Hugo Porfirio Angulo Cruz
Expediente 906/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 906/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 15/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Hugo Porfirio Angulo Cruz
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, quince de octubre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos la razón asentada por el Actuario Judicial de la adscripción de la que se advierte que no logró notificar personalmente al quejoso Hugo Porfirio Angulo Cruz, el auto de nueve octubre del año en curso (foja 38), por los motivos que a continuación se exponen: El Fedatario Judicial, refiere que el nueve de octubre del actual, al constituirse en el domicilio señalado por el quejoso en su escrito inicial de demanda (calle Quetzalcóatl, número cinco mil trece, colonia Lomas de San Miguel), fue atendido por una persona del sexo masculino quien le refirió que no conoce al buscado, ya que en dicho inmueble se rentan diferentes cuartos los cuales no tienen letra y/o número interior que los individualice. En consecuencia, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, notifíquese a la parte quejosa, el auto de nueve octubre del año en curso (foja 38), el presente proveído, y los subsecuentes, incluso los de carácter personal por medio de lista de acuerdos. EL AUTO DE NUEVE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO, EN LO CONDUCENTE DICE: "San Andrés Cholula, Puebla, nueve de octubre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, sin que lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 288, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme el auto de mérito, para los efectos legales a que haya lugar. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al tratarse este de un expediente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se desechó la demanda de garantías no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción I del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en la carátula de dicho expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto décimo primero del acuerdo en comento. En diverso aspecto, como lo dispone el artículo Tercero, punto Décimo Primero, párrafo tercero del acuerdo general antes mencionado, hágase saber al quejoso que deberá acudir a este órgano jurisdiccional dentro del plazo de noventa días para recoger los documentos que anexó a su escrito inicial de demanda, con el apercibimiento que de no hacerlo, éstos serán destruidos junto con el expediente en que se actúa. "
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, nueve de octubre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto de veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, sin que lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 288, 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme el auto de mérito, para los efectos legales a que haya lugar. En tales condiciones, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, al tratarse este de un expediente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se desechó la demanda de garantías no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción I del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita. Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en la carátula de dicho expediente, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto décimo primero del acuerdo en comento. En diverso aspecto, como lo dispone el artículo Tercero, punto Décimo Primero, párrafo tercero del acuerdo general antes mencionado, hágase saber al quejoso que deberá acudir a este órgano jurisdiccional dentro del plazo de noventa días para recoger los documentos que anexó a su escrito inicial de demanda, con el apercibimiento que de no hacerlo, éstos serán destruidos junto con el expediente en que se actúa.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia dictada el diez de septiembre de dos mil dieciocho, en la que se sobreseyó el amparo solicitado por la parte quejosa; por lo que, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, conforme lo establece el segundo precepto de la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. No pasa inadvertido para la suscrita secretaria en funciones de Jueza de Distrito que no obran en autos la constancia de notificación a la autoridad responsable Fiscalía de Procesos en Juzgados Civiles, Agencia 74, Unidad 6- Francisco Javier Monroy (EN SU DENOMINACION CORRECTA), de la sentencia dictada en el presente juicio; sin embargo, no es óbice a lo acordado en el párrafo que antecede, pues la aludida sentencia no perjudica de alguna manera a dicha autoridad, ya que se por un lado, se sobreseyó en el presente juicio, y sólo están legitimados para interponer el recurso de revisión las partes a quienes aquéllas resulte desfavorable la determinación definitiva que se emita dentro del juicio de amparo. Apoya a lo anterior las siguientes tesis aisladas: REVISIÓN IMPROCEDENTE. DEBE DESECHARSE LA INTERPUESTA POR QUIEN OBTUVO SENTENCIA FAVORABLE. Cuando se recurre la sentencia dictada en un juicio de amparo biinstancial por la parte a quien le es favorable, el recurso debe desecharse por improcedente, salvo que se esté en el supuesto previsto en el artículo 83, fracción V, último párrafo, de la Ley de Amparo, dado que las resoluciones sólo pueden ser impugnadas por aquella a quien le perjudique. RECURSOS. QUIENES PUEDEN INTERPONERLOS. Sólo una parte puede interponer recursos contra una resolución que le es desfavorable. El juicio de garantías únicamente puede promoverse por aquél a quien perjudique el acto reclamado (artículo 4o. de la Ley de Amparo), y esta norma debe extenderse, en su aplicación, para expresar que sólo puede interponer recursos contra una sentencia la parte a quien aquélla resulte desfavorable. Tratándose de resoluciones que hayan concedido el amparo, no todas las autoridades responsables están legitimadas para recurrirlas, pues sólo podrán hacer valer la revisión las autoridades contra el fallo que afecte de modo directo el acto que de cada una de ellas se hubiere reclamado (artículo 87 de la misma ley). Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, en su oportunidad, archívese el asunto como totalmente concluido. En consecuencia, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que sobreseyó el amparo, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita. Se ordenan fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de los presentes expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo en el punto Décimo Primero del Acuerdo en Comento (1/2009). En diverso aspecto, ya que resulta innecesario conservar las copias certificadas de la averiguación previa FPC/74/T2/239/15-05 (anexo I y II) que remitió el agente del ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Procesos en Juzgados Civiles, Agencia Investigadora del Ministerio Público Setenta y Cuatro, Unidad de Investigación número Cinco, con sede en la Ciudad de México, se ordena su devolución; y, se le solicita que, de no tener inconveniente legal alguno, acuse recibo de aquel. Con el apercibimiento que en caso de no cumplir con el presente requerimiento, se le impondrá una multa de cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Titular del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, al que acompaña las actuaciones del juicio de amparo indirecto 1977/2018-I de su índice, promovido por Hugo Porfirio Angulo Cruz contra actos de la 1. Directora General del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla y 2. Encargada de la Oficialía de Partes de la Dirección General del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla. En ese sentido, de las constancias de cuenta se advierte que en la resolución de veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, el Titular del Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de garantías presentada por Hugo Porfirio Angulo Cruz, en razón de la materia, pues los actos reclamados consisten en: "IV.- ACTO RECLAMADO.- SU INFUNDADA E INMOTIADA NEGATIVA PARA RECIBIRME EL OFICIO: UIHCST-I/0774/BIS/2018, DIRIGIDO A LA CITADA DIRECTORA, SUSCRITO POR LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITA A LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN DE HECHOS DE CORRUPCIÓN DEL SISTEMA TRADICIONAL, PRIMERA MESA INVESTIGADORA". De ahí que, el Juez oficiante determinó que la materia de dichos actos es de naturaleza penal tomando en consideración que emanan de la averiguación previa 393/2013/DGSP/DGIHC-A-I, en el que la agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación de Hechos de Corrupción del Sistema Tradicional, Primera Mesa Investigadora, solicitó a la Directora del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla, un perito en materia de psicología a efecto de que valore al promovente Hugo Porfirio Angulo Cruz. Ante tales condiciones, con fundamento en los artículos 35, 37, 38 y 48 de la Ley de Amparo, este Juzgado de Distrito acepta la competencia para resolver de la referida demanda de amparo y se avoca a su conocimiento. Acúsese recibo de estilo a la autoridad oficiante. Fórmese expediente de amparo, regístrese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 906/2018-D y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). DESECHAMIENTO. Ahora bien, como se indicó con anterioridad, de la demanda de amparo se advierte que el quejoso reclama a las autoridades responsables denominadas 1. Directora General del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla y 2. Encargada de la Oficialía de Partes de la Dirección General del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla, la negativa de recibir el oficio UIHCST-I/0774/BIS/2018, derivado de la averiguación previa 393/2013/DGSP/DGIHC-A-I, por el que la agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación de Hechos de Corrupción del Sistema Tradicional, Primera Mesa Investigadora, solicitó a la Directora del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla, un perito en materia de psicología a efecto de que valore al promovente Hugo Porfirio Angulo Cruz. Por tanto, este órgano jurisdiccional estima que en el caso, procede desechar de plano la demanda de derechos fundamentales que se analiza, pues en la especie se actualiza de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 1 y 5, fracción II de dicho ordenamiento legal, que disponen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: [.] El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Conforme a los dispositivos legales que anteceden, debe decirse que la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada al hecho de que los actos u omisiones, normas generales o tratados internacionales que en el mismo se reclamen, provengan de autoridad; entendiéndose por tal, aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. De ahí que, se considere como autoridad para efectos del juicio de amparo a aquella que cuenta con las características de órgano público que le dan las normas jurídicas y que tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados, sin requerir de la voluntad del afectado o aún en contra de ella. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 164/2011 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y datos siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." En esa línea argumentativa, el artículo 1, último párrafo, establece que el amparo tendrá por objeto proteger a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o incluso de particulares, pero sólo en los casos señalados en la Ley de Amparo. Por su parte, el artículo 5, fracción II, primer párrafo, define como autoridad responsable a aquélla que, con independencia de su naturaleza formal, dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, o bien, omita aquél que de realizarse las crearía, modificaría o extinguiría. Así, el segundo párrafo de la referida fracción establece los términos y casos en que los particulares serán parte en el juicio de amparo en calidad de autoridad responsable, previendo que será cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en términos de la fracción I, y cuyas funciones estén determinadas en una norma general. En esas condiciones, resulta factible concluir que un particular adquiere calidad de autoridad responsable en el juicio de amparo, en términos de la legislación de la materia, cuando: 1. Realiza actos equivalentes a los de autoridad, esto es, que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar algún acto en forma unilateral y obligatoria, o bien, que omita actuar en determinado sentido. 2. Afecta derechos creando, modificando o extinguiendo situaciones jurídicas; y, 3. Sus funciones están determinadas en una norma general. Establecido lo anterior, conviene señalar que al dictaminar la exposición de motivos que dio origen a la Ley de Amparo que entró en vigor a partir del dos de abril del dos mil trece, las Comisiones Unidas de Justicia; de Gobernación y de Estudios Legislativos, establecieron que la introducción de la posibilidad de pedir amparo contra actos de particulares obedeció a que quedó superada la teoría que asumía que los derechos fundamentales sólo podían ser afectados por las autoridades o los miembros del Estado. Explicaron que dicha teoría encontraba sustento en el hecho de que tradicionalmente se habían aceptado relaciones de verticalidad o supra-subordinación en que sólo el Estado podía afectar la esfera jurídica de los gobernados, lo que hacía necesario el reconocimiento de garantías individuales que limitaran su actuación, situación que cambió a partir del reconocimiento de los derechos fundamentales. Concepción que se dijo fue modificada principalmente por tres razones: por el reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales; porque hoy en día la vulneración de los derechos fundamentales no proviene de autoridades sino de la actuación de particulares en determinadas circunstancias, por ejemplo, las afectaciones al medio ambiente y las prácticas de discriminación social y, finalmente, porque la protección procesal para prevenir o reparar violaciones a los derechos humanos cometidas por particulares era prácticamente nula o de una eficacia muy limitada. Para finalmente explicar que, como en muchas ocasiones ha existido violación a derechos humanos por parte de particulares, resultaba conveniente adoptar un modelo de protección horizontal que garantice un resguardo más eficaz y justo, razón por la cual se proponía tener a los particulares como autoridades responsables cuando actuaran con ese carácter afectando derechos fundamentales, siempre que su función derive de una norma general y abstracta, pues en otros casos la protección contra ese tipo de actos se deberá realizar mediante la tramitación de medios ordinarios de defensa. Como se ve, cuando el legislador incorporó al texto de la Ley de Amparo la posibilidad de tener a los particulares como autoridades responsables en el juicio de amparo pretendió proteger a los gobernados de la vulneración a sus derechos con independencia del carácter de quien emita el acto o cometa la omisión. Razón por la que limitó la posibilidad de que los particulares acudan al juicio de amparo a los casos en que conforme a sus funciones puedan dictar, ordenar, ejecutar, tratar de ejecutar u omitir algún acto en forma unilateral y obligatoria que conlleve a la creación, modificación o extinción de situaciones jurídicas que afecten derechos. En otras palabras, para que alguna autoridad sea llamada al juicio de amparo como responsable se requiere que dentro del cúmulo de funciones que les otorga la norma general y abstracta que los regula se encuentre prevista la de dictar, ordenar, ejecutar, tratar de ejecutar u omitir algún acto en forma unilateral y obligatoria que conlleve a la creación, modificación o extinción de situaciones jurídicas que afecten derechos. Sentado lo anterior, se hace referencia al caso concreto, en el que la parte quejosa alega como acto reclamado la negativa de la 1. Directora General del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla y la 2. Encargada de la Oficialía de Partes de la Dirección General del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla, de recibir el oficio UIHCST-I/0774/BIS/2018, derivado de la averiguación previa 393/2013/DGSP/DGIHC-A-I, por el que la agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación de Hechos de Corrupción del Sistema Tradicional, Primera Mesa Investigadora, solicitó a la Directora del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla, un perito en materia de psicología a efecto de que valore al promovente Hugo Porfirio Angulo Cruz; sin que le asista la razón de acuerdo a las siguientes consideraciones jurídicas. Como se advierte del cuerpo de la demanda, las autoridades que la parte quejosa señala son auxiliares de la agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación de Hechos de Corrupción del Sistema Tradicional, Primera Mesa Investigadora, de la Fiscalía General del Estado de Puebla; por lo que, aquéllas no tienen las facultades que se enuncian en el artículo 5, fracción II de la Ley de Amparo. En efecto, los artículos 19, 50, 51, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142 y 143 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, establecen: (.) Artículo 19.- Son auxiliares de la administración de justicia en materia de Defensa Social: (.) IV.- Los servicios periciales de la Procuraduría General de Justicia del Estado, y Artículo 50.- El procedimiento en materia de defensa social comprende cuatro períodos: I.- El de averiguación previa que, a su vez se divide en dos fases: a).- Diligencias preparatorias de la acción persecutoria del delito, que son aquéllas legalmente necesarias para que el Ministerio Publico pueda resolver si ejercita o no la acción de defensa social y, b).- Diligencias que practica la autoridad judicial para determinar, si radica o no el proceso, si dicta o no la orden de aprehensión y si decreta dentro del término constitucional, la formal prisión o la libertad por falta de méritos o la declaración de sujeción a proceso del acusado; II.- El de instrucción, que comprende todas las diligencias practicadas por los tribunales con el fin de averiguar la existencia legal de los delitos, las circunstancias en que hubiesen sido cometidos y la responsabilidad o irresponsabilidad de los acusados; III.- El de Juicio, durante el cual el Ministerio Público precisa su acusación y el acusado su defensa, a fin de que el Juez estime el valor de las pruebas y pronuncie sentencia definitiva, y IV.- El de ejecución, que abarca desde el momento en que causa ejecutoria la sentencia dictada, hasta la extinción completa de las sanciones impuestas. Artículo 51.- El Ministerio Público durante la averiguación previa, deberá: I.- Recibir las audiencias o querellas de los particulares o de las autoridades sobre hechos que puedan constituir delitos; así como recabar con toda oportunidad y eficacia las pruebas necesarias para acreditar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de los indiciados; II.- Derogada. III.- Ejercitar ante los órganos jurisdiccionales la acción persecutoria o de defensa social, y IV.- Al servidor público que indebidamente quebrante la reserva de las actuaciones o proporcione copia de ellas o de los documentos que obren en la averiguación, sin que proceda, se le sujetará a procedimiento de responsabilidad administrativa, penal o civil, según corresponda. Artículo 136.- Si para el examen de alguna persona o de algún objeto se requieren conocimientos especiales, se procederá con intervención de peritos. Artículo 137.- Los peritos que dictaminen serán dos o más; pero bastará uno cuando sólo éste pueda ser habido, cuando haya peligro en el retardo o cuando el caso sea de poca importancia. Artículo 138.- El Ministerio Público, el procesado o su defensor y la parte ofendida, tendrán derecho a nombrar peritos y a los nombrados se les hará saber su designación y se les ministrarán los datos que necesiten para que emitan su opinión. Artículo 139.- La opinión de los peritos nombrados por las partes a que se refiere el artículo anterior, incluyendo la del perito nombrado por el Ministerio Público, podrá no atenderse en las diligencias que se practiquen o en las providencias que se dicten durante la instrucción, pudiendo el Juez normar sus procedimientos por la opinión del perito o peritos nombrados por él. Artículo 140.- Los peritos deberán tener título oficial en la ciencia o arte a que se refiera el punto sobre el cual deba dictaminarse, si esa profesión o arte estuvieren legalmente reglamentados. Artículo 141.- Cuando la profesión o arte a que se refiere el artículo anterior, no estuvieren legalmente reglamentados, o no hubiere titulados en el lugar en que se sigue la instrucción, se nombrarán peritos prácticos, sin perjuicio de que, si el caso lo requiere, se libre oficio o exhorto al Juez o Tribunal del lugar en que haya peritos titulados para que, en vista del dictamen de aquéllos, emitan su opinión. Artículo 142.- Los peritos deberán ser citados en la misma forma que los testigos, reunirán, además, las mismas condiciones de éstos y estarán sujetos a iguales causas de impedimento, prefiriéndose a los que hablen el idioma castellano. Artículo 143.- Son aplicables a la prueba pericial, las siguientes disposiciones: I.- La prueba pericial se verificará bajo la dirección del funcionario que la haya decretado; II.- El funcionario judicial que decretó la prueba, hará a los peritos las preguntas que crea oportunas, les dará por escrito o de palabra, pero sin sugestión alguna, los datos que tuviere, haciéndose constar estos hechos en el acta de la diligencia; III.- Dicho funcionario podrá asistir, si lo juzga conveniente, al reconocimiento que los peritos hagan de las personas o de los objetos; IV.- El mismo funcionario fijará a los peritos el tiempo en que deberán cumplir su cometido; V.- Si transcurrido el tiempo fijado a los peritos, para cumplir su cometido, no rinden su dictamen o si legalmente citados y aceptado el cargo, no concurrieren a desempeñarlo, se hará uso de alguno de los medios de apremio; VI.- Si a pesar del primer apremio el perito o los peritos no cumplieren con las obligaciones señaladas en la fracción anterior, se hará su consignación como reos de delito de desobediencia a un mandato legítimo de la autoridad; VII.- Cuando las opiniones de los peritos nombrados discreparen, el funcionario que practique las diligencias los citará a una junta en la que se discutirán los puntos de diferencia haciéndose constar en el acta el resultado de la discusión; VIII.- Si en la junta a que se refiere la fracción anterior, los peritos no se pusieren de acuerdo, el Juez nombrará un perito tercero en discordia; IX.- Cuando el juicio pericial recaiga sobre objetos que se consumen al ser analizados, los jueces no permitirán que se verifique el primer análisis, sino cuando más sobre la mitad de las substancias, a no ser que su cantidad sea tan escasa, que los peritos no puedan emitir su opinión sin consumirlas todas, y lo cual se hará constar en el acta de la diligencia; X.- Los honorarios de los peritos que nombre el Juez o el Ministerio Público, se pagarán por el Erario del Estado; XI.- Los honorarios de los peritos que nombren las partes, se pagarán por la persona que haya hecho el nombramiento; XII.- Cuando los peritos, que tengan ese carácter por nombramiento del Ejecutivo del Estado, se separen por cualquier motivo de su empleo, después de haber sido designados para emitir su opinión sobre algún punto y siempre que ya hubieren aceptado el nombramiento, tendrán la obligación de participar aquella circunstancia al Juez, para que éste designe nuevo perito; XIII.- En el supuesto previsto en la fracción anterior, si la separación o cese del empleo se hubiere verificado después de transcurrido el término que se le señaló para emitir su dictamen, estará obligado a rendir éste sin remuneración; XIV.- Los peritos, con excepción de los médicos legistas, deberán ratificar ante el Juez o Tribunal sus dictámenes y certificados; XV.- Los peritos, inclusive los médicos legistas, deberán ampliar sus dictámenes y certificados, cuando el funcionario que conoce de la averiguación lo crea conveniente, o cuando lo soliciten las partes; XVI.- Los peritos pueden excusarse por enfermedad u otros motivos, que les impida llenar su cometido con la debida imparcialidad, y XVII.- La excusa de los peritos será calificada por el Juez. (.) Lo que permite concluir que el Ministerio Público se encuentra facultado para requerir informes o documentación a otras autoridades y a particulares, quienes fungirán como auxiliares de la Administración de Justicia. Así, de los artículos antes señalados se advierte que las autoridades que el quejoso señala como responsables 1. Directora General del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla y la 2. Encargada de la Oficialía de Partes de la Dirección General del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla únicamente son auxiliares en la Administración de Justicia y, por ende, su actuación no tiene autonomía propia, de ahí que no tengan el carácter de autoridades responsables, pues no encuadran en las hipótesis establecidas en los artículos 1 y 5, fracción II de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 103, fracción I de la Constitución Federal. Ahora bien, el Ministerio Público es la institución encargada de velar por la exacta observancia de las leyes de interés público y, a través de sus Agentes, llevar a cabo la persecución de los delitos del orden común, por tanto, le corresponde la integración de las averiguaciones previas, así como solicitar las órdenes de aprehensión de los inculpados, y allegarse de las pruebas que acrediten la responsabilidad de éstos. Así mismo, para el cumplimiento de sus atribuciones, el Ministerio Público puede solicitar informes, documentos, opiniones y elementos de prueba en general a sus auxiliares, como en este caso lo es la 1. Directora General del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla. En tal sentido, la parte quejosa debe acudir directamente ante la agente del Ministerio Público adscrita a la Unidad de Investigación de Hechos de Corrupción del Sistema Tradicional, Primera Mesa Investigadora, de la Fiscalía General del Estado de Puebla, para que ésta haga cumplir sus determinaciones; solicitándole que, en caso de que el Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla no dé cumplimiento, le aplique uno de los medios de apremio previstos por el artículo 31 Bis del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado Libre y Soberano de Puebla, a fin de lograr vencer la contumacia en que incurren los auxiliares en la administración de justicia. Por tanto, las autoridades señaladas como responsables 1. Directora General del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla y 2. Encargada de la Oficialía de Partes de la Dirección General del Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado de Puebla, como se indicó, no tienen el carácter de autoridades responsables y, por el contrario, el Ministerio Público tiene la facultad de actuar ampliando los medios de investigación y aplicando los medios de apremio que estime convenientes, para lograr la debida integración de la averiguación previa. En mérito de lo expuesto, se estima que en la especie opera la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 5, fracción II de dicho ordenamiento legal y, por ende, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de derechos fundamentales por notoriamente improcedente. Al respecto, conviene citar la jurisprudencia I.13o.A. J/6 sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." DOMICILIO. Se tiene como domicilio el que señala en su libelo de cuenta. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atenta la carga de trabajo y al principio de expedites en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.
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