Hugo Velázquez Carmona

Expediente 1785/2016 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 1 actuación registrada, la última del 28 de noviembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1785/2016
Año
2016
Actuaciones
1
Última actuación
28/11/2016

Partes del expediente

  • Hugo Velázquez Carmona

Actuaciones

  1. Principal

    Toluca, Estado de México, veintiocho de noviembre de dos mil dieciséis. FORMACIÓN DE EXPEDIENTE Vista la demanda de cuenta, regístrese la demanda bajo el número 1785/2016. DESECHAMIENTO Previamente, deben analizarse las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Del análisis íntegro al escrito de demanda se desprende que la quejosa reclama la omisión de pronunciarse sobre el ejercicio o no de la acción penal dentro de la carpeta de investigación 161980050114411, número económico 277/2011 o bien de su respectiva judicialización, por parte del Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Cuatro de Trámite de la Unidad de Investigaciones "A1" Toluca, Estado de México, lo que hace derivar de la falta de investigación respecto de la denuncia de abuso de confianza. Ahora bien, este Juzgador advierte de oficio la causa de improcedencia derivada de la fracción XXIII del numeral 61 de la Ley de Amparo, en relación con los ordinales 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 150, fracción XIV, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, los cuales a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. (.) C. De los derechos de la víctima o del ofendido: (.) VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño." "Artículo 150. En todo procedimiento penal, la víctima o el ofendido, de manera enunciativa más no limitativa, tienen los derechos siguientes: (.) XIV. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño." De los artículos anteriores se advierte lo siguiente:  El numeral 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que se debe impugnar ante la autoridad judicial, entre otras determinaciones, las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos.  Que también el artículo 150, fracción XIV, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, contempla como derechos de la víctima u ofendido, el impugnar ante el Juez de Control las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión condicional del proceso a prueba, cuando no esté satisfecha la reparación del daño. En esas condiciones, se considera que la parte quejosa debió impugnar las abstenciones en las que dice ha incurrido el Agente del Ministerio Público adscrito a la Mesa Cuatro de Trámite de la Unidad de Investigaciones "A1" Toluca, Estado de México, en la investigación de los hechos denunciados, ante la autoridad judicial correspondiente; y sería entonces, la resolución de dicha autoridad judicial la que decida en definitiva sobre la omisión atribuida a la representación social responsable, la que podría combatirse en el juicio de amparo indirecto. Esta decisión encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos; es decir, contra los que no proceda medio de defensa ordinario alguno. Por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción considerados legalmente; casos de excepción que en la especie no se actualiza, pues del escrito de demanda se advierte que no sólo se alegan violaciones directas a la Constitución, sino por el contrario, expone argumentos relativos a disposiciones de la legislación secundaria. No estimarlo así, desnaturalizaría la naturaleza jurídica del juicio de amparo, considerándolo como un medio común de defensa, a pesar de su carácter de extraordinario, lo que significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se han recorrido las instancias jurisdicciones establecidas en la ley. Al incorporarse en la Constitución el derecho para la víctima u ofendido, de poder interponer los recursos o medios de impugnación, se buscó que contaran con una defensa de sus derechos ante la potestad ordinaria, que no se contemplaba con anterioridad; por tanto, la prerrogativa que constitucionalmente se otorga a la pasivo del delito, no es opcional, sino que se le reconoce ese derecho fundamental para el efecto de que pueda intervenir directamente en la etapa procesal correspondiente e interponer los recursos en los términos que establezca la ley. Lo que es acorde con lo establecido en el diverso artículo 150, fracción XIV, del Código de Procedimiento Penales para el Estado de México. En el asunto particular, se debió agotar el recurso que la constitución consigna a favor de la parte quejosa en términos del artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal, en relación con el numeral 150, fracción XIV, del código adjetivo de la materia, previo a la promoción de la instancia constitucional. Por tanto, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia referida, lo procedente es desechar la demanda de amparo de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo. Las anteriores consideraciones se establecen en las ejecutorias de catorce de abril y veintiséis de mayo de dos mil dieciséis, emitidas en los recursos de revisión 6/2016 y 30/2016, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, con residencia en Toluca; así como, en el recurso de queja 246/2015, del índice del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con residencia en Nezahualcóyotl; todos del Estado de México. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones del quejoso el señalado en el proemio de su demanda. Asimismo, se tienen por autorizados a las personas que refiere en los términos más amplios del artículo 12, primer párrafo de la Ley de Amparo, siempre y cuando tenga cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHABILES. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. Notifíquese como legalmente corresponda. Así lo proveyó Alberto Roldán Olvera, Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de México, asistido del secretario Óscar Jesús Segundo Suárez, que da fe.

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