Hugo Hernández Valenzuela
Expediente 943/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 20 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 943/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 12/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Hugo Hernández Valenzuela
- Hugo Hernández Valenzuela y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; doce de abril de dos mil diecinueve. Visto el escrito con que se da cuenta, agréguese a los autos para que conste como legalmente corresponda; en atención a lo que solicita el tercero interesado, expídansele las copias certificadas que refiere, autorizando para su recepción a las personas que señala para tal efecto. Lo anterior con apoyo en lo dispuesto por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2º. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintisiete de septiembre de dos mil dieciocho. Visto el escrito de cuenta, agréguese a sus autos para que conste como legalmente corresponda; en atención a su contenido, como lo solicita el autorizado del quejoso ********************, hágase la devolución de los documentos que refiere, previa copia certificada que de ellos quede en autos. Lo anterior con apoyo en lo dispuesto por el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado **, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiuno de agosto de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la sentencia de veintisiete de julio de dos mil dieciocho (foja 458), en la cual se sobreseyó el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III del invocado punto vigésimo primero, del Acuerdo General en mención, se hace del conocimiento que el mismo es susceptible de destrucción. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo, del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
VISTA LA RAZÓN DE LA ACTUARIA JUDICIAL ADSCRITA, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA SENTENCIA DE VEINTISIETE DE JULIO DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE A LA DICE: SENTENCIA Visto para resolver el juicio de amparo 943/2018-IV, promovido por *******, contra actos de la Juez Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad y otra autoridad. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad el catorce de noviembre de dos mil diecisiete, turnado a este juzgado el mismo día, ******* promovió demanda de amparo contra las autoridades y actos siguientes: III.- AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENADORA.- Se señala como tal al ciudadano JUEZ CUARTO DE LO CIVIL Y JUEZ SEXTO DE LO CIVIL EN EL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua, quien tiene su domicilio oficial en el Edificio del Poder Judicial del Estado, ubicado en la Calle Eje Vial y Aserraderos S/N en la Colonia San Antonio en esta Ciudad Juárez, Chihuahua. IV.- AUTORIDAD RESPONSABLE EJECUTORA.- Se señala como tal al Ciudadano JEFE DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD EN ESTA CIUDAD JUÁREZ CHIHUAHUA, con el domicilio oficial en calle Abraham Lincoln Sempoala marcado con el número 1320, en Ciudad Juárez, Chihuahua. V. ACTO RECLAMADO.- De las autoridades señaladas como responsables, se reclama todo lo actuado en los juicios civiles número ******* del índice del Juzgado Cuarto de lo Civil y del ******* del índice del Juzgado Sexto de lo Civil del Distrito Judicial Bravos en esta Ciudad Juárez, Chihuahua desde la radicación hasta la adjudicación y otorgamiento de escritura por adjudicación judicial, cancelación de la inscripción número *******, Folio *******, libro ******* de la sección de Documentos Generales y la inscripción *******, folios *******, Libro ******* de la sección ******* en el Registro Público de la Propiedad en esta ciudad y así también cualquier orden de desalojo o cualquier otro procedimiento similar ya que jamás fui llamado a juicio y todo esto violenta mis garantías de propiedad y de legalidad que me otorga la Constitución Federal. A) . (sic) SEGUNDO. Derechos que el quejoso estima vulnerados. El quejoso señala como derechos vulnerados los previstos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Admisión de la demanda. Previo cumplimiento de una prevención, en auto de diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete (foja 86), se admitió a trámite la demanda, se solicitó su informe justificado a las autoridades responsables, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se ordenó emplazar a la parte tercero interesada y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. CUARTO. Inicio de la audiencia constitucional. El catorce de marzo de dos mil dieciocho (foja 337), se inició la audiencia constitucional, en cuyo transcurso el tercero interesado ******* objetó el contrato privado de compra venta original que exhibió el quejoso anexo a su demanda de amparo, agregado a fojas 7 y 8, razón por la cual, de conformidad con el artículo 122 de la Ley de Amparo, se suspendió por diez días la audiencia constitucional, se señalaron día y hora para reanudarla y se indicó a las partes que contaban con un término de tres días para ofrecer pruebas respecto a dicha objeción, las cuales habrían de desahogarse en la continuación de la audiencia constitucional. Al respecto, el tercero interesado, mediante escrito presentado el veinte de marzo de dos mil dieciocho (foja 342), ofreció como pruebas dentro de la incidencia de objeción de documentos que promovió, las mencionadas en su promoción presentada el catorce de febrero del mismo año, sin embargo, en auto de veintidós de marzo de dos mil dieciocho (foja 343), se determinó no acordar de conformidad su petición, pues en este juicio de amparo no se presentó promoción alguna en la fecha indicada. Posteriormente, el tercero interesado, mediante escrito presentado el veintitrés de marzo de dos mil dieciocho (foja 345), ofreció como pruebas dentro de la mencionada incidencia, las indicadas en su escrito presentado el trece de febrero del año en curso, las cuales no se admitieron pues en auto de veintiséis de marzo del presente año (foja 346), se determinó que su ofrecimiento resultó extemporáneo. El tercero interesado de mérito, a través de escritos presentados en este juzgado el dos de abril del año en curso (fojas 350 y 352), interpuso recurso de queja en contra de los acuerdos dictados en la audiencia constitucional iniciada el catorce de marzo del presente año (foja 337) y del auto de veintidós de marzo del mismo año, ya descrito (foja 343), el cual fue resuelto por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, en resolución aprobada en la sesión de treinta de mayo de dos mil dieciocho, mediante la cual se desecharon los recursos de queja interpuestos (foja 427). QUINTO. Continuación y determinación de autoridades sustitutas. Por lo anterior, en auto de siete de junio de dos mil dieciocho (foja 447), se señalaron las nueve horas del veintisiete de junio de dos mil dieciocho para continuar la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo conforme al acta que antecede, en la cual se determinó que en este juicio de amparo el Juez Primero y el Juez Tercero, ambos del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, tienen el carácter de autoridades responsables sustitutas respecto de los Jueces Cuarto y Sexto de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, residentes en esta ciudad, señalados inicialmente como autoridades responsables. SEXTO. Conclusión de la audiencia constitucional. Una vez integrado este juicio de amparo y celebrada la audiencia constitucional, la misma se concluye con el emisión de esta sentencia. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, toda vez que en este asunto se reclaman actos que tienen efectos dentro del territorio en el que este juzgado ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. Objeción de documentos. Como se indicó en el resultando cuarto, el tercero interesado ******* objetó, en cuanto a su autenticidad, el contrato privado de compraventa original que exhibió el quejoso anexo a su demanda de amparo, agregado a fojas 7 y 8, celebrado entre ******* (finado), como parte vendedora, y el quejoso *******, como parte compradora. Al respecto, el artículo 122 de la Ley de Amparo , dispone que en la etapa correspondiente de la audiencia constitucional, se presentarán y, en su caso, se desahogarán, las pruebas relativas a la autenticidad del documento objetado, sin que la parte objetante, como ya se indicó, haya desahogado prueba alguna para demostrar la falsedad del documento descrito. En ese contexto, considerando que conforme al artículo 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles , de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, la parte interesada debe probar los hechos constitutivos de su acción, en este caso, el tercero interesado de mérito debió probar la falsedad del documento que objetó, sin que lo haya hecho, por lo cual se determina improcedente la objeción del documento descrito que promovió. TERCERO. Fijación de la Litis del juicio de amparo. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis integral de la demanda de amparo y demás constancias del juicio, se desprende que el quejoso reclama lo siguiente: a) Del Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad: - Todo lo actuado en el juicio sucesorio intestamentario *******, a bienes de *******. b) Del Juez Tercero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad: - Todo lo actuado en el juicio sucesorio intestamentario *******, a bienes de *******. c) De ambas autoridades, reclama de forma destacada: - La adjudicación y escrituración del bien inmueble ubicado en *******, en esta ciudad, - La orden de cancelación de la inscripción número *******, a folio *******, del libro *******, de la sección de ******* del Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, - La orden de practicar la inscripción *******, a folio *******, del libro *******, de la sección ******* del Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, y - La orden para desalojarlo de dicho bien inmueble respecto del cual se ostenta propietario. d) Del Jefe del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad: - La cancelación de la inscripción número *******, a folio *******, del libro *******, de la sección de *******, y - La inscripción *******, a folio *******, del libro *******, de la sección *******. Lo anterior, ostentándose propietario del bien inmueble descrito y tercero extraño respecto de los juicios sucesorios intestamentarios mencionados. CUARTO. Inexistencia de los actos reclamados. Los actos reclamados a los Jueces Primero y Tercero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, consistentes en: - La adjudicación y escrituración del bien inmueble ubicado en *******, en esta ciudad, - La orden de cancelación de la inscripción número *******, a folio *******, del libro *******, de la sección de ******* del Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, - La orden de practicar la inscripción *******, a folio *******, del libro *******, de la sección ******* del Registro Público de la Propiedad de esta ciudad, y - La orden para desalojarlo de dicho bien inmueble respecto del cual se ostenta propietario. No son ciertos, pues de las copias certificadas de todo lo actuado en el juicio sucesorio intestamentario ******* a bienes de ******* (tomos I y II de pruebas), que remitió el Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, residente en esta ciudad, anexas su informe justificado (foja 97), ni de las relativas al juicio sucesorio intestamentario ******* a bienes de *******, que remitió el Juez Tercero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, residente en esta ciudad, se advierte que hayan adjudicado a persona alguna el bien inmueble descrito, que hayan ordenado la escrituración relativa, la desposesión al quejoso de dicho bien inmueble, ni la cancelación y práctica de las inscripciones descritas. Sino que, lo que se advierte es que en ambos asuntos se declaró como heredero único y universal de dichas sucesiones a ******* (foja 245; y, 104 del tomo II de pruebas), quien recibió autorización el diez de junio de dos mil catorce, del entonces Juez Cuarto de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, en el juicio sucesorio intestamentario ******* (foja 115 del tomo II de pruebas), para enajenar los bienes inventariados en dicho juicio, dentro de los que se encuentra el bien inmueble ubicado en *******, en esta ciudad, inscrito en Registro Público de la Propiedad de esta ciudad con el número *******, a folio *******, del libro *******, de la sección ******* (fojas 111 y 113 del tomo II de pruebas). En virtud de lo cual, *******, en su carácter de único y universal heredero en las sucesiones intestamentarias a bienes de ******* y *******, celebró contrato de compraventa respecto del bien inmueble descrito, como parte vendedora, con el aquí tercero interesado *******, como parte compradora, lo que se hizo constar en la escritura pública número *******, del volumen *******, de la Notaría Pública número ******* en esta ciudad, exhibida en copia certificada por el quejoso anexa a su demanda de amparo. Ahora bien, el Jefe del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, en su informe justificado (foja 107), fue omiso en pronunciarse respecto a la cancelación de la inscripción número *******, a folio *******, del libro *******, de la sección de *******, sin embargo, no ha lugar a presumir cierto dicho acto, toda vez que de autos no se advierte que tal inscripción tenga relación alguna con los juicios sucesorios intestamentarios de los que deriva este juicio de amparo. En consecuencia, ya que las constancias descritas cuentan con valor probatorio pleno conforme a los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, pues fueron certificadas respecto de sus originales por servidores públicos en ejercicio de sus funciones y dotados de fe pública, como lo son los secretarios de acuerdos adscritos a los juzgados responsables, se tienen como inexistentes los actos reclamados descritos al inicio de este considerando. De igual forma, se tiene como inexistente el acto reclamado al Jefe del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, también arriba descrito. Por lo tanto, lo procedente es sobreseer en este juicio de amparo respecto a los actos reclamados aquí mencionados, esto con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.) QUINTO. Existencia de los actos reclamados. El Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, residente en esta ciudad, en su informe justificado (foja 97), manifestó que es cierto que tramita el juicio sucesorio intestamentario *******, a bienes de *******, y al respecto, remitió copia certificada de todo lo actuado en el (tomos I y II de pruebas). Por su parte, el Juez Tercero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, también con residencia en esta localidad, fue omiso en rendir su informe justificado, por lo tanto, de conformidad con el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto que se le reclama, consistente en todo lo actuado en el juicio sucesorio intestamentario *******, a bienes de *******, máxime que en atención al requerimiento formulado por este Juzgado (foja 124), mediante oficio agregado a foja 150, remitió copia certificada de todo lo actuado en el juicio sucesorio intestamentario *******, a bienes de *******. De dichas constancias, que cuentan con valor probatorio pleno, de conformidad con los citados artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, se desprende que efectivamente se tramitaron sin llamar al aquí quejoso *******, quien tiene el carácter de tercero extraño en sentido estricto, esto es, no tiene la calidad de parte formal dentro de dichos juicios sucesorios. Por su parte, el Jefe del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, en su informe justificado (foja 107), manifestó que es cierto que realizó la inscripción *******, a folio *******, del libro *******, de la sección *******, de la oficina a su cargo, lo que se corrobora con la copia certificada que remitió de dicha inscripción (foja 108 y 109), la cual de igual forma cuenta con valor probatorio pleno, de acuerdo a los citados artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Por lo tanto, se tiene como cierta la existencia de los actos reclamados descritos en este considerando, cuya existencia se desprende, además de la aceptación de las autoridades responsables, de las constancias en copia certificada relativas, ya valoradas y descritas. CUARTO. Procedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la primera parte del artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.) En relación a lo anterior, el artículo 5º, fracción I, de la Ley de Amparo, dispone: 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. Pues bien, del segundo de tales numerales se advierte que la quejosa es parte en el juicio de amparo y que tal carácter lo tiene quien aduce, en principio, ser titular de un derecho subjetivo, es decir, contar con un interés jurídico; o bien, ser titular de un interés legítimo individual o colectivo. Lo anterior, siempre y cuando la norma, acto u omisión que reclame, vulnere los derechos previstos en el artículo 1º de la Ley de la materia (derechos humanos reconocidos y garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte) y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, directamente (interés jurídico) o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). Determinado lo anterior, como se estableció en el considerando segundo, se tiene que el quejoso reclama lo siguiente: a) Del Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad: - Todo lo actuado en el juicio sucesorio intestamentario *******, a bienes de *******. b) Del Juez Tercero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad: - Todo lo actuado en el juicio sucesorio intestamentario *******, a bienes de *******. c) Del Jefe del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad: - La inscripción *******, a folio *******, del libro *******, de la sección *******. Lo anterior, ostentándose propietario de dicho bien y tercero extraño en sentido estricto respecto de los juicios sucesorios intestamentarios mencionados. En efecto, el quejoso bajo protesta de decir verdad manifestó lo siguiente: 1.- Que en esta Ciudad Juárez con fecha 22 del mes de abril del 2003, en mi carácter de comprador, celebré contrato privado de compra venta con el señor ******* en su carácter de APODERADO LEGAL para pleitos y cobranzas y actos de administración y dominio de los señores ******* y *******, en su carácter de vendedor, contrato con relación a terreno urbano y finca sobre él construida ubicado sobre la ******* de esta ciudad, inscrito en el Registro Público de la Propiedad con el número *******, folios *******, libro ******* de la Sección *******, también en esta ciudad. 2.- Que el precio pactado por la operación de compra venta fue el de la cantidad de $******* mismos que fueron pagados a la firma del contrato celebrado. 3.- Que debido a la inseguridad que se presentó en esta ciudad y víctima de la misma, el suscrito me fui a radicar fuera del país a los Estados Unidos lugar en el que aun radico, sin embargo siendo el día 25 octubre del año en curso me presenté en la entrada del ******* para revisar el estado de mi propiedad cuando me fue notificado por una vecina que ya vivía ahí otra persona con el nombre del tercero perjudicado manifestando que el antes mencionado le informó que había adquirido la propiedad mediante contrato de compra venta. 4.- El día 26 de octubre me presenté ante el registro público de la propiedad a verificar la información del hecho que antecede y la cual resultó ser verídica por lo cual solicité copias de las escrituras correspondientes, mismas de las cuales se desprende la información de los juicios sucesorios de quienes vendieron al suscrito el bien inmueble en cuestión, posteriormente el día 30 de octubre del año en curso, solicité copia de todo lo actuado en dichos expedientes y estas me fueron negadas ya que el suscrito no soy parte en los asuntos ya mencionados por lo cual solicito con fundamento en el artículo 121 de la Ley de Amparo, se aperciba a los juzgados Cuarto y Sexto de lo civil para que proporcionen copias de todo lo actuado en los expedientes ******* y *******, respectivamente. De manera que, la quejosa argumenta tener interés jurídico para reclamar los actos arriba precisados. Por lo tanto, para que la quejosa demuestre el interés jurídico que aduce tener, es necesario que concurran los siguientes requisitos: a) Que exista el derecho subjetivo que dice, se vulneró en su perjuicio, en este caso, la legítima propiedad del bien inmueble de que se trata, b) Que el acto de autoridad afecte, directamente, ese derecho. Así lo estimó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2ª.LXXX/2013, la cual se cita por las razones conducentes que informa, publicada en la página 1854, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIV, Septiembre de 2013, Materia Común, Décima Época, con número de registro 2004501, del rubro y texto siguientes: INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN i, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva, el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso ya sea de manera individual o colectiva; y c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, este debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados, son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente. El subrayado es nuestro. En esas condiciones, es necesario que la quejosa demuestre el derecho subjetivo que dice, se vulneró en su perjuicio, en este caso, el de propiedad, con el título de fecha cierta relativo. Al respecto, el quejoso ofreció los siguientes medios de convicción: 1.- Contrato privado original de compra venta, celebrado el veintidós de abril de dos mil tres, entre *******, en su carácter de representante legal de ******* y *******, en su carácter de parte vendedora, y el quejoso *******, en su carácter de parte compradora, respecto del bien inmueble ubicado en *******, en esta ciudad (foja 8), 2.- Copia certificada del poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración y dominio, con carácter irrevocable, única y exclusivamente respecto del bien inmueble marcado con el número *******, de un condominio habitacional sujeto al régimen de propiedad en condominio cuya denominación es *******, en esta ciudad, inscrito con el número *******, del libro *******, de la sección *******, del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Bravos, que *******, en su carácter de representante legal de ******* y *******, otorgó al quejoso *******, el veintidós de abril de dos mil tres, del que se desprende la siguiente leyenda (foja 10): (.) El presente mandato se otorga con el carácter de irrevocable ya que con el mismo, se da cumplimiento a una obligación contraída con anterioridad razón por la cual le dispenso de rendirles cuentas a mis representados, así mismo podrá otorgar el inmueble materia del presente mandato en garantía hipotecaria, celebrar reestructuras y substituciones de deudor y podrá ejercer el presente mandato aún después del fallecimiento de mis representados; finalmente le autorizo para que si es su deseo ejercite el presente mandato a su favor pudiendo en consecuencia escriturarse a sí mismo. (.) 3.- Copia certificada del poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración y dominio, con carácter irrevocable, única y exclusivamente respecto del bien inmueble marcado con el número *******, de un condominio habitacional sujeto al régimen de propiedad en condominio cuya denominación es *******, en esta ciudad, inscrito con el número *******, del libro *******, de la sección *******, del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Bravos, que ******* y *******, otorgaron a *******, el veintidós de abril de dos mil tres, del que se desprende la siguiente leyenda (foja 13): (.) El presente mandato se otorga con el carácter de IRREVOCABLE ya que con el mismo, damos cumplimiento a una obligación contraída con anterioridad razón por la cual le dispensamos de rendirnos cuentas y le autorizamos para que lo sustituya total o parcialmente, incluyendo las facultades de sustitución, reservándose su ejercicio, pudiendo en consecuencia otorgar y revocar poderes; podrá otorgar el inmueble en materia del presente mandato en garantía hipotecaria, celebrar reestructuras y substituciones de deudor y podrá ejercer el presente mandato aún después de nuestro fallecimiento; finalmente les autorizamos para que si es su deseo, ejercite el presente mandato a su favor pudiendo en consecuencia escriturarse dicho inmueble así mismo. (.) 4.- Escritos originales de treinta de octubre de dos mil diecisiete, mediante los cuales el quejoso solicitó a los Jueces Primero y Tercero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, copia certificada de todo lo actuado en los expedientes ******* y *******, respectivamente (foja 16), 5.- Tres certificados de pago originales expedidos por la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, el veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, por concepto de expedición de copias certificadas (foja 17), 6.- Copia certificada del aviso preventivo que envió el Notario Público número ******* en esta ciudad, el tres de junio de dos mil quince, al Jefe del Registro Público de la Propiedad, relativo a la escritura número *******, del volumen *******, de su índice (foja 20), 7.- Copia certificada de la escritura pública número *******, del volumen *******, del índice de la Notaría Pública número ******* en esta ciudad, de tres de junio de dos mil quince, mediante la cual se hizo constar el contrato de compra venta celebrado entre *******, en su carácter de único y universal heredero en las sucesiones intestamentarias a bienes de ******* y *******, en su carácter de vendedor, e *******, en su carácter de comprador, respecto del bien inmueble marcado con el número *******, de un condominio habitacional sujeto al régimen de propiedad en condominio cuya denominación es *******, en esta ciudad, inscrito con el número *******, a folio *******, del libro *******, de la sección *******, del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Bravos, cuyo acto traslativo de dominio quedó inscrito con el número *******, a folio *******, del Libro *******, de la sección *******, de dicho Registro Público (foja 23), 8.- Copia certificada de la escritura pública número *******, del índice de la Notaría Pública número *******, de diecinueve de octubre de mil novecientos noventa y cuatro, mediante la cual se hizo constar el contrato de apertura de crédito con interés y garantía hipotecaria, celebrado entre *******, como parte vendedora, ******* y *******, como parte compradora y parte acreditada y *******, en su carácter de parte acreditante, respecto del bien inmueble marcado con el número *******, de un condominio habitacional sujeto al régimen de propiedad en condominio cuya denominación es *******, en esta ciudad, acto jurídico que quedó inscrito con el número *******, a folio *******, del libro *******, de la sección *******, del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Bravos (foja 62). Pues bien, con los anteriores medios de convicción que ofreció el quejoso, no demuestra el interés jurídico que le asiste para reclamar los actos indicados, pues no demuestra, como se expondrá a continuación, ser titular del derecho de propiedad sobre el bien inmueble ya descrito en varias ocasiones y en consecuencia, que los actos reclamados vulneren sus derechos humanos. En efecto, con los documentos descritos en el número 4, consistentes en los escritos originales de treinta de octubre de dos mil diecisiete, mediante los cuales el quejoso solicitó a los Jueces Primero y Tercero de lo Civil del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, copia certificada de todo lo actuado en los expedientes ******* y *******, respectivamente (foja 16), únicamente demuestra que realizó tal petición. Ahora bien, con los documentos descritos en el apartado 5, consistentes en tres certificados de pago originales expedidos por la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, el veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, por concepto de expedición de copias certificadas (foja 17), se demuestra que el quejoso solicitó copia certificada de las tres actuaciones posteriormente descritas. Ahora bien, con la copia certificada de la escritura pública número *******, descrita en el número 8, se demuestra que se celebró el acto jurídico ahí contenido y que ******* y *******, adquirieron la propiedad del bien inmueble mencionado y constituyeron sobre el mismo garantía hipotecaria, esto es, con tal documento no se desprende que el quejoso es propietario de dicho inmueble. Luego, con los documentos descritos en los apartados 6 y 7, consistentes en copia certificada del contrato de compraventa celebrado ante el Notario Público número ******* en esta ciudad, el tres de junio de dos mil quince, entre *******, en su carácter de único y universal heredero en las sucesiones intestamentarias a bienes de ******* y *******, en su carácter de vendedor, e *******, en su carácter de comprador, respecto del bien inmueble descrito y en el aviso preventivo relativo, se demuestra fehacientemente que en esa fecha, el aquí tercero interesado *******, compró dicho bien inmueble y adquirió el carácter de propietario del mismo. Se afirma todo lo anterior, pues los documentos descritos, cuentan con valor probatorio pleno conforme a los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, ya que se trata de documentos originales de los que se advierten las firmas y sellos originales de las dependencias que los recibieron o expidieron, así como en copia certificada, expedidos respecto de sus originales, por un servidor público en ejercicio de sus funciones y dotado de fe pública, como lo es el Encargado del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Bravos, en esta ciudad; esto es, el contenido de dichos documentos está fehacientemente probado, de ahí que se pueda deducir válidamente que no demuestran, de forma alguna, la titularidad de la propiedad, por parte del quejoso, del bien inmueble que nos ocupa. Indicado lo anterior, se procede a analizar el resto de los documentos exhibidos por el quejoso. Pues bien, el documento descrito en el apartado 1, consistente en contrato privado original de compraventa, celebrado el veintidós de abril de dos mil tres, entre *******, en su carácter de representante legal de ******* y *******, en su carácter de parte vendedora, y el quejoso *******, en su carácter de parte compradora, respecto del bien inmueble ubicado en *******, en esta ciudad (foja 8), carece de valor probatorio para efecto de demostrar que el quejoso adquirió en propiedad dicho bien inmueble, en la fecha indicada. En efecto, aunque se trata de un documento original, carece de fecha cierta, calidad que se adquiere una vez que un documento privado se presenta ante un fedatario público o fallece alguno de sus firmantes y que es necesaria para demostrar que a partir de la adquisición de dicha calidad, el acto jurídico que contiene surte efectos frente a terceros. Sin embargo, en el caso, no se advierte que el contrato privado de compraventa que nos ocupa, haya sido presentado ante un fedatario, y si bien es cierto que los mandantes fallecieron, tan es así que está en curso la tramitación de sus sucesiones, no se tiene noticia de que el mandatario de los de cujus, que fue quien firmó dicho contrato, haya fallecido. Así lo determinó la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis registrada con el número 271252, publicada en la página 113, del Volumen XL, Cuarta Parte, del Semanario Judicial de la Federación, materia Civil, Sexta Época, que dice: DOCUMENTOS PRIVADOS, FECHA CIERTA DE LOS. Los documentos privados son de fecha cierta desde el día en que hayan sido incorporados o inscritos en el Registro Público; desde la muerte de cualquiera de las personas firmantes, o desde que hayan sido entregados a un funcionario público, por razón de su oficio. Así como en la tesis registrada con el número 271031, publicada en la página 178, del Volumen XLVIII, Cuarta Parte, del Semanario Judicial de la Federación, materia Civil, Sexta Época, del rubro y texto siguientes: DOCUMENTOS PRIVADOS, FECHA CIERTA DE LOS. Los documentos privados sólo pueden perjudicar a terceros, desde su fecha que debe tenerse por cierta, lo cual acontece, desde el día en que se incorpore o inscriba en un Registro Público; desde la muerte de cualquiera de los que lo firmaron, o desde la fecha en que se entregue a un funcionario público por razón de su oficio. Por lo tanto, el contrato privado de compra venta exhibido por el quejoso, no es apto para demostrar su interés jurídico, pues como se expuso, carece de fecha cierta. Lo anterior es acorde con lo considerado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia por contradicción de tesis 1ª./J. 46/99 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 78, del Tomo X, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Diciembre de 1999, Novena Época y número de registro 192662, que dice: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, INEFICACIA DEL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE FECHA INCIERTA, PARA ACREDITARLO.- Si bien en términos del artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los documentos privados no objetados en juicio hacen prueba plena, esta regla, no es aplicable en tratándose de documentos privados en los que se hace constar un acto traslativo de dominio, los cuales, para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren de ser de fecha cierta, lo que este Supremo Tribunal ha estimado ocurre a partir del día en que se celebran ante fedatario público o funcionario autorizado, o son inscritos en el Registro Público de la Propiedad de su ubicación, o bien, a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes; por lo que es dable concluir, que con esa clase de documentos no debe tenerse por acreditado el interés jurídico del quejoso que lo legitime para acudir al juicio de amparo, pues la circunstancia de ser de fecha incierta, imposibilita determinar si todo reclamo que sobre esos bienes realicen terceros, es derivado de actos anteriores o posteriores a la adquisición del bien litigioso, garantizándose de esta manera, la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en este tipo de operaciones y evitando que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales. No se pierde de vista que en los apartados 2 y 3, se describieron los documentos exhibidos por el quejoso, consistentes en los poderes generales para pleitos y cobranzas, actos de administración y dominio, de carácter irrevocable, sobre objeto limitado, que es el bien inmueble que nos ocupa, en virtud de los cuales, *******, en su carácter de representante legal de ******* y *******, celebró el contrato de compra venta privado ya descrito, con el aquí quejoso y le otorgó un mandato similar, en virtud de una obligación contraída con anterioridad e incluso, para que se escriturara a sí mismo dicho bien inmueble. Sin embargo, tampoco dichos documentos son aptos para demostrar el interés jurídico del quejoso. Al respecto, es preciso citar el contenido de los artículos 2445, 2494 y 2495 del Código Civil del Estado de Chihuahua, disponen lo siguiente: ARTÍCULO 2445. El mandato es un contrato por el que el mandatario se obliga a ejecutar por cuenta del mandante los actos jurídicos que éste le encarga. ARTÍCULO 2494. El mandato termina: I. Por la revocación; (.) ARTÍCULO 2495. El mandante puede revocar el mandato cuando y como le parezca; menos en aquellos casos en que su otorgamiento se hubiere estipulado como obligación en un contrato bilateral, o como un medio para cumplir otra obligación contraída. En estos casos tampoco puede el mandatario renunciar el poder. La parte que revoque o renuncie el mandato en tiempo inoportuno, debe indemnizar a la otra de los daños y perjuicios que le cause. Cuando el mandato se otorgue como un medio para cumplir otra obligación contraída por el mandante a favor del mandatario, este último está facultado para hacerse pago al ejercer el mandato, salvo convenio en contrario. Los mandatos que se hayan otorgado con carácter de irrevocables no se podrán otorgar, sustituir, delegar o encomendar en los términos del artículo 2473, cuando sean para efectos de actos de dominio. Pues bien, de tales disposiciones se desprende: - que el mandato es un contrato por el que el mandatario se obliga a ejecutar por cuenta del mandante, los actos que éste le encomienda; - que el mandato puede ser revocable; - excepto cuando el mandato se otorgue, como en el caso, como un medio para cumplir otra obligación contraída por el mandante a favor de mandatario, en cuyo supuesto el mandatario está facultado para hacerse pago al ejercer el mandato, salvo convenio en contrario. Conforme a lo anterior, se entiende que el mandato otorgado al aquí quejoso, ya descrito, tiene el carácter de irrevocable debido a que, como en el mismo se consigna, se otorgó para cumplir una obligación contraída con anterioridad y tal como la legislación lo señala, también se precisó que el mandatario podía escriturar el bien inmueble que nos ocupa, a su favor, lo que es congruente con la legislación citada. Sin embargo, específicamente del mandato otorgado al aquí quejoso no se desprende, de forman alguna, que la obligación contraída con anterioridad a que se refiere el mandato en análisis, es precisamente el contrato de compraventa privado, celebrado entre el mandante ******* (quien a su vez es mandatario de ******* y *******) y el mandatario, aquí quejoso, *******, sencillamente porque nada se mencionó al respecto en el documento que contiene dicho acto jurídico. De manera que, no es posible adminicular el contrato privado de compraventa analizado, al poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración y dominio, irrevocable y de objeto limitado, que el mandante, vendedor en el contrato privado de compraventa ya descrito, otorgó al aquí quejoso, comprador en dicho contrato de compraventa, máxime que dicho acuerdo de voluntades, como ya se expuso, carece de fecha cierta y no fue presentado ante el Notario Público ante quien se otorgó el mandato en comento, para el otorgamiento del mismo ni, se insiste, se menciona en ninguna parte de dicho documento. Lo que se pone de manifiesto tomando en cuenta que al menos en este juicio de amparo, no se tiene noticia de que el apoderado, aquí quejoso, haya hecho valer sus facultades, escriturándose a sí mismo el bien inmueble de que se trata, precisamente con motivo del contrato de compraventa ya mencionado, por lo que solo tuvo el carácter de mandatario y no el de propietario. En ese contexto, el quejoso no demostró ser el legítimo propietario del inmueble marcado con el número *******, de un condominio habitacional sujeto al régimen de propiedad en condominio cuya denominación es *******, en esta ciudad, inscrito inicialmente con el número *******, del libro *******, de la sección *******, del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Bravos, por lo tanto, no demostró que le asista interés jurídico para reclamar a través de este juicio de amparo los actos ya precisados. Lo anterior, actualiza la causal de improcedencia invocada, prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, por lo tanto, lo procedente es sobreseer en este asunto, de conformidad con el numeral 63, fracción V, de la propia Ley. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. Se SOBRESEE en este juicio de amparo promovido por *******, en contra de los actos y autoridades responsables precisados en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado *******, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, asistido de la Secretaria licenciada *******, que autoriza y da fe, hasta el día de hoy veintisiete de julio de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las razones del juzgado.
Quedan 16 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · 7,505 expedientes
- Hugo Cuithahuac Salazar Varela884/2021
- Hugo Daniel Sanchez Sanchez1/2015
- Hugo García Ponce y Otros.3/2016
- Hugo García Ponce y Otros.750/2016
- Hugo Gracía Ponce y Otros.770/2018
- Hugo Hermosillo Saucedo24/2018
- Hugo Israel Pineda Simental498/2022
- Hugo Israel Pineda Simental285/2021
- Hugo Manuel Corona Pérez402/2022
- Hugo Martínez Díaz197/2016
- Hugo Maynez Cabral166/2023
- Hugo Maynez Maldonado y Otros.168/2023