Hugo Morales Rodríguez
Expediente 887/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 18 actuaciones registradas, la última del 21 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 887/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 21/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca · Morelos
Partes del expediente
- Hugo Morales Rodríguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiuno de febrero de dos mil veintitrés. Recepción de oficio. Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo Circuito, mediante el cual devuelve los autos del juicio de amparo 887/2022 y cinco anexos; asimismo, remite el testimonio de la ejecutoria de dos de febrero de dos mil veintitrés, dictada dentro del amparo en revisión 444/2022, en cuyos puntos resolutivos se determinó: "PRIMERO. Se confirma la resolución recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege, a ***, contra el acto y autoridades precisados en el resultando primero de esta ejecutoria." Notificación a las partes y anotaciones respectivas. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes y efectúense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal, glósese el cuaderno de antecedentes respectivo y acuse recibo a la superioridad Se decreta archivo del presente juicio. En virtud de lo antes expuesto y en atención a que no se encuentra escrito o promoción pendiente por acordar, se ordena archivar el presente expediente, como asunto totalmente concluido. Del incidente de suspensión. En ese sentido, glósese a los presentes autos únicamente el original del incidente de suspensión derivado del presente juicio y destrúyase el duplicado, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, párrafo primero, fracción II, inciso a) y párrafo tercero, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales (vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte). Valoración documental. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente y el original del incidente de suspensión relativo se ubican, respectivamente, en las hipótesis previstas en el artículo 18, párrafo primero, fracción I, incisos a) y b), del acuerdo general citado; por tanto, ambos son susceptibles de depuración. Transferencia del expediente principal y del original del incidente de suspensión. En virtud de lo anterior, de conformidad con el numeral 18, párrafos tercero y cuarto, del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años, contado a partir de que se ordenó el archivo del presente expediente como asunto concluido, y terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia del presente expediente principal y del original del incidente de suspensión a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Asunto carece de relevancia documental, jurídica e histórica. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. De la información reservada, documentos originales y de la exhibición de garantías. Además, el presente asunto no contiene información reservada ni documentos originales, además no se exhibió billete de depósito, póliza o fianza alguna, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Devolución de anexos. Finalmente, hágase la devolución de los cinco anexos formados con motivo de las constancias allegadas por el Juzgado Segundo Familiar de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial del Estado de Morelos, al resultar innecesaria su conservación, en el entendido que el sello de recepción del oficio correspondiente hará las veces de acuse. Finalmente, se ordena guardar la presente determinación con nombre "V- COLEGIADO CONFIRMA Y NIEGA- ARCHIVO- SE DEVUELVEN 5 ANEXOS", para su mejor consulta en el expediente electrónico Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diez de noviembre de dos mil veintidós. Admisión de recurso. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio firmado por Actuario adscrito al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo Circuito, con residencia en Cuernavaca, Morelos; mediante el cual informa el contenido del proveído de ocho de noviembre de dos mil veintidós, que admitió el recurso de revisión interpuesto, en contra de la sentencia de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, registrándolo con el número de expediente 444/2022. Al respecto, se tiene por hecho del conocimiento lo anterior, para los efectos legales a que hay lugar. Puesta a disposición del expediente electrónico. Además, como lo solicita el tribunal de alzada, se comisiona a la Oficial Judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de los Expedientes para que, ponga a su disposición el expediente electrónico formado con motivo del sumario en que se actúa. Notifíquese. Así lo acuerda Salvador Bravo Hernández, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ante Horacio Hernández Sotelo, secretario que autoriza y da fe, quienes firman vía electrónica con fundamento en los artículos 3, fracciones I y V y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Doy fe.
- Principal
AVISO.- En términos del artículo 27, fracción I, inciso c) y 29 de la Ley de Amparo, procedo a NOTIFICAR por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte QUEJOSA: el auto y/o resolución que en lo conducente establece: V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 887/2022, promovido por ********; R E S U L T A N D O: I. Presentación de la demanda: El dieciséis de junio de dos mil veintidós. II. Incompetencia. Por acuerdo de veinticuatro de junio de dos mil veintidós, emitido por el Pleno del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo Circuito, determinó carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por Hugo Morales Rodríguez, al considerar que la resolución reclamada emitida en el incidente de actualización de liquidación de intereses derivado del juicio ejecutivo mercantil 158/2011, no constituye una sentencia definitiva, sino de un acto emitido después de concluido el juicio de origen, declinando competencia a favor del Juez de Distrito en el Estado de Morelos. III. Avocamiento del asuntos y admisión de la demanda. Por auto de uno de julio de dos mil veintidós, este Juzgado Constitucional se avocó al conocimiento de la demanda de amparo, así como también la admitió. IV. Emplazamiento del Agente del Ministerio Público de la Federación: El seis de julio de dos mil veintidós. IV. Emplazamiento del tercero interesado Miguel Ángel Figueroa Catalán. El nueve de junio de dos mil veintidós, dicho tercero fue emplazado por la Sala responsable, lo cual fue convalidado por este juzgado de Distrito en acuerdo de uno de julio del citado año, por lo que derivado de lo anterior únicamente se le ordenó notificar este último proveído, lo cual aconteció el once de julio de la mencionada anualidad. V. Preceptos constitucionales que la parte quejosa considera vulnerados. Los artículos 1, 6, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. C O N S I D E R A N D O: I. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 Constitucionales, 1, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; 1 fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los Acuerdos Generales 3/2013 y 26/2021 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, vigente; en virtud de que, los actos reclamados se atribuyen a autoridades que residen dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. II. Precisión del acto reclamado. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, al estudiar íntegramente las actuaciones, se advierte que el acto reclamado a la autoridad responsable Jueza Segundo Familiar de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial en el Estado de Morelos (antes Juzgado Civil de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial del Estado de Morelos), se hace consistir en: La resolución de veintiocho de abril de dos mil veintidós, emitida en el incidente de actualización de liquidación de intereses derivado del juicio ejecutivo mercantil 158/2011, correspondiente al hoy Juzgado Segundo Familiar de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial en el Estado de Morelos. III. Existencia del acto reclamado. La autoridad responsable Jueza Segundo Familiar de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial en el Estado de Morelos, en su informe justificado aceptó la emisión del acto reclamado, consistente en la resolución de veintiocho de abril de dos mil veintidós, emitida en el incidente de actualización de liquidación de intereses derivado del juicio ejecutivo mercantil 158/2011. Lo anterior se corrobora con las copias certificadas respectivas del aludido expediente, remitidas en apoyo al informe justificado. Documentos que tienen valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su artículo 2º, al ser expedidos por autoridades en ejercicio de sus funciones, aunado a que no fueron objetados por las partes. Asimismo, la jurisprudencia 226 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, página 153, con registro 394182, Quinta Época, cuyo texto y rubro dicen: "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". Así como la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." IV. Causales de improcedencia. En el caso que nos ocupa no existen causales de improcedencia que deban estudiarse, debido a que las partes en el juicio de amparo no las hicieron valer, menos aún este juzgado de Distrito advierte que se actualice alguna de manera oficiosa. V. Cuestiones previas. Antecedentes del acto reclamado. Conviene realizar una reseña de los antecedentes del acto reclamado, en términos de las constancias que integran el juicio ordinario mercantil 158/2011, de las que se desprende lo siguiente: Miguel Ángel Figueroa Catalán, demandó a Hugo Morales Rodríguez, en la vía ejecutiva mercantil, el pago de las prestaciones siguientes: "A) El pago de la cantidad de $160,000.00 (CIENTO SESENTA MIL PESOS 00/100 M.N), por concepto de suerte principal, originada como vencimiento del documento base de la acción. B) El pago de los intereses del 10% DIEZ por ciento, que se ha generado hasta el día de hoy, y que el mismo ha quedado estipulado en el cuerpo del documento y que en el presente juicio se utiliza como base de mi acción y los que se sigan generando hasta el finiquito del presente asunto. C) El pago de los gastos y costas que se originan con motivo de la tramitación del presente juicio. (.)". Por acuerdo de veintisiete de junio de dos mil once, se admitió la demanda, quedó registrada bajo el juicio ejecutivo mercantil158/2011, ante el Juzgado Civil de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial del Estado de Morelos (hoy Juez Segundo Familiar de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial en el Estado de Morelos), ordenando emplazar a la parte demandada, mismo que dio contestación a ese escrito, tal como se advierte del proveído de seis de septiembre de dos mil once. 3. El juicio de referencia concluyó con sentencia de trece de marzo de dos mil doce, donde condenó a la parte demandada al pago de la suerte principal y al pago de intereses moratorios pactados entre las partes en el documento base de la acción a razón del 10% mensual, como se advierte de los resolutivos siguientes: "(.) SEGUNDO. La parte actora MIGUEL ÁNGEL FIGUEROA CATALÁN probó la acción promovida, y por su parte, el demandado HUGO MORALES RODRIGUEZ no acreditó las defensas y excepciones opuestas, en consecuencia: TERCERO. Se condena al demandado HUGO MORALES RODRÍGUEZ, a pagar a la parte actora o a quien sus derechos represente, la cantidad de $160,000.00 (ciento sesenta mil pesos 00/100 M.N.) por concepto de suerte principal adeudado en el documento base de la acción, suscrito el día quince de marzo de dos mil once, con fecha de vencimiento uno de julio de dos mil once. CUARTO. Se condena al demandado al pago de los intereses moratorios pactados entre las partes en el documento base de la acción a razón del 10% mensual, hasta el cumplimiento total de la obligación, previa liquidación que formule la parte actora. (.)". Inconforme con la sentencia que antecede, Hugo Morales Rodríguez, promovió demanda de amparo directo, admitida y registrada con el número 316/2012, correspondiente al Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito, cuyo sumario constitucional concluyó con ejecutoria de trece de agosto de dos mil doce en la que negó el amparo a la parte quejosa. El veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, Miguel Ángel Figueroa Catalán, promovió incidente de actualización, liquidación de intereses, en el aludido juicio ejecutivo mercantil. Hugo Morales Rodríguez dio contestación al incidente de actualización, liquidación intereses. El referido incidente concluyó con resolución de veinticinco de abril de dos mil veintidós, emitida por la Jueza Segundo de lo Familiar de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial del Estado de Morelos (antes Juzgado Civil de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial del Estado de Morelos), donde condenó al demandado al pago de la cantidad de $784,000.00 (sentencia ochenta y cuatro mil pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de intereses moratorios, por el periodo comprendido del dos de agosto de dos mil diecisiete al uno de septiembre de dos mil veintiuno, tomando como base el porcentaje del 10% mensual precisado en el documento base de la acción, como fue determinado mediante sentencia firme. La resolución señalada en el numeral que antecede constituye la materia de la litis de la litis constitucional. VII. Estudio de los conceptos de violación. En el primer motivo de queja se aduce que al desahogar la vista del incidente de actualización, liquidación de intereses, expresó que los intereses demandados eran elevados, configurándose la usura, pero que el juez dejó de pronunciarse respecto de ese planteamiento, pese a que tenía la obligación de observar atendiendo al principio pro homine. También se arguye que se debe aplicar el control de convencionalidad en los asuntos conocimiento de los jueces, cuando el pacto de intereses resulta ser excesivo, por constituir un acto de usura prohibida en el artículo 21 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, lo que dice, no fue observado en la resolución reclamada, pues de haber atendido lo anterior, habría reducido los intereses demandados en el incidente respectivo, citando en apoyo a ese argumento, la jurisprudencia registrada con el número 1a./J. 47/2014 (10a.), del rubro: "PAGARÉ. SI EL JUZGADOR ADVIERTE QUE LA TASAS DE INTERESES PACTADA CON BASE EN EL ARTÍCULO 174, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO ES NOTORIAMENTE USURARIA PUEDE, DE OFICIO, REDUCIRLA PRUDENCIALMENTE". Por su parte, en el segundo concepto de violación dentro de sus abundantes argumentos refiere que la firmeza de la cosa juzgada no puede ni debe prevalecer sobre el derecho derivado de la prohibición de la usura, respecto de los intereses generados con posterioridad a la cosa juzgada y que se debe reducir a una tasa equitativa en el periodo de liquidación de sentencia, citando en apoyo a ese argumento, la tesis registrada con el número I.3o C. J/17 (10a.), cuyo rubro es: "USURA. EN LA ETAPA DE LIQUIACIÓN DE SENTENCIA HACE ESTABLECER UNA SOLUCIÓN EQUITATIVA QUE ARMONICE EL PRINCIPIO DE COSA JUZGADA Y EL DERECHO A LA PROHIBICIÓN DE AQUÉLLA". También se cita la tesis I. 3o. C. J/18 (10a.), del rubro: "USURA. EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA IMPOSIBILITA ELIMINAR LOS EFECTOS DE LA SENTENCIA RESPECTO DE LOS HECHOS ANTERIORES A LA COSA JUZGADA, PERO SI SE PERMITE ANULAR LOS INTERESES USURARIOS GENERADOS DESPUÉS DE ÉSTA, PARA REDUCIRLOS A UNA TASA EQUITATIVA Y ASI LOGRAR UN EQUILIBRIO ENTRE EL CITADO PRINCIPIO, LOS DE COSA JUZGADA Y DE PROHIBICIÓN DE AQUÉLLA. DE LA MANERA MÁS FAVORABLE A LA PERSONA". El demandante en el tercer motivo de queja indica que los intereses demandados al revestir la característica de usureros, no puede servir como base para condenar al pago de intereses legales, sino para ello se debe acudir a las tasas de interés fijadas por el Banco de México. Finalmente, en el cuarto concepto de violación, se arguye que, en la resolución reclamada, omitió pronunciarse si son o no aplicables las tesis que se citaron en el escrito donde desahogo la vista respecto del incidente de actualización de intereses, que hacen referencia a la ilegalidad de los intereses usurarios. Insiste señalar el quejoso, que el juez como rector del procedimiento, tiene entre sus facultades la de analizar de manera oficiosa la planilla de liquidación de intereses que no pudieran cuantificarse en la sentencia definitiva, por ello, los intereses moratorios pueden ser reducidos de manera oficiosa cuando sean usurarios, atendiendo a la jurisprudencia 1a./J. 35/97, bajo el rubro: "PLANILLA DE LIQUIDACIÓN EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, AUNQUE NO SE OPONGA A ELLA EL CONDENADO. EL JUEZ TIENE FACULTADES PARA EXAMINAR DEL OFICIO SU PROCEDENCIA". El estudio de los conceptos se realizará de manera conjunta, conforme lo que dispone el artículo 76 de la Ley de Amparo, debido a que en esencia se alega, si la prohibición de la usura como una forma de explotación del hombre por el hombre, prevista por el artículo 21.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, puede tener aplicación en el incidente de actualización, liquidación de intereses, que deriva de la ejecución de una sentencia firme que constituye cosa juzgada; planteamiento que deviene infundado. A fin de acreditar la anterior afirmación, se dejará precisado qué se entiende por usura, posteriormente se indicará cuándo se puede estudiar ésta de manera oficiosa y quién puede hacerlo y finalmente el momento de la limitación para realizar dicho estudio. En relación a qué se entiende por usura, importa señalar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, precisó que el artículo 21, apartado 3, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, prevé la usura como una forma de explotación del hombre por el hombre, como fenómeno contrario al derecho humano de propiedad, indicando que esto ocurre cuando una persona obtiene en provecho propio y de modo abusivo sobre la propiedad de otra, o cuando se pacta un interés excesivo derivado de un préstamo Asimismo, consideró que el artículo 174, párrafo segundo, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, prevé que en el pagaré el rédito y los intereses que deban cubrirse se pactaran por las partes, y sólo ante la falta de tal pacto, operará el tipo legal. Además, resaltó que el numeral señalado en el párrafo anterior, de acuerdo a una interpretación conforme con la Constitución General, debe interpretarse en el sentido de que la permisión de acordar intereses tiene como límite que una parte no obtenga en provecho propio y de modo abusivo respecto de un interés excesivo derivado de un préstamo, pero que además, ese precepto permite que los gobernados conserven la facultad de fijar los réditos e intereses que no sean usurarios al suscribir pagarés. También consideró que el juez, al ocuparse de analizar la litis sobre el reclamo de intereses pactados en un pagaré y al determinar la condena conducente en la sentencia de primer grado (resuelve fondo del asunto), si considera que es notoriamente excesivo y usuraria acorde con las circunstancias particulares del caso y las constancias de actuaciones, debe proceder de oficio a inhibir esa condición usuraria, apartándose del contenido del interés pactado, para fijar la condena respectiva sobre una tasa de interés reducida prudencialmente que no resulte excesiva, lo cual debe realizar de manera oficiosa y motivada. Lo antes señalado tiene sustento en la jurisprudencia, registrada con el número 1a./J. 46/2014 (10a.), localizable en la página 400, libro 7, junio de 2014, tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, del texto siguiente: "PAGARÉ. EL ARTÍCULO 174, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY GENERAL DE TÍTULOS Y OPERACIONES DE CRÉDITO, PERMITE A LAS PARTES LA LIBRE CONVENCIÓN DE INTERESES CON LA LIMITANTE DE QUE LOS MISMOS NO SEAN USURARIOS. INTERPRETACIÓN CONFORME CON LA CONSTITUCIÓN [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 132/2012 (10a.) Y DE LA TESIS AISLADA 1a. CCLXIV/2012 (10a.)]. Una nueva reflexión sobre el tema del interés usurario en la suscripción de un pagaré, conduce a esta Sala a apartarse de los criterios sostenidos en las tesis 1a./J. 132/2012 (10a.), así como 1a. CCLXIV/2012 (10a.), en virtud de que en su elaboración se equiparó el interés usurario con el interés lesivo, lo que provocó que se estimara que los requisitos procesales y sustantivos que rigen para hacer valer la lesión como vicio del consentimiento, se aplicaran también para que pudiera operar la norma constitucional consistente en que la ley debe prohibir la usura como forma de explotación del hombre por el hombre; cuando esta última se encuentra inmersa en la gama de derechos humanos respecto de los cuales el artículo 1o. constitucional ordena que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar. Así, resulta que el artículo 21, apartado 3, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, prevé la usura como una forma de explotación del hombre por el hombre, como fenómeno contrario al derecho humano de propiedad, lo que se considera que ocurre cuando una persona obtiene en provecho propio y de modo abusivo sobre la propiedad de otra, un interés excesivo derivado de un préstamo; pero además, dispone que la ley debe prohibir la usura. Por lo anterior, esta Primera Sala estima que el artículo 174, párrafo segundo, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, que prevé que en el pagaré el rédito y los intereses que deban cubrirse se pactaran por las partes, y sólo ante la falta de tal pacto, operará el tipo legal, permite una interpretación conforme con la Constitución General y, por ende, ese contenido normativo debe interpretarse en el sentido de que la permisión de acordar intereses tiene como límite que una parte no obtenga en provecho propio y de modo abusivo sobre la propiedad de la otra, un interés excesivo derivado de un préstamo; destacando que la adecuación constitucional del precepto legal indicado, no sólo permite que los gobernados conserven la facultad de fijar los réditos e intereses que no sean usurarios al suscribir pagarés, sino que además, confiere al juzgador la facultad para que, al ocuparse de analizar la litis sobre el reclamo de intereses pactados en un pagaré y al determinar la condena conducente (en su caso), aplique de oficio el artículo 174 indicado acorde con el contenido constitucionalmente válido de ese precepto y a la luz de las condiciones particulares y elementos de convicción con que se cuente en cada caso, a fin de que el citado artículo no pueda servir de fundamento para dictar una condena al pago de intereses mediante la cual una parte obtenga en provecho propio y de modo abusivo sobre la propiedad de su contrario un interés excesivo derivado de un préstamo. Así, para el caso de que el interés pactado en el pagaré, genere convicción en el juzgador de que es notoriamente excesivo y usurario acorde con las circunstancias particulares del caso y las constancias de actuaciones, aquél debe proceder de oficio a inhibir esa condición usuraria apartándose del contenido del interés pactado, para fijar la condena respectiva sobre una tasa de interés reducida prudencialmente que no resulte excesiva, mediante la apreciación de oficio y de forma razonada y motivada de las mismas circunstancias particulares del caso y de las constancias de actuaciones que válidamente tenga a la vista el juzgador al momento de resolver." En relación al tema relativo al momento en que se puede estudiar la figura de la usura y quién puede hacerlo, la Primera Sala de la Suprema Corte precisó que la obligación de estudiar de manera oficiosa la posible existencia de la usura, aplica no solo para los jueces ordinarios, sino también para tribunales de amparo, en los asuntos donde el derecho en disputa aún se encuentra sub júdice, o sujeto a revisión, sea por la interposición de algún recurso o medio de defensa ordinario e, incluso, por encontrarse pendiente de resolver un medio de defensa extraordinario que pueda dar lugar a alguna modificación en lo sentenciado, como es el juicio de amparo. Así mismo, la referida Sala de Nuestro Máximo Tribunal, concluyó que el estudio oficioso de la usura aplica mientras el asunto se encuentre sub júdice, esto es, que una vez dictada la sentencia ejecutoria que defina la condena de intereses a una tasa específica en monto porcentual, ya no se puede efectuar el estudio del control de usura en una etapa posterior al juicio que ha concluido en forma definitiva. La prohibición de la usura en la condena del pago de intereses, reviste suma importancia, tanto así, que si un Tribunal Constitucional advierte de manera indiciaria su actualización, sin que ello se hubiera estudiado en el juicio ordinario, tiene la obligación de conceder el amparo para el efecto de que la autoridad responsable estudie ese tópico, la cual deberá observar para ese fin, los criterios que en relación a ese tema ha emitido nuestro Máximo Tribunal, pero se insiste, lo anterior acontece siempre que no haya sentencia ejecutoria que defina la condena de intereses a una tasa específica en monto porcentual. Lo antes señalado tiene sustento la tesis 1a. CCLXXXIII/2016 (10a.), consultable en el Libro 37, diciembre de 2016, tomo I, página 382, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, que dice: "USURA. EL ANÁLISIS OFICIOSO DE SU POSIBLE EXISTENCIA APLICA ÚNICAMENTE MIENTRAS EL ASUNTO SE ENCUENTRA SUB JÚDICE. Las jurisprudencias registradas con los números 1a./J. 46/2014 (10a.) y 1a./J. 47/2014 (10a.), (1) emitidas por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que obligan al juzgador a analizar de oficio la posible existencia de usura, deben aplicarse por la autoridad de amparo en aquellos asuntos en los que el derecho en disputa aún se encuentra sub júdice, o sujeto a revisión, sea por la interposición de algún recurso o medio de defensa ordinario e, incluso, por encontrarse pendiente de resolver un medio de defensa extraordinario que pueda dar lugar a alguna modificación en lo sentenciado, como es el juicio de amparo. Así, la aplicación oficiosa de los criterios apuntados encuentra un límite en la cosa juzgada, pues la afirmación de que la tesis sobre usura se aplica mientras el asunto se encuentre sub júdice, lleva inserta la consecuencia de que una vez dictada la sentencia ejecutoria que defina la condena de intereses a una tasa específica en monto porcentual, ya no se puede efectuar el control de usura en una etapa posterior al juicio que ha concluido en forma definitiva. También es aplicable, la jurisprudencia 1a./J. 53/2016 (10a.), visible en el libro 36, noviembre de 2016, tomo II, página 879, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, que a la letra dice: "USURA. CUANDO EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ADVIERTA DE MANERA INDICIARIA SU POSIBLE CONFIGURACIÓN SIN QUE ESE TÓPICO HAYA SIDO OBJETO DE ANÁLISIS DURANTE EL JUICIO, DEBE CONCEDER EL AMPARO PARA QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EXAMINE LO CONDUCENTE AL TENOR DE LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. De acuerdo con la tipología y la forma en que deben repararse las diversas violaciones que puedan presentarse durante el juicio de amparo, y en atención a que de conformidad con las tesis de jurisprudencia 1a./J. 46/2014 (10a.) y 1a./J. 47/2014 (10a.), (1) el juez de origen debe llevar a cabo, en primer lugar, un análisis indiciario de la posible configuración del fenómeno usurario y, ante la sospecha de su actualización, proceder al estudio de los elementos que obren en autos para constatarlo y, en su caso, proceder a la reducción prudencial de la tasa de interés. En el supuesto de que el juez responsable no se haya pronunciado al respecto y de que el tribunal colegiado de circuito advierta indiciariamente un pacto usurario en la fijación de la tasa mencionada, éste debe conceder el amparo para el efecto de que la autoridad responsable repare la violación apuntada y cumpla con el principio de exhaustividad a través de dicho análisis, al tenor de los parámetros establecidos en las citadas jurisprudencias de la Primera Sala, mediante el cual podrá determinar la posible actualización de la señalada forma de explotación del hombre por el hombre. La justificación de que sea la autoridad responsable la que realice ese ejercicio atiende a la necesidad de no dejar sin un medio de defensa a las partes sobre la fijación de una tasa de interés diferente a la pactada. Esa manera de proceder permite que, una vez que la autoridad responsable haya realizado el examen mencionado, la parte que se sienta agraviada con la decisión alcanzada pueda impugnar en un nuevo amparo la valoración efectuada; de otro modo, es decir, de considerar que el estudio correspondiente corre a cargo del tribunal de amparo, genera el riesgo de anular la posibilidad de un medio de defensa, en la medida de que la determinación del tribunal colegiado nunca podría ser sometida a revisión alguna, pues no debe perderse de vista que dicho órgano jurisdiccional es terminal en materia de legalidad y sus decisiones en ese ámbito son inimpugnables". En relación con el tópico de la limitante de realizar el análisis de la usura, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para resolver ese tema abordó lo relativo a la figura de la cosa juzgada, señalando que ésta se relaciona con el derecho de acceso a una justicia completa y efectiva, la cual se encuentra vinculada con la seguridad jurídica, en la medida en que se identifica con una sentencia que al provenir de un juicio concluido, en el que se presume fueron cumplidas las formalidades esenciales del procedimiento, que constituye una verdad legal que ya no es susceptible de discusión. Además, insistió en señalar que el análisis de la usura puede efectuarse de manera oficiosa mientras la sentencia que condena al pago de los intereses derivados de un préstamo se encuentre sub júdice, pero que cuando existe la condena respectiva pierde esa característica y adquiere firmeza, por ello, en la etapa de ejecución de la sentencia, el juzgador ya no puede introducir de manera oficiosa ni a petición de parte, el análisis de usura, pues la determinación que condenó al pago de los intereses a una tasa especifica en monto porcentual, debe considerarse firme. Lo que permite concluir como lo considera la Sala de Nuestro Máximo Tribunal, en la etapa de ejecución de sentencia no se puede ejercer un control de usura sobre los intereses devengados, menos aún de los que se siguen generando después de emitida la sentencia que condena a su pago conforme al porcentaje pactado en el documento base de la acción. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia 1a./J. 28/2017 (10a.), localizable en el libro 45, agosto de 2017, tomo I, página 657, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, del tenor siguiente: "USURA. SU ANÁLISIS ENCUENTRA LÍMITE EN LA INSTITUCIÓN DE LA COSA JUZGADA. El derecho de propiedad se encuentra reconocido en el artículo 21.3 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; por tanto, si bien el juzgador como una forma de protección a ese derecho, al advertir indicios de un interés excesivo o desproporcionado derivado de un préstamo, está obligado a analizar de oficio la posible configuración de usura y, de ser el caso, actuar en consecuencia, lo cierto es que, por seguridad y certeza jurídica, esa obligación necesariamente encuentra límite en la institución de la cosa juzgada. Por ello, si bien al momento de emitir la sentencia correspondiente en cumplimiento a la obligación que se deriva del precepto convencional mencionado está obligado a analizar de oficio la posible configuración de usura y, de ser el caso, actuar en consecuencia, lo cierto es que una vez que la sentencia respectiva queda firme, esa decisión es inmutable y debe ejecutarse en sus términos; por ello, aunque el análisis de la usura puede efectuarse mientras la sentencia que condena a su pago se encuentre sub júdice, lo cierto es que una vez que la condena respectiva pierde esa característica y adquiere firmeza, necesariamente debe ejecutarse, pues ello es una consecuencia del derecho de acceso a una justicia completa y efectiva; de ahí que en la etapa de ejecución de la sentencia, el juzgador ya no puede introducir de manera oficiosa ni a petición de parte, el análisis de usura respecto de puntos o elementos que ya fueron determinados en la sentencia; y que por ende, constituyen cosa juzgada, por ello, la determinación que condenó al pago de los intereses a una tasa específica en monto porcentual, debe considerarse firme. Así, aunque los intereses se siguen devengando después de dictada la sentencia, ello no puede conducir a considerar que el control de usura pueda efectuarse respecto de éstos, pues no debe perderse de vista que la condena al pago de los intereses conforme a la tasa pactada, no sólo abarca a los intereses que ya se devengaron, sino que además comprende todos aquellos que se sigan generando hasta que se cumpla con el pago de la suerte principal." En recopilación de lo plasmado en los criterios jurisprudenciales antes transcritos, se concluye que la usura aun cuando se encuentra prohibida, ésta no puede ser materia de estudio oficioso por parte del juez, en el cobro del pago de intereses dentro del incidente de liquidación, que deriva del cumplimiento de una sentencia ejecutoriada que condenó al pago de los mismos (aun cuando haya indicios que son desproporcionados o excesivos) en los términos pactados en el documento base de la acción, por existir cosa juzgada. De manera que si en la resolución reclamada, se condenó al hoy quejoso al pago de la suma monetaria de $784,000.00 (sentencia ochenta y cuatro mil pesos 00/100 moneda nacional), por concepto de intereses moratorios, por el periodo comprendido del dos de agosto de dos mil diecisiete al uno de septiembre de dos mil veintiuno, tomando como base el porcentaje del 10% mensual precisado en el documento base de la acción, como fue determinado mediante sentencia firme, la autoridad responsable estuvo en lo correcto en no entrar al fondo de lo alegado, en relación a que el porcentaje de mérito es ilegal por ser usurero, dado que el estudio de ese tópico se encuentra limitado en la existencia de la cosa juzgada. Además, contrario a lo afirmado por la parte quejosa, en la resolución reclamada, la responsable si hizo referencia a lo alegado respecto a que el porcentaje para el pago de los intereses era usuruario, tanto así que consideró que no podía realizar el estudio de ese tema, por existir sentencia ejecutoriada que condenó al pago de interés conforme al porcentaje pagado en el documento base de la acción. Finalmente, importa señalar que conforme a la reforma del artículo 1o. de la Constitución Federal, de diez de junio de dos mil once, el ordenamiento mexicano, implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, pero eso no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales tengan que dejar de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica que se analice, esa protección amplia debe aplicarse, sin que eso de pauta a la renuncia a los diversos principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, ya que de hacerlo se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función. Por ello, fue correcto que en la resolución recurrida, la autoridad responsable no atendiera al principio pro homine, respecto del porcentaje para el pago de intereses moratorios, debido a que existía sentencia ejecutoriada en la que condenó al porcentaje pactado en el documento base, la cual no puede ser alterada o modificada. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia número 2a./J. 56/2014 (10a.), visible en el libro 6, mayo de 2014, tomo II, página 772, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, que dice: "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional -principio pro persona o pro homine-, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales -legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada-, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función". Importa señalar, que las tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito que se citan en el apartado de conceptos de violación, no tienen aplicación, debido a que fueron superadas con la jurisprudencia antes transcrita, registrada con el número 1a./J. 28/2017 (10a.). Además, la jurisprudencia del rubro: "PLANILLA DE LIQUIDACIÓN EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, AUNQUE NO SE OPONGA A ELLA EL CONDENADO. EL JUEZ TIENE FACULTADES PARA EXAMINAR DEL OFICIO SU PROCEDENCIA", no es aplicable, al existir jurisprudencia definida en la que determina que no es procedente estudiar el porcentaje de los intereses moratorios, cuando ello ha sido materia de sentencia ejecutoria. Luego, al ser infundados los conceptos de violación, resulta procedente negar el amparo y protección de la Justicia Federal, respecto de la resolución reclamada. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, 1° fracción I, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no Ampara ni Protege a *******, por respecto del acto reclamado señalado en el considerando II, por lo motivos asentados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, diecinueve de octubre de dos mil veintidós. Parte quejosa interpone recurso de revisión. Agréguese a los autos el escrito firmado por la parte quejosa, a través del cual interpone recurso de revisión contra la sentencia de veintiocho de septiembre de dos mil veintidós, dictada en el presente juicio de amparo. Se tiene por interpuesto recurso de revisión y notificación a las partes. En mérito de lo anterior, con fundamento en lo establecido en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 88, y demás relativos a la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el citado medio de impugnación, por lo que se ordena distribuir entre las partes las copias del escrito de expresión de agravios, esto es, a la autoridad responsable, tercero interesado y agente del Ministerio Público Federal de la adscripción. Remisión del citado medio de impugnación. Por consiguiente, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 89 de la Ley de Amparo, dentro del término de tres días, contado a partir del día siguiente al que se integre debidamente el presente expediente, remítase el mismo, así como el original y copia del escrito de expresión de agravios al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo Circuito, con sede en esta ciudad, para lo que tenga a bien determinar en relación al referido medio de impugnación. Cuaderno de antecedentes. Bajo esa tesitura, fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente. Puesta a disposición del expediente electrónico. Además, en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 73 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se comisiona a la Oficial Judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de los Expedientes para que, ponga a su disposición el expediente electrónico formado con motivo del sumario en que se actúa. Notifíquese; personalmente a la parte tercero interesada y al Agente del Ministerio Público de la adscripción. Así lo acuerda Salvador Bravo Hernández, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ante Horacio Hernández Sotelo, secretario que autoriza y da fe, quienes firman vía electrónica con fundamento en los artículos 3, fracciones I y V y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Doy fe.
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