Hugo Velázquez Carmona
Expediente 703/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de mayo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 703/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/05/2017
Partes del expediente
- Hugo Velázquez Carmona
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, veintinueve de mayo de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, en la cual se hace constar que al día de hoy no se interpuso queja contra el acuerdo que desechó la demanda. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que el mismo ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, en acatamiento al punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, una vez que transcurran cinco años de archivado, es susceptible de destrucción el presente expediente, ya que se desechó la demanda de amparo; asimismo, carece de relevancia documental.
- Principal
Toluca, Estado de México, diez de mayo de dos mil diecisiete. Agréguese el escrito de la Actuaria Judicial, en el que formula alegatos; con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por vertidas las manifestaciones que realiza. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que el término de tres días, concedido mediante proveído de veintiocho de abril del año en curso, a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera respecto del incidente de nulidad de notificación interpuesto por el quejoso, en contra de la razón realizada el nueve de marzo de dos mil diecisiete, transcurrió en su totalidad; en consecuencia, de conformidad con lo que establece el artículo 67 segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se fijan las diez horas con cuarenta y cinco minutos del quince de mayo de dos mil diecisiete, para que tenga verificativo al audiencia de alegatos respectiva. Notifíquese como legalmente corresponda.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO DE INICIALES H.V.C. EL ACUERDO DE DIEZ DE MAYO DEL AÑO EN CURSO: "Toluca, Estado de México, diez de mayo de dos mil diecisiete. RADICACIÓN Vista la demanda promovida por Hugo Velázquez Carmona, regístrese bajo el número 703/2017-VI-A. DESECHAMIENTO Previamente deben analizarse las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Del análisis íntegro al escrito de demanda se desprende que el quejoso reclama las omisiones o negligencias por parte del Agente del Ministerio Público señalado como responsable, dentro de la carpeta de investigación 161980050114411, con número económico 277/2011, además de no emitir determinación alguna sobre el ejercicio de la acción penal. En ese tenor, este Juzgador advierte de oficio la causa de improcedencia derivada de la fracción XXIII del numeral 61 de la Ley de Amparo, en relación con los ordinales 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 150, fracción XIV, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, los cuales a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. (.) C. De los derechos de la víctima o del ofendido: (.) VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño." "Artículo 150. En todo procedimiento penal, la víctima o el ofendido, de manera enunciativa más no limitativa, tienen los derechos siguientes: (.) XIV. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño." De los artículos anteriores se advierte lo siguiente: El numeral 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que se debe impugnar ante la autoridad judicial, entre otras determinaciones, las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos. Que también el artículo 150, fracción XIV, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, contempla como derechos de la víctima u ofendido, el impugnar ante el Juez de Control las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión condicional del proceso a prueba, cuando no esté satisfecha la reparación del daño. En esas condiciones, se considera que el quejoso debió impugnar las abstenciones en las que aduce ha incurrido la autoridad responsable, en la investigación de los hechos denunciados, ante la autoridad judicial correspondiente; y, sería entonces la resolución de dicha autoridad judicial la que decida en definitiva sobre la conducta atribuida al Fiscal responsable, la que podría combatirse en el juicio de amparo indirecto. Esta decisión encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos; es decir, contra los que no proceda medio de defensa ordinario alguno. Por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la justicia de amparo, salvo los casos de excepción considerados legalmente. No estimarlo así, desnaturalizaría la naturaleza jurídica del juicio de amparo, considerándolo como un medio común de defensa, a pesar de su carácter de extraordinario, lo que significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se han recorrido las instancias jurisdicciones establecidas en la ley. Al incorporarse en la Constitución el derecho para la víctima u ofendido, de poder interponer los recursos o medios de impugnación, se buscó que contaran con una defensa de sus derechos ante la potestad ordinaria, que no se contemplaba con anterioridad; por tanto, la prerrogativa que constitucionalmente se otorga a la pasivo del delito, no es opcional, sino que se le reconoce ese derecho fundamental para el efecto de que pueda intervenir directamente en la etapa procesal correspondiente e interponer los recursos en los términos que establezca la ley. Lo que es acorde con lo establecido en el diverso artículo 150, fracción XIV, del Código de Procedimiento Penales para el Estado de México. En el asunto particular, se debió agotar el recurso que la constitución consigna a favor de la parte quejosa en términos del artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Federal, en relación con el numeral 150, fracción XIV, del código adjetivo de la materia, previo a la promoción de la instancia constitucional. No se soslaya la circunstancia de que, a la fecha, el Código de Procedimientos Penales para el Estado de México se encuentra homologado por el Código Nacional de Procedimientos Penales; sin embargo, en el particular la legislación aplicable es la legislación estatal vigente a la fecha en la que se dio inició a la investigación de donde deriva el reclamo del quejoso. Por tanto, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia referida, lo procedente es desechar la demanda de amparo de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Conforme lo establecido por el numeral 27, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado en el proemio de su demanda. AUTORIZADOS En relación al autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; dígasele que este se avala en términos amplios, siempre y cuando tenga cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. Notifíquese personalmente a la parte quejosa"
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