Hugo Moreno Garcia
Expediente 431/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 13 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 431/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 28/10/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Hugo Moreno Garcia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiocho de octubre de dos mil dieciséis.Agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda el oficio signado por la autoridad responsable 26. Juez Segundo Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, sin que haya lugar a realizar pronunciamiento alguno al respecto, en razón a que el informe justificado a que hace referencia se recibió -vía telegráfica- el siete de junio de dos mil dieciséis (foja 227), y en el acuerdo de ocho de junio siguiente se proveyó lo conducente respecto a su contenido (foja 230).Por otra parte, vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se desprende que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86, en relación con el diverso 81 fracción I, inciso d) de la Ley de Amparo para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra del auto de nueve de septiembre de dos mil dieciséis, en el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 288, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha quedado firme el auto de mérito, para todos los efectos legales procedentes.Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, archívese el asunto como totalmente concluido. En consecuencia, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de ese año, se establece que el presente asunto en el cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos.En cuanto a los autos del original del incidente de suspensión, en virtud de que se concedió la medida cautelar solicitada, con fundamento en la fracción III, párrafo segundo del punto vigésimo primero del citado acuerdo, se decreta que es susceptible de depuración, después de haber transcurrido cinco años, para lo cual se deberán conservar todas las resoluciones relativas a su otorgamiento, sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. Por lo que toca al duplicado del incidente de suspensión con fundamento en la fracción III del artículo vigésimo primero del citado acuerdo, se decreta que es susceptible de destrucción, transcurridos seis meses a partir del presente auto en términos de los lineamientos del acuerdo de referencia.Se ordena fijar las anotaciones correspondientes en las carátulas de dichos expedientes, de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo en comento.En diverso aspecto, no pasa inadvertido para la suscrita que si bien es cierto no obran en autos las constancias de notificación de los oficios que se giraron a las autoridades responsables 21. Juez Primero Penal de Primera Instancia de Solidaridad en el Estado de Quintana Roo, 22. Juez Segundo Penal de Primera Instancia de Solidaridad en el Estado de Quintana Roo, 23. Juez Penal de Primera Instancia de Cozumel, 24. Juez Penal de Primera Instancia de Chetumal en el Estado de Quintana Roo, 25. Juez Primero Penal de Primera Instancia de Cancún en el Estado de Quintana Roo, 26. Juez Segundo Penal de Primera Instancia de Cancún en el Estado de Quintana Roo, 31. Juez Primero Penal Instancia de Playa del Carmen en el Estado de Quintana Roo, 32. Juez Segundo Penal Instancia de Playa del Carmen en el Estado de Quintana Roo, 33. Juez Mixto de Islas Mujeres en el Estado de Quintana Roo, 34. Juez Mixto de Primera Instancia de Lázaro Cárdenas en el Estado de Quintana Roo, 37. Juez Tercero Penal del Primer Departamento en la ciudad de Mérida en el Estado de Yucatán, 39. Juez Quinto Penal del Primer Departamento en la ciudad de Mérida en el Estado de Yucatán, 40. Juez Sexto Penal del Primer Departamento en la ciudad de Mérida en el Estado de Yucatán, 41. Juez Séptimo Penal del Primer Departamento en la ciudad de Mérida en el Estado de Yucatán, 43. Juez Penal del Segundo Departamento en la ciudad de Tekax en el Estado de Yucatán, 44. Juez Penal del Tercer Departamento en la ciudad de Valladolid en el Estado de Yucatán, 45. Juez Primero de Control del Segundo Distrito Kanasin en el Estado de Yucatán, y 54. Titular de la Policía Federal Ministerial, para notificarles el auto que decretó el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional, lo cierto es que como se desprende de este expediente, dicho auto no les irroga perjuicio alguno y la circunstancia de hacer requerimientos respecto de las constancias de notificación de las indicadas autoridades únicamente conllevaría a dilaciones innecesarias.Sirven de apoyo a lo anterior las tesis cuyos datos de localización, rubro y contenido, son del tenor siguiente:REVISIÓN IMPROCEDENTE. DEBE DESECHARSE LA INTERPUESTA POR QUIEN OBTUVO SENTENCIA FAVORABLE. Cuando se recurre la sentencia dictada en un juicio de amparo biinstancial por la parte a quien le es favorable, el recurso debe desecharse por improcedente, salvo que se esté en el supuesto previsto en el artículo 83, fracción V, último párrafo, de la Ley de Amparo, dado que las resoluciones sólo pueden ser impugnadas por aquella a quien le perjudique. RECURSOS. QUIENES PUEDEN INTERPONERLOS. Sólo una parte puede interponer recursos contra una resolución que le es desfavorable. El juicio de garantías únicamente puede promoverse por aquél a quien perjudique el acto reclamado (artículo 4o. de la Ley de Amparo), y esta norma debe extenderse, en su aplicación, para expresar que sólo puede interponer recursos contra una sentencia la parte a quien aquélla resulte desfavorable. Tratándose de resoluciones que hayan concedido el amparo, no todas las autoridades responsables están legitimadas para recurrirlas, pues sólo podrán hacer valer la revisión las autoridades contra el fallo que afecte de modo directo el acto que de cada una de ellas se hubiere reclamado (artículo 87 de la misma ley).
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diez de octubre de dos mil dieciséis. Vista la certificación de cuenta, se advierte que los tercero interesados 1) Ilian Elías Morales y Elizenth Elías Morales; 2) José Emanuel Pacheco Sánchez; 3) Javier Ramírez Ángeles o Noé Vargas Rodríguez; 4) María Elena Isabel Vélez Moreno; 5) José Gerardo Medina Andrade; 6) Jaime Hernández González; 7) María de los Ángeles Ortega Juárez; 8) María Margarita Aguirre Rodríguez; y, 9) Ananías Marino Velarde Peregrina, no señalaron domicilio en la ciudad de Puebla, ni en el lugar de residencia de este Juzgado de Distrito, para que reciba notificaciones; consecuentemente, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el acuerdo de quince de abril pasado, y con fundamento en el artículo 27 fracción II de la Ley de Amparo, realícense las notificaciones que le correspondan, incluso las personales, mediante lista de acuerdos, incluyendo la resolución de nueve de septiembre de dos mil dieciséis. Por otra parte, agréguese a los autos la razón asentada por el actuario judicial adscrito, mediante la cual manifiesta la imposibilidad que le asiste para realizar la notificación ordenada el nueve de septiembre de dos mil dieciséis, a los tercero interesados 1) Ilian Elías Morales y Elizenth Elías Morales; 2) José Emanuel Pacheco Sánchez; 3) Javier Ramírez Ángeles o Noé Vargas Rodríguez; 4) María Elena Isabel Vélez Moreno; 5) José Gerardo Medina Andrade; 6) Jaime Hernández González; 7) María de los Ángeles Ortega Juárez; 8) María Margarita Aguirre Rodríguez; y, 9) Ananías Marino Velarde Peregrina pues refiere que dicha parte procesal no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones como le fue requerido en el acuerdo de quince de abril de dos mil dieciséis; sin que haya lugar a realizar mayor pronunciamiento al respecto, en virtud de lo acordado en el párrafo que antecede. AUTO DE 9 DE SEPTIEMBRE QUE EN LO CONDUCENTE DICE: San Andrés Cholula, Puebla, nueve de septiembre de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no dio cumplimiento al requerimiento formulado mediante proveído de veinte de julio de dos mil dieciséis, ya que no comprobó haber entregado para su publicación los edictos para emplazar a los tercero interesados 1. María José Carballal Mortera, 9. Federico Arturo Libreros y Veana y 14. José Abel Torres Conde, no exhibió íntegramente un ejemplar de cada una de las publicaciones ordenadas, ni tampoco acreditó alguna circunstancia -de manera fehaciente- edictos, pues además de que la parte quejosa no compareció (por conducto de su autorizado) a recoger los edictos ordenados el veinte de julio de dos mil dieciséis, tampoco comprobó de manera fehaciente que no podía sufragar el costo de los mismos. En consecuencia, al haber sido omisa la parte quejosa en acreditar su imposibilidad económica para su publicación de manera fehaciente, procede sobreseer fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción II de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 27, fracción III, inciso b) del propio ordenamiento legal, dado el incumplimiento del presupuesto procesal relativo, que motivó la paralización del juicio de amparo en contravención al artículo 17 constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada XVII.1o.C.T.18 K (10a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, cuyo rubro y texto son: EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE SOBRESEER EN ÉSTE ANTE LA OMISIÓN DEL QUEJOSO DE ACREDITAR QUE LOS PUBLICÓ, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE PRUEBE O NO QUE REQUIRIÓ SU ENTREGA AL ÓRGANO QUE LOS DECRETÓ (INTERPRETACIÓN CONFORME DE LOS ARTÍCULOS 63, FRACCIÓN II Y 27, FRACCIÓN III, INCISO B), PÁRRAFO SEGUNDO, AMBOS DE LA LEY DE LA MATERIA). No basta tomar en cuenta la literalidad del artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo, que establece que se sobreseerá en el juicio cuando el quejoso no acredite que entregó los edictos para su publicación, a fin de emplazar al tercero interesado, cuyo domicilio se desconoce, una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó, redacción de la que se deduce que se condiciona la actualización de la causa de sobreseimiento, a que el quejoso comparezca ante el órgano de amparo a solicitar la entrega de dichos edictos; sino que debe atenderse al numeral 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, de dicha ley reglamentaria, que regula el mismo supuesto y que de forma puntual señala que si el impetrante de amparo no comprueba haber entregado para su publicación los edictos, dentro del término de veinte días siguientes a que se pongan a su disposición, se sobreseerá en el juicio, sin distinguir si el quejoso requirió o no su entrega al órgano de amparo. Por tanto, de una interpretación conforme de los citados preceptos, si el quejoso omite acreditar los extremos señalados en el artículo 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, procede sobreseer en el juicio, aun cuando no se demuestre que dicho inconforme compareció al tribunal constitucional a requerir su entrega. Esta interpretación resulta acorde con el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece el derecho humano del debido proceso, así como con el diverso numeral 17 de tal Ordenamiento Supremo, que salvaguarda el derecho a que se administre justicia pronta y expedita, en los términos que establecen las leyes; preceptos constitucionales conforme a los cuales no puede quedar supeditada a la intención de las partes que se dicte sentencia en el juicio de amparo, la cual jurídicamente es imposible emitirse si no se constituye válidamente la relación jurídico procesal en el juicio, con el emplazamiento del tercero interesado. Ello, porque la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan en los términos establecidos por la ley; de ahí que no puede sobreponerse el interés del quejoso al interés público de la sociedad. No pasa inadvertido para la suscrita el criterio señalado en la jurisprudencia 2ª./J.108/2010 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito de rubro y texto siguientes: EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. Una nueva reflexión lleva a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a modificar el criterio contenido en su jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", pues si bien es cierto que conforme al artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado alguno, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión, también lo es que ese incumplimiento no conduce necesariamente al sobreseimiento en el juicio de garantías, pues en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial; por consiguiente, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso, de manera que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado, pues de lo contrario se dejaría en estado de indefensión al promovente del juicio de amparo. Puesto que se estima no actualizado en el caso concreto, ya que si bien es cierto que la parte quejosa mediante escrito presentado el once de agosto de dos mil dieciséis ante este órgano jurisdiccional, manifestó encontrarse imposibilitada para sufragar el costo de los edictos ordenados, también lo es que no presentó constancia fehaciente alguna para acreditar dicha circunstancia, por lo que se estima correcto decretar el sobreseimiento en el presente juicio. No pasa inadvertido para la suscrita Jueza la tesis aislada VI.1o.P.32 P (10a.) sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, cuyo rubro y texto son: EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA PENAL. CONFORME AL PRINCIPIO PRO PERSONA, NO SIEMPRE ES NECESARIO QUE EL QUEJOSO EXPRESE SU INSOLVENCIA ECONÓMICA -DERIVADA DE QUE SE ENCUENTRA PRIVADO DE SU LIBERTAD PERSONAL EN UN CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL- PARA QUE SE LE EXIMA DE ABSORBER EL COSTO DE AQUÉLLOS, POR LO QUE EL JUEZ DE DISTRITO, ANTES DE ESTABLECER QUE SU PUBLICACIÓN ESTÉ A CARGO DE AQUÉL, DEBE ANALIZAR SI EN AUTOS EXISTEN ELEMENTOS QUE DEMUESTRAN ESA CIRCUNSTANCIA PARTICULAR DEL QUEJOSO QUE LO IMPOSIBILITA PARA CUMPLIR CON DICHA CARGA PROCESAL. Si bien es cierto que conforme a la jurisprudencia 1a./J. 84/2011 de la Primera Sala de la Suprema Corte de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 266, de rubro: "EMPLAZAMIENTO DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO, CON EL CARÁCTER DE TERCERO PERJUDICADO, EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO EN MATERIA PENAL. LA IMPOSIBILIDAD DE REALIZARLO POR CIRCUNSTANCIAS ATRIBUIBLES AL QUEJOSO NO CONDUCE AL SOBRESEIMIENTO.", en caso de actualizarse situaciones particulares del quejoso que le impidan dar cumplimento al requerimiento para que se realice el emplazamiento del tercero interesado mediante edictos, como la falta de recursos económicos para cubrir el costo, derivado de que se encuentra privado de su libertad personal, basta que aquél exprese esta condición de insolvencia económica, para que se le exima de absorber el costo de aquéllos, también lo es que, acorde con el principio pro persona, establecido en el segundo párrafo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual consiste, esencialmente, en procurar favorecer en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, no siempre es necesaria tal manifestación, ya que el Juez de Distrito, antes de establecer que la publicación de los edictos sea a cargo del impetrante, debe analizar si en las constancias de autos existen elementos que demuestran esa circunstancia particular del quejoso, de las cuales pueda concluirse la falta de recursos económicos de éste, derivado de la privación de su libertad en un centro de reinserción social, que le impida dar cumplimiento al requerimiento para que se realice el emplazamiento de los terceros interesados, mediante edictos, es decir, que lo imposibilitan para cumplir con la carga procesal de su publicación y, en consecuencia, determinar, conforme al artículo 27, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, que se publiquen a costa del Consejo de la Judicatura Federal, aun sin la manifestación expresa del quejoso en ese sentido.. Por lo que, al no existir en autos prueba alguna respecto a la existencia de indicios que confirmen la situación de precariedad económica relevante de la parte quejosa, entonces ésta debió cumplir con el requerimiento que se le dirigió en el sentido de sufragar la publicación de los edictos, pues ello no transgrede el derecho fundamental de acceso a la justicia expedita. Sin que sea óbice, el hecho de que el quejoso Hugo Moreno García se encuentre privado de su libertad, pues ello no hace patente su insolvencia económica para sufragar el gasto que corresponda a la publicación de los edictos ordenados en este juicio de garantías, por lo que la información sobre todo lo relacionado sobre su detención, no es apta para demostrar que dicho impetrante de amparo se encuentra en un estado en el que sufragar el pago de los edictos ordenados agravarían su economía personal o familiar ante la precariedad de medios económicos para hacer frente a esa carga procesal, sino únicamente se acreditaría que éste se encuentra privado de su libertad. Por tanto, el hecho de que el quejoso de mérito se encuentre privado de su libertad en el Centro de Reinserción Social de San Miguel de la ciudad de Puebla, no sirve de sustento para probar los escasos recursos económicos que alude la parte quejosa, en términos del 27, fracción III, inciso c) de la Ley de Amparo, y así determinar que los edictos en el juicio de amparo se publiquen a costa del Consejo de la Judicatura Federal. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 1a. CXXIII/2015 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: PUBLICACIÓN DE EDICTOS SIN COSTO PARA EL QUEJOSO DE ESCASOS RECURSOS. LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo previsto por el citado precepto legal, cuando no sea posible llevar a cabo una notificación personal al tercero interesado con base en las reglas previstas en dicha disposición, se efectuará la notificación por edictos a costa del quejoso, con la excepción de que, cuando se trate de personas de escasos recursos a juicio del órgano jurisdiccional, se ordenará la aludida publicación sin costo para el mismo en el Diario Oficial de la Federación. En ese sentido, en primer lugar, debe entenderse que el término "escasos recursos" es un concepto dinámico que se interpreta ampliamente en cada caso concreto, a fin de no incluir en el mismo sólo a las personas que se encuentren asignadas formalmente en un ámbito de extrema pobreza, sino a todas aquellas que demuestren que el pago de los edictos afectará gravemente su economía personal o familiar ante la precariedad de medios económicos para hacer frente a su carga procesal. Dicho lo anterior, para efectos de su aplicabilidad, se estima que una vez que el juzgador no pueda llevar a cabo la notificación personal al tercero interesado, tendrá que ordenar la notificación por edictos a cargo del quejoso o, dependiendo del asunto, si el juzgador lo considera factible, analizará desde ese momento los elementos que obren en autos y determinará, fundada y motivadamente, por qué no procede de plano la referida excepción a la erogación de los edictos por parte del quejoso, sin que ello conlleve la obligación de recabar nuevos elementos probatorios. Con la aclaración de que en el supuesto de que no se localice el domicilio del tercero, el quejoso tendrá la posibilidad de manifestar lo que a su interés convenga y, en dado caso, acreditar su condición de escasos recursos, gozando de la potestad para presentar medios de convicción que demuestren tal condición social. Sobre esto último, el juzgador estará en aptitud de pronunciarse respecto a las pruebas ofrecidas, teniendo la facultad de admitirlas o desecharlas de acuerdo a las circunstancias del caso en concreto y al ejercicio de sus facultades en el trámite del juicio de amparo, actualizándose consecuentemente el deber de justificar las razones que lo llevaron a aceptar o no la admisión de tales elementos de convicción. Lo anterior, sin que se demeriten las facultades de ejercicio potestativo que tiene la autoridad jurisdiccional para recabar nuevos medios de prueba como medidas para mejor proveer ante la insuficiencia de elementos en el expediente para formarse un juicio sobre la condición económica del quejoso. También es aplicable, la tesis I.6o.C.9 K (10a.) sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto son: EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. SU COSTO NO TRANSGREDE EL DERECHO FUNDAMENTAL DEL JUSTICIABLE DE ACCESO A LA JUSTICIA EXPEDITA NI EL PRINCIPIO DE GRATUIDAD, CONSAGRADOS EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El derecho de acceso a la justicia se refleja en diversos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, regulado en los artículos 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 14, numeral 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los cuales consagran el derecho a un recurso efectivo, entendido éste como aquel que sea viable o posible para el fin que pretende enmendarse, así como el principio de igualdad ante la ley, esto es, el de ser oído con justicia por un tribunal, connotaciones que están inmersas en el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al garantizar al gobernado el disfrute del derecho a tener un acceso efectivo a la administración de justicia que imparten los tribunales, en donde el justiciable pueda obtener una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley, al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos cuya tutela jurisdiccional ha solicitado; asimismo, contempla el principio relativo a la gratuidad, ya que señala que el servicio será gratuito y, por tanto, prohibidas las costas judiciales. Por otro lado, el emplazamiento al tercero interesado dentro de un juicio, encuentra su origen en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, en lo relativo a las formalidades esenciales del procedimiento, específicamente de la audiencia previa, que se traduce en un derecho de seguridad jurídica para los gobernados; que impone la ineludible obligación a cargo de las autoridades para que, de manera previa, al dictado de un acto de privación cumpla con una serie de formalidades esenciales necesarias para oír en defensa a los afectados. En ese sentido, cuando el emplazamiento no puede efectuarse de la manera habitual, es decir, con la notificación en el domicilio del tercero interesado, la ley secundaria prevé la necesidad de que, previa su investigación, se efectúe a través de edictos, no obstante, ello implica un costo, cuya erogación el legislador impuso, en el juicio de amparo, a quien insta el órgano jurisdiccional, en todos los casos, sin hacer distinción, según lo dispone el numeral 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo; sin embargo, existe una excepción cuando hay imposibilidad económica para sufragar el costo de la publicación de los edictos, la cual debe correlacionarse con los elementos que consten en los autos, es decir, que existan indicios que confirmen la situación de precariedad relevante. Lo anterior obedece a la circunstancia de que cuando no se tiene la capacidad económica para cubrir ese gasto, puede dispensarse, en aras de no hacer nugatorio el acceso efectivo a la justicia, de conformidad con el citado artículo 17 constitucional. De ahí que resulta inconcuso que la medida decretada en el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, que señala la imposición del costo de edictos a la parte quejosa es convencional, al existir previsión legal en la que se establece que quien acuda al tribunal a manifestar y acreditar indiciariamente su imposibilidad económica para cubrirlos, su costo será sufragado por el Consejo de la Judicatura Federal, lo que salvaguarda el principio de gratuidad, así como el derecho fundamental de acceso a la jurisdicción. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cuarenta minutos del trece de septiembre de dos mil dieciséis. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 10/2003 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que a continuación se reproduce: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En diverso aspecto, vista la segunda certificación de cuneta, se advierte que los los tercero interesados 2. María Guadalupe Gómez Dueñas, en su carácter de apoderada de Esteban Horacio Padilla Gómez y 4. Zalma Vega Gómez no señalaron domicilio en esta ciudad de Puebla, para que reciba notificaciones; consecuentemente, se hace efectivo el apercibimiento decretado el quince de abril pasado, y con fundamento en el artículo 27 fracción II de la Ley de Amparo, realícense las notificaciones que les correspondan, incluso las personales, mediante lista de acuerdos.
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SE NOTIFICA POR LISTA AL QUEJOSO EL SIGUIENTE AUTO: San Andrés Cholula, Puebla, nueve de septiembre de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no dio cumplimiento al requerimiento formulado mediante proveído de veinte de julio de dos mil dieciséis, ya que no comprobó haber entregado para su publicación los edictos para emplazar a los tercero interesados 1. María José Carballal Mortera, 9. Federico Arturo Libreros y Veana y 14. José Abel Torres Conde, no exhibió íntegramente un ejemplar de cada una de las publicaciones ordenadas, ni tampoco acreditó alguna circunstancia -de manera fehaciente- edictos, pues además de que la parte quejosa no compareció (por conducto de su autorizado) a recoger los edictos ordenados el veinte de julio de dos mil dieciséis, tampoco comprobó de manera fehaciente que no podía sufragar el costo de los mismos. En consecuencia, al haber sido omisa la parte quejosa en acreditar su imposibilidad económica para su publicación de manera fehaciente, procede sobreseer fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción II de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 27, fracción III, inciso b) del propio ordenamiento legal, dado el incumplimiento del presupuesto procesal relativo, que motivó la paralización del juicio de amparo en contravención al artículo 17 constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada XVII.1o.C.T.18 K (10a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, cuyo rubro y texto son: EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE SOBRESEER EN ÉSTE ANTE LA OMISIÓN DEL QUEJOSO DE ACREDITAR QUE LOS PUBLICÓ, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE PRUEBE O NO QUE REQUIRIÓ SU ENTREGA AL ÓRGANO QUE LOS DECRETÓ (INTERPRETACIÓN CONFORME DE LOS ARTÍCULOS 63, FRACCIÓN II Y 27, FRACCIÓN III, INCISO B), PÁRRAFO SEGUNDO, AMBOS DE LA LEY DE LA MATERIA). No basta tomar en cuenta la literalidad del artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo, que establece que se sobreseerá en el juicio cuando el quejoso no acredite que entregó los edictos para su publicación, a fin de emplazar al tercero interesado, cuyo domicilio se desconoce, una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó, redacción de la que se deduce que se condiciona la actualización de la causa de sobreseimiento, a que el quejoso comparezca ante el órgano de amparo a solicitar la entrega de dichos edictos; sino que debe atenderse al numeral 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, de dicha ley reglamentaria, que regula el mismo supuesto y que de forma puntual señala que si el impetrante de amparo no comprueba haber entregado para su publicación los edictos, dentro del término de veinte días siguientes a que se pongan a su disposición, se sobreseerá en el juicio, sin distinguir si el quejoso requirió o no su entrega al órgano de amparo. Por tanto, de una interpretación conforme de los citados preceptos, si el quejoso omite acreditar los extremos señalados en el artículo 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, procede sobreseer en el juicio, aun cuando no se demuestre que dicho inconforme compareció al tribunal constitucional a requerir su entrega. Esta interpretación resulta acorde con el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece el derecho humano del debido proceso, así como con el diverso numeral 17 de tal Ordenamiento Supremo, que salvaguarda el derecho a que se administre justicia pronta y expedita, en los términos que establecen las leyes; preceptos constitucionales conforme a los cuales no puede quedar supeditada a la intención de las partes que se dicte sentencia en el juicio de amparo, la cual jurídicamente es imposible emitirse si no se constituye válidamente la relación jurídico procesal en el juicio, con el emplazamiento del tercero interesado. Ello, porque la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan en los términos establecidos por la ley; de ahí que no puede sobreponerse el interés del quejoso al interés público de la sociedad. No pasa inadvertido para la suscrita el criterio señalado en la jurisprudencia 2ª./J.108/2010 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito de rubro y texto siguientes: EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. Una nueva reflexión lleva a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a modificar el criterio contenido en su jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", pues si bien es cierto que conforme al artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado alguno, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión, también lo es que ese incumplimiento no conduce necesariamente al sobreseimiento en el juicio de garantías, pues en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial; por consiguiente, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso, de manera que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado, pues de lo contrario se dejaría en estado de indefensión al promovente del juicio de amparo. Puesto que se estima no actualizado en el caso concreto, ya que si bien es cierto que la parte quejosa mediante escrito presentado el once de agosto de dos mil dieciséis ante este órgano jurisdiccional, manifestó encontrarse imposibilitada para sufragar el costo de los edictos ordenados, también lo es que no presentó constancia fehaciente alguna para acreditar dicha circunstancia, por lo que se estima correcto decretar el sobreseimiento en el presente juicio. No pasa inadvertido para la suscrita Jueza la tesis aislada VI.1o.P.32 P (10a.) sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, cuyo rubro y texto son: EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA PENAL. CONFORME AL PRINCIPIO PRO PERSONA, NO SIEMPRE ES NECESARIO QUE EL QUEJOSO EXPRESE SU INSOLVENCIA ECONÓMICA -DERIVADA DE QUE SE ENCUENTRA PRIVADO DE SU LIBERTAD PERSONAL EN UN CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL- PARA QUE SE LE EXIMA DE ABSORBER EL COSTO DE AQUÉLLOS, POR LO QUE EL JUEZ DE DISTRITO, ANTES DE ESTABLECER QUE SU PUBLICACIÓN ESTÉ A CARGO DE AQUÉL, DEBE ANALIZAR SI EN AUTOS EXISTEN ELEMENTOS QUE DEMUESTRAN ESA CIRCUNSTANCIA PARTICULAR DEL QUEJOSO QUE LO IMPOSIBILITA PARA CUMPLIR CON DICHA CARGA PROCESAL. Si bien es cierto que conforme a la jurisprudencia 1a./J. 84/2011 de la Primera Sala de la Suprema Corte de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 266, de rubro: "EMPLAZAMIENTO DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO, CON EL CARÁCTER DE TERCERO PERJUDICADO, EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO EN MATERIA PENAL. LA IMPOSIBILIDAD DE REALIZARLO POR CIRCUNSTANCIAS ATRIBUIBLES AL QUEJOSO NO CONDUCE AL SOBRESEIMIENTO.", en caso de actualizarse situaciones particulares del quejoso que le impidan dar cumplimento al requerimiento para que se realice el emplazamiento del tercero interesado mediante edictos, como la falta de recursos económicos para cubrir el costo, derivado de que se encuentra privado de su libertad personal, basta que aquél exprese esta condición de insolvencia económica, para que se le exima de absorber el costo de aquéllos, también lo es que, acorde con el principio pro persona, establecido en el segundo párrafo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual consiste, esencialmente, en procurar favorecer en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, no siempre es necesaria tal manifestación, ya que el Juez de Distrito, antes de establecer que la publicación de los edictos sea a cargo del impetrante, debe analizar si en las constancias de autos existen elementos que demuestran esa circunstancia particular del quejoso, de las cuales pueda concluirse la falta de recursos económicos de éste, derivado de la privación de su libertad en un centro de reinserción social, que le impida dar cumplimiento al requerimiento para que se realice el emplazamiento de los terceros interesados, mediante edictos, es decir, que lo imposibilitan para cumplir con la carga procesal de su publicación y, en consecuencia, determinar, conforme al artículo 27, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, que se publiquen a costa del Consejo de la Judicatura Federal, aun sin la manifestación expresa del quejoso en ese sentido.. Por lo que, al no existir en autos prueba alguna respecto a la existencia de indicios que confirmen la situación de precariedad económica relevante de la parte quejosa, entonces ésta debió cumplir con el requerimiento que se le dirigió en el sentido de sufragar la publicación de los edictos, pues ello no transgrede el derecho fundamental de acceso a la justicia expedita. Sin que sea óbice, el hecho de que el quejoso Hugo Moreno García se encuentre privado de su libertad, pues ello no hace patente su insolvencia económica para sufragar el gasto que corresponda a la publicación de los edictos ordenados en este juicio de garantías, por lo que la información sobre todo lo relacionado sobre su detención, no es apta para demostrar que dicho impetrante de amparo se encuentra en un estado en el que sufragar el pago de los edictos ordenados agravarían su economía personal o familiar ante la precariedad de medios económicos para hacer frente a esa carga procesal, sino únicamente se acreditaría que éste se encuentra privado de su libertad. Por tanto, el hecho de que el quejoso de mérito se encuentre privado de su libertad en el Centro de Reinserción Social de San Miguel de la ciudad de Puebla, no sirve de sustento para probar los escasos recursos económicos que alude la parte quejosa, en términos del 27, fracción III, inciso c) de la Ley de Amparo, y así determinar que los edictos en el juicio de amparo se publiquen a costa del Consejo de la Judicatura Federal. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 1a. CXXIII/2015 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: PUBLICACIÓN DE EDICTOS SIN COSTO PARA EL QUEJOSO DE ESCASOS RECURSOS. LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo previsto por el citado precepto legal, cuando no sea posible llevar a cabo una notificación personal al tercero interesado con base en las reglas previstas en dicha disposición, se efectuará la notificación por edictos a costa del quejoso, con la excepción de que, cuando se trate de personas de escasos recursos a juicio del órgano jurisdiccional, se ordenará la aludida publicación sin costo para el mismo en el Diario Oficial de la Federación. En ese sentido, en primer lugar, debe entenderse que el término "escasos recursos" es un concepto dinámico que se interpreta ampliamente en cada caso concreto, a fin de no incluir en el mismo sólo a las personas que se encuentren asignadas formalmente en un ámbito de extrema pobreza, sino a todas aquellas que demuestren que el pago de los edictos afectará gravemente su economía personal o familiar ante la precariedad de medios económicos para hacer frente a su carga procesal. Dicho lo anterior, para efectos de su aplicabilidad, se estima que una vez que el juzgador no pueda llevar a cabo la notificación personal al tercero interesado, tendrá que ordenar la notificación por edictos a cargo del quejoso o, dependiendo del asunto, si el juzgador lo considera factible, analizará desde ese momento los elementos que obren en autos y determinará, fundada y motivadamente, por qué no procede de plano la referida excepción a la erogación de los edictos por parte del quejoso, sin que ello conlleve la obligación de recabar nuevos elementos probatorios. Con la aclaración de que en el supuesto de que no se localice el domicilio del tercero, el quejoso tendrá la posibilidad de manifestar lo que a su interés convenga y, en dado caso, acreditar su condición de escasos recursos, gozando de la potestad para presentar medios de convicción que demuestren tal condición social. Sobre esto último, el juzgador estará en aptitud de pronunciarse respecto a las pruebas ofrecidas, teniendo la facultad de admitirlas o desecharlas de acuerdo a las circunstancias del caso en concreto y al ejercicio de sus facultades en el trámite del juicio de amparo, actualizándose consecuentemente el deber de justificar las razones que lo llevaron a aceptar o no la admisión de tales elementos de convicción. Lo anterior, sin que se demeriten las facultades de ejercicio potestativo que tiene la autoridad jurisdiccional para recabar nuevos medios de prueba como medidas para mejor proveer ante la insuficiencia de elementos en el expediente para formarse un juicio sobre la condición económica del quejoso. También es aplicable, la tesis I.6o.C.9 K (10a.) sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto son: EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. SU COSTO NO TRANSGREDE EL DERECHO FUNDAMENTAL DEL JUSTICIABLE DE ACCESO A LA JUSTICIA EXPEDITA NI EL PRINCIPIO DE GRATUIDAD, CONSAGRADOS EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El derecho de acceso a la justicia se refleja en diversos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, regulado en los artículos 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 14, numeral 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los cuales consagran el derecho a un recurso efectivo, entendido éste como aquel que sea viable o posible para el fin que pretende enmendarse, así como el principio de igualdad ante la ley, esto es, el de ser oído con justicia por un tribunal, connotaciones que están inmersas en el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al garantizar al gobernado el disfrute del derecho a tener un acceso efectivo a la administración de justicia que imparten los tribunales, en donde el justiciable pueda obtener una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley, al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos cuya tutela jurisdiccional ha solicitado; asimismo, contempla el principio relativo a la gratuidad, ya que señala que el servicio será gratuito y, por tanto, prohibidas las costas judiciales. Por otro lado, el emplazamiento al tercero interesado dentro de un juicio, encuentra su origen en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, en lo relativo a las formalidades esenciales del procedimiento, específicamente de la audiencia previa, que se traduce en un derecho de seguridad jurídica para los gobernados; que impone la ineludible obligación a cargo de las autoridades para que, de manera previa, al dictado de un acto de privación cumpla con una serie de formalidades esenciales necesarias para oír en defensa a los afectados. En ese sentido, cuando el emplazamiento no puede efectuarse de la manera habitual, es decir, con la notificación en el domicilio del tercero interesado, la ley secundaria prevé la necesidad de que, previa su investigación, se efectúe a través de edictos, no obstante, ello implica un costo, cuya erogación el legislador impuso, en el juicio de amparo, a quien insta el órgano jurisdiccional, en todos los casos, sin hacer distinción, según lo dispone el numeral 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo; sin embargo, existe una excepción cuando hay imposibilidad económica para sufragar el costo de la publicación de los edictos, la cual debe correlacionarse con los elementos que consten en los autos, es decir, que existan indicios que confirmen la situación de precariedad relevante. Lo anterior obedece a la circunstancia de que cuando no se tiene la capacidad económica para cubrir ese gasto, puede dispensarse, en aras de no hacer nugatorio el acceso efectivo a la justicia, de conformidad con el citado artículo 17 constitucional. De ahí que resulta inconcuso que la medida decretada en el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, que señala la imposición del costo de edictos a la parte quejosa es convencional, al existir previsión legal en la que se establece que quien acuda al tribunal a manifestar y acreditar indiciariamente su imposibilidad económica para cubrirlos, su costo será sufragado por el Consejo de la Judicatura Federal, lo que salvaguarda el principio de gratuidad, así como el derecho fundamental de acceso a la jurisdicción. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cuarenta minutos del trece de septiembre de dos mil dieciséis. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 10/2003 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que a continuación se reproduce: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En diverso aspecto, vista la segunda certificación de cuneta, se advierte que los los tercero interesados 2. María Guadalupe Gómez Dueñas, en su carácter de apoderada de Esteban Horacio Padilla Gómez y 4. Zalma Vega Gómez no señalaron domicilio en esta ciudad de Puebla, para que reciba notificaciones; consecuentemente, se hace efectivo el apercibimiento decretado el quince de abril pasado, y con fundamento en el artículo 27 fracción II de la Ley de Amparo, realícense las notificaciones que les correspondan, incluso las personales, mediante lista de acuerdos.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, nueve de septiembre de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se advierte que la parte quejosa no dio cumplimiento al requerimiento formulado mediante proveído de veinte de julio de dos mil dieciséis, ya que no comprobó haber entregado para su publicación los edictos para emplazar a los tercero interesados 1. María José Carballal Mortera, 9. Federico Arturo Libreros y Veana y 14. José Abel Torres Conde, no exhibió íntegramente un ejemplar de cada una de las publicaciones ordenadas, ni tampoco acreditó alguna circunstancia -de manera fehaciente- edictos, pues además de que la parte quejosa no compareció (por conducto de su autorizado) a recoger los edictos ordenados el veinte de julio de dos mil dieciséis, tampoco comprobó de manera fehaciente que no podía sufragar el costo de los mismos. En consecuencia, al haber sido omisa la parte quejosa en acreditar su imposibilidad económica para su publicación de manera fehaciente, procede sobreseer fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio de garantías, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción II de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 27, fracción III, inciso b) del propio ordenamiento legal, dado el incumplimiento del presupuesto procesal relativo, que motivó la paralización del juicio de amparo en contravención al artículo 17 constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis aislada XVII.1o.C.T.18 K (10a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, cuyo rubro y texto son: EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE SOBRESEER EN ÉSTE ANTE LA OMISIÓN DEL QUEJOSO DE ACREDITAR QUE LOS PUBLICÓ, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE PRUEBE O NO QUE REQUIRIÓ SU ENTREGA AL ÓRGANO QUE LOS DECRETÓ (INTERPRETACIÓN CONFORME DE LOS ARTÍCULOS 63, FRACCIÓN II Y 27, FRACCIÓN III, INCISO B), PÁRRAFO SEGUNDO, AMBOS DE LA LEY DE LA MATERIA). No basta tomar en cuenta la literalidad del artículo 63, fracción II, de la Ley de Amparo, que establece que se sobreseerá en el juicio cuando el quejoso no acredite que entregó los edictos para su publicación, a fin de emplazar al tercero interesado, cuyo domicilio se desconoce, una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó, redacción de la que se deduce que se condiciona la actualización de la causa de sobreseimiento, a que el quejoso comparezca ante el órgano de amparo a solicitar la entrega de dichos edictos; sino que debe atenderse al numeral 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, de dicha ley reglamentaria, que regula el mismo supuesto y que de forma puntual señala que si el impetrante de amparo no comprueba haber entregado para su publicación los edictos, dentro del término de veinte días siguientes a que se pongan a su disposición, se sobreseerá en el juicio, sin distinguir si el quejoso requirió o no su entrega al órgano de amparo. Por tanto, de una interpretación conforme de los citados preceptos, si el quejoso omite acreditar los extremos señalados en el artículo 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, procede sobreseer en el juicio, aun cuando no se demuestre que dicho inconforme compareció al tribunal constitucional a requerir su entrega. Esta interpretación resulta acorde con el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece el derecho humano del debido proceso, así como con el diverso numeral 17 de tal Ordenamiento Supremo, que salvaguarda el derecho a que se administre justicia pronta y expedita, en los términos que establecen las leyes; preceptos constitucionales conforme a los cuales no puede quedar supeditada a la intención de las partes que se dicte sentencia en el juicio de amparo, la cual jurídicamente es imposible emitirse si no se constituye válidamente la relación jurídico procesal en el juicio, con el emplazamiento del tercero interesado. Ello, porque la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan en los términos establecidos por la ley; de ahí que no puede sobreponerse el interés del quejoso al interés público de la sociedad. No pasa inadvertido para la suscrita el criterio señalado en la jurisprudencia 2ª./J.108/2010 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito de rubro y texto siguientes: EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO POR EDICTOS. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS Y PAGAR SU PUBLICACIÓN NO CONDUCE NECESARIAMENTE AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. Una nueva reflexión lleva a la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a modificar el criterio contenido en su jurisprudencia 2a./J. 64/2002, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.", pues si bien es cierto que conforme al artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, agotado el procedimiento de investigación para conocer el domicilio del tercero perjudicado sin resultado alguno, debe ordenarse su emplazamiento por edictos a costa del quejoso, requiriéndolo para que los recoja en el local del órgano jurisdiccional con el apercibimiento de aplicarle las medidas de apremio pertinentes en caso de no acatar tal decisión, también lo es que ese incumplimiento no conduce necesariamente al sobreseimiento en el juicio de garantías, pues en términos del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es preciso respetar el derecho de toda persona a que se le administre justicia gratuita, pronta, completa e imparcial; por consiguiente, el juzgador debe ponderar las particularidades del caso, de manera que si el quejoso comparece a manifestar su imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, y tanto de su afirmación como de los elementos que consten en autos existen indicios suficientes que demuestren que no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante, sólo entonces el juzgador podrá determinar que el Consejo de la Judicatura Federal, a su costa, publique los edictos para emplazar al tercero perjudicado, pues de lo contrario se dejaría en estado de indefensión al promovente del juicio de amparo. Puesto que se estima no actualizado en el caso concreto, ya que si bien es cierto que la parte quejosa mediante escrito presentado el once de agosto de dos mil dieciséis ante este órgano jurisdiccional, manifestó encontrarse imposibilitada para sufragar el costo de los edictos ordenados, también lo es que no presentó constancia fehaciente alguna para acreditar dicha circunstancia, por lo que se estima correcto decretar el sobreseimiento en el presente juicio. No pasa inadvertido para la suscrita Jueza la tesis aislada VI.1o.P.32 P (10a.) sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, cuyo rubro y texto son: EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO EN MATERIA PENAL. CONFORME AL PRINCIPIO PRO PERSONA, NO SIEMPRE ES NECESARIO QUE EL QUEJOSO EXPRESE SU INSOLVENCIA ECONÓMICA -DERIVADA DE QUE SE ENCUENTRA PRIVADO DE SU LIBERTAD PERSONAL EN UN CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL- PARA QUE SE LE EXIMA DE ABSORBER EL COSTO DE AQUÉLLOS, POR LO QUE EL JUEZ DE DISTRITO, ANTES DE ESTABLECER QUE SU PUBLICACIÓN ESTÉ A CARGO DE AQUÉL, DEBE ANALIZAR SI EN AUTOS EXISTEN ELEMENTOS QUE DEMUESTRAN ESA CIRCUNSTANCIA PARTICULAR DEL QUEJOSO QUE LO IMPOSIBILITA PARA CUMPLIR CON DICHA CARGA PROCESAL. Si bien es cierto que conforme a la jurisprudencia 1a./J. 84/2011 de la Primera Sala de la Suprema Corte de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, septiembre de 2011, página 266, de rubro: "EMPLAZAMIENTO DE LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO, CON EL CARÁCTER DE TERCERO PERJUDICADO, EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO EN MATERIA PENAL. LA IMPOSIBILIDAD DE REALIZARLO POR CIRCUNSTANCIAS ATRIBUIBLES AL QUEJOSO NO CONDUCE AL SOBRESEIMIENTO.", en caso de actualizarse situaciones particulares del quejoso que le impidan dar cumplimento al requerimiento para que se realice el emplazamiento del tercero interesado mediante edictos, como la falta de recursos económicos para cubrir el costo, derivado de que se encuentra privado de su libertad personal, basta que aquél exprese esta condición de insolvencia económica, para que se le exima de absorber el costo de aquéllos, también lo es que, acorde con el principio pro persona, establecido en el segundo párrafo del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual consiste, esencialmente, en procurar favorecer en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, no siempre es necesaria tal manifestación, ya que el Juez de Distrito, antes de establecer que la publicación de los edictos sea a cargo del impetrante, debe analizar si en las constancias de autos existen elementos que demuestran esa circunstancia particular del quejoso, de las cuales pueda concluirse la falta de recursos económicos de éste, derivado de la privación de su libertad en un centro de reinserción social, que le impida dar cumplimiento al requerimiento para que se realice el emplazamiento de los terceros interesados, mediante edictos, es decir, que lo imposibilitan para cumplir con la carga procesal de su publicación y, en consecuencia, determinar, conforme al artículo 27, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, que se publiquen a costa del Consejo de la Judicatura Federal, aun sin la manifestación expresa del quejoso en ese sentido.. Por lo que, al no existir en autos prueba alguna respecto a la existencia de indicios que confirmen la situación de precariedad económica relevante de la parte quejosa, entonces ésta debió cumplir con el requerimiento que se le dirigió en el sentido de sufragar la publicación de los edictos, pues ello no transgrede el derecho fundamental de acceso a la justicia expedita. Sin que sea óbice, el hecho de que el quejoso Hugo Moreno García se encuentre privado de su libertad, pues ello no hace patente su insolvencia económica para sufragar el gasto que corresponda a la publicación de los edictos ordenados en este juicio de garantías, por lo que la información sobre todo lo relacionado sobre su detención, no es apta para demostrar que dicho impetrante de amparo se encuentra en un estado en el que sufragar el pago de los edictos ordenados agravarían su economía personal o familiar ante la precariedad de medios económicos para hacer frente a esa carga procesal, sino únicamente se acreditaría que éste se encuentra privado de su libertad. Por tanto, el hecho de que el quejoso de mérito se encuentre privado de su libertad en el Centro de Reinserción Social de San Miguel de la ciudad de Puebla, no sirve de sustento para probar los escasos recursos económicos que alude la parte quejosa, en términos del 27, fracción III, inciso c) de la Ley de Amparo, y así determinar que los edictos en el juicio de amparo se publiquen a costa del Consejo de la Judicatura Federal. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 1a. CXXIII/2015 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: PUBLICACIÓN DE EDICTOS SIN COSTO PARA EL QUEJOSO DE ESCASOS RECURSOS. LINEAMIENTOS PARA LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo previsto por el citado precepto legal, cuando no sea posible llevar a cabo una notificación personal al tercero interesado con base en las reglas previstas en dicha disposición, se efectuará la notificación por edictos a costa del quejoso, con la excepción de que, cuando se trate de personas de escasos recursos a juicio del órgano jurisdiccional, se ordenará la aludida publicación sin costo para el mismo en el Diario Oficial de la Federación. En ese sentido, en primer lugar, debe entenderse que el término "escasos recursos" es un concepto dinámico que se interpreta ampliamente en cada caso concreto, a fin de no incluir en el mismo sólo a las personas que se encuentren asignadas formalmente en un ámbito de extrema pobreza, sino a todas aquellas que demuestren que el pago de los edictos afectará gravemente su economía personal o familiar ante la precariedad de medios económicos para hacer frente a su carga procesal. Dicho lo anterior, para efectos de su aplicabilidad, se estima que una vez que el juzgador no pueda llevar a cabo la notificación personal al tercero interesado, tendrá que ordenar la notificación por edictos a cargo del quejoso o, dependiendo del asunto, si el juzgador lo considera factible, analizará desde ese momento los elementos que obren en autos y determinará, fundada y motivadamente, por qué no procede de plano la referida excepción a la erogación de los edictos por parte del quejoso, sin que ello conlleve la obligación de recabar nuevos elementos probatorios. Con la aclaración de que en el supuesto de que no se localice el domicilio del tercero, el quejoso tendrá la posibilidad de manifestar lo que a su interés convenga y, en dado caso, acreditar su condición de escasos recursos, gozando de la potestad para presentar medios de convicción que demuestren tal condición social. Sobre esto último, el juzgador estará en aptitud de pronunciarse respecto a las pruebas ofrecidas, teniendo la facultad de admitirlas o desecharlas de acuerdo a las circunstancias del caso en concreto y al ejercicio de sus facultades en el trámite del juicio de amparo, actualizándose consecuentemente el deber de justificar las razones que lo llevaron a aceptar o no la admisión de tales elementos de convicción. Lo anterior, sin que se demeriten las facultades de ejercicio potestativo que tiene la autoridad jurisdiccional para recabar nuevos medios de prueba como medidas para mejor proveer ante la insuficiencia de elementos en el expediente para formarse un juicio sobre la condición económica del quejoso. También es aplicable, la tesis I.6o.C.9 K (10a.) sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyo rubro y texto son: EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO INTERESADO EN EL JUICIO DE AMPARO. SU COSTO NO TRANSGREDE EL DERECHO FUNDAMENTAL DEL JUSTICIABLE DE ACCESO A LA JUSTICIA EXPEDITA NI EL PRINCIPIO DE GRATUIDAD, CONSAGRADOS EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El derecho de acceso a la justicia se refleja en diversos instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, regulado en los artículos 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 14, numeral 1, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, los cuales consagran el derecho a un recurso efectivo, entendido éste como aquel que sea viable o posible para el fin que pretende enmendarse, así como el principio de igualdad ante la ley, esto es, el de ser oído con justicia por un tribunal, connotaciones que están inmersas en el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al garantizar al gobernado el disfrute del derecho a tener un acceso efectivo a la administración de justicia que imparten los tribunales, en donde el justiciable pueda obtener una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley, al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos cuya tutela jurisdiccional ha solicitado; asimismo, contempla el principio relativo a la gratuidad, ya que señala que el servicio será gratuito y, por tanto, prohibidas las costas judiciales. Por otro lado, el emplazamiento al tercero interesado dentro de un juicio, encuentra su origen en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, en lo relativo a las formalidades esenciales del procedimiento, específicamente de la audiencia previa, que se traduce en un derecho de seguridad jurídica para los gobernados; que impone la ineludible obligación a cargo de las autoridades para que, de manera previa, al dictado de un acto de privación cumpla con una serie de formalidades esenciales necesarias para oír en defensa a los afectados. En ese sentido, cuando el emplazamiento no puede efectuarse de la manera habitual, es decir, con la notificación en el domicilio del tercero interesado, la ley secundaria prevé la necesidad de que, previa su investigación, se efectúe a través de edictos, no obstante, ello implica un costo, cuya erogación el legislador impuso, en el juicio de amparo, a quien insta el órgano jurisdiccional, en todos los casos, sin hacer distinción, según lo dispone el numeral 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo; sin embargo, existe una excepción cuando hay imposibilidad económica para sufragar el costo de la publicación de los edictos, la cual debe correlacionarse con los elementos que consten en los autos, es decir, que existan indicios que confirmen la situación de precariedad relevante. Lo anterior obedece a la circunstancia de que cuando no se tiene la capacidad económica para cubrir ese gasto, puede dispensarse, en aras de no hacer nugatorio el acceso efectivo a la justicia, de conformidad con el citado artículo 17 constitucional. De ahí que resulta inconcuso que la medida decretada en el artículo 27, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, que señala la imposición del costo de edictos a la parte quejosa es convencional, al existir previsión legal en la que se establece que quien acuda al tribunal a manifestar y acreditar indiciariamente su imposibilidad económica para cubrirlos, su costo será sufragado por el Consejo de la Judicatura Federal, lo que salvaguarda el principio de gratuidad, así como el derecho fundamental de acceso a la jurisdicción. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cuarenta minutos del trece de septiembre de dos mil dieciséis. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 10/2003 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que a continuación se reproduce: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En diverso aspecto, vista la segunda certificación de cuneta, se advierte que los los tercero interesados 2. María Guadalupe Gómez Dueñas, en su carácter de apoderada de Esteban Horacio Padilla Gómez y 4. Zalma Vega Gómez no señalaron domicilio en esta ciudad de Puebla, para que reciba notificaciones; consecuentemente, se hace efectivo el apercibimiento decretado el quince de abril pasado, y con fundamento en el artículo 27 fracción II de la Ley de Amparo, realícense las notificaciones que les correspondan, incluso las personales, mediante lista de acuerdos.
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