Hugo Sánchez Cano

Expediente 594/2020 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 5 actuaciones registradas, la última del 4 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
594/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
04/03/2021

Partes del expediente

  • Hugo Sánchez Cano

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Juicio de Amparo Directo

    Visto el estado procesal que guardan los autos, de los cuales se evidencia que mediante oficio JE51-AD/748/2020, la Junta Especial Número Cincuenta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Hidalgo, informó que transcurrió el término concedido a las partes, para que exhibieran sus respectivos alegatos, haciéndose efectivo el apercibimiento decretado en auto de veinte de febrero de dos mil veinte; sin embargo a la fecha, no ha informado al respecto. En tal virtud, requiérase a la autoridad responsable, para que dentro del término de veinticuatro horas, contados a partir de la recepción del oficio que para tal efecto se le gira, informe las gestiones que está realizando para dar cumplimiento a la ejecutoria emitida en el presente asunto, en el entendido que subsiste el apercibimiento decretado en el oficio 9071 de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve.

  2. Juicio de Amparo Directo

    EN CUMPLIMIENTO A LA RAZÓN ACTUARIAL QUE ANTECEDE, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, PRECISADA EN EL AVISO JUDICIAL QUE SE AGREGA A LOS PRESENTES AUTOS, EL AUTO DE FECHA DIECIOCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO, EL CUAL EN LO QUE NOS INTERESA DICE: "Visto el oficio 363/2020 de la Jueza de Control adscrita al Juzgado en Materia Penal en el Sistema Acusatorio y Oral, perteneciente al Primer Circuito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, registrado en la oficialía de partes con el número 209/2021, al cual acompaña: original con copia de constancias de notificación, original con copia de demanda de garantías promovida por el quejoso Hugo Sánchez Cano con anexo, cuaderno preliminar número 366/2020 y un sobre amarillo con un disco compacto; y, con el diverso 398/2020 remitido por la autoridad responsable, mediante el cual en alcance del primero de los nombrados rinde su informe justificado, registrado en la oficialía de partes con el número 212/2021; en atención a su contenido y en términos de la Circular SECNO/10/2021, en relación al Acuerdo General AG 21/2020, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020 y 37/2020, téngasele dando cumplimiento a lo ordenado mediante proveído de quince de diciembre de dos mil veinte. Ahora bien, en el caso a estudio este tribunal colegiado estima carecer de competencia legal, por razón de la vía para conocer y resolver sobre el juicio constitucional intentado. Para evidenciar lo antes afirmado es menester precisar que el quejoso Hugo Sánchez Cano, señaló como autoridad responsable y acto reclamado, los siguientes: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE.- 1.- LA LICENCIADA KARINA VERTIZ MARIN EN SU CALIDAD DE JUEZ DE CONTROL ADSCRITA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA EN EL (SIC) ESTADO DE HIDALGO CON FUNCIONES EN EL SISTEMA ACUSATORIO Y ORAL DENTRO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL CON SEDE EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO.- IV.- ACTO RECLAMADO.- "1.- LA RESOLUCIÓN DE CONFIRMACIÓN DE NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL EMITIDA POR LA LICENCIADA KARINA VERTIZ MARIN EN SU CALIDAD DE JUEZ DE CONTROL ADSCRITA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA EN EL (SIC) ESTADO DE HIDALGO, CON FUNCIONES EN EL SISTEMA ACUSATORIO Y ORAL DENTRO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL, CON SEDE EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, EN FECHA 26 VEINTISÉIS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020, DOS MIL VEINTE, DENTRO DEL CUADERNILLO PRELIMINAR NÚMERO 366/2020, DERIVADO DE LA IMPUGNACIÓN DEL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL DENTRO DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN FEDC-UNIDAD-II-068-2020.- (.).- Luego, de las constancias remitidas por la autoridad responsable anexas a su informe justificado y deducidas del juicio generador del acto reclamado, las cuales por ser documentos públicos merecen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al 2° de la Ley de Amparo, se advierte que en el cuadernillo preliminar 366/2000, se dictó la resolución de veintiséis de noviembre de dos mil veinte, relativa a la determinación del no ejercicio de la acción penal por parte del ministerio público derivado de la carpeta FEDC-UNIDAD-II-068-2020; y, en la cual, la Jueza de Control adscrita al Juzgado en Materia Penal en el Sistema Acusatorio y Oral, perteneciente al Primer Circuito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, confirmó dicha determinación emitida por el representante social. Inconforme con dicha resolución, el amparista promueve juicio constitucional en la vía directa, cuyo conocimiento por razón de turno correspondió a este órgano colegiado. Así las cosas, los artículos 107, fracción V, inciso c), de la Constitución General de la República, 34, 35, 45 y 170 de la Ley de Amparo vigente, establecen que el juicio de amparo directo procede de manera categórica, en dos casos: a) Cuando el acto reclamado es una sentencia definitiva o un laudo; y b) Cuando el acto reclamado es una resolución que pone fin al juicio. Luego, el artículo 170 de la ley de la materia, dispone: "(.) El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas (.)". En mérito de lo anterior, como en la especie el acto reclamado se hace consistir en la resolución de veintiséis de noviembre de dos mil veinte, relativa a la determinación del no ejercicio de la acción penal por parte del ministerio público derivado de la carpeta FEDC-UNIDAD-II-068-2020; y, en la cual, la Jueza de Control adscrita al Juzgado en Materia Penal en el Sistema Acusatorio y Oral, perteneciente al Primer Circuito Judicial de Pachuca de Soto, Hidalgo, confirmó dicha determinación emitida por el representante social; resolución que por su naturaleza jurídica se encuentra en la etapa inicial del procedimiento penal. Por lo tanto, si el acto que hoy se intenta combatir no reúne los requisitos previstos por el ya apuntado precepto legal 170 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; es inconcuso que los Tribunales Colegiados de Circuito no son legalmente competentes para conocer del asunto; razón por la cual, es incuestionable por exclusión, que respecto de la resolución impugnada, por no tratarse de una sentencia definitiva, ni una resolución que pone fin al juicio, pues no decide el juicio en lo principal resolviendo sobre la procedencia o improcedencia de las acciones o excepciones que dieron origen a la litis, ni lo da por concluido en forma tal, que ya no se pueda seguir actuando en el mismo; en consecuencia, al no reunir las características exigidas en el numeral en cita como tampoco actualizarse las hipótesis ahí contenidas y, como del diverso 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte, es claro que por falta de competencia el tribunal colegiado no puede decidir al respecto, y su actuación se debe limitar a hacer la declaratoria correspondiente; por lo tanto, con fundamento en el artículo 45 de la Ley de Amparo, previa copia certificada de las constancias necesarias, fórmese cuaderno de antecedentes y remítase el presente asunto al Juez de Distrito en turno en el Estado, a fin de que se avoque a su conocimiento y acuerde lo que conforme a derecho proceda, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Obténgase copia certificada de las constancias necesarias para formar el cuaderno de antecedentes, y en su oportunidad, archívese como totalmente concluido, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente. Para el solo efecto de notificar la presente resolución, se tiene como domicilio y autorizados para oír y recibir notificaciones los indicados en el escrito de demanda.

  3. Juicio de Amparo Directo

    SE NOTIFICA A LAS PARTES POR MEDIO DE LISTA LA EJECUTORIA DICTADA POR ESTE TRIBUNAL COLEGIADO, EN LA QUE SE DECIDIO: "UNICO.- LA JUSTICIA DE LA UNION AMPARA Y PROTEGE." SE GIRA EL OFICIO A LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE, CON COPIA CERTIFICADA DEL TESTIMONIO DICTADO POR ESTE TRIBUNAL, Y AUTOS DEL SUBYACENTE; EN SU OPORTUNIDAD ARCHIVESE EL ASUNTO COMO CONCLUIDO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO RESPECTIVO.

  4. Juicio de Amparo Directo

    EN CUMPLIMIENTO A LA RAZON ACTUARIAL DE DIECIOCHO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO, SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, PRECISADA EN EL AVISO JUDICIAL QUE SE AGREGA A LOS PRESENTES AUTOS, EL AUTO DE FECHA QUINCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, EL CUAL ES DEL TENOR SIGUIENTE: "PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, QUINCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Vista la demanda de amparo, presentada por ..., al cual acompaña un anexo, un disco compacto y un diverso anexo, mismo que deriva del cuaderno preliminar 366/2020 y carpeta de investigación FEDC-UNIDAD-II-068-2020; regístrese y fórmese expediente. Ahora bien, el quejoso señala como actos reclamados los siguientes: "1.- LA RESOLUCIÓN DE CONFIRMACIÓN DE NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL EMITIDA POR LA LICENCIADA KARINA VERTIZ MARIN EN SU CALIDAD DE JUEZ DE CONTROL ADSCRITA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA EN EL (SIC) ESTADO DE HIDALGO, CON FUNCIONES EN EL SISTEMA ACUSATORIO Y ORAL DENTRO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL, CON SEDE EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, EN FECHA 26 VEINTISÉIS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020, DOS MIL VEINTE, DENTRO DEL CUADERNILLO PRELIMINAR NÚMERO 366/2020, DERIVADO DE LA IMPUGNACIÓN DEL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL DENTRO DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN FEDC-UNIDAD-II-068-2020.- 2.- LA NEGATIVA A DAR TRÁMITE AL JUICIO DE AMPARO DIRECTO EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DE CONFIRMACIÓN DE NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL EMITIDA POR LA LICENCIADA KARINA VERTIZ MARIN EN SU CALIDAD DE JUEZ DE CONTROL ADSCRITA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA EN EL (SIC) ESTADO DE HIDALGO, CON FUNCIONES EN EL SISTEMA ACUSATORIO Y ORAL DENTRO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL, CON SEDE EN LA CIUDAD DE PACHUCA DE SOTO, HIDALGO, EN FECHA 26 VEINTISÉIS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2020, DOS MIL VEINTE, DENTRO DEL CUADERNILLO PRELIMINAR NÚMERO 366/2020, DERIVADO DE LA IMPUGNACIÓN DEL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL DENTRO DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN FEDC-UNIDAD-II-068-2020, POR MEDIO DEL AUTO DE FECHA 11 ONCE DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2020 DOS MIL VEINTE, AL ESTABLECER QUE DICHA AUTORIDAD NO ES EL CONDUCTO PARA PROMOVER DICHO JUICIO DE AMPARO, POR LO QUE EL MISMO DEBÍA PROMOVERSE ANTE LA INSTANCIA CORRESPONDIENTE (JUEZ DE DISTRITO DEL ESTADO DE HIDALGO)". Por cuanto hace al acto reclamado marcado con el número dos, esto es, LA NEGATIVA A DAR TRÁMITE AL JUICIO DE AMPARO DIRECTO EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DE CONFIRMACIÓN DE NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL, cabe precisar que en el caso a estudio este tribunal colegiado estima que el presente juicio de garantías debe desecharse por notoriamente improcedente en términos del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo. Ahora bien, el artículo 170 de la Ley de Amparo dice lo siguiente: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I.- Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo.- Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley.- Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos.- Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva.- Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas.- En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo". En este orden de ideas, dada la naturaleza del proveído que se combate es improcedente combatirlo a través del juicio de amparo directo, ya que no se encuentra previsto en ninguno de los dos incisos del ordinal 170 de la Ley de Amparo; pues lo idóneo era impugnarlo por medio del recurso de queja. Así las cosas, con fundamento en el precepto legal 179 de la actual Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en comento, SE DESECHA POR IMPROCEDENTE el juicio de garantías promovido por el quejoso Hugo Sánchez Cano, en términos del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis jurisprudencial 2a./J. 60/2017 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1312, Tomo II, Junio de 2017, Libro 43, Décima Época de la gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "RECURSOS EN EL AMPARO. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO NO ESTÁN FACULTADOS PARA REENCAUZAR LA VÍA. ... Ahora bien, respecto del acto reclamado marcado con el número 1, esto es, LA RESOLUCIÓN DE CONFIRMACIÓN DE NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL EMITIDA POR LA JUEZ PENAL RESPONSABLE; y, en virtud de que la parte quejosa presentó directamente la demanda de amparo ante la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados del Vigésimo Noveno Circuito, con residencia en esta ciudad; para estar en posibilidad de proveer lo conducente, resulta necesario tener a la vista la información relativa al presente asunto; en consecuencia, obténgase copia certificada de la citada demanda de garantías y remítase el original a la autoridad señalada como responsable, así como copia de la misma, para que en estricto cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 178 de la Ley de Amparo, asiente al pie del escrito de demanda, la data en que se notificó la resolución impugnada al impetrante de garantías, los días inhábiles que mediaron entre esa fecha y la de la presentación; rinda su informe justificado, corra traslado a quien o quienes les corresponda el carácter de terceros interesados, y remita los autos del expediente 366/2020 de su índice. Hecho lo anterior, devuelva a este órgano colegiado la demanda de amparo original con sus respectivos anexos para estar en posibilidad de acordar lo conducente por medio del oficio respectivo; diverso que deberá ser remitido directamente a este juicio de amparo directo 594/2020. Finalmente, con fundamento en los artículos 1, 3, 9, 68, 113 y 117 a cada caso específico de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, difundida en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y que entró en vigor al día siguiente, se hace del conocimiento de las partes que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3° referido, la información en el presente asunto es pública y accesible a cualquier persona, siempre y cuando se cumplan con los requisitos que establece la propia ley, así como la normatividad que emita en su momento el Consejo de la Judicatura Federal. Además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma."

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