Hugo López Romero
Expediente 753/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún. 5 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 753/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 20/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún · Quintana Roo
Partes del expediente
- Hugo López Romero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
: Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido la sentencia dictada el treinta de septiembre de dos mil veintidós; por tanto, se declara que la resolución de mérito ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. En atención a lo anterior, háganse las anotaciones en el libro de control correspondiente y archívese como asunto concluido. Por otro lado, con apoyo en los artículos 3° de la Ley de Amparo, 25 y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización transferencia y resguardo, de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se tiene por hecha la certificación secretarial relativa a la coincidencia total entre la versión electrónica del presente expediente con su versión impresa. Ahora, con fundamento en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización transferencia y resguardo, de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé dicho numeral, del Acuerdo General citado. De igual forma, se destaca que en el presente expediente se sobreseyó en el juicio; en consecuencia, es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, debiéndose hacer las anotaciones en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, esto con fundamento en el artículo 21, inciso a), del aludido acuerdo general.
- Principal
: En Cancún, Quintana Roo, siendo las diez horas con veinte minutos del treinta de septiembre de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas para verificar la audiencia constitucional relativa al juicio de amparo indirecto 753/2022-II, Darío Alejandro Villa Arnaiz, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, ante Carlos Arturo Sandoval Salvatori, secretario que autoriza y da fe, declara abierta la misma, sin la comparecencia de las partes, ni representante de ellas. Abierta la audiencia, el secretario da lectura a la demanda y demás constancias de autos, entre las que se encuentra el informe justificado rendido por la autoridad responsable; a lo que el juez acuerda: téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período de pruebas, el secretario hace constar que la parte quejosa y la autoridad responsable Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo, por conducto de su Presidente, ofrecieron pruebas documentales; asimismo, la parte quejosa ofreció como pruebas la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, sin que las demás partes ofrecieran medio de convicción alguno; a lo que el Juez provee: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas y admitidas las pruebas aludidas, las cuales se desahogan por su propia y especial naturaleza; por tanto, téngase por cerrada la fase probatoria. Abierto el período de alegatos, el secretario hace constar que la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado formuló manifestaciones en vía de alegatos, no así las demás partes; luego, el Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por hechas las manifestaciones que en vía de alegatos formula la fiscal de la adscripción; por lo que se da por concluida la etapa de esta audiencia. Enseguida, el secretario certifica que no hay promociones pendientes de acordar. El Juez acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por celebrada la presente audiencia constitucional y al encontrarse integrado el expediente en que se actúa, se dicta la siguiente resolución. Visto para resolver el juicio de amparo 753/2022-II, promovido por ***, por conducto de su apoderado ***, contra actos de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintinueve de julio de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, remitido el uno de agosto posterior, por razón de turno a este juzgado de distrito, ***, por conducto de su apoderado ***, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo, por considerarlos violatorios de los artículos 1°, 8°, 14, 17 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que hace consistir en: "IV.- ACTOS RECLAMADOS: - - - 1.- De las responsables (sic) reclamo: - - - a) La violación de los actos procesales lógico-jurídicos necesarios para cumplir con los principios sociales y legales de la Ley Federal del Trabajo, que en el caso son todos los que se estipulan en el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo y de manera oficiosa, ya que la junta responsable, ha sido omisa en declarar que no quedan pruebas pendientes por desahogar, así como también en declarar el correspondiente cierre la instrucción dentro de los 10 días siguientes y de remitir el expediente para la formulación del proyecto de laudo, esto a pesar de haber transcurrido los términos de ley. - - - b) La falta de acceso al expediente." SEGUNDO. Radicación y admisión de demanda. Recibida la demanda de amparo el uno de agosto de dos mil veintidós, ante este juzgado de distrito, por auto de dos siguiente, se ordenó formar expediente que fue registrado bajo el número 753/2022-II; se admitió a trámite; se dio a la Agente de Ministerio Público de la Federación de esta adscripción la intervención legal que le compete, quien formuló pedimento en el sentido de conceder el amparo solicitado; se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahoga al dictar esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este juzgado de distrito es competente para resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 37 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues en el caso concreto se reclaman actos de un tribunal en materia de trabajo que carecen de ejecución material y la demanda se presentó en esta ciudad. SEGUNDO. Jurisprudencias y tesis aisladas. Se hace la precisión que las jurisprudencias y las tesis aisladas invocadas en el presente asunto que fueron integradas conforme a la Ley de Amparo anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables dado que no se oponen a la legislación vigente, de conformidad con el Artículo Sexto Transitorio de la actual ley de la materia, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, y que entró en vigor al día siguiente. TERCERO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dada la obligatoriedad del juez de distrito de analizar la demanda de amparo en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y fijar la materia de la litis constitucional, se procede a precisar los actos reclamados en el presente asunto, que de acuerdo con el examen integral practicado al libelo constitucional y demás constancias de autos, consisten en: De la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo: a) La omisión de decretar el cierre de instrucción y remitir el expediente para la formulación del laudo en autos del juicio laboral *** de su índice. b) La omisión de dar acceso al quejoso al expediente laboral citado en el inciso a) que precede. Es aplicable al caso concreto, la jurisprudencia con datos de localización, rubro y texto se transcriben a continuación: Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Toda vez que se han precisado los actos reclamados por la parte quejosa en este juicio de amparo, debe abordarse a continuación el estudio sobre su certeza. CUARTO. Inexistencia de los actos reclamados. La autoridad responsable Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo, por conducto de su Presidente, al rendir informe justificado, convino en la existencia de las omisiones que se le reclaman, precisadas en el considerando tercero de esta sentencia; sin embargo, dicha negativa se desvirtúa con las propias manifestaciones que posteriormente postula. En efecto, dicha responsable informó que el juicio laboral de origen no se encuentra en estado procesal de decretar el cierre de instrucción y de turnar los autos para el dictado del laudo correspondiente, toda vez que a la fecha de presentación de la demanda de amparo (veintinueve de julio de dos mil veintidós), no había realizado la certificación de pruebas prevista en el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo. Lo anterior, se corrobora con la documental que la junta responsable adjuntó al rendir informe justificado, consistente en fotocopia certificada del proveído de dieciocho de agosto de dos mil veintidós, dictado en autos del juicio laboral de origen, a la que se concede valor probatorio pleno en términos de los artículo 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de la que se advierte -en esencia- que en esa fecha se hizo constar que había fenecido el término concedido a las partes para que presentaran alegatos, sin que lo realizaran, con lo cual se les tuvo perdido ese derecho y, previa certificación de la secretaria respecto a que no quedaban pruebas pendientes por desahogar, la referida junta determinó dar vista a las partes para que dentro del término de tres días manifestaran su conformidad en relación con dicha certificación, con el apercibimiento que de no manifestar al respecto y hubiera pruebas pendientes por desahogar, se les tendría por desistidos de aquéllas y se procedería en términos del artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo. Lo anterior, evidencia que a la fecha de presentación de la demanda de amparo (veintinueve de julio de dos mil veintidós), no había iniciado el plazo con el que cuenta la junta responsable para decretar el cierre de la etapa de instrucción y turnar los autos para la formulación del laudo correspondiente, cuya omisión se duele la parte quejosa, toda vez que no se había realizado la certificación prevista en el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo, pues como se vio, por proveído de dieciocho de agosto de dos mil veintidós, dictado en el juicio laboral de origen, se hizo constar que había fenecido el término concedido a las partes para que presentaran alegatos, sin que lo realizaran y, previa certificación de la secretaria respecto a que no quedaban pruebas pendientes por desahogar, la junta responsable determinó dar vista a las partes para que dentro del término de tres días manifestaran su conformidad en relación con dicha certificación, bajo los apercibimientos correspondientes. En esas condiciones, resulta evidente que dicha autoridad no estaba en aptitud de decretar el cierre de la instrucción ni de turnar los autos para el dictado del laudo de mérito, previo a la presentación de la demanda de amparo. Por otro lado, el acto reclamado precisado en el inciso b), del considerando tercero de esta sentencia, consiste en la omisión de la junta responsable de dar acceso a la parte actora (ahora quejoso) al expediente laboral de origen, resulta inexistente, en virtud que, de las constancias que el propio quejoso aportó como anexo a la demanda de amparo, destaca la fotocopia con firmas autógrafas de la audiencia pública de conciliación, demanda y excepciones de ocho de abril de dos mil veintidós, verificada en el juicio de origen, a la que se concede valor probatorio pleno en términos de los artículo 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de la que se advierte que en esa fecha, esto es, previo a la presentación de la demanda de amparo (veintinueve de julio de dos mil veintidós), el actor -aquí quejoso- por conducto de su apoderado *** (promovente del presente juicio de amparo), compareció a dicha audiencia y tuvo participación en la misma; ergo, el hoy quejoso tuvo acceso al expediente laboral de origen, por conducto de su apoderado, previo a instar el presente juicio constitucional. Al respecto, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que procede el sobreseimiento cuando de las constancias de autos apareciere claramente que no existe el acto reclamado o cuando no se probare su existencia Luego, en esta instancia constitucional no se probó las omisiones precisadas en el considerando tercero de esta sentencia, previo a la presentación de la demanda de amparo; ergo, no se acreditó la existencia de los actos reclamados. Sustenta lo anterior, la tesis con datos de localización, rubro y texto, siguientes: Época: Octava Época Registro: 207528 Instancia: Tercera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988 Materia(s): Común Tesis: Página: 273 ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE ACREDITARSE RESPECTO A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Si la parte quejosa tiene la carga de acreditar los actos que reclama ante la negativa de los mismos en el informe justificado rendido por las autoridades señaladas como responsables, las pruebas que para tal efecto rinda deben estimarse con relación a la fecha de presentación de la demanda de amparo, ya que esa es la fecha en que debe acreditarse la existencia de los actos reclamados, y no a una posterior, pues, de lo contrario, la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron lugar a la demanda. Sin que obste a lo anterior que la parte quejosa ofreció como prueba documental, diversa a la reseñada en líneas anteriores, el original del acuse de recibo del escrito presentado el diecisiete de junio de dos mil veintidós, ante la Oficialía de partes de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo. Documental a la que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 133, 197 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; sin embargo, únicamente acreditan que el diecisiete de junio de dos mil veintidós, la parte actora presentó un escrito ante la junta responsable, pero de manera alguna acredita la existencia de los actos reclamados en estudio. Por otra parte, respecto de la presuncional en su doble aspecto, en términos de los artículos 190 y 218 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, consiste en todo lo que le favorezca para acreditar su pretensión, y la instrumental de actuaciones, relativa a las actuaciones que integran este expediente, a las que se concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la de la materia, por ser un documento público, tampoco prueban la existencia de los actos reclamados en consulta. En ese contexto, toda vez que la parte quejosa no aportó prueba idónea que acredite la existencia de los actos atribuidos a la aludida autoridad señalada como responsable, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, respecto de las omisiones reclamadas a la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo, precisadas en el considerando tercero de esta sentencia, por ser inexistentes, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Cobra aplicación la siguiente jurisprudencia: Época: Sexta Época Registro: 917818 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice 2000 Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN Materia(s): Común Tesis: 284 Página: 236 INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. Conviene apuntar que la conclusión alcanzada, de manera alguna justifica y tampoco exime a la junta responsable cerrar la etapa de instrucción y dictar laudo en el referido procedimiento laboral en los plazos y términos que prescribe la Ley Federal del Trabajo, pues sólo así se logrará honrar los fines que persigue el derecho fundamental a la impartición de una justicia pronta y expedita, consagrado en el artículo 17 constitucional. Finalmente, se precisa que no es el caso analizar los alegatos hechos valer por la fiscal federal de la adscripción, toda vez no forman parte de la litis y en nada cambiarían el sentido de la presente resolución. Lo anterior, de conformidad con la jurisprudencia de datos de localización, rubro y texto siguientes: Época: Octava Época Registro: 205449 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Núm. 80, Agosto de 1994 Materia(s): Común Tesis: P./J. 27/94 Página: 14 ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por ***, por conducto de su apoderado ***, contra las omisiones reclamadas de la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo, precisadas en el considerando tercero, en términos de lo expuesto en el cuarto de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Darío Alejandro Villa Arnaiz, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, ante Carlos Arturo Sandoval Salvatori, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
: Agréguese a los autos el pedimento de cuenta, signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrita al Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo; visto su contenido, téngasele por hechas las manifestaciones ahí vertidas y con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, dese cuenta con el mismo al momento de desahogar la audiencia constitucional. Asimismo, en cuanto a la solicitud de expedir copia certificada de la resolución que se pronuncie en este juicio, dígasele que con apoyo en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, una vez que sea pronunciada la resolución respectiva, se le expedirá copia certificada de la misma.
- Principal
: Agréguese a los autos la promoción de cuenta, mediante la cual la autoridad responsable Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje de Cancún, Quintana Roo, por conducto de su Presidente, rinde informe justificado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, póngase a la vista de las partes para los efectos legales conducentes y hágase la relación respectiva al celebrarse la audiencia constitucional. A su vez, con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase como prueba de la referida autoridad la documental que exhibe, póngase a la vista de las partes y hágase la relación respectiva al celebrarse la audiencia constitucional.
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