Hugo Vega Cruz

Expediente 284/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 5 actuaciones registradas, la última del 24 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
284/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
24/04/2023

Partes del expediente

  • Hugo Vega Cruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    SENTENCIA: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Hugo Vega Cruz, contra el acto que reclamó delPresidente de la Junta Especial Número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, que fuera precisado en el considerando segundo, por los motivos expuestos en el último del presente fallo. Notifíquese.

  2. Principal

    Se agrega el oficio signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con residencia en esta ciudad, a través del cual remite copias certificadas de diversas actuaciones que obran dentro del expediente laboral 62/E08/2023, entre ellas el acuerdo de catorce de diciembre de dos mil veintidós, del que se desprende la personalidad del licenciado Benito Hernández Pérez, tiene el carácter de apoderado legal de la parte actora Hugo Vega Cruz, dentro del sumario de origen. En tales condiciones, téngasele por reconocida la personalidad con que comparece dentro del presente expediente. Notifíquese por correo electrónico a la Encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), de este juzgado.

  3. Principal

    Dese vista a la quejosa con el informe rendido por la responsable

  4. Principal

    Visto lo de cuenta, agréguese el oficio signado por el apoderado legal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, al que adjunta la resolución de veintiséis de enero del año en curso, emitida por la Jefa del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo, Comisionada en funciones a la Subdelegación de Prestaciones Económicas, en la resolvió: ".I.-Con esta fecha este Instituto cumplimenta en todas y cada una de sus partes, la sentencia emitida por el JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS, dentro del Amparo Indirecto número 1629/2022, en fecha 18 de noviembre de 2022, causando EJECUTORIA en fecha 13 de diciembre de 2022; formulando la presente resolución fundada y motivada. 2.- En atención a lo anterior, se emite la presente resolución, esto para los efectos ordenados por el Amparo Indirecto Número 1629/2022, en fecha 18 de noviembre de 2022, causando EJECUTORIA en fecha 13 de diciembre de 2022, emitida por el JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS, reconociéndose el derecho del actor a percibir una pensión de viudez, en los términos precisados en el cuerpo de la presente resolución. 3.- Se decreta el reconocimiento del derecho a recibir la pensión por viudez al actor demandante C. RAQUEL VILLARREAL SEGUNDO, a partir del 7 de enero de 2022, estimando el orden previsto en el considerando TERCERO de la presente resolución. A efecto de que únicamente sean considerados los conceptos cotizados por el extinto trabajador. 4- Notifíquese la presente Resolución de manera personal a la demandante o a su representante legal. 5.- Una vez notificada la resolución remítase la misma al Departamento de Finanzas de esta Delegación Estatal para que se expida el cheque correspondiente en favor de la demandante, quien deberá ocurrir a recogerlo en el citado Departamento en un plazo de 20 días hábiles, sito en 9 y 10 Hidalgo, número 869, 2o piso, en la Zona Centro de esta Ciudad Capital. 6.- La presente se emite por triplicado para los efectos de remitir un tanto en notificación al interesado, remitir un ejemplar y constancias que acrediten el cumplimiento al Área Jurídica para su conocimiento y efectos legales procedentes, y un tanto que quedará agregado en el expediente personal del C. RAQUEL VILLARREAL SEGUNDO. 7.- Archívese el presente como asunto totalmente concluido." Asimismo, anexa copia de la notificación a la quejosa, y del oficio número ISSSTE/TAM/SP/550/2023 dirigido al Jefe del Departamento de Finanzas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Tamaulipas, a través del cual, solicita se elabore el cheque correspondiente y se proceda a emitir el pago, así como para que una vez que cuenten con las constancias de pago las remitan a dicha subdelegación. En tal virtud, se reitera a las autoridades responsables su obligación de tomar las providencias necesarias con la celeridad requerida por la ley a fin de cumplir con los lineamientos de la sentencia proteccionista. Por otra parte, de las constancias remitidas se advierte el envió del oficio ISSSTE/TAM/SP/550/2023 al Jefe del Departamento de Finanzas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Tamaulipas, a fin de que elabore el cheque correspondiente y proceda a emitir el pago en favor de la quejosa; por tanto, resulta necesario se vincule con al presente asunto, toda vez que es la encargada de cumplir con la resolución emitida por la autoridad responsable en cumplimiento al fallo protector. En la inteligencia que en la sentencia dictada en este juicio, se concedió la protección constitucional para el efecto siguiente: ".Que las responsables, se abstengan, en lo sucesivo de realizar cualquier descuento a la pensión de viudez que percibe Raquel Villarreal Segundo, por el concepto 54, relativo a cobro indebido de pensión de viudez; Asimismo, proceda a reintegrarle los montos que a la fecha, le han sido descontados por tal concepto." En tal virtud, con fundamento en el artículo 197 de la Ley de Amparo, se vincula como autoridad al Jefe del Departamento de Finanzas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Tamaulipas, con sede en esta ciudad. En consecuencia, con fundamento en los artículos 193 y 197 de la Ley de Amparo, se requiere a dicha autoridad vinculada para que dentro del plazo de tres días contados a partir del siguiente al de la notificación del presente proveído, justifique ante este juzgado el cumplimiento que dio a la resolución de veintiséis de enero del año en curso, emitida por la Jefa del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo, Comisionada en funciones a la Subdelegación de Prestaciones Económicas, lo que deberá acreditar con las constancias correspondientes. Se apercibe a dicha autoridad que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior dentro del plazo concedido, se le impondrá -a su titular- una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 258, en relación con el diverso arábigo 238, de la ley invocada y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. No es obstáculo para el requerimiento anterior, el que la referida autoridad no figure como responsable en este juicio, pues ésta, en razón de sus funciones debe tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo emitida en el mismo. Sirve de apoyo a lo considerado la Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con los siguientes datos: Décima Época, Registro: 2007911, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 59/2014 (10a.), Página: 5, que dice: "CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE AMPARO ESTÁ CONDICIONADA A QUE EL JUEZ DE AMPARO REALICE LOS REQUERIMIENTOS CON LA PRECISIÓN NECESARIA EN CUANTO A LAS AUTORIDADES COMPETENTES PARA ACATAR EL FALLO Y A LOS ACTOS QUE LES CORRESPONDE EJECUTAR A CADA UNA DE ELLAS (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Conforme a lo dispuesto en el citado precepto legal, si la autoridad es omisa en el cumplimiento de una sentencia de amparo, ello conduciría de manera automática a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa el cumplimiento no se acredite, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir a la separación del titular de la autoridad responsable y a su consignación ante el juez penal. En este escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y respecto de los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de su respectiva competencia, regulado en una ley o un reglamento, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los demás, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que jurídicamente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que den lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impida la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir, a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, de encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Ante ello, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria deberá requerirlas para que en el plazo de tres días hábiles se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que, con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable, determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo.". Así como la diversa la tesis de Jurisprudencia 1ª./J.57/2007, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página 144, del Tomo XXV del mes de mayo de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que literalmente dispone: "AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Aun cuando las autoridades no hayan sido designadas como responsables en el juicio de garantías, pero en razón de sus funciones deban tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, están obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de dicha sentencia protectora, y para que logre vigencia real y eficacia práctica.". Notifíquese.

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