Hugo Vega Cruz

Expediente 890/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 8 actuaciones registradas, la última del 20 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
890/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
20/02/2023

Partes del expediente

  • Hugo Vega Cruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos; de los que se advierte que mediante proveído de veintidós de agosto de dos mil veintidós (foja 59), se dio vista a las partes con el oficio, signado por el Junta Especial Número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, al que adjuntó copia certificada de la resolución interlocutoria de revisión de diez de agosto de dos mil veintidós, dentro del expediente laboral 311/8/2014 (fojas 55 a 58). Tal acuerdo se notificó a la parte quejosa personalmente por conducto de su autorizada el veintitrés de agosto de dos mil veintidós (foja 62), sin que hubiesen desahogado la vista concedida. Consecuentemente, en términos del párrafo segundo, del artículo 196 de la Ley de Amparo, este Órgano Jurisdiccional procede a resolver, si de acuerdo a las constancias de autos, el fallo protector se encuentra cumplido. Al respecto, debe decirse lo siguiente: Este juzgado de Distrito, por sentencia de diecisiete de junio de dos mil veintidós (foja 15), concedió la protección constitucional a la parte quejosa, en la que medularmente estableció: ". Dicte la resolución interlocutoria relativa al Recurso de Revisión de Actos del Presidente, dentro del expediente laboral 311/8/2014, lo cual deberá hacer del conocimiento de este Juzgado; ello en estricto acatamiento al derecho fundamental contenido en el artículo 17 Constitucional.". La sentencia de referencia causó ejecutoria el catorce de julio de dos mil veintidós (foja 44). Ahora bien, de las documentales remitidas por la autoridad responsable se desprende que el diez de agosto del año en curso, dictó resolución interlocutoria de revisión dentro del expediente 311/8/2014 (fojas 57 y 58). Por consiguiente, el que suscribe considera que se ha restituido a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales violados, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo; en tal virtud, se declara cumplida la sentencia protectora de garantías. Asimismo, se determina que no existió exceso o defecto en el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, pues por lo que hace a lo primero, la responsable no se extralimitó en su cumplimiento, al ir más allá del alcance de la ejecutoria que concedió el amparo, sino que dictó la resolución correspondiente al expediente de origen, cuya omisión se le reclamó en esta vía, tal como se le indicó en el fallo protector dictado por este Juzgado; tampoco se aprecia defecto, porque la responsable cumplió cabalmente con lo ordenado en la ejecutoria, esto es, no dejó de hacer algo que se le haya impuesto en la resolución de amparo. Lo anterior se ilustra con la tesis de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Primera Parte, julio a diciembre de 1988, Octava Época, Materia Común, página 217, que dice: "EJECUCIÓN, DEFECTO DE. NATURALEZA. El defecto de ejecución consiste en dejar de hacer algo de lo que la resolución de cuya ejecución se trate, disponga que se lleve al cabo o se realice, y no en efectuar una ejecución que por cualquier motivo, sea irregular, pues el vocablo "defecto", no está empleado en este segundo sentido por la Ley de Amparo, sino en el primero, ya que dicho ordenamiento, al hablar de exceso o defecto en la ejecución, emplea el segundo de esos términos, en contraposición al primero, queriendo significar con el vocablo "exceso" sobrepasar lo que mande la sentencia de amparo, extralimitar su ejecución y con el vocablo "defecto", realizar una ejecución incompleta, que no comprenda todo lo dispuesto en el fallo.". Por lo tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto de la Nueva Ley de la materia, SE ORDENA EL ARCHIVO DEL PRESENTE ASUNTO, como totalmente concluido; sin perjuicio de que las partes estén en condiciones de interponer el recurso procedente, si así conviene a sus intereses. Tómese nota que el presente asunto no es considerado de relevancia documental, razón por la que se determina que es susceptible de DEPURACIÓN, debiendo destruirse las constancias respectivas, con excepción de la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia constitucional; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; entonces, una vez transcurrido el término de tres años a que refiere el artículo 18, fracción I, inciso b), del acuerdo citado en líneas que anteceden, a partir de la fecha en que se dicta el presente proveído, hágase lo conducente conformé lo prevé el numeral 24 del mencionado acuerdo. Finalmente, como lo establece el artículo 35 del citado Acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula del expediente. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO: Se tiene por cumplida la sentencia de amparo dictada en el presente juicio. SEGUNDO: Se ordena el archivo del presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese.

  2. Principal

    Visto lo de cuenta, agréguese a los autos para que obre como en derecho corresponda el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual en cumplimiento a la sentencia dictada dentro del presente juicio, anexa copia certificada del Resolución Interlocutoria de revisión de actos del Presidente de fecha diez de agosto del presente año. Por tanto, de conformidad con lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio de cuenta y su anexo; dése vista a las partes por el término de tres días, computados a partir de la legal notificación de este proveído, para que manifiesten lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento de que, en caso de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este tribunal de amparo, resolverá sobre el cumplimiento del fallo proteccionista, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad. NOTIFÍQUESE; y personalmente a las partes, corriéndoles traslado con copia del oficio que se provee y anexos. .

  3. Principal

    Visto lo de cuenta, agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda, el escrito signado por Rosa Guadalupe Carrizales Ávila, autorizada legal de la quejosa a través del cual solicita a este órgano jurisdiccional requiera a la autoridad responsable el cumplimiento del fallo protector. En atención a lo peticionado por la referida profesionista, no ha lugar a acordar de conformidad lo anterior, toda vez que en proveído de catorce julio de dos mil veintidós se le requirió a la autoridad responsable el cumplimento al fallo protector. En tal virtud, dicho requerimiento le fue notificado el cinco de agosto del año en curso, por lo tanto se encuentra transcurriendo el término otorgado a la autoridad responsable a fin de dar cumplimiento a lo solicitado en autos, por lo que una vez que transcurra dicho plazo se acordara lo conducente. Notifíquese.

  4. Principal

    Vista la certificación de cuenta, de la que se desprende que las partes no interpusieron recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, dentro del término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, comuníquese lo anterior a las partes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora bien, en el fallo protector se determinó que la autoridad responsable está obligada a su cumplimiento con la realización del siguiente acto: ".Dicte la resolución interlocutoria relativa al Recurso de Revisión de Actos del Presidente, dentro del expediente laboral 311/8/20145, lo cual deberá hacer del conocimiento de este Juzgado; ello en estricto acatamiento al derecho fundamental contenido en el artículo 17 Constitucional." En tales condiciones, con fundamento en los artículos 192, 193 y 195 de la vigente Ley de Amparo, requiérase a la Junta Especial Número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, cumpla con la sentencia ejecutoria; lo anterior, bajo el apercibimiento de que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá a su titular una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización vigente, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 258, en relación con el diverso arábigo 238 de la ley invocada, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sin que haya lugar a proceder en términos del artículo 192, párrafo tercero, en relación con el diverso 194, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que los organismos jurisdiccionales son plenamente autónomos en el ámbito jurídico y no tienen superiores. Ilustrativo a lo anterior, resulta la tesis 2a./J. 36/2011 (10a.), Décima Época, publicada en la página 3515, Tomo IV, del mes de enero de 2012, de la Segunda Sala del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. De los artículos 612, 617, fracción IV, 621 a 623 y 939 de la Ley Federal del Trabajo, así como de la evolución histórica de las Juntas y Tribunales Laborales deriva que para efectos del procedimiento previsto en el artículo 105 de la Ley de Amparo, relativo al cumplimiento de las ejecutorias protectoras de garantías, las referidas Juntas y Tribunales, al ser organismos jurisdiccionales plenamente autónomos en el ámbito jurídico, que realizan funciones paralelas y análogas a las del Poder Judicial, están desvinculados de su dependencia de origen con el Poder Ejecutivo, adquiriendo una absoluta autonomía en el ejercicio de su función jurisdiccional; es decir, ésta no se encuentra sometida a la potestad de autoridad alguna, porque ningún ente jurídico del Gobierno puede interferir en sus decisiones jurisdiccionales, ni sugerirles cómo han de resolver y cumplir, por lo que no tienen superior inmediato a quién requerirle que los conmine a cumplir con una ejecutoria de amparo". Por otra parte, agréguese a los autos el escrito signado por el quejoso Hugo Vega Cruz, por medio del cual hace diversas manifestaciones, respecto a su contenido, dígasele que se esté a lo acordado por el presente auto. Notifíquese.

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