Hugo Manuel Corona Pérez

Expediente 402/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 12 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
402/2022
Año
2022
Actuaciones
12
Última actuación
30/03/2023

Partes del expediente

  • Hugo Manuel Corona Pérez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta de marzo de dos mil veintitrés. Agrega oficio de cuenta Agréguese a los autos, para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta que remite el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, en esta ciudad, al cual adjunta el testimonio del amparo en revisión penal 301/2022, los autos originales y el cuadernillo de sigilo del juicio de amparo 402/2022, del índice de este juzgado Confirma sentencia Así, de los puntos resolutivos del testimonio del amparo en revisión penal 301/2022, relativo al recurso de revisión interpuesto por el quejoso *******, contra la sentencia de veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, dictada en el presente juicio, se advierte: [.] PRIMERO. En la materia de la revisión, se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a *******, contra los actos que reclamó de la autoridad que quedó precisada en el resultando primero de esta resolución. [.] Acúsese recibo Acúsese el recibo de estilo y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Resguardo de archivo de trámite Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Valoración del expediente Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Este expediente es depurable, dado que, se trata de un juicio de amparo en el que se negó el amparo y protección de la justicia federal, de conformidad con lo establecido en el inciso b), fracción II, del Artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de tres años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de tres años, este órgano jurisdiccional deberá depurar el presente expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la resolución que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; este proveído en que se acuerda el archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere la titular de este juzgado, la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. En atención a la certificación de cuenta, esta juzgadora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, se hace constar que, no obran documentos originales exhibidos por la parte quejosa, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Finalmente, las constancias que integran el expediente electrónico coinciden en su totalidad con el expediente impreso del juicio de amparo indirecto 402/2022, ello, en términos del artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Notifíquese por lista electrónica y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciocho de noviembre de dos mil veintidós. Visto el contenido del oficio SEADS/698/2022 de veintiséis de octubre del presente año, se advierte que la Secretaria Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, informó la adscripción de la Jueza Claudia López López, a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, a efecto de que, de estimarlo necesario, actúen de conformidad con lo que establece el artículo 52, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Por otro lado, se da cuenta con el oficio suscrito por el Actuario Judicial Adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, con residencia en esta ciudad; y anexo, consistente en auto de dieciséis de los corrientes, mediante el cual se acusa recibo del oficio por medio del cual se remitieron los autos del presente juicio de amparo para la sustanciación del recurso de revisión interpuesto por el quejoso *******, en contra de la sentencia dictada por este juzgado; e informa que se admitió a trámite dicho medio de impugnación, bajo el número 301/2022 del índice de la superioridad. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  3. Principal

    VISTA LA RAZON DEL ACTUARIO SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTFICA POR LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA EL ACUERDO DE FECHA VEINTIOCHO DE OCTUBRE Y LA SENTENCIA DE VEINTISEÍS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDOS, EL CUAL A LA LETRA DICE;: Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 402/2022-VI, promovido por *******. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito presentado el dieciséis de mayo de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, turnado a este juzgado, en esa misma data, *******, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, en esta ciudad. SEGUNDO. Derechos constitucionales reclamados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1º, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite dado a la demanda de amparo. Mediante proveído de dieciocho de mayo de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda, la cual quedó registrada bajo el consecutivo 402/2022-VI; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se le dio la intervención legal que le compete; se emplazó a los terceros interesados, y; previo diferimiento, se señaló nueva fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, pues se trata de un acto en materia penal, que fue dictado por una autoridad que realiza sus funciones en el territorio en el que este juzgador ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación de los actos reclamados. Así, del análisis de la demanda de amparo, así como de las constancias que informan el juicio, se desprende que el promovente reclama a la responsable la orden de aprehensión dictada el cinco de mayo de dos mil veintidós, en la causa penal *******, por el delito de violación con penalidad agravada, previsto y sancionado en el numeral 172 fracciones I y II del Código Penal del Estado, cometido en perjuicio de la víctima de iniciales *******. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. El Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, en esta ciudad, al rendir informe justificado, aceptó la existencia del acto que se le reclamó; y para corroborar lo anterior, remitió copia certificada de la solicitud orden de aprehensión de cuatro de mayo de dos mil veintidós y orden de aprehensión dictada el cinco de mayo de dos mil veintidós, en la causa penal *******; probanzas a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo según su numeral 2. En apoyo a lo anterior es aplicable la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, quinta época, tomo VI, Materia Común, página 231, del tenor siguiente: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. CUARTO. Improcedencia. Del análisis a los autos no se advierte la actualización de alguno de los supuestos que obligan a sobreseer en el juicio de amparo respecto al acto reclamado, conforme a lo dispuesto en el artículo 63 de la Ley de Amparo, ni de alguna de las causas de improcedencia previstas en el artículo 61 de la propia legislación. QUINTO. Determinación que adopta este Juzgado. Es infundado el concepto de violación vertido por el inconforme, sin que la suscrita advierta materia para suplir la deficiencia de la queja; y para evidenciar lo anterior, es oportuno precisar que la parte quejosa menciona que en la orden de aprehensión dictada en su contra por el Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, en esta ciudad, se vulneraron en su perjuicio las garantías contenidas en los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en lo conducente establecen lo siguiente: Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Atendiendo a las porciones normativas anteriormente transcritas, conviene indicar que de las garantías de seguridad jurídica que contiene el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, destaca, por su primordial importancia, la de audiencia previa. Este mandamiento impone la ineludible obligación a cargo de las autoridades para que, de manera previa al dictado de un acto de privación, cumplan con una serie de formalidades esenciales, necesarias para oír en defensa a los afectados. A dichas formalidades y su observancia, se unen además, las relativas a la garantía de legalidad contenida en el texto del primer párrafo del precepto 16 de la invocada Carta Magna, y juntas se constituyen como elementos fundamentales útiles para demostrar a los afectados por un acto de autoridad, que la actuación que los agravia no se dicta de un modo arbitrario y anárquico sino, por el contrario, en estricta observancia del marco jurídico que la rige. En efecto, dentro de nuestro sistema constitucional no basta que una autoridad tenga atribuciones para dictar alguna determinación, para que ésta se considere legal, toda vez que los citados artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República, imponen a todas las autoridades del país la obligación de oír en defensa a los posibles afectados con tales determinaciones, así como la de que éstas, al pronunciarse, se encuentren debidamente fundadas y motivadas. Al respecto, es oportuno precisar el contenido de los artículos 141, 142 y 143 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que señalan lo siguiente: Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: Citatorio al imputado para la audiencia inicial; Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. También podrá ordenarse la aprehensión de una persona cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. La autoridad judicial declarará sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa justificada, no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. En cualquier caso, la declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado que se haya sustraído de la acción de la justicia. El Juez podrá dictar orden de reaprehensión en caso de que el Ministerio Público lo solicite para detener a un imputado cuya extradición a otro país hubiera dado lugar a la suspensión de un procedimiento penal, cuando en el Estado requirente el procedimiento para el cual fue extraditado haya concluido. El Ministerio Público podrá solicitar una orden de aprehensión en el caso de que se incumpla una medida cautelar, en los términos del artículo 174, y el Juez de control la podrá dictar en el caso de que lo estime estrictamente necesario. Artículo 142. Solicitud de las órdenes de comparecencia o de aprehensión En la solicitud de orden de comparecencia o de aprehensión se hará una relación de los hechos atribuidos al imputado, sustentada en forma precisa en los registros correspondientes y se expondrán las razones por las que considera que se actualizaron las exigencias señaladas en el artículo anterior. Las solicitudes se formularán por cualquier medio que garantice su autenticidad, o en audiencia privada con el Juez de control. Artículo 143. Resolución sobre solicitud de orden de aprehensión o comparecencia El Juez de control resolverá la solicitud de orden de aprehensión o comparecencia en audiencia, o a través del sistema informático; en ambos casos con la debida secrecía, y se pronunciará sobre cada uno de los elementos planteados en la solicitud. En el primer supuesto, la solicitud deberá ser resuelta en la misma audiencia, que se fijará dentro de las veinticuatro horas a partir de la solicitud, exclusivamente con la presencia del Ministerio Público. En el segundo supuesto, dentro de un plazo máximo de veinticuatro horas, siguientes al momento en que se haya recibido la solicitud. En caso de que la solicitud de orden de aprehensión o comparecencia no reúna alguno de los requisitos exigibles, el Juez de control prevendrá en la misma audiencia o por el sistema informático al Ministerio Público para que haga las precisiones o aclaraciones correspondientes, ante lo cual el Juez de control podrá dar una clasificación jurídica distinta a los hechos que se planteen o a la participación que tuvo el imputado en los mismos. No se concederá la orden de aprehensión cuando el Juez de control considere que los hechos que señale el Ministerio Público en su solicitud resulten no constitutivos de delito. Si la resolución se registra por medios diversos al escrito, los puntos resolutivos de la orden de aprehensión deberán transcribirse y entregarse al Ministerio Público De la interpretación armónica y sistemática de dichos preceptos, se advierte que para emitir una orden de aprehensión con motivo de la comisión de un hecho que la ley señala como delito, se deben cumplir con los requisitos siguientes: Que sea dictada por autoridad judicial competente (juez de control); Que se haya formulado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito; Que se expresen los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito; Que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Que exista la necesidad de cautela. Que la resolución de la autoridad judicial esté debidamente fundada y motivada. Ahora, de las constancias que obran en autos y que fueron remitidas por la Juez responsable como justificación de su informe, consistente en copia certificada de la solicitud orden de aprehensión de cuatro de mayo de dos mil veintidós y orden de aprehensión dictada el cinco de mayo de dos mil veintidós, en la causa penal *******; documentos públicos, que se les concede pleno valor probatorio, conforme a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el primer elemento se cumplió, en virtud de que la orden de aprehensión fue dictada por autoridad judicial competente, como es la Juez en cita, quien analizó el hecho que la ley señala como delito cometido dentro de su jurisdicción, de conformidad con los numerales 97 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, 133 y 141 fracción III, Código Nacional de Procedimientos Penales. En cuanto al segundo de los requisitos, de las constancias que en copia certificada remitió la Juez de Control responsable, específicamente de los registro de investigación que obran dentro de la carpeta que dio origen a la causa penal *******, se advierte la existencia de la denuncia formulada por la víctima, de veinticuatro de abril de dos mil veintidós, en la que manifestó que era su deseo denunciar hechos cometidos en su perjuicio por el delito de violación y lo que resultara, en contra de quien resultara responsable ya que el día veintidós de abril del dos mil veintidós, estaba en su casa ubicada en *******, cuando recibió un mensaje por "messenger" de su amigo *******, donde le decía que la invitaba a pistear con unos amigos de él del departamento del *******, que ella le dijo que si era nada más para pistear y cotorrear un rato, que ******* le contestó que sí, luego ella le preguntó a su amigo en qué lugar y éste le contestó que ahí en el *******, luego ella le preguntó si iba a pasar por ella a lo que dijo que no porque estaba trabajando, que pasaría por ella uno de sus amigos y le mandó la foto del que iría por ella en un carro *******, que como a las diez de la noche llegó el carro ******* por ella a su casa, se bajó un muchacho *********************, tocó, ella salió y vio que era el mismo muchacho que tenía en la foto que le había mandado *******, ella le preguntó que cómo se llamaba y a dónde iría y el muchacho le contestó que le decían el "*******" y que irían al *******, por lo que ella se subió al carro y se fueron, que cuando llegaron a la *********************, que entraron y ahí había más hombres, uno era ******* y el otro *******, que "*******" le dijo que ahí regresaba ya que iba por más cerveza, que ella se quedó platicando con los hombres que estaban ahí y les preguntó sus nombres, recuerda que el ******* le dijo que se llamaba ******* y del otro no se acuerda, que estuvo platicando con ellos, que ******* le dijo que si no se agüitaba si se daba un pase y ella le dije que no, que no se sentía incomoda porque hiciera eso ******* y el otro, que se dieron un pase y le dijeron que si quería y ella les dijo que sí y se dio "*******", que posteriormente llegó "*******" que llevaba una caja con cervezas de la "*******", que ella se tomó una cerveza y luego le dijeron que si se daban otro pase y ella les dije que sí, ellos se dieron el pase los tres a le dieron aparte otro que prepararon ellos, que lo trajo ******* era una pastilla que molió y la puso como raya y ella la inhaló, después que lo hizo se sintió muy mareada, sofocada como que no podía respirar, que se salió para tomar aire y de rato regresó, que recuerdo que ******* la abrazaba y ella le decía que la soltara y ******* le agarraba las manos y la abrazaba mucho, que luego ella le mandó un mensaje y le marcó a ******* para decirle que por favor la sacara de ahí, pero ******* le dijo que no podía porque estaba trabajando, y ella le dijo que ya se estaban pasando, por lo que ******* le colgó y ella le volvió a marcar a pero ya no le contestó, que después de eso ya no recuerda nada hasta que despertó en una tapia, en un colchón desnuda y envuelta en una cobija, que ahí estaba su bolsa en un lado de ella con su teléfono, que ahí comenzó a gritar y a pedir ayuda, que sentía mucho dolor en su vagina y ano, que ya no tenía un piercing que traía en el pezón izquierdo, que se asomó un señor del terreno de enseguida donde la dejaron y unos niños a los que les pidió ayuda pero como estaban asustados ella le marcó a su amiga *******, que ella estaba gritando y se acercó su amiga y le preguntó que si era ella, que la andaban buscando, luego le llevó ropa y la ayudaron a salir de la tapia su amiga ******* y el vecino de nombre *******, que ella se quedó en casa de su amiga ******* y al siguiente día la llevaron al hospital. De igual forma, el tercer requisito para el dictado de la orden de aprehensión, relativo a que se expresen los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito también está debidamente satisfecho; lo anterior, toda vez que, el criterio del juzgador responsable es objetivamente correcto en cuanto tuvo por acreditado que se llevó a cabo la conducta denominada violación con penalidad agravada, previsto y sancionado en el numeral 172 fracciones I y II del Código Penal del Estado, que establece lo siguiente: Artículo 172. Se aplicarán de diez a treinta años de prisión a quien: I. Realice cópula con persona menor de catorce años de edad o con persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo; o II. Introduzca por vía anal o vaginal cualquier elemento, instrumento o cualquier parte del cuerpo humano distinto del pene en una persona menor de catorce años de edad o persona que no tenga capacidad de comprender el significado del hecho, o por cualquier causa no pueda resistirlo. Si se ejerciera violencia física o moral, la pena prevista se aumentará en una mitad. Si el delito fuere cometido previa suministración de algún estupefaciente o psicotrópico a la víctima, en contra de su voluntad o sin su conocimiento, la pena se aumentará en dos terceras partes. Ello, toda vez que la juez responsable acertadamente consideró que hasta ese momento, se demostraba un hecho que la ley señala como delito de violación con penalidad agravada, con los datos de prueba consistentes en los siguientes: 1.- *******. 2.- *******. 3.- *******. 4.- *******. 5.- *******: "*******." 6.- *******: "*******." 7.- *******: a) acta de entrevista realizada a la víctima el veintiocho de abril del donde mil veintidós. b) acta de entrevista a *******. c) acta de entrevista realizada a *******. d) *******. 8.- *******: ********************* 9. *******. 10. *******. Datos de prueba que la responsable con fundamento en lo dispuesto por el artículo 20, apartado A, fracción II; Constitucional, 259, 260, 261, y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, valoró de manera libre y lógica, considerándolos suficientes para tener por demostrado el hecho que la ley señala como delito violación con penalidad agravada, cometido en perjuicio de la víctima de iniciales *******, por hechos ocurridos entre la noche del día veintidós y la madruga del día veintitrés de abril del año dos mil veintidós, en el interior del salón del *******, ubicado en *******, Municipio de Ciudad Juárez, Chihuahua. Tal conclusión se estima apegada a derecho, porque desde el estándar que amerita el examen de la orden de aprehensión, contrario a lo argumentado por el quejoso en su único concepto de violación, se colige que el Juez de Control estableció acertadamente que los datos de investigación que se pusieron bajo su conocimiento permitían establecer que sí existían hechos que el Código Penal del Estado de Chihuahua, considera como delito violación con penalidad agravada, porque en el tamiz constitucional que debe practicarse para emitir ese medio de conducción al proceso, este Juzgado de Distrito comparte la determinación a la que arribó la responsable, debido a que existen datos que permiten vislumbrar la existencia de hechos constitutivos del delito precisado. En esta tesitura, en cuanto a la configuración de los hechos constitutivos del delito atribuido al quejoso, esta Juzgadora no advierte lesión a los derechos del imputado; por lo cual debe permanecer firme lo considerado por el Juez de Control en ese aspecto. En el mismo sentido, respecto al cuarto requisito, relativo a que exista la probabilidad de que el indiciado cometió o participó en la comisión del delito, de igual forma, se encuentra debidamente satisfecho; toda vez que, es acertado lo señalado por el juzgador responsable al haber tenido como demostrada la participación, en esta etapa en un grado de probabilidad, del aquí quejoso, en la comisión del delito de violación con penalidad agravada, previsto y sancionado en el numeral 172 fracciones I y II del Código Penal del Estado, cometido en perjuicio de la víctima de iniciales *******. Con relación a este elemento, es decir, a la probabilidad de que el imputado participó en la comisión de los hechos que la ley reputa como delito, es necesario partir de que en el sistema de justicia penal vigente, uno de los requisitos para el dictado de la orden de aprehensión es que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión; por tanto, esta determinación debe dictarse únicamente a partir de los datos de investigación que refirió el Ministerio Público en la solicitud de la orden de aprehensión; por ende, basta que existan datos de que el ahora quejoso haya intervenido en los hechos que la ley prevé como delito, para que sea legal la conducción al imputado al proceso. En el caso, la Juez responsable consideró que se encontraba acreditada la probable participación del imputado en la comisión del hecho que se identificó en líneas previas, con los datos de investigación justipreciados previamente, consistentes en la denuncia de la víctima de iniciales *******, formulada el veinticuatro de abril del año dos mil veintidós, ante el Agente del Ministerio Público en el Hospital de la Mujer; comparecencias de la víctima *******, ante el Agente del Ministerio Público de veintinueve de abril y dos de mayo del año dos mil veintidós; comparecencia ante el Agente del Ministerio Público de la testigo *******, realizada el dos de mayo del año dos mil veintidós; dictamen pericial en materia de agresión sexual, de veinticuatro de abril del dos mil veintidós, realizado por la doctora *******, Perito Médico Legista adscrita a Servicios Periciales y Ciencias Forenses, practicado a la víctima *******; dictamen pericial en materia de psicología de veinticuatro de abril del dos mil veintidós, realizado por el licenciado *******, a la víctima *******; parte informativo, emitido por la ciudadana ******* Agente Estatal de Investigación Única, el veintiocho de abril del dos mil veintidós; actas de entrevista a ******* y *******; serie fotográfica del lugar de los hechos; Información de Integración Tecnológica sobre la identidad de *******, ******* y *******; parte informativo, de dos de mayo del dos mil veintidós, respecto al cateo realizado el día veintinueve de abril del dos mil veintidós; informe de tres de mayo del dos mil veintidós, el cual contiene actas de entrevistas realizadas a la víctima de iniciales *******, y a la testigo *******; e Información del Sistema de Plataforma de Integración Tecnológica de *******. En otro orden de ideas, en relación al diverso requisito para la emisión de la orden de aprehensión, consistente en la necesidad de cautela, cabe precisar que, si bien la redacción de la fracción III del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que podrá librarse orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela, lo cual parece indicar que quien debe advertir dicho elemento es el Ministerio Público, lo cierto es que debemos entender que el mandato va dirigido a la autoridad jurisdiccional penal, debido a que: a) La autoridad que resolverá y, en su caso, emitirá la orden de aprehensión es el juez penal y no el Ministerio Público, b) Bajo la lógica del sistema penal acusatorio, cuando el Ministerio Público dirige peticiones a la autoridad jurisdiccional lo hace en calidad de parte procesal y no de autoridad. Conjuntamente con lo anterior, el Juez de Control debe atender lo estipulado en los numerales 168, 169 y 170 del citado Código Nacional, que establecen lo siguiente: Artículo 168. Peligro de sustracción del imputado Para decidir si está garantizada o no la comparecencia del imputado en el proceso, el Juez de control tomará en cuenta, especialmente, las siguientes circunstancias: I. El arraigo que tenga en el lugar donde deba ser juzgado determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia y las facilidades para abandonar el lugar o permanecer oculto. La falsedad sobre el domicilio del imputado constituye presunción de riesgo de fuga; II. El máximo de la pena que en su caso pudiera llegar a imponerse de acuerdo al delito de que se trate y la actitud que voluntariamente adopta el imputado ante éste; III. El comportamiento del imputado posterior al hecho cometido durante el procedimiento o en otro anterior, en la medida que indique su voluntad de someterse o no a la persecución penal; IV. La inobservancia de medidas cautelares previamente impuestas, o V. El desacato de citaciones para actos procesales y que, conforme a derecho, le hubieran realizado las autoridades investigadoras o jurisdiccionales. Artículo 169. Peligro de obstaculización del desarrollo de la investigación Para decidir acerca del peligro de obstaculización del desarrollo de la investigación, el Juez de control tomará en cuenta la circunstancia del hecho imputado y los elementos aportados por el Ministerio Público para estimar como probable que, de recuperar su libertad, el imputado: I. Destruirá, modificará, ocultará o falsificará elementos de prueba; II. Influirá para que coimputados, testigos o peritos informen falsamente o se comporten de manera reticente o inducirá a otros a realizar tales comportamientos, o III. Intimidará, amenazará u obstaculizará la labor de los servidores públicos que participan en la investigación. Artículo 170. Riesgo para la víctima u ofendido, testigos o para la comunidad La protección que deba proporcionarse a la víctima u ofendido, a los testigos o a la comunidad, se establecerá a partir de la valoración que haga el Juez de control respecto de las circunstancias del hecho y de las condiciones particulares en que se encuentren dichos sujetos, de las que puedan derivarse la existencia de un riesgo fundado de que se cometa contra dichas personas un acto que afecte su integridad personal o ponga en riesgo su vida. En el caso a estudio, al analizar la necesidad de cautela, la Juez de Control consideró que aparecía acreditada atendiendo a la necesidad de garantizar la seguridad de la víctima, la cual se encuentra en riesgo de acuerdo a lo que establece el numeral 170 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ya que existía la probabilidad de que sea revictimizada, toda vez que como se expuso durante el desarrollo de la resolución, los hechos se suscitaron en el poblado de *******, lugar donde todos se conocen; aunado a que la presencia de *******, ante este Tribunal se pueda ver demorada o dificultada, en virtud de que -sin prejuzgar- la posible penalidad del indiciado, puede ser de diez a treinta años de prisión, por el delito de VIOLACIÓN contemplado en el artículo 172 fracciones I y II del Código Sustantivo de la materia; además de que, por disposición del segundo párrafo del artículo 19 Constitucional, el Juez oficiosamente decretará la prisión preventiva cuando se trate de delito de VIOLACIÓN; asimismo, el juez de origen estimó que existía peligro de que se obstaculice el desarrollo de la investigación, debido a que el indiciado pudiera influir en las declaraciones de los testigos, de acuerdo a lo que contempla el artículo 169 fracción III del Código Adjetivo en la materia. Ante ello, el Juzgador consideró que existía la necesidad de cautela, actualizándose de esta manera el supuesto contemplado en la fracción III del numeral 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, permitiendo así la emisión de la orden de captura. La consideración plasmada por la autoridad responsable en su mandato de captura se estima esencialmente correcta, en la medida que como bien se estableció, respecto al peligro de sustracción del imputado, para decidir si estaba garantizada o no la comparecencia del imputado en el proceso, el Juez de control tomó en cuenta, especialmente, el máximo de la pena que en su caso pudiera llegar a imponerse de acuerdo al delito de violación (diez a treinta años de prisión); asimismo, para decidir acerca del peligro de obstaculización del desarrollo de la investigación, el Juez de control tomó en cuenta la circunstancia del hecho imputado y los elementos aportados por el Ministerio Público para estimar como probable que, de recuperar su libertad, el imputado obstaculizará la investigación; además, la protección que deba proporcionarse a la víctima u ofendido, a los testigos o a la comunidad, se establecerá a partir de la valoración que haga el Juez de control respecto de las circunstancias del hecho y de las condiciones particulares en que se encuentren dichos sujetos, de las que puedan derivarse la existencia de un riesgo fundado de que se cometa contra dichas personas un acto que afecte su integridad personal o ponga en riesgo su vida. Finalmente, en cuanto al último requisito, en el caso, está debidamente acreditado al estar debidamente fundada y motivada la orden de captura combatida; pues la Juez responsable citó los preceptos aplicables al caso y con un razonamiento propio encuadró el hecho delictivo a la hipótesis normativa citada, señalando los datos de prueba que lo justifican, lo que permite establecer la probable participación del quejoso en su comisión. Bajo ese contexto, los datos de prueba antes mencionados resultan suficientes para el dictado de la orden de aprehensión reclamada, al estar reunidos los requisitos exigidos en el numeral 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en correlación con el 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En las relacionadas condiciones, desestimado el concepto de violación expresado, sin que se advierta deficiencia de la queja que deba ser suplida, se impone negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 73, 74, 75, párrafo primero, 76 y 79, fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a *******, contra el acto del Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, en esta ciudad, consistente en la orden de aprehensión dictada el cinco de mayo de dos mil veintidós, en la causa penal *******, en los términos precisados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******, hasta hoy veintiséis de septiembre de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.

  4. Principal

    VISTA LA RAZON DEL ACTUARIO SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTFICA POR LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA EL ACUERDO DE FECHA TRECE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDOS, EL CUAL A LA LETRA DICE:Ciudad Juárez, Chihuahua; trece de octubre de dos mil veintidós. Agréguese a sus autos el escrito signado por el quejoso *******; y téngasele interponiendo recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintiséis de septiembre del año en curso, en el presente juicio de amparo. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 81, fracción I inciso e), 86 y 88 de la Ley de Amparo, una vez que se encuentre debidamente integrado el presente expediente, es decir, que consten la totalidad de las constancias de notificación a las partes del presente auto, remítanse al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito en turno, con residencia en esta ciudad, los autos del presente juicio de amparo, así como el escrito de expresión de agravios del recurrente y copia de éste para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al citado Tribunal, para la substanciación del citado medio de impugnación. Notifíquese personalmente y córrase traslado a las partes con el escrito de expresión de agravios respectivo. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

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