Hugo Enrique Vergara García

Expediente 1479/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 17 actuaciones registradas, la última del 23 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1479/2022
Año
2022
Actuaciones
17
Última actuación
23/02/2023

Partes del expediente

  • Hugo Enrique Vergara García

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintitrés de febrero de dos mil veintitrés. Estado procesal del sumario. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el término a que se refiere el numeral 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiese recurrido la sentencia definitiva dictada el treinta y uno de enero de dos mil veintitrés, en la que, en su único punto resolutivo, se negó el amparo solicitado. Firmeza del fallo definitivo. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por el dispositivo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la misma, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a que haya lugar. Notificación a las partes y anotaciones respectivas. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes y efectúense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal. Se decreta archivo del presente juicio. En virtud de lo antes expuesto y en atención a que no se encuentra escrito o promoción pendiente por acordar, se ordena archivar el presente expediente, como asunto totalmente concluido. Del incidente de suspensión. En ese sentido, glósese a los presentes autos únicamente el original del incidente de suspensión derivado del presente juicio y destrúyase el duplicado, de conformidad con lo establecido en el artículo 20, párrafo primero, fracción II, inciso a) y párrafo tercero, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales (vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte). Valoración documental. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente y el original del incidente de suspensión relativo se ubican, respectivamente, en las hipótesis previstas en el artículo 18, párrafo primero, fracción I, inciso b), y 21, fracción c, del acuerdo general citado; por tanto, el expediente principal es susceptible de depuración y el incidente de suspensión es susceptible de destrucción. Transferencia del expediente principal. En virtud de lo anterior, de conformidad con el numeral 18, párrafos tercero y cuarto, del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años, contado a partir de que se ordenó el archivo del presente expediente como asunto concluido, y terminado el proceso de depuración, solicítese la transferencia del presente expediente principal a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Asunto carece de relevancia documental, jurídica e histórica. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. De la información reservada, documentos originales y de la exhibición de garantías. Además, el presente asunto no contiene información reservada ni documentos originales, además no se exhibió billete de depósito, póliza o fianza alguna, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Devolución de un anexo. Hágase la devolución del anexo formado con motivo de las constancias allegadas por la autoridad responsable Magistrados de la Primer Sala del Primer Circuito del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, al resultar innecesaria su conservación, en el entendido que el sello de recepción del oficio correspondiente hará las veces de acuse. Finalmente, el presente acuerdo se guarda con el nombre de: "(A) SENTENCIA CAUSA EJECUTORIA, CON INCIDENTE Y DEVOLUCIÒN DE ANEXO", para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

  2. Principal

    SENTENCIA Vistos para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 1479/2022, promovido por ********************, por su propio derecho y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. El diecisiete de agosto de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, al ser tramitado como amparo directo, de la que correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, bajo el expediente 309/2022, quien el once de octubre de ese año se declaró incompetente para conocer de la demanda ordenando su remisión la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, la que el veintiséis de octubre de dos mil veintidós, la turnó a este órgano de control constitucional (fojas 01 a 66). SEGUNDO. Admisión y trámite de la demanda. El tres de noviembre de dos mil veintidós (fojas 67 a 73). TERCERO. Emplazamiento a los terceros interesados y Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción. El siete de noviembre de dos mil veintidós al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito (foja 83). El siete de octubre de dos mil veintidós, a la parte tercero interesada ******************** y ******************** (fojas 84 y 85). Asimismo, el veintiuno de diciembre de dos mil veintidós al agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía de Investigación de Delitos de Alto Impacto que intervino en el toca penal ******************** (foja 124). CUARTO. Preceptos constitucionales que la parte quejosa considera vulnerados. Los artículos 1, 14, 16, 17, 19, 20, 21 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (foja 09). QUINTO. Audiencia Constitucional. Al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 Constitucionales, así como los numerales 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo y los ordinales 1, fracción VI y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 26/2021 que establece el inicio de funciones de este órgano jurisdiccional, así como el diverso 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que, los actos reclamados se atribuyen a autoridades que residen dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, al estudiar íntegramente las actuaciones, se advierte que la parte quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra las siguientes autoridades: 1. Primera Sala del Primer Circuito Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. 2. Juez Especializada de Control del Único Distrito Judicial del Estado de Morelos, con sede en Atlacholoaya, Morelos. De quienes reclama: La resolución de ocho de julio de dos mil veintidós, en la que la primera dictó auto de no vinculación a proceso a favor de los imputados por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, previsto y sancionado en el artículo 106 en relación con el 108, concatenado con los numerales 126 fracción Il, inciso b), relacionado con los artículos 17 y 67, del Código Penal para el Estado de Morelos, en el toca penal ********************-OP derivado de la causa penal ********************y la ejecución que atribuye a la segunda. Ambas autoridades en su denominación correcta. TERCERO. Certeza de los reclamados. Las autoridades responsables aceptaron la existencia de los actos reclamados, pues así lo manifestaron al rendir sus informes justificados (fojas 5 y 46), lo que se corrobora con las constancias que anexó el Magistrado Presidente de la alzada responsable, consistentes en los discos versátiles digitales que contienen las videograbaciones de la audiencia inicial y de apelación y copias certificadas de las constancias que integran el toca penal ********************-OP relativas a la resolución reclamada, documentales a las que se otorga pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2. Es aplicable la Jurisprudencia 1ª./J 43/2013 (10ª), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página setecientos tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, instancia de Primera Sala, Libro XXIII, agosto de dos mil trece, Materias Común-Penal, con registro 2004362, del rubro siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." CUARTO. Causales de improcedencia. Las partes no invocaron causa de improcedencia, ni este órgano constitucional advierte que se surta alguna. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. Para mayor comprensión de la litis constitucional, es pertinente relatar los antecedentes del acto reclamado, mismos que derivan de las constancias de autos y del contenido del disco versátil remitido con el informe justificado por la Sala responsable, a saber: El siete de julio de dos mil veintiuno, el Agente del Ministerio Público adscrito la Fiscalía Especializada contra el Secuestro y Extorsión, solicitó audiencia de formulación de imputación, vinculación a proceso e imposición de medidas cautelares contra ********************y********************de apellidos ********************, por su probable participación en los hechos que la ley señala como delitos de: homicidio calificado, previsto y sancionado en el artículo 106 en relación con el 108 concatenado con los numerales 126 fracción Il inciso b), relacionado con los numerales 14, 15 párrafo segundo, 16 y 18 fracción I todos del Código Penal vigente en el Estado, cometido en agravio de la víctima de iniciales ******************** y homicidio calificado en grado de tentativa, previsto y sancionado en el artículo 106 en relación con el 108, concatenado con los numerales 126 fracción Il, inciso b), relacionado con los artículos 17 y 67, así como los arábigos 14, 15 párrafo segundo, 16 y 18 fracción I todos del mismo ordenamiento punitivo, cometido en agravio de la victima de iniciales ********************, citándose a las partes técnicas y procesales para el desahogo de audiencia inicial. El quince de diciembre de dos mil veintiuno, se formuló imputación contra ********************y********************de apellidos ********************, por la probable comisión del delito de homicidio calificado, cometido en agravio de la víctima de iniciales ******************** y homicidio calificado en grado de tentativa, cometido en agravio de ********************., diligencia en la que los imputados se reservaron su derecho a declarar y solicitaron se resolviera su situación jurídica en el término de ciento cuarenta y cuatro horas. En continuación de la audiencia, el veinte de diciembre de dos mil veintiuno, el juez natural decretó auto de vinculación a proceso contra ********************y********************de apellidos ********************, por la probable comisión del delito de homicidio calificado, previsto y sancionado en el artículo 106, 108, relacionado con el 126 fracción Il, inciso B y los numerales 14, 15 párrafo segundo, 16 fracción I y 18 fracción I, todos del Código Penal vigente en el Estado de Morelos, en agravio de quien en vida respondiera al nombre de ******************** Asimismo, dictó auto de vinculación a proceso contra ********************y********************de apellidos ********************, por la probable comisión del delito de homicidio calificado en grado de tentativa, previsto y sancionado por los artículos 106, 108 en relación directa con el 126, fracción Il, inciso B, en relación directa con el artículo 17 y 67, en relación con los arábigos 14, 15 párrafo segundo, 16 fracción I y por la fracción I, todos del Código Penal en vigor para el Estado de Morelos, en agravio de la víctima de iniciales cometido en agravio de ********************. Inconformes con dichas determinaciones las Defensas Técnicas interpusieron recurso de apelación, resuelto por la Primera Sala del Primer Circuito Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, el ocho de julio de dos mil veintidós, dentro del toca penal ********************-OP, en la que confirmó el auto de vinculación a proceso contra ********************y********************de apellidos ********************, por la probable comisión del delito de homicidio calificado, y dictó auto de no vinculación a proceso a ********************y********************de apellidos ********************, por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa. Determinación esta última que constituye el acto reclamado en el presente juicio constitucional. SEXTO. Decisión de este juzgado. Los conceptos de violación expresados por demandante de amparo son infundados, sin que haya materia para suplir su deficiencia en términos del artículo 79, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo. La Sala responsable sustento el auto de no vinculación a proceso reclamado en las consideraciones siguientes: Los datos de prueba aportados por la Fiscalía no son suficientes para acreditar el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, pues no se desprenden indicios razonables de que los activos tuvieron la intención de privar de la vida a la victima de iniciales ********************. El informe en materia de criminalística de campo suscrito por ********************, respecto del vehículo Toyota Avanza gris, da cuenta que éste presenta varios orificios: el primero, en la cajuela; el segundo, en el marco de la puerta trasera derecha; el tercero, en el asiento delantero izquierdo en su parte superior; el cuarto, en el asiento delantero izquierdo en su parte superior; el quinto, en la parte posterior del asiento delantero izquierdo; el sexto, en el asiento delantero izquierdo; el séptimo, igual impacta en el asiento delantero izquierdo; y, el octavo, impacta en el asiento delantero izquierdo, lo que adminiculado con la declaración de ********************., lleva a la conclusión que la intención de los activos era privar de la vida a una persona, en el caso a ********************, pues los disparos fueron dirigidos en todo momento contra éste, incluso cuando se acercaron al vehículo, continuaron disparando contra dicha víctima. Por lo que determinó modificar la resolución materia de la Alzada y emitir auto de no vinculación a proceso a favor de ********************y********************de apellidos ********************, por el hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado en grado de tentativa, previsto y sancionado en el artículo 106 en relación con el 108, concatenado con los numerales 126 fracción Il, inciso b), relacionado con los artículos 17 y 67, del Código Penal para el Estado de Morelos. Para controvertir lo anterior, la parte quejosa aduce en su primer "agravio" y lo reitera en los restantes, que la resolución reclamada adolece de fundamentación y motivación, lo que es infundado, pues este juzgador federal advierte que la resolución reclamada, emitida de manera escrita, se ajustó a lo establecido en el artículo 16 constitucional, pues la Sala responsable citó los artículos que tipifican el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, previsto y sancionado en el artículo 106 en relación con el 108, concatenado con los numerales 126 fracción Il, inciso b), relacionado con los artículos 17 y 67; así como los arábigos 14, 15 párrafo segundo, 16 y 18 fracción I todos del código sustantivo de la materia que prevén el carácter doloso y la coautoría material como forma de comisión; asimismo, hizo alusión a las pruebas que tuvo en cuenta y expresó las consideraciones suficientes para sostener la no vinculación a proceso respecto del delito de homicidio calificado en grado de tentativa. De manera que la autoridad responsable expresó con precisión los preceptos legales aplicables al caso y señaló además, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que tuvo en consideración para la emisión del acto que ahora se le reclama. En el mismo motivo de inconformidad, en el marcado como segundo y en la parte final del cuarto, dice que la Sala responsable demeritó indebidamente su declaración en la que claramente dijo haberse agachado bajo el tablero del vehículo en que viajaba, para esconderse, cuando escuchó un disparo, escuchando además que los activos se acercaron al costado derecho del automotor y dispararon al interior de éste, cuatro o cinco veces, pero no lo privaron de la vida porque se ocultó. Es infundado lo anterior, pues la Alzada responsable legal y correctamente ponderó el informe en materia de criminalística de campo suscrito por ********************, respecto del vehículo Toyota Avanza gris, del que desprendió como dato de prueba atinente que el vehículo en que viajaban las víctimas de iniciales ******************** y ********************., presenta varios orificios: el primero, en la cajuela; el segundo, en el marco de la puerta trasera derecha; el tercero, en el asiento delantero izquierdo en su parte superior; el cuarto, en el asiento delantero izquierdo en su parte superior; el quinto, en la parte posterior del asiento delantero izquierdo; el sexto, en el asiento delantero izquierdo; el séptimo, igual impacta en el asiento delantero izquierdo; y, el octavo, impacta en el asiento delantero izquierdo, lo que lógica y correctamente la llevó a la conclusión que la intención de los activos fue privar de la vida al pasivo de iniciales ********************, lo que finalmente lograron, pues los disparos fueron dirigidos al costado del vehículo donde éste viajaba, de manera que ese antecedente de investigación no robustece el deposado del aquí peticionario de amparo, como de manera acertada concluyó la responsable. En el tercer motivo de inconformidad aduce que la Sala responsable valoró inadecuadamente la diligencia de identificación por fotografía en la que señaló a ********************y********************de apellidos ********************, como las personas que dispararon contra él y su hermano ********************, en el lugar, hora y día de los hechos, lo que es infundado, pues de la lectura del auto de no vinculación a proceso reclamado, no se advierte que, al analizar si la conducta desplegada por los activos encuadra en la hipótesis normativa que describe el hecho que la ley señala como delito de homicidio calificado en grado de tentativa, esa autoridad haya ponderado para tal efecto la diligencia de identificación, lo que se explica porque, en todo caso, ello hubiera sido propio del estudio de la probable responsabilidad de los imputados en su comisión; sin embargo, la resolución de no vinculación a proceso reclamada no llegó hasta ese extremo, en tanto no hubo encuadramiento de la conducta desplegada con la hipótesis normativa del hecho que la ley señala como tal delito, que es su presupuesto legal, es decir, sin éste, no es dable examinar la posibilidad que los imputados lo cometieron o participaron en su perpetración. En la cuarta de las inconformidades, el amparista dice que el Magistrado ********************, presidente de la sala y ponente en la sentencia reclamada, violó lo establecido por el numeral 20, apartado A, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque el cuatro de junio de dos mil veintiuno, la misma Sala pero con diversa integración dictó sentencia en la que emitieron auto de no vinculación a proceso por los mismos delitos de: homicidio calificado, previsto y sancionado en el artículo 106 en relación con el 108 concatenado con los numerales 126 fracción Il inciso b), relacionado con los numerales 14, 15 párrafo segundo, 16 y 18 fracción I, del Código Penal vigente en el Estado, cometido en agravio de la víctima de iniciales ******************** y homicidio calificado en grado de tentativa, previsto y sancionado en el artículo 106 en relación con el 108, concatenado con los numerales 126 fracción Il, inciso b), relacionado con los artículos 17 y 67, así como los arábigos 14, 15 párrafo segundo, 16 y 18 fracción I, del mismo ordenamiento punitivo, cometido en agravio de la victima de iniciales ********************, en favor de los mismos imputados, por lo que revocaron la resolución apelada de trece de noviembre de dos mil veinte. Es infundado lo así expresado, pues el precepto constitucional mencionado dispone que en el proceso penal acusatorio y oral, el juicio se celebrará ante un Juez que no haya conocido del caso previamente, lo que se reitera en el artículo 350 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que dispone que los jueces que hayan intervenido en alguna etapa del procedimiento anterior a la audiencia de juicio no podrán fungir como Tribunal de enjuiciamiento. Luego, se concluye que ello es aplicable a la etapa de juicio, conformada por la audiencia de debate, la emisión del dictado de la sentencia de primer grado, la cual comprende, a su vez, la deliberación e individualización de las sanciones y condena, de ser el caso; así como la lectura de sentencia, a que se refieren los artículos 391, 400, 401, 409 y 411 del citado código adjetivo, y es a la que se refiere el precepto constitucional citado, pues en esa etapa, cada parte procesal expondrá su teoría del caso, incorporará pruebas y expresará sus alegatos, con el objeto de persuadir al juzgador; actividades procesales que tendrán que ajustarse a los principios que rigen en los procesos de corte acusatorio, como son: oralidad, publicidad, inmediación, contradicción, continuidad y concentración. Estas disposiciones están dirigidas a garantizar la objetividad del Juez que deba intervenir en la etapa de juicio, para que se forme una convicción propia de los hechos juzgados a partir de lo alegado y probado en la propia audiencia; esto significa que su decisión será producto de lo acontecido en ella y no del conocimiento previo que haya tenido en otras etapas anteriores del procedimiento. Por tanto, si la Sala responsable ya había conocido del asunto en apelación, por haber resuelto otro anterior, en el que ordenó la no vinculación a proceso de los imputados y, posteriormente, la misma Sala conoció de un nuevo recurso de apelación derivado del propio asunto, esa circunstancia no contraviene el precepto constitucional referido. En efecto, el precepto constitucional referido establece la prohibición relativa a que los jueces que hayan participado en cualquier fase del proceso previo a la audiencia de juicio no pueden actuar como el tribunal de enjuiciamiento final. Esta regla es conocida como el principio de imparcialidad y se basa en la idea de que todos los ciudadanos tienen derecho a un juicio justo ante un juez imparcial. Es así, ya que el papel de un juez es mantener la neutralidad en todo momento y asegurar que todas las partes involucradas reciban un trato justo. Si un juez ha participado en alguna etapa previa del proceso, puede haber formado una opinión preconcebida sobre el caso, lo que pone en duda su capacidad para ser imparcial en la audiencia de juicio. El principio de imparcialidad es un componente fundamental de un sistema de justicia justo y equitativo. Garantiza que todos los ciudadanos tengan acceso a un juicio justo ante un juez imparcial y protege la integridad del sistema de justicia. Por lo tanto, los jueces que hayan participado en cualquier etapa previa del proceso deben retirarse antes de actuar como el tribunal de enjuiciamiento, lo que no sucede en la especie, pues como lo aclaró el Magistrado Presidente y ponente en la sentencia reclamada, el proceso penal está en la etapa de la audiencia inicial, de ahí que no se haya vulnerado el principio de imparcialidad como afirma el impetrante. Continúa diciendo el demandante de amparo que la desestimación de su declaración, por parte de la sala responsable, vulnera en su perjuicio los artículos 4 y 5 de la Ley General de Víctimas, relativos a que debe presumirse la buena fe de las víctimas y la garantía de acceso a una justicia completa e imparcial consagrada en el artículo 17 de la Carta Magna. Lo infundado de ese concepto de violación estriba en que es el artículo 5 de ese ordenamiento el que define el referido principio de la manera siguiente: Artículo 5. Los mecanismos, medidas y procedimientos establecidos en esta Ley, serán diseñados, implementados y evaluados aplicando los principios siguientes: [.] Buena fe.- Las autoridades presumirán la buena fe de las víctimas. Los servidores públicos que intervengan con motivo del ejercicio de derechos de las víctimas no deberán criminalizarla o responsabilizarla por su situación de víctima y deberán brindarle los servicios de ayuda, atención y asistencia desde el momento en que lo requiera, así como respetar y permitir el ejercicio efectivo de sus derechos." Ahora, como ya se dijo, la Alzada responsable legal y correctamente ponderó el informe en materia de criminalística de campo suscrito por ********************, respecto del vehículo Toyota Avanza gris, del que desprendió como dato de prueba atinente que el vehículo en que viajaban las víctimas de iniciales ******************** y ********************., presenta varios orificios: el primero, en la cajuela; el segundo, en el marco de la puerta trasera derecha; el tercero, en el asiento delantero izquierdo en su parte superior; el cuarto, en el asiento delantero izquierdo en su parte superior; el quinto, en la parte posterior del asiento delantero izquierdo; el sexto, en el asiento delantero izquierdo; el séptimo, igual impacta en el asiento delantero izquierdo; y, el octavo, impacta en el asiento delantero izquierdo, lo que lógica y correctamente la llevó a la conclusión que la intención de los activos fue privar de la vida al pasivo de iniciales ********************, lo que finalmente lograron, pues los disparos fueron dirigidos al costado del vehículo donde éste viajaba, de manera que ese antecedente de investigación no robustece el deposado del aquí peticionario de amparo, como de manera acertada concluyó la responsable, lo que es producto del ejercicio de la facultad de justipreciar los datos de prueba de conformidad con los artículos 259, 260 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, de manera libre y lógica, lo que no implica criminalizar o responsabilizar por su situación de víctima al impetrante, sino la ponderación de que su versión no está corroborada por prueba alguna en el sentido de que la intención de los activos fue precisamente privarlo de la vida. Por otro lado, en lo que hace al derecho de acceso a la justicia, el punto de partida es el parámetro constitucional que prevé el artículo 17 de la Constitución General, el cual establece que los gobernados tienen derecho a la tutela jurisdiccional no solamente a través de una doble instancia en su vertiente formal -accesibilidad- sino también en su vertiente material -que se administre justicia de forma pronta, completa e imparcial-. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; Completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; e Imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido. Contrario a lo expresado por el impetrante, en el caso sometido a consideración de este juzgador federal se advierte que, respecto al auto de no vinculación a proceso reclamado, la Sala responsable se pronunció respecto de los requisitos que establecen los artículo 19 y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la emisión de esa resolución, de manera que emitió pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio era necesario. Asimismo, la resolución reclamada tienen sustento en la ponderación de los datos de prueba aportados por la Fiscalía en la solicitud de vinculación a proceso, lo que se traduce que el Tribunal de Alzada de mérito emita una resolución apegada a derecho, sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido. En tal orden de ideas, al resultar infundados los conceptos de violación analizados y en virtud de que este órgano de control constitucional no advierte deficiencia qué suplir a favor del quejoso, es procedente negar el amparo y protección de la justicia federal solicitado. Negativa que se hace extensiva a los actos de ejecución atribuidos al Juez Especializado de Control del Único Distrito Judicial del Estado de Morelos, con sede en Atlacholoaya, Xochitepec, al no ser reclamados por vicios propios. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73, 74, 75 y 76, de la Ley de Amparo; se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ********************, contra los actos y autoridades precisados en el considerando segundo por los motivos y consideraciones expresado en el considerando sexto de la presente resolución. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, nueve de diciembre de dos mil veintidós. Defensor acepta y protesta el cargo conferido. Agréguese a los autos el escrito firmado por ********************, defensora pública, mediante el cual acepta y protesta el cargo de defensora de los terceros interesados ********************y ********************; en ese sentido, señala domicilio procesal y designa autorizados. Aceptación y protesta de cargo. En ese sentido, no pasa desapercibido para este juzgado federal que mediante proveído de treinta de noviembre de dos mil veintidós, se le tuvo por aceptado y protestado el cargo conferido por cuanto hace a ********************. En consecuencia, se tiene por aceptado y protestado el cargo que le fue designado por ********************, por lo que desde este momento puede imponerse de autos, lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su escrito de cuenta. Autorizados. Además, en atención a lo dispuesto en el segundo párrafo del numeral 12 de la legislación de la materia, en relación con el párrafo segundo del diverso numeral 24 del cuerpo normativo en cita, se tienen por autorizados en términos restringidos, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a las personas que señala con tales facultades por así haberlo solicitado expresamente. Notifíquese.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, ocho de diciembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos y de una revisión minuciosa a las constancias de notificación relativas al auto admisorio en el presente asunto, se advierte que no obra el acuse de recepción de notificación a la parte tercero interesada Agente del Ministerio Público que Intervino en el Toca Penal 33/2022-8-OP, adscrito a la Fiscalía de Homicidios de la Fiscalía General del Estado de Morelos. Se ordena notificar oficio. En ese sentido, en aras de una debida integración del cuaderno principal que nos ocupa, a fin de notificar dicha admisión a la citada autoridad y con el propósito de no violentar formalidades esenciales del proceso, se ordena notificar el proveído de mérito a la parte procesal en cita, para lo cual el contenido del mismo será inserto al oficio que le sea librado derivado de este acuerdo. Notifíquese.

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