Hugo Melchor Nieto

Expediente 267/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún. 1 actuación registrada, la última del 18 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
267/2022
Año
2022
Actuaciones
1
Última actuación
18/03/2022

Partes del expediente

  • Hugo Melchor Nieto

Actuaciones

  1. Principal

    I. Radicación. Ténganse por recibidas las demandas de amparo sin evidencia criptográfica promovidas por 1] Carlos Alberto Angelino Barrón, 2] Juan Manuel Espinosa González, 3] Edwin Daniel Guerra Córdova, 4] Luis Gabriel Jop Corzo, 5] José Othón Ramiro Hernández Lima, 6] José Antonio Contreras Chávez, 7] Enrique Mejía Bello, 8] Enrique Alvarado Saucillo, 9] Eduardo Ampudia Fraustro 10] Eduardo Flores Castro y 11] Renan Hidalgo Echazarreta y 12] Hugo Melchor Nieto, todos por propio derecho, contra actos del Director de la Penitenciaría, con sede en la Ciudad de México, y otras autoridades. II. Acumulación de demandas de amparo. Ahora, conviene decir que el objetivo primordial de la institución de la acumulación de autos, según se desprende del análisis de los artículos 72 y 75 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a su numeral 2°, es acatar el principio de economía procesal traducido en que en una sola audiencia se resuelvan dos o más juicios de amparo en donde se reclama el mismo acto y evitar que se dicten sentencias contradictorias. En ese orden, es importante destacar que conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es posible acumular dos o más juicios de amparo, aun por determinación de plano del órgano jurisdiccional; ello, a pesar de que esta figura no se contempla expresamente en la Ley de Amparo; sin embargo, como se dijo, son aplicables las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles, por ser la legislación supletoria de la ley de la materia. Resulta aplicable al respecto, la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto a continuación se detallan: "Época: Décima Época Registro: 2009910 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I Materia(s): Común Tesis: P./J. 24/2015 (10a.) Página: 19 ACUMULACIÓN DE JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDIMIENTO CUANDO SE ENCUENTRAN RADICADOS ANTE EL MISMO JUZGADOR FEDERAL. En el derecho procesal constitucional la acumulación obedece a la conexidad de dos o más litigios distintos, sometidos a procesos separados, pero vinculados por referirse al mismo acto reclamado, cuando el mismo quejoso promueva diversos juicios de amparo indirecto, reclamando un mismo acto, atribuible a distintas autoridades o cuando diversos quejosos impugnen, de las mismas autoridades, el mismo acto reclamado, con lo que se permite al juzgador resolverlos en una sola sentencia, evitando posibles contradicciones. Ante ello, si bien la Ley de Amparo vigente no prevé expresamente la acumulación de los juicios de amparo indirecto, debe tomarse en cuenta, por una parte, que de la exposición de motivos del proceso legislativo que precedió la emisión de ese ordenamiento se advierte que el legislador no pretendió suprimir la tramitación de los incidentes de acumulación sino, por el contrario, incorporarlos al régimen general de sustanciación, en la vía incidental, de las cuestiones que surjan dentro del procedimiento que ameriten ese tratamiento y, por otra parte, que el Código Federal de Procedimientos Civiles es de aplicación supletoria a la Ley de Amparo cuando ésta no desarrolla o regula de manera insuficiente alguna institución jurídica. En ese orden, cuando se pretenda acumular dos o más juicios de amparo indirecto, a petición de parte o de oficio, el juzgador que conozca de ellos, atendiendo a lo previsto en los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo, podrá resolver de plano o mediante el procedimiento incidental respectivo; en la inteligencia de que, en este último supuesto, dará vista a las partes por el plazo de 3 días para que manifiesten lo que a su interés convenga y ofrezcan las pruebas pertinentes sobre la conexidad de los litigios constitucionales o la ausencia de ésta; transcurrido el plazo, dentro de los 3 días siguientes celebrará audiencia en la cual, en su caso, se desahogarán las pruebas y se escucharán los alegatos de las partes; enseguida, en la misma audiencia, dictará la resolución correspondiente, ordenando la acumulación de los autos cuando lo estime pertinente atendiendo a lo previsto en el artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. En cambio, si los juicios que se pretende acumular se tramitan ante Juzgados de Distrito o Tribunales Unitarios de Circuito distintos, lo pertinente es acudir, además, a lo previsto al respecto en el referido código adjetivo federal." Ahora bien, en el presente caso se actualiza el supuesto del artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles, que establece que procederá la acumulación cuando la decisión de cada uno exige la comprobación, la constitución o la modificación de relaciones jurídicas, derivadas, en todo o en parte, del mismo hecho, el cual tiene necesariamente que comprobarse en todo caso. Bajo esa premisa, y en atención a que en las demandas de cuenta son la misma parte quejosa y se reclaman los mismos actos, se declara procedente la acumulación de plano de las demandas promovidas por 1] Carlos Alberto Angelino Barrón, 2] Juan Manuel Espinosa González, 3] Edwin Daniel Guerra Córdova, 4] Luis Gabriel Jop Corzo, 5] José Othón Ramiro Hernández Lima, 6] José Antonio Contreras Chávez, 7] Enrique Mejía Bello, 8] Enrique Alvarado Saucillo, 9] Eduardo Ampudia Fraustro 10] Eduardo Flores Castro y 11] Renan Hidalgo Echazarreta y 12] Hugo Melchor Nieto Así, desde ahora, toda comunicación deberá ser remitida al primero de los mencionados; es decir, al juicio 261/2022-I y sus acumulados 262/2022-I, 263/2022-I, 264/2022-I, 265/2022-I, 266/2022-I y 267/2022-I. III. Creación del expediente. Fórmense los expedientes impreso y electrónico, regístrese en el libro de control de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 261/2022-I y sus acumulados 262/2022-I, 263/2022-I, 264/2022-I, 265/2022-I, 266/2022-I y 267/2022-I. IV. Se niega suspensión de plano. Ahora de la demanda de amparo se desprende que los quejosos reclaman de todas las autoridades: a) La reubicación de los quejosos de la siguiente manera: i) Carlos Alberto Angelino Barrón. Del dormitorio cuatro, zona uno, estancia once al dormitorio nueve, zona dos, estancia once. ii) Juan Manuel Espinosa González. Del dormitorio cuatro, zona uno, estancia once al dormitorio cuatro, zona tres, estancia diez. iii) Edwin Daniel Guerra Córdova. Del dormitorio cuatro, zona uno, estancia once al dormitorio cuatro, zona uno, estancia cuatro. iv) Luis Gabriel Jop Corzo. Del dormitorio cuatro, zona uno, estancia cinco a otro dormitorio diversa área. v) José Othón Ramiro Hernández Lima. Del dormitorio cuatro, zona tres, estancia ocho a otro dormitorio diversa área. vi) Enrique Mejía Bello y vii) José Antonio Contreras Chávez Del dormitorio cuatro, zona tres, estancia nueve a otro dormitorio diversa área. viii) Enrique Alvarado Saucillo. Del dormitorio cuatro, zona tres, estancia doce a otro dormitorio diversa área. ix) Eduardo Ampudia Fraustro. Del dormitorio cuatro, zona uno, estancia doce a otro dormitorio diversa área. x) Eduardo Flores Castro. Del dormitorio cuatro, zona tres, estancia siete a otro dormitorio diversa área. xi) Renan Hidalgo Echazarreta. Del dormitorio cuatro, zona uno, estancia diez a otro dormitorio diversa área. xii) Hugo Melchor Nieto. Del dormitorio diez a otro dormitorio diversa área. b) Afectaciones a la salud y a su dignidad, así como la violencia psicofísica, emocional y psicoemocional, de cada uno de los quejosos con motivo de la reubicación de su dormitorio. c) Ataques y actos de coacción contra Carlos Alberto Angelino Barrón por ser defensor y promotor de Derechos humanos y LGBTI. d) Intimidación. e) Discriminación. f) Violación al principio pro persona. g) Inaplicación de criterios internacionales. h) Omisión de investigar actos constitutivos de delitos cometidos por servidores públicos contra los quejosos. i) Omisión de suspender de sus funciones a los servidores públicos bajo investigación ministerial por la comisión de actos constitutivos de delitos. j) Encubrimiento de actos constitutivos del delito de tortura. k) Coacción y actos de intimidación contra Juan Manuel Espinosa González para elaborar escrito de catorce de enero de dos mil veintidós. l) Restricción de comunicación, contacto y de convivencia entre quejosos como medio de coacción y represalias atribuidas al Comité Técnico. m) La orden de traslado de los quejosos de la Penitenciaria de la Ciudad de México a cualquier otro centro de reclusión dentro y fuera de la Ciudad de México. n) Realización de estudios, perfiles y entrevistas como medio de coacción e intimidación. ñ) Audiencias del Comité Técnico de la Penitenciaria de la ciudad de México, sin la presencia de los asesores jurídicos designados por la Defensoría Pública Federal y la Defensoría Pública de la Ciudad de México quienes son: Dante Bretón, José Luna Ramos, Zaira Pérez, Ivonne Dañino, y Paula Durán. Luego, la parte quejosa estima a los actos precisados en los incisos a), b), c), d), e), f), g), h) i), j), k), l), n) y ñ) como aquellos que ponen en peligro su vida, salud e integridad física, pero no relatan dato u hecho alguno que permita calificar aunque sea indiciariamente que esos actos o sus consecuencias pudieran poner en riesgo los derechos que aduce; en consecuencia, dado que esos actos por su naturaleza no encuadran dentro de alguno de los actos previstos en el artículo 126 de la Ley de Amparo ni se trata de alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, se niega la suspensión de plano de dichos actos. Lo anterior debido a que los actos reclamados deben analizarse conforme a una lectura integral de la demanda, excluyendo las calificativas que haga de ellos la parte quejosa, pues la materia del reclamo debe estudiarse de forma objetiva. Por otro lado, en relación al acto reclamado señalado en el inciso m), consistente en la orden de traslado de los quejosos de la Penitenciaria de la Ciudad de México a cualquier otro centro de reclusión dentro y fuera de la Ciudad de México, atribuida a autoridades administrativas, no ha lugar a realizar pronunciamiento alguno respecto de la suspensión de plano, debido a que dicho acto no se ubica dentro de los supuestos previstos en el artículo 126 de la Ley de Amparo, y no constituye una violación directa a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y no afecta la libertad fuera de procedimiento. En efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver los recursos de queja 36/2020 y 46/2020, estimó que el traslado urgente o excepcional, ordenado y ejecutado en términos del artículo 52, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, no constituye una violación directa a la Constitución Federal; porque conforme al modelo actual de judicialización y régimen de penas, esa medida ya no constituye un acto que afecte la libertad fuera de procedimiento, pues se cuenta con una regulación especial en la Ley Nacional de Ejecución Penal, que precisa las especificas hipótesis en las que de manera excepcional, se faculta a la autoridad administrativa para que emita y ejecute el traslado de personas privadas de su libertad de un centro penitenciario a otro, bajo requisitos específicos, pues se establecen plazos precisos (notificación del traslado a la autoridad jurisdiccional dentro de las veinticuatro horas siguientes a la ejecución y cuarenta y ocho horas para calificar la legalidad de la determinación administrativa), con el fin de que la correspondiente autoridad judicial realice con posterioridad a la materialización del traslado, su control de legalidad. De ahí que no se haga pronunciamiento alguno respecto a dicho acto reclamado. Sobre el tema es ilustrativa la siguiente tesis aislada: "Registro digital: 2023063 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Penal Tesis: 1a. XXI/2021 (10a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tipo: Aislada ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. AL CONTAR CON UNA REGULACIÓN ESPECÍFICA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, CONSTITUYE UN ACTO DICTADO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO, AL QUE LE ES APLICABLE EL PLAZO GENÉRICO DE QUINCE DÍAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO [ABANDONO DE LAS JURISPRUDENCIAS 1a./J. 83/2015 (10a.) Y 1a./J. 58/2016 (10a.)]. Hechos: Una persona privada de la libertad en un centro penitenciario, promovió juicio de amparo indirecto con el argumento de que la autoridad administrativa le había notificado verbalmente una orden para trasladarlo del centro en que se encontraba interna a uno diverso. La demanda se desechó de plano al considerar que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa no agotó el medio de defensa regulado en la Ley Nacional de Ejecución Penal, antes de promover el juicio constitucional. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que la orden de traslado de un centro penitenciario a otro sin autorización judicial previa, cuenta con una regulación específica y un medio de defensa en la Ley Nacional de Ejecución Penal, por tanto, constituye un acto dictado dentro del procedimiento, al que le es aplicable el plazo genérico de quince días para la presentación de la demanda de amparo indirecto y las reglas de la suspensión del acto reclamado a petición de parte. Justificación: El artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece que la autoridad administrativa podrá ordenar y ejecutar el traslado urgente o excepcional, sin autorización judicial previa, cuando se trate de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y, cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario, a condición de que la autoridad penitenciaria notifique a la autoridad jurisdiccional, dentro de las veinticuatro horas posteriores al traslado, para que en un plazo de cuarenta y ocho horas, resuelva sobre la legalidad de la medida; luego, establece que si el Juez de Control o Ejecución califica la legalidad del traslado en el plazo fijado, contra esa determinación será procedente el recurso de apelación establecido en el artículo 132, fracción VII, de la ley mencionada; mientras que si es omiso, podrá intentar la controversia judicial regulada en los artículos 117, fracción III y último párrafo, 122, 123 y 124, de la misma ley, a fin de que una autoridad jurisdiccional resuelva sobre la legalidad del traslado y corrobore que no existe afectación injustificada a alguno de los derechos fundamentales de la persona privada de la libertad en el centro de reclusión, con posibilidad de suspender los efectos del traslado de manera inmediata, de oficio o a petición de parte. Así, la persona privada de la libertad ya no queda sin defensa, dado que dispone de un recurso que procede con posterioridad a la ejecución del traslado, al margen de que la autoridad administrativa haya notificado a la autoridad jurisdiccional y de que ésta resuelva o no respecto a la legalidad del acto. Sobre esa base, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abandona los criterios establecidos en las jurisprudencias 1a./J. 83/2015 (10a.) y 1a./J. 58/2016 (10a.), porque derivaron de una concepción existente antes de la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, cuando no se contaba con una legislación especial que regulara la emisión de la orden de traslado, ni se preveía algún recurso para su impugnación, por lo que únicamente se tenía como parámetro verificar que la orden de traslado fuera calificada por una autoridad jurisdiccional de manera previa a su ejecución, y por ello, cuando el traslado se ejecutaba sin cumplir esa previsión, válidamente se le consideraba como un acto emitido fuera del procedimiento, respecto del que debía concederse la suspensión de oficio y de plano. Sin embargo, ante la nueva regulación legal que opera en materia de traslados penitenciarios, tal concepción ha sido superada y deviene inaplicable, aun cuando la orden de traslado impugnada se ejecute sin control judicial previo, por lo que si el inconforme finalmente decide acudir a la instancia de amparo, tendrá que agotar los referidos medios de defensa, así como sujetarse al plazo y reglas de la suspensión que operan respecto de los actos que se emiten dentro de un procedimiento." V. Incompetencia. Este órgano jurisdiccional declara que carece de competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, por las consideraciones de hecho y de derecho que a continuación se exponen: Del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa 1] Carlos Alberto Angelino Barrón, 2] Juan Manuel Espinosa González, 3] Edwin Daniel Guerra Córdova, 4] Luis Gabriel Jop Corzo, 5] José Othón Ramiro Hernández Lima, 6] José Antonio Contreras Chávez, 7] Enrique Mejía Bello, 8] Enrique Alvarado Saucillo, 9] Eduardo Ampudia Fraustro 10] Eduardo Flores Castro y 11] Renan Hidalgo Echazarreta y 12] Hugo Melchor Nieto solicitan el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de autoridades, cuyos actos reclaman, entre otras autoridades, a los jueces de Distrito en el Estado de Quintana Roo, entre los que se encuentra el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo; por lo tanto, se estima que en el caso se actualiza el supuesto de incompetencia contemplado en el artículo 38 de la Ley de Amparo, en virtud de que, al haber sido señalado como autoridad responsable ordenadora, existe impedimento para conocer de dicha demanda, porque no es posible fungir como juez y parte, por tal motivo se estima carecer de competencia para avocarse al trámite y conocimiento de la presente demanda de derechos fundamentales. Al respecto, debe señalarse que en lo que hace al juicio de amparo y al caso que ocupa el presente asunto, el sistema para establecer la competencia, se encuentra previsto en los artículos 37 y 38 de la Ley de Amparo que dicen: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." "Artículo 38. Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso y, si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca." Los anteriores artículos establecen un sistema para fijar la competencia de los Jueces de Distrito para conocer del juicio de amparo, en el que se debe atender a los siguientes factores: 1. La jurisdicción en que se lleve a cabo, o se vaya a llevar a cabo, el acto reclamado. 2. La materia en que se desempeña el Juez de Distrito que funge como autoridad responsable. 3. El territorio en el que el Juzgado de Distrito ejerce jurisdicción. 4. La inmediatez territorial al juzgador que se constituye como autoridad responsable. Así, cuando se señala como autoridad responsable al Juez de Distrito al que tocó conocer de la demanda correspondiente, debe estarse a los anteriores criterios a efecto de fijar la competencia. En efecto, en el caso concreto se está ante la hipótesis consistente en que se reclaman los siguientes actos: a) La reubicación de los quejosos de sus dormitorios. b) Afectaciones a la salud y a su dignidad, así como la violencia psicofísica, emocional y psicoemocional, de cada uno de los quejosos con motivo de la reubicación de su dormitorio. c) Ataques y actos de coacción contra Carlos Alberto Angelino Barrón por ser defensor y promotor de Derechos humanos y LGBTI. d) Intimidación. e) Discriminación. f) Violación al principio pro persona. g) Inaplicación de criterios internacionales. h) Omisión de investigar actos constitutivos de delitos cometidos por servidores públicos contra los quejosos. i) Omisión de suspender de sus funciones a los servidores públicos bajo investigación ministerial por la comisión de actos constitutivos de delitos. j) Encubrimiento de actos constitutivos del delito de tortura. k) Coacción y actos de intimidación contra Juan Manuel Espinosa González para elaborar escrito de catorce de enero de dos mil veintidós. l) Restricción de comunicación, contacto y de convivencia entre quejosos como medio de coacción y represalias atribuidas al Comité Técnico. m) La orden de traslado de los quejosos de la Penitenciaria de la Ciudad de México a cualquier otro centro de reclusión dentro y fuera de la Ciudad de México. n) Realización de estudios, perfiles y entrevistas como medio de coacción e intimidación. ñ) Audiencias del Comité Técnico de la Penitenciaria de la ciudad de México, sin la presencia de los asesores jurídicos designados por la Defensoría Pública Federal y la Defensoría Pública de la Ciudad de México quienes son: Dante Bretón, José Luna Ramos, Zaira Pérez, Ivonne Dañino, y Paula Durán. Señalando entre otros como autoridad responsable al Juez al que se turna la demanda, de ahí que dicho juzgador tendrá el carácter de autoridad responsable, durante la secuela procesal del juicio de amparo, acorde al artículo 5°, fracción II, de la ley de la materia, puesto que con independencia de que haya emitido o no los actos reclamados, tendrá durante todo el juicio la categoría procesal de contraparte del quejoso, con todas las cargas que ello implica, como lo es el rendir el informe justificado a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo. Así, no puede operar la regla general que para fijar la competencia establece el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, puesto que el juzgador que ha sido señalado como autoridad responsable, independientemente de que ejerza jurisdicción en el lugar en que el acto reclamado trate de ejecutarse o podría ejecutarse, porque ha pasado a ser parte en el juicio de amparo respectivo y no puede tener el doble carácter de parte procesal y juez, siendo evidente que estaría en curso de impedimento en términos del artículo 51, fracción IV, de la Ley de Amparo; siendo al respecto aplicable el siguiente criterio con datos de identificación, rubro y texto siguientes: "Novena Época Registro: 200458 Instancia: Primera Sala Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo II, Septiembre de 1995 Materia(s): Común Tesis: 1a. XXXV/95 Página: 106 COMPETENCIA PARA CONOCER DE UNA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO SE SEÑALA COMO AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENADORA AL JUEZ DE DISTRITO A FAVOR DE QUIEN SE DECLINA LA. Si la competencia para conocer de una demanda de amparo se declina a favor de un juez federal, que además es señalado como autoridad responsable ordenadora, es evidente que está impedido para conocer del juicio de amparo, por esa razón conocerá del juicio otro de su Circuito que ejerza jurisdicción en la misma materia, pero si todos ellos están señalados como autoridades responsables, a nada práctico conduciría el que el juez de Distrito a quien le compete conocer del juicio de amparo, procediera en términos del artículo 59 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación (vigente hasta el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco), declarándose impedido en el conocimiento del asunto, dado que, de todas maneras tramitado el procedimiento respectivo, tendrá que excusarse para conocer de la controversia constitucional planteada, por no poder figurar como juez y parte, de conformidad con lo que establece el artículo 66, fracción IV, de la Ley de Amparo, procedimiento que tendría que llevarse a cabo con todos los demás jueces de Distrito señalados como autoridades responsables ordenadoras; de ahí que el juez de Distrito competente sería en todo caso el que previno." Debe tenerse en cuenta que las directrices para establecer la competencia del órgano jurisdiccional de amparo, deben apreciarse al momento de la presentación de la demanda, momento procesal en que no se pondera respecto de la certeza de los actos reclamados o su vinculación con las autoridades señaladas como responsables y sólo debe atenderse a los factores de especialización y cercanía. En consecuencia, en la hipótesis en estudio, debe atenderse a la regla de excepción que contempla el artículo 38 de la Ley de Amparo y señalar como competente al Juez de Distrito más inmediato. Sin que al respecto, sea aplicable la Jurisprudencia con datos de identificación, rubro y texto siguientes: "Novena Época Registro: 181330 Instancia: Primera Sala Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Junio de 2004 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 59/2003 Página: 122 IMPEDIMENTO. PARA QUE OPERE LA CAUSA PREVISTA EN LA PRIMERA PARTE DE LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 66 DE LA LEY DE AMPARO, ES NECESARIO QUE EL JUEZ FEDERAL QUE MANIFIESTE ESTAR EN TAL SUPUESTO ACREDITE TENER EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE. El referido precepto establece que no son recusables, entre otros, los Jueces de Distrito, pero que deberán manifestar estar impedidos cuando hubiesen tenido el carácter de autoridades responsables en el juicio de amparo. Ahora bien, como la finalidad de esta causa de impedimento consiste en apartar del conocimiento de un asunto a un funcionario judicial cuya imparcialidad se encuentra menoscabada, para que opere es necesario que esté debidamente acreditado que tiene aquel carácter, conforme a lo dispuesto por el artículo 11 de la Ley de Amparo. A mayor abundamiento, en atención al principio de que la carga de la prueba es para quien afirma, el juzgador que se manifieste impedido, debe contar con los elementos de convicción necesarios que prueben su afirmación, los que proporcionará al órgano jurisdiccional que deba calificarlo, para que esté en posibilidad de resolver." En efecto, el criterio en cuestión se refiere a un problema de impedimento, que atañe a la persona del juzgador, en tanto que el presente asunto, versa sobre una cuestión de competencia, que se refiere al órgano jurisdiccional; de ahí la inaplicabilidad de la jurisprudencia en cita. En consecuencia, con fundamento en el artículo 38 de la Ley de Amparo, este órgano federal se declara carecer de competencia legal para conocer de la demanda en cuestión, en mérito de los razonamientos expuestos. VI. Remisión de los autos. Ahora, en razón que la parte quejosa señala como autoridades responsables a todos los Jueces de Distrito en el Estado de Quintana Roo, así como a los diversos Jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, del Primero al Décimo Sexto, los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Administrativa en la Ciudad de México, del Primero al Décimo Séptimo, los del Estado de Aguascalientes, Colima, Chiapas, Campeche, Coahuila, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Morelos, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Tabasco, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y San Luis Potosí, excepto los juzgados con residencia en Ciudad Valles, San Luis Potosí. Luego, como se aprecia del párrafo que precede los quejosos señalan como autoridades responsables entre otros a los jueces de Distrito del Noveno Circuito, ubicados en el Estado de San Luis Potosí, a excepción de los Juzgados de Distrito con sede en Ciudad Valles. En consecuencia; fundamento en los artículos 38 y 48 de la Ley de Amparo, remítase el escrito original de la demanda con sus copias a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado San Luis Potosí, con sede en Ciudad Valles, para que turne el presente asunto al Juez de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con sede en Ciudad Valles en turno, solicitando el acuse de recibo correspondiente y se sirva comunicar la determinación que adopte; ello, al ser el más cercano dentro de la jurisdicción de los Juzgados de Distrito de este Circuito y por exclusión de los diversos señalados como autoridades responsables. En consecuencia, intégrese el cuaderno de antecedentes correspondiente. VII. Intervención a las partes del juicio de amparo. 1. Quejosos: 1] Carlos Alberto Angelino Barrón, 2] Juan Manuel Espinosa González, 3] Edwin Daniel Guerra Córdova, 4] Luis Gabriel Jop Corzo, 5] José Othón Ramiro Hernández Lima, 6] José Antonio Contreras Chávez, 7] Enrique Mejía Bello, 8] Enrique Alvarado Saucillo, 9] Eduardo Ampudia Fraustro 10] Eduardo Flores Castro y 11] Renan Hidalgo Echazarreta y 12] Hugo Melchor Nieto. a. Domicilio. Toda vez que la parte promovente no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, téngase como domicilio los estrados de este juzgado. VIII. Exhortación a las partes de hacer uso de medios electrónicos para presentar promociones. En respuesta al brote del virus COVID-19 y partiendo de las mejores prácticas en la materia, especialmente las derivadas de recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, el Consejo de la Judicatura Federal ha adoptado medidas preventivas de riesgos laborales y acciones para promover y vigilar su cumplimiento en los centros de trabajo, así como de protección al público en general; así, si bien la prestación del servicio público de impartición de justicia es una función esencial y en consecuencia el Consejo de la Judicatura Federal ha reanudado la operatividad total de los órganos jurisdiccionales, para ello adoptó un esquema de distanciamiento social y trabajo a distancia, como elementos centrales para mantener la continuidad de las labores. En concordancia con lo anterior, con fundamento en los artículos 22, fracción I, y 28 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19 y Único del Acuerdo General 25/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de ser posible se exhorta a todas las partes para que transiten a la tramitación de este asunto mediante el esquema de "juicio en línea" para salvaguardar su salud y la del personal de este órgano jurisdiccional. De igual manera se solicita a las autoridades responsables para que, en la medida de lo posible, presenten cualquier comunicación dirigida a este Juzgado a través de medios que permitan privilegiar el esquema de distanciamiento social, como lo es el correo electrónico (7jdo27cto@correo.cjf.gob.mx) o el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/juicioenlinea) haciendo uso de la firma electrónica. Igualmente, se hace atento exhorto a las restantes partes a fin de que, para privilegiar el esquema de distanciamiento social en comento, las promociones dirigidas a este órgano se realicen en la vía electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación haciendo uso de la firma electrónica. IX. Requerimiento de contacto a las partes y solicitud de propuestas para mejorar la comunicación con ellas. Con fundamento en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19 y Único del Acuerdo General 25/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se solicita a las partes del presente asunto, que para entablar comunicaciones no procesales, proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico, a efecto de establecer el contacto respectivo en los casos en los que este órgano jurisdiccional lo estime necesario. X. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta a los actuarios de la adscripción para que, de ser necesario, se constituyan en días y horas inhábiles a efecto de realizar las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo. XI. Transparencia y aviso de privacidad. Hágase del conocimiento las partes que de conformidad con lo establecido en los artículos 26, 27 y 28 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, que el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, sito en avenida Andrés Quintana Roo, número doscientos cuarenta y cinco, supermanzana cincuenta, manzana cincuenta y siete, lote uno, torre B, segundo piso, en esta ciudad de Cancún, Quintana Roo, como responsable de los datos personales de las partes en el presente juicio de amparo, que los mismos serán utilizados únicamente para la tramitación del presente asunto y su registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0) con fines estadísticos. Asimismo, con fundamento en los artículos 43 a 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, quedan expeditos sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de tratamiento de datos personales, los cuales podrá ejercer directamente ante esta autoridad, por medio de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, o ante la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, auxiliar a la Comisión para la Transparencia. Además, se les informa que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los sujetos obligados en el ámbito federal deberán cumplir con las obligaciones de transparencia y poner a disposición del público y mantener actualizada, en los respectivos medios electrónicos, la información señalada en el Título Quinto de la ley general de la materia, entre ellas las sentencias ejecutorias de interés público, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que, en las resoluciones que se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia que la falta de oposición expresa implicará un consentimiento tácito a que hace referencia el segundo y tercer párrafo, del artículo 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y, que en la versión pública correspondiente se suprimirán los datos sensibles que puedan contener de conformidad con el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, entre los cuales se encuentren datos clasificados como confidenciales. Finalmente, se le informa que el domicilio de la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, auxiliar a la Comisión para la Transparencia, se ubica en se ubica en Carretera Picacho-Ajusco Número 170 Planta Baja, Colonia Jardines en la Montaña, Delegación Tlalpan, Código Postal 14210, Ciudad de México, cuyo correo electrónico es transparenciacjf@correo.cjf.gob.mx, y la sede regional de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal se localiza en avenida Andrés Quintana Roo, número doscientos cuarenta y cinco, supermanzana cincuenta, manzana cincuenta y siete, lote uno, torre A, planta baja, en esta ciudad de Cancún, Quintana Roo.

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