Hugo Ramírez Valdez
Expediente 100/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 24 actuaciones registradas, la última del 24 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 100/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 24
- Última actuación
- 24/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Hugo Ramírez Valdez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 24.
- Principal
El veinticuatro de abril de dos mil dieciocho, el suscrito Juan García Trejo, secretario de juzgado CERTIFICÓ: Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió del nueve al veinte de abril de dos mil dieciocho; sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintisiete de marzo del año en curso, dentro del juicio de amparo número 100/2017. Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Dentro del presente juicio de derechos, sí se tramitó incidente de suspensión, en el que por una parte se negó al quejoso la suspensión definitiva de los actos reclamados y por otra se le concedió dicha medida suspensional. En el referido incidente de suspensión no se exhibió billete de depósito. Dentro del citado incidente no existe recurso alguno pendiente de resolver. Existen dos cuadernos de pruebas por devolver a la autoridad responsable. Lo que se asienta para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. En la misma fecha se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado de autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, a veinticuatro de abril de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta asentada por el secretario adscrito a este Juzgado, en el sentido de que ha transcurrido para las partes el término de diez días señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se haya interpuesto el recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, en la que se negó al quejoso Hugo Ramírez Valdez, el amparo y protección de la Justicia Federal; en tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2 de la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. En razón de que la sentencia antes mencionada no requiere ejecución material, con apoyo en el numeral 214, de la Ley de Amparo en vigor, archívese el expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno. Por otro lado, en su oportunidad y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por una parte se determina que el expediente principal SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN con excepción del escrito de demanda y de la sentencia emitida en autos, por otra parte, el CUADERNO DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que este Juzgado estima que no contiene valor jurídico o histórico; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que en su oportunidad se lleve a cabo su destrucción. Ahora bien, de conformidad con lo previsto en el punto vigésimo primero, fracción III, última parte, del citado acuerdo General, se declara que SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN EL ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN en la inteligencia de que sólo deberán conservarse las constancias relativas a la resolución del otorgamiento de la suspensión, tomando en consideración que se trata de un cuaderno en el que por una parte se negó al quejoso la suspensión definitiva de los actos reclamados y por otra se le concedió dicha medida suspensional. En consecuencia, agréguese este cuaderno al juicio de amparo en que se actúa. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Finalmente, se ordena devolver a la autoridad responsable Juez Primero del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, el juicio oral de alimentos 491/2010, que en su oportunidad remitió en apoyo de su informe justificado. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Olivia
- Principal
V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 100/2017; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado ante la autoridad responsable, Hugo Ramírez Valdez, por propio derecho, promovió juicio de amparo directo en contra de las autoridades y por los actos que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. Por razón de turno tocó conocer de la demanda al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, el cual mediante auto de veinticinco de enero de dos mil diecisiete (foja 48 del juicio de amparo), declaró carecer de competencia legal para conocer del asunto y lo remitió a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, para que por su conducto, se enviara al Juez de Distrito en turno. De la demanda de amparo, tocó conocer a este Juzgado de Distrito, el cual la admitió, y seguido el juicio por su cauce legal se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, es competente para conocer del presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1º, fracción I, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. El numeral 74, fracción I de la Ley de Amparo, establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, lo que se logra a partir de un estudio integral de todas las constancias que integran el juicio de amparo. Con base en lo anterior, el suscrito considera, que la parte quejosa reclama: 1. Del Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas: a) El auto de treinta de noviembre de dos mil dieciséis dictado en el juicio 491/2010, que declaró improcedente el recurso de revocación que el quejoso hizo valer en contra del auto que declaró que no era procedente el recurso de apelación interpuesto en contra de la interlocutoria que resolvió el Incidente de Ajuste y Liquidación de Pensiones Alimenticias. TERCERO. Oportunidad. La interposición de la demanda de amparo se estima oportuna en términos del artículo 17 de la Ley de Amparo, lo anterior por así desprenderse de las constancias que conforman el juicio natural, toda vez que la parte quejosa fue notificada del acto reclamado el uno de diciembre de dos mil dieciséis (foja 184 vuelta del tomo II de prueba); por lo tanto, de conformidad con el artículo 180 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Zacatecas , el plazo para la promoción del amparo transcurrió del dos de diciembre de dos mil dieciséis al seis de enero de dos mil diecisiete; consecuentemente, si la demanda de amparo se presentó el cuatro de enero de dos mil diecisiete, es claro que el juicio en que se actúa fue promovido oportunamente. CUARTO. Certeza del acto reclamado. El Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas (foja 14 del juicio de amparo), al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto que se le atribuye; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por cierto el mismo. Certeza que se acredita con los expedientes relativos al juicio 491/2010 (dos tomos de prueba); documentales a las que se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º. QUINTO. Análisis relativo a la procedencia del juicio. Sea que las partes lo aleguen o no, en el presente caso se examinará si en la especie opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo. Así al haberse analizado y valorado previamente todas y cada una de las constancias que conforman el presente juicio, se concluye que no se actualiza algún motivo de improcedencia de manera obvia y objetiva, ni se advierte que las partes hubieran hecho valer alguna, por lo que procede el estudio de fondo del asunto. SEXTO. Concepto de violación. La parte quejosa formuló conceptos de violación que se tienen por reproducidos y no se transcriben, dado que no existe disposición en la Ley de Amparo que obligue a ello, y por encontrar sustento en la jurisprudencia 2ª./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia(s): Común, registro 164618, página 830, del rubro siguiente: 'CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.' SÉPTIMO. Estudio de fondo. Son inoperantes los conceptos de violación vertidos por el quejoso, sin que se actualice algún supuesto del artículo 79 de la Ley de Amparo, para que proceda la suplencia de la queja. En su primer concepto de violación, el quejoso aduce que no fueron estudiados a fondo los agravios que expuso al interponer el recurso de revocación, transgrediendo con ello los artículos 14, 16 y 17 constitucionales. Es inoperante el anterior concepto de violación, toda vez que el quejoso se limitó a mencionar que no se estudiaron a fondo los agravios que expresó, sin embargo, cuando en un concepto de violación se afirma que no se estudió la totalidad de los agravios y no se actualiza alguna hipótesis para suplir la queja deficiente, el quejoso debe precisar cuál o cuáles son los que a su parecer no se estudiaron, lo que no hizo, de ahí que resulte patente la inoperancia del argumento en cuestión. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis: XXVI.5o.(V Región) 5 K (10a.), emitida por el Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3, Décima Época, del tenor siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON AQUELLOS EN LOS QUE EL QUEJOSO SÓLO TRANSCRIBE LOS AGRAVIOS QUE HIZO VALER ANTE LA RESPONSABLE Y AFIRMA QUE NO SE ESTUDIARON EN SU TOTALIDAD, SIN PRECISAR LOS ARGUMENTOS ESPECÍFICOS O CONSIDERACIONES CUYO ANÁLISIS SE OMITIÓ. Cuando en un concepto de violación se afirma que no se estudió la totalidad de los agravios y no se actualiza alguna hipótesis para suplir la queja deficiente, el quejoso debe precisar cuál o cuáles son los que no se estudiaron, por lo que es insuficiente que en la demanda de amparo se transcriban tales agravios, ya que de lo contrario se tendría que efectuar una especie de revisión oficiosa de la totalidad de las consideraciones de la sentencia reclamada que constituyan la motivación mediante la cual la responsable haya estimado que atendió dichos agravios, lo que implicaría un verdadero ejercicio de la suplencia de la queja deficiente, a fin de encontrar cuál es, en su caso, el agravio que podría no haberse estudiado." En diverso aspecto, el quejoso sigue diciendo que sus argumentos se deben estudiar a fondo, pues el juez como ser humano puede cometer un error en el cálculo realizado para la liquidación, por lo que considerar que no debe ceñirse tan tajantemente en el marco legal del numeral 408, es encaminado a no considerar que el numeral es inexacto sino que se encuentra alejado del razonamiento y la lógica humana, toda vez que dicho numeral establece el procedimiento a seguir para obtener la liquidación de la sentencia, agregando que ante el fallo de la liquidación otorgado por el juez no procede recurso alguno, sin embargo no contempla la idea de que es el juzgador quien puede cometer algún error al realizar al cálculo de la liquidación. Afirma que al no ser admitido el recurso de apelación en contra de la interlocutoria dictada en el juicio de origen, interpuso recurso de revocación, el cual se declaró improcedente, y esta última resolución le causa agravios, ya que la responsable no consideró que interpuso dicho recurso por los errores humanos que cualquier juzgador puede cometer, por lo que a su parecer resulta agraviante que la responsable haya desechado el citado recurso. Asimismo, el inconforme expresa que resulta ilógico que se le obligue a estar ante un numeral que omite las consideraciones básicas de derecho como orden normativo de la conducta humana en la sociedad en base a las relaciones sociales entre los individuos que son entes dotados de reflexión con aptitudes de errores. Finalmente, argumenta que estamos en la Décima Época, que se encuentra basada en las reformas constitucionales en materia de derechos humanos la cual genera cambios normativos que establecen nuevas obligaciones en relación con el respeto y protección de derechos fundamentales, que impone a los juzgadores interpretar de la forma más favorecedora a los derechos humanos, lo que en el caso no sucedió, pues la responsable se limitó en avocarse al artículo 408 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Zacatecas, sin considerar que atendió al principio de definitividad. Los resumidos motivos de disenso son inoperantes, porque esencialmente reiteran lo expuesto en los agravios planteados en el recurso de revocación, pero no combaten las consideraciones que sustentan el auto reclamado, en el que la responsable los desestimó. En efecto, del escrito de agravios (fojas 101 a 103 del tomo II de pruebas), se advierte que el quejoso al interponer el recurso de revocación, esencialmente, expuso lo siguiente: - Que el artículo 408 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Zacatecas, no contempla la idea de que es el juzgador quien puede cometer un error al realizar el cálculo de la liquidación en aras de comprobar las planillas allegadas por la parte actora del respectivo incidente, por lo que al no admitirse el recurso queda en estado de indefensión, pues la interlocutoria contiene un error, de ahí su necesidad de que sea estudiada por el tribunal de apelación. - Que el juzgador no considera que el recurso fue interpuesto por los errores humanos que cualquier juez puede cometer por el simple hecho de que es un ser humano y puede cometer errores imprudenciales, por lo que aduce que es agraviante que el juez no lo considere así y trate de ceñirse estrictamente a lo que señala el aludido artículo 408 de la legislación procesal civil, el cual es ambiguo ante la idea de la comisión de errores por parte de los jueces. - Que resulta equivocado que se pretenda ejecutar una sentencia que contiene errores aritméticos, únicamente por lo señalado en un numeral que omite las consideraciones básicas del derecho como orden normativo de la conducta humana en sociedad en base a las relaciones sociales entre individuos que son entes dotados de reflexión con aptitudes de errores en el afán de realizar el razonamiento en casos de la vida común. - Que se transgrede en su perjuicio los derechos constitucionales previstos en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, en virtud de que quedó frente a una arbitrariedad por la falta de contemplación legal y por tanto el auto reclamado debía revocarse para que se estudiaran sus agravios. - Que se estaba presente en la Décima Época, que se encuentra basada en reformas constitucionales en materia de derechos humanos y que genera cambios normativos que establecen nuevas obligaciones en relación con el respeto y protección de derechos fundamentales, obligando a los jueces a resolver de la forma más favorecedora a los derechos humanos, y no únicamente de forma pragmática, conforme a lo establecido en los códigos legales, pues éstos pueden ser ambiguos, lo que aduce no sucedió pues la responsable se limitó y ciño en abocarse a lo dispuesto en el artículo 408 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Zacatecas. Por su parte, en el acto reclamado (fojas 184 y 185 del tomo II de pruebas), la responsable en respuesta a dichos agravios determinó lo siguiente: - Que los agravios emitidos por el aquí quejoso, resultaban improcedentes, pues proponía que el juzgador no debía ceñirse tan estrictamente al artículo 408 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Zacatecas, ya que si bien estaba establecido como forma legal, el mismo es ambiguo ante la idea de comisión de errores por parte de los juzgadores, sin embargo, que resultaba incuestionable que el propio recurrente aceptaba que el aludido numeral es el legalmente aplicable y dicho dispositivo legal indicaba con toda claridad que las resoluciones que se dictaran en los incidentes de liquidación, no serían recurribles, sin que haya promovido la aclaración de dicha resolución, donde expusiera el supuesto error de cálculo que mencionaba. Luego, al comparar los agravios y los conceptos de violación, se advierte que en éstos el quejoso, esencialmente reitera aquéllos, pero no expone razonamiento jurídico que combata las consideraciones que sustentan el auto reclamado. Entonces, son inoperantes los conceptos de violación descritos, porque el quejoso se limita a reiterar los agravios que expuso en el recurso de revocación que dio lugar al acto reclamado, sin embargo no combate las consideraciones que sustentan el auto reclamado, y por ello, permanecen incólumes para seguir rigiendo su sentido. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia II.2o.C. J/11, que este tribunal comparte, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, marzo de 2000, Novena Época, página 845, del tenor siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. RESULTAN INOPERANTES SI SON UNA REPETICIÓN DE LOS AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. Si los conceptos de violación son una reiteración, casi literal de los agravios invocados por el hoy quejoso en el recurso de apelación ante la Sala responsable, ya que sólo difieren en el señalamiento del órgano que emitió la sentencia, pues en los agravios se habla del Juez de primer grado o Juez a quo y en los conceptos de violación de los Magistrados o de la Sala o autoridad ad quem; entonces, debe concluirse que los denominados conceptos de violación son inoperantes por no combatir las consideraciones de la responsable al resolver tal recurso, que es el objetivo de los conceptos de violación en el amparo directo civil." Por otro lado, el quejoso sigue diciendo que la responsable desechó el recurso de apelación sin considerar los motivos de fundamento (sic) para el impulso del mismo, además de que emitió su criterio con base en el artículo 408 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Zacatecas. Continúa manifestando que el auto reclamado le causa agravios, en virtud de que lo deja en estado de indefensión frente a las consideraciones del juez al vulnerar sus garantías de correcta aplicación de legalidad y certeza jurídica. Finalmente, argumenta que en aras de respetar el principio de definitividad consideró oportuno apelar la interlocutoria que resolvió el incidente, en el que adujo que la responsable realizó mal el cálculo de la planilla y le realizó un cobro mayor al omitir realizar el estudio a fondo de los puntos de litigio que hizo valer al desahogar la vista que se le dio en el aludido incidente. Son inoperantes los aludidos motivos de disenso, pues no combaten las consideraciones que sustentan el acto reclamado, y por las cuales el juez responsable declaró improcedentes los agravios que hizo valer en el recurso de revocación. En efecto, como fue señalado con anterioridad, en el acto reclamado, la responsable esencialmente consideró que los agravios emitidos por el aquí quejoso, resultaban improcedentes, pues proponía que el juzgador no debía ceñirse tan estrictamente al artículo 408 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Zacatecas, sin embargo, que resultaba incuestionable que el propio recurrente aceptaba que el aludido numeral es el legalmente aplicable y dicho dispositivo legal indicaba con toda claridad que las resoluciones que se dictaran en los incidentes de liquidación, no serían recurribles, sin que haya promovido la aclaración de dicha resolución, donde expusiera el supuesto error de cálculo que mencionaba. Ahora bien, la inoperancia se actualiza en la medida en que el quejoso no combate las consideraciones que sustentan la resolución reclamada, es decir, mediante los resumidos motivos de disenso, no demuestra que contrario a lo que consideró la autoridad responsable el artículo 408 del del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Zacatecas, no fuera aplicable al caso; tampoco emitió argumentos tendentes a evidenciar que dicho numeral no indicaba que las resoluciones que se dictaran en los incidentes de liquidación, no serían recurribles; ni demostró mediante algún otro argumento que sí fuera procedente el recurso de apelación en contra de dicha interlocutoria, de ahí que se estimen inoperantes los motivos de disenso descritos. Es aplicable la jurisprudencia que sustentó el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicada con el número XX.J/25, en la página 113, del Tomo 61, Enero de 1993, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, CUÁNDO SON INOPERANTES EN MATERIA CIVIL. Es evidente la inoperancia de los conceptos de violación hechos valer por el quejoso cuando omite controvertir jurídicamente los razonamientos que sustentan la sentencia impugnada." Consecuentemente al resultar inoperantes los conceptos de violación de la parte quejosa, y toda vez que no procede la suplencia de la queja a su favor, en virtud de que no se actualiza ninguna hipótesis prevista del artículo 79 de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo de la Justicia Federal solicitado. OCTAVO. Jurisprudencias y tesis aplicadas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis aisladas invocadas en el presente asunto correspondientes a la novena y octava época, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente, ello de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E ÚNICO. La justicia de la Unión no ampara ni protege a Hugo Ramírez Valdez, por propio derecho, contra el acto reclamado a la autoridad precisada en el considerando segundo y por los motivos vertidos en el diverso séptimo de esta resolución. Notifíquese; y personalmente a las partes. Así lo resolvió Iván Ojeda Romo Juez Primero de Distrito en Zacatecas, quien actúa asistido de María Concepción García Jacobo, Secretaria que autoriza, hasta el día de hoy veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA RESOLUCIÓN DE 27 D EMARZO DE 2018, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO. "V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 100/2017; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Por escrito presentado ante la autoridad responsable, Hugo Ramírez Valdez, por propio derecho, promovió juicio de amparo directo en contra de las autoridades y por los actos que se precisarán en el considerando segundo de esta sentencia. Por razón de turno tocó conocer de la demanda al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, el cual mediante auto de veinticinco de enero de dos mil diecisiete (foja 48 del juicio de amparo), declaró carecer de competencia legal para conocer del asunto y lo remitió a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, para que por su conducto, se enviara al Juez de Distrito en turno. De la demanda de amparo, tocó conocer a este Juzgado de Distrito, el cual la admitió, y seguido el juicio por su cauce legal se celebró la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, es competente para conocer del presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1º, fracción I, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. El numeral 74, fracción I de la Ley de Amparo, establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, lo que se logra a partir de un estudio integral de todas las constancias que integran el juicio de amparo. Con base en lo anterior, el suscrito considera, que la parte quejosa reclama: 1. Del Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas: a) El auto de treinta de noviembre de dos mil dieciséis dictado en el juicio 491/2010, que declaró improcedente el recurso de revocación que el quejoso hizo valer en contra del auto que declaró que no era procedente el recurso de apelación interpuesto en contra de la interlocutoria que resolvió el Incidente de Ajuste y Liquidación de Pensiones Alimenticias. TERCERO. Oportunidad. La interposición de la demanda de amparo se estima oportuna en términos del artículo 17 de la Ley de Amparo, lo anterior por así desprenderse de las constancias que conforman el juicio natural, toda vez que la parte quejosa fue notificada del acto reclamado el uno de diciembre de dos mil dieciséis (foja 184 vuelta del tomo II de prueba); por lo tanto, de conformidad con el artículo 180 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Zacatecas, el plazo para la promoción del amparo transcurrió del dos de diciembre de dos mil dieciséis al seis de enero de dos mil diecisiete; consecuentemente, si la demanda de amparo se presentó el cuatro de enero de dos mil diecisiete, es claro que el juicio en que se actúa fue promovido oportunamente. CUARTO. Certeza del acto reclamado. El Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas (foja 14 del juicio de amparo), al rendir su informe justificado aceptó la existencia del acto que se le atribuye; por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por cierto el mismo. Certeza que se acredita con los expedientes relativos al juicio 491/2010 (dos tomos de prueba); documentales a las que se concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º. QUINTO. Análisis relativo a la procedencia del juicio. Sea que las partes lo aleguen o no, en el presente caso se examinará si en la especie opera alguna causal de improcedencia, por mediar el orden público en dicha cuestión, de acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Amparo. Así al haberse analizado y valorado previamente todas y cada una de las constancias que conforman el presente juicio, se concluye que no se actualiza algún motivo de improcedencia de manera obvia y objetiva, ni se advierte que las partes hubieran hecho valer alguna, por lo que procede el estudio de fondo del asunto. SEXTO. Concepto de violación. La parte quejosa formuló conceptos de violación que se tienen por reproducidos y no se transcriben, dado que no existe disposición en la Ley de Amparo que obligue a ello, y por encontrar sustento en la jurisprudencia 2ª./J. 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia(s): Común, registro 164618, página 830, del rubro siguiente: 'CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.' SÉPTIMO. Estudio de fondo. Son inoperantes los conceptos de violación vertidos por el quejoso, sin que se actualice algún supuesto del artículo 79 de la Ley de Amparo, para que proceda la suplencia de la queja. En su primer concepto de violación, el quejoso aduce que no fueron estudiados a fondo los agravios que expuso al interponer el recurso de revocación, transgrediendo con ello los artículos 14, 16 y 17 constitucionales. Es inoperante el anterior concepto de violación, toda vez que el quejoso se limitó a mencionar que no se estudiaron a fondo los agravios que expresó, sin embargo, cuando en un concepto de violación se afirma que no se estudió la totalidad de los agravios y no se actualiza alguna hipótesis para suplir la queja deficiente, el quejoso debe precisar cuál o cuáles son los que a su parecer no se estudiaron, lo que no hizo, de ahí que resulte patente la inoperancia del argumento en cuestión. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis: XXVI.5o.(V Región) 5 K (10a.), emitida por el Quinto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3, Décima Época, del tenor siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON AQUELLOS EN LOS QUE EL QUEJOSO SÓLO TRANSCRIBE LOS AGRAVIOS QUE HIZO VALER ANTE LA RESPONSABLE Y AFIRMA QUE NO SE ESTUDIARON EN SU TOTALIDAD, SIN PRECISAR LOS ARGUMENTOS ESPECÍFICOS O CONSIDERACIONES CUYO ANÁLISIS SE OMITIÓ. Cuando en un concepto de violación se afirma que no se estudió la totalidad de los agravios y no se actualiza alguna hipótesis para suplir la queja deficiente, el quejoso debe precisar cuál o cuáles son los que no se estudiaron, por lo que es insuficiente que en la demanda de amparo se transcriban tales agravios, ya que de lo contrario se tendría que efectuar una especie de revisión oficiosa de la totalidad de las consideraciones de la sentencia reclamada que constituyan la motivación mediante la cual la responsable haya estimado que atendió dichos agravios, lo que implicaría un verdadero ejercicio de la suplencia de la queja deficiente, a fin de encontrar cuál es, en su caso, el agravio que podría no haberse estudiado." En diverso aspecto, el quejoso sigue diciendo que sus argumentos se deben estudiar a fondo, pues el juez como ser humano puede cometer un error en el cálculo realizado para la liquidación, por lo que considerar que no debe ceñirse tan tajantemente en el marco legal del numeral 408, es encaminado a no considerar que el numeral es inexacto sino que se encuentra alejado del razonamiento y la lógica humana, toda vez que dicho numeral establece el procedimiento a seguir para obtener la liquidación de la sentencia, agregando que ante el fallo de la liquidación otorgado por el juez no procede recurso alguno, sin embargo no contempla la idea de que es el juzgador quien puede cometer algún error al realizar al cálculo de la liquidación. Afirma que al no ser admitido el recurso de apelación en contra de la interlocutoria dictada en el juicio de origen, interpuso recurso de revocación, el cual se declaró improcedente, y esta última resolución le causa agravios, ya que la responsable no consideró que interpuso dicho recurso por los errores humanos que cualquier juzgador puede cometer, por lo que a su parecer resulta agraviante que la responsable haya desechado el citado recurso. Asimismo, el inconforme expresa que resulta ilógico que se le obligue a estar ante un numeral que omite las consideraciones básicas de derecho como orden normativo de la conducta humana en la sociedad en base a las relaciones sociales entre los individuos que son entes dotados de reflexión con aptitudes de errores. Finalmente, argumenta que estamos en la Décima Época, que se encuentra basada en las reformas constitucionales en materia de derechos humanos la cual genera cambios normativos que establecen nuevas obligaciones en relación con el respeto y protección de derechos fundamentales, que impone a los juzgadores interpretar de la forma más favorecedora a los derechos humanos, lo que en el caso no sucedió, pues la responsable se limitó en avocarse al artículo 408 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Zacatecas, sin considerar que atendió al principio de definitividad. Los resumidos motivos de disenso son inoperantes, porque esencialmente reiteran lo expuesto en los agravios planteados en el recurso de revocación, pero no combaten las consideraciones que sustentan el auto reclamado, en el que la responsable los desestimó. En efecto, del escrito de agravios (fojas 101 a 103 del tomo II de pruebas), se advierte que el quejoso al interponer el recurso de revocación, esencialmente, expuso lo siguiente: - Que el artículo 408 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Zacatecas, no contempla la idea de que es el juzgador quien puede cometer un error al realizar el cálculo de la liquidación en aras de comprobar las planillas allegadas por la parte actora del respectivo incidente, por lo que al no admitirse el recurso queda en estado de indefensión, pues la interlocutoria contiene un error, de ahí su necesidad de que sea estudiada por el tribunal de apelación. - Que el juzgador no considera que el recurso fue interpuesto por los errores humanos que cualquier juez puede cometer por el simple hecho de que es un ser humano y puede cometer errores imprudenciales, por lo que aduce que es agraviante que el juez no lo considere así y trate de ceñirse estrictamente a lo que señala el aludido artículo 408 de la legislación procesal civil, el cual es ambiguo ante la idea de la comisión de errores por parte de los jueces. - Que resulta equivocado que se pretenda ejecutar una sentencia que contiene errores aritméticos, únicamente por lo señalado en un numeral que omite las consideraciones básicas del derecho como orden normativo de la conducta humana en sociedad en base a las relaciones sociales entre individuos que son entes dotados de reflexión con aptitudes de errores en el afán de realizar el razonamiento en casos de la vida común. - Que se transgrede en su perjuicio los derechos constitucionales previstos en los artículos 14, 16 y 17 constitucionales, en virtud de que quedó frente a una arbitrariedad por la falta de contemplación legal y por tanto el auto reclamado debía revocarse para que se estudiaran sus agravios. - Que se estaba presente en la Décima Época, que se encuentra basada en reformas constitucionales en materia de derechos humanos y que genera cambios normativos que establecen nuevas obligaciones en relación con el respeto y protección de derechos fundamentales, obligando a los jueces a resolver de la forma más favorecedora a los derechos humanos, y no únicamente de forma pragmática, conforme a lo establecido en los códigos legales, pues éstos pueden ser ambiguos, lo que aduce no sucedió pues la responsable se limitó y ciño en abocarse a lo dispuesto en el artículo 408 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Zacatecas. Por su parte, en el acto reclamado (fojas 184 y 185 del tomo II de pruebas), la responsable en respuesta a dichos agravios determinó lo siguiente: - Que los agravios emitidos por el aquí quejoso, resultaban improcedentes, pues proponía que el juzgador no debía ceñirse tan estrictamente al artículo 408 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Zacatecas, ya que si bien estaba establecido como forma legal, el mismo es ambiguo ante la idea de comisión de errores por parte de los juzgadores, sin embargo, que resultaba incuestionable que el propio recurrente aceptaba que el aludido numeral es el legalmente aplicable y dicho dispositivo legal indicaba con toda claridad que las resoluciones que se dictaran en los incidentes de liquidación, no serían recurribles, sin que haya promovido la aclaración de dicha resolución, donde expusiera el supuesto error de cálculo que mencionaba. Luego, al comparar los agravios y los conceptos de violación, se advierte que en éstos el quejoso, esencialmente reitera aquéllos, pero no expone razonamiento jurídico que combata las consideraciones que sustentan el auto reclamado. Entonces, son inoperantes los conceptos de violación descritos, porque el quejoso se limita a reiterar los agravios que expuso en el recurso de revocación que dio lugar al acto reclamado, sin embargo no combate las consideraciones que sustentan el auto reclamado, y por ello, permanecen incólumes para seguir rigiendo su sentido. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia II.2o.C. J/11, que este tribunal comparte, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, marzo de 2000, Novena Época, página 845, del tenor siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. RESULTAN INOPERANTES SI SON UNA REPETICIÓN DE LOS AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. Si los conceptos de violación son una reiteración, casi literal de los agravios invocados por el hoy quejoso en el recurso de apelación ante la Sala responsable, ya que sólo difieren en el señalamiento del órgano que emitió la sentencia, pues en los agravios se habla del Juez de primer grado o Juez a quo y en los conceptos de violación de los Magistrados o de la Sala o autoridad ad quem; entonces, debe concluirse que los denominados conceptos de violación son inoperantes por no combatir las consideraciones de la responsable al resolver tal recurso, que es el objetivo de los conceptos de violación en el amparo directo civil." Por otro lado, el quejoso sigue diciendo que la responsable desechó el recurso de apelación sin considerar los motivos de fundamento (sic) para el impulso del mismo, además de que emitió su criterio con base en el artículo 408 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Zacatecas. Continúa manifestando que el auto reclamado le causa agravios, en virtud de que lo deja en estado de indefensión frente a las consideraciones del juez al vulnerar sus garantías de correcta aplicación de legalidad y certeza jurídica. Finalmente, argumenta que en aras de respetar el principio de definitividad consideró oportuno apelar la interlocutoria que resolvió el incidente, en el que adujo que la responsable realizó mal el cálculo de la planilla y le realizó un cobro mayor al omitir realizar el estudio a fondo de los puntos de litigio que hizo valer al desahogar la vista que se le dio en el aludido incidente. Son inoperantes los aludidos motivos de disenso, pues no combaten las consideraciones que sustentan el acto reclamado, y por las cuales el juez responsable declaró improcedentes los agravios que hizo valer en el recurso de revocación. En efecto, como fue señalado con anterioridad, en el acto reclamado, la responsable esencialmente consideró que los agravios emitidos por el aquí quejoso, resultaban improcedentes, pues proponía que el juzgador no debía ceñirse tan estrictamente al artículo 408 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Zacatecas, sin embargo, que resultaba incuestionable que el propio recurrente aceptaba que el aludido numeral es el legalmente aplicable y dicho dispositivo legal indicaba con toda claridad que las resoluciones que se dictaran en los incidentes de liquidación, no serían recurribles, sin que haya promovido la aclaración de dicha resolución, donde expusiera el supuesto error de cálculo que mencionaba. Ahora bien, la inoperancia se actualiza en la medida en que el quejoso no combate las consideraciones que sustentan la resolución reclamada, es decir, mediante los resumidos motivos de disenso, no demuestra que contrario a lo que consideró la autoridad responsable el artículo 408 del del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Zacatecas, no fuera aplicable al caso; tampoco emitió argumentos tendentes a evidenciar que dicho numeral no indicaba que las resoluciones que se dictaran en los incidentes de liquidación, no serían recurribles; ni demostró mediante algún otro argumento que sí fuera procedente el recurso de apelación en contra de dicha interlocutoria, de ahí que se estimen inoperantes los motivos de disenso descritos. Es aplicable la jurisprudencia que sustentó el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicada con el número XX.J/25, en la página 113, del Tomo 61, Enero de 1993, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, CUÁNDO SON INOPERANTES EN MATERIA CIVIL. Es evidente la inoperancia de los conceptos de violación hechos valer por el quejoso cuando omite controvertir jurídicamente los razonamientos que sustentan la sentencia impugnada." Consecuentemente al resultar inoperantes los conceptos de violación de la parte quejosa, y toda vez que no procede la suplencia de la queja a su favor, en virtud de que no se actualiza ninguna hipótesis prevista del artículo 79 de la Ley de Amparo, lo procedente es negar el amparo de la Justicia Federal solicitado. OCTAVO. Jurisprudencias y tesis aplicadas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis aisladas invocadas en el presente asunto correspondientes a la novena y octava época, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente, ello de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E ÚNICO. La justicia de la Unión no ampara ni protege a Hugo Ramírez Valdez, por propio derecho, contra el acto reclamado a la autoridad precisada en el considerando segundo y por los motivos vertidos en el diverso séptimo de esta resolución. Notifíquese; y personalmente a las partes. Así lo resolvió Iván Ojeda Romo Juez Primero de Distrito en Zacatecas, quien actúa asistido de María Concepción García Jacobo, Secretaria que autoriza, hasta el día de hoy veintisiete de marzo de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.
- Principal
CERTIFICACIÓN: EL SUSCRITO LICENCIADO JUAN GARCÍA TREJO, SECRETARIO ADSCRITO AL JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE ZACATECAS, HACE CONSTAR Y CERTIFICA QUE MEDIANTE OFICIO SEADS/762/2017, DE TRECE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, EL SECRETARIO EJECUTIVO DE ADSCRIPCIÓN DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL INFORMÓ QUE EL PLENO, EN SESIÓN CELEBRADA POR EL PROPIO DÍA, ACORDÓ LA ADSCRIPCIÓN DEL LICENCIADO IVÁN OJEDA ROMO, COMO TITULAR DE ESTE JUZGADO PRIMERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE ZACATECAS, CON EFECTOS A PARTIR DEL UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE; LO QUE SE ASIENTA PARA LOS EFECTOS LEGALES CONDUCENTES. DOY FE. EL SECRETARIO. LIC. JUAN GARCÍA TREJO En tres de octubre de dos mil diecisiete, el Secretario licenciado Juan García Trejo, doy cuenta al Juez con la certificación que antecede.- Conste. Zacatecas, Zacatecas, a tres de octubre de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta, hágase del conocimiento de las partes que mediante oficio SEADS/762/2017, de trece de septiembre de dos mil diecisiete, el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, informó que el Pleno, en sesión celebrada el propio día, acordó la adscripción del licenciado IVÁN OJEDA ROMO, como Titular de este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con efectos a partir del uno de octubre del año en curso, ello para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE POR OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma el licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza y da fe. Olivia
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