando, además, las condiciones de igualdad procesal de los justiciables. Por tanto, como el juez constitucional está constreñido a determinar, previo análisis, si en términos de la Constitución Federal y de las leyes secundarias correspondientes, se cumplen los presupuestos y requisitos procesales que lo faculten a tramitar y resolver la pretensión que se sujeta a su jurisdicción; estimar lo contrario, sería admitir un derecho de tutela judicial efectiva absoluto que no guardaría proporción con la finalidad perseguida, así como el correlativo desconocimiento de un sistema Constitucional y legal que prevé reglas procesales de competencia y procedibilidad de las vías, recursos o medidas cautelares, precisamente con el fin de proveer las garantías necesarias para la protección y promoción de los derechos de acceso a la justicia, debido proceso y seguridad jurídica. Incluso, cabe precisar que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso "Castañeda Gutman contra México", concluyó que toda persona tiene derecho a interponer un recurso en el que la decisión se resuelva de forma motivada y fundada, bajo pena de violar las garantías del debido proceso, lo que no equivale a que, en todo caso, exista un análisis sobre el fondo del asunto, puesto que primero deben satisfacerse los requisitos de admisibilidad. Así, se determinó que la existencia y aplicación de causales de admisibilidad de un recurso es totalmente compatible con la Convención Americana, pues la efectividad del recurso implica que, una vez que se cumplan dichos requisitos, el órgano judicial estará en condiciones de estudiar y resolver el fondo del asunto. Lo cual permite establecer, que el juzgador de amparo debe en primer término observar que se cumplan con los presupuestos y requisitos procesales que para tal efecto prevé la Constitución Federal y la propia Ley de Amparo, que lo faculten para poder analizar el fondo de la cuestión planteada. Tiene sustento, en vía de orientación, la tesis del tenor siguiente: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS DEMÁS PRINCIPIOS QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de aplicar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, ya que se desconocería la forma de proceder de tales órganos, además de que se trastocarían las condiciones de igualdad procesal de los justiciables". Por tanto, el reconocimiento del derecho a la tutela judicial efectiva, no puede implicar el desconocimiento de la normatividad interna que regula los presupuestos y requisitos para la procedencia del juicio de amparo, puesto que ellos a su vez, están encaminados a preservar otros derechos o intereses constitucionalmente previstos; lo que permite sostener que el reconocimiento a una tutela judicial efectiva no puede derivar en eliminar los presupuestos y requisitos para la procedencia del juicio de amparo, establecidos dentro de nuestro sistema jurídico y que son considerados por este órgano colegiado al sobreseer en el juicio de amparo, al estimar que se surte la causal de improcedencia relativa a los actos intraprocesales que no afectan derechos sustantivos, pues los gobernados no están exentos de satisfacer los requisitos de procedencia previstos en la ley de la materia, para que, en su caso, se estuviera en aptitud de analizar el fondo del asunto. Lo anterior acorde con la jurisprudencia de rubro y texto: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente." De ahí que, el juzgador federal, observando tales disposiciones, no esté obligado a resolver el fondo del asunto que se le plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. Lo anterior, se sustenta en la jurisprudencia que indica: "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental." En consecuencia, considerando que en el caso no es el directo acusado, quien se encuentra en prisión preventiva el que acude a esta instancia constitucional; sino la víctima directa de quien no se aprecia que con la determinación reclamada se le afecten derechos sustantivos, sino más bien de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales, los cuales, como se indicó, al no ser de imposible reparación, hacen improcedente el juicio de amparo indirecto, al quedar actualizada la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, éste último interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo; por lo tanto, lo que procede es decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo, en términos del artículo 63, fracción V, de la propia ley, respecto de tales actos y autoridad. Ahora bien, no pasa inadvertido que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 51/2014 (10a.), que más adelante se transcribe, estableció que es procedente el amparo indirecto contra la resolución de segunda instancia que ordena de oficio la reposición del procedimiento penal para el desahogo de una prueba pericial. En la ejecutoria de la contradicción de tesis 311/2013 que dio origen al referido criterio jurisprudencial, el más alto Tribunal del país, estableció que al no encontrarse definido en la Ley de Amparo abrogada, el concepto de "imposible reparación", los tribunales de control constitucional debían darse a la tarea de darle contenido conforme a las particularidades de la violación aducida, y concluyó que existen actuaciones procesales que pueden traer consigo una violación sustancial en el desarrollo del proceso, que afectaran incluso la materia de la litis y perturbaran el derecho de acción de las partes, casos en los cuales es necesaria la inmediata intervención de los órganos de control constitucional a través del juicio de amparo indirecto. Por tanto, -aseveró- la resolución que ordena reponer el procedimiento de primera instancia, trae consigo una violación sustancial en el desarrollo del proceso penal, en particular, sobre la fijación de la litis sobre la cual habrá de pronunciarse el Juez en la sentencia, lo que hace procedente en su contra el juicio de amparo indirecto, pues el procesado se enfrenta, por lo menos, a un órgano técnico de acusación, como lo es el Ministerio Público, encargado de demostrar durante la instrucción del juicio, el delito y la responsabilidad del imputado, quien cuenta con la facultad de cambiar la clasificación del delito por el cual se dictó el auto de formal prisión o de sujeción a proceso, con base en los resultados de la instrucción y siempre que no altere los hechos; además, las conclusiones influyen también en la defensa, ya que el procesado deberá darles contestación y formular sus respectivas conclusiones para sostener su inculpabilidad. Por lo cual -concluyó- es necesaria la intervención inmediata del órgano de control constitucional, para verificar si la manera de proceder del tribunal de apelación se encuentra justificada conforme a derecho, o bien, si es innecesaria la reposición y debe dictarse de inmediato la sentencia definitiva, con lo cual, se respeta el derecho fundamental de resolver el proceso de manera pronta y expedita en términos del artículo 17 constitucional. La jurisprudencia a la que se hace referencia es de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE ORDENA DE OFICIO LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO PENAL PARA EL DESAHOGO DE UNA PRUEBA PERICIAL (LEY DE AMPARO EN VIGOR HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). La reposición del procedimiento penal ordenada de oficio por el tribunal de alzada para el desahogo o perfeccionamiento de una prueba pericial es impugnable a través del juicio de amparo indirecto, en términos del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General y del artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo en vigor hasta el 2 de abril de 2013, por tratarse de un acto en el juicio que tiene una ejecución de imposible reparación, al afectar sustancialmente el desarrollo del proceso e incidir en la fijación definitiva de la litis sobre la cual habrá de pronunciarse el juez en la sentencia. Lo anterior es así, porque el proceso penal reviste particularidades que lo distinguen del resto de los juicios previstos en el orden jurídico nacional. El procesado se enfrenta, por lo menos, a un órgano técnico de acusación, como lo es el Ministerio Público, encargado de demostrar la comisión del delito y la responsabilidad del imputado, por lo que de manera correlativa debe adoptar una actitud procesal tendente a preservar su libertad personal. Durante la instrucción, las partes se ocupan de ofrecer las pruebas de cargo y descargo correspondientes y es en la etapa de conclusiones, cuando el Ministerio Público fija de manera definitiva los términos de la acusación, con base en el material probatorio que obra en autos, con la facultad, inclusive, de cambiar la clasificación del delito por el cual se dictó el auto de formal prisión o de sujeción a proceso, siempre que no altere los hechos. Por su parte, el juez debe circunscribirse a la citada acusación ministerial al momento de dictar sentencia. De este modo, las conclusiones acusatorias influyen también en la defensa, ya que el procesado deberá darles contestación y formular sus respectivas conclusiones para sostener su inculpabilidad. Por tanto, al ordenarse de oficio la reposición del procedimiento, la Sala de apelación, de manera implícita, otorga al citado órgano técnico una nueva oportunidad para replantear la acusación, subsanar cualquier posible error cometido en el primer juicio y, con ello, agravar la situación del procesado, quien deberá sujetarse a un nuevo juicio en el que deberá reasumir su posición de defensa, tanto al intervenir en el desahogo o perfeccionamiento de una prueba pericial sobre cuyas formalidades no planteó agravio alguno, como al momento de replantear sus conclusiones absolutorias, quedando a expensas del resultado de la valoración judicial del nuevo material probatorio, la cual puede incidir de manera negativa en la decisión de fondo. Todo lo anterior hace necesaria la intervención inmediata del órgano de control constitucional, para verificar si la manera de proceder del tribunal de apelación se encuentra justificada conforme a derecho, o bien, si es innecesaria la reposición y debe dictarse de inmediato la sentencia definitiva, con lo cual se respeta el derecho fundamental de resolver el proceso de manera pronta y expedita, en términos del artículo 17 de la Norma Fundamental." No obstante, ello, en el aludido criterio jurisprudencial, el más alto tribunal del país hizo una interpretación de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, donde no se encontraba definido el concepto de "actos de imposible reparación", lo cual sí acontece en la ley de la materia vigente, pues los define como aquéllos que afectan derechos sustantivos. Por tanto, como se precisó en párrafos anteriores, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a un derecho de naturaleza adjetiva o procesal, cuyos efectos son meramente formales, pues si bien inciden dentro del procedimiento legal, de acuerdo a como se va desarrollando éste, si la parte quejosa obtiene sentencia favorable, tales actos se extinguen sin haber causado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado, tales como la vida, la libertad, la posesión o la propiedad. En ese contexto, la citada jurisprudencia, no es aplicable, en la medida que el texto actual de la Ley de Amparo define cuáles son los actos de imposible reparación, entendidos como aquéllos que afectan un derecho sustantivo, lo que no acontecía en la normativa abrogada, la cual fue materia de interpretación por el más alto Tribunal y donde se llegó a la conclusión que contra un acto procesal como el que analizó, sí procedía el juicio de amparo. En consecuencia, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de conformidad con lo dispuesto en la fracción XII del artículo 61, en relación con la fracción V del numeral 63, ambos de la Ley de Amparo. Bajo esa óptica, al haberse decretado el sobreseimiento en el presente juicio, impide a este juzgador el estudio de los conceptos de violación que atañen a las cuestiones de fondo. Es aplicable, la tesis sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una anterior integración, publicada en la página 88, tomo 187-192, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que establece lo siguiente: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE Único. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por**, en contra de los actos reclamados a los magistrados de la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca y acto reclamado precisado en el apartado "V" y por las consideraciones vertidas en el diverso "VII" de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de julio de dos mil veintidós. Visto el estado de los autos, se advierte que le resulta el carácter de tercero interesado al Agente del Ministerio Público adscrito a la Sala Constitucional y Cuarta Sala Penal Colegiada del Tribunal Superior de Justicia del Estado. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso b), mediante oficio que al efecto se gire, dése la intervención que le corresponde como tercero interesado en este juicio, en términos del artículo 5º, fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo; anéxese copia de la demanda de amparo. La audiencia constitucional señalada para el día de hoy se difiere y en su lugar se fijan las ONCE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTITRÉS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese.

Quedan 8 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · 11,222 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano