Hugo Leyva Mirón
Expediente 77/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 8 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 77/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 07/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Hugo Leyva Mirón
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Córdoba, Veracruz, siete de junio de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio signado por la Juez Sexta de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con residencia en Orizaba, Veracruz; atento a su contenido, se le tiene acusando recibo del oficio 14035/2020, por el que se le notificó el auto de catorce de mayo de dos mil veintiuno, en el que se ordenó el archivo del presente juicio y se le devolvió un tomo de pruebas. Cúmplase.
- Principal
Córdoba, Veracruz, catorce de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal y en atención a la certificación de cuenta, en el sentido de que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia autorizada el ocho de abril de dos mil veintiuno, en la que se negó el amparo solicitado; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la Ley invocada, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, SE DECLARA QUE HA CAUSADO EJECUTORIA dicha sentencia para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente expediente principal deberá transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se establece que dicho expediente no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del acuerdo referido, por lo que se considera que no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el juicio principal en que se actúa una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DEPURACIÓN, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho Acuerdo General, por haberse negado la protección constitucional. Finalmente, en atención a la certificación de cuenta, de la que se advierte la existencia de un tomo de pruebas formado con motivo de las copias certificadas del juicio ordinario civil. que remitió el Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar, con sede en Orizaba, Veracruz, al rendir su informe justificado; el que resulta innecesario conservar al haber quedado firme la sentencia emitida en el presente juicio; por tanto, devuélvase a su lugar de origen y solicítese de la manera más atenta, el acuse correspondiente.
- Principal
Córdoba, Veracruz, a doce de abril de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio recibido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, signado por el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con sede en Acapulco, Guerrero; en atención a su contenido y a la certificación que antecede, se tiene por recibida la sentencia de ocho de abril de dos mil veintiuno, emitida mediante el expediente electrónico del cuaderno auxiliar 64/2021, de su orden cronológico, formado con motivo de la versión electrónica del presente juicio de amparo 77/2020, que se puso a su disposición a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Acúsese recibo. En consecuencia, se ordena imprimir e integrar al presente juicio dicha sentencia, para los efectos legales conducentes; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y notifíquese a las partes dicha resolución. ................................................................................SENTENCIA de ocho de abril de dos mil veintiuno................................. Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo número 77/2020, del índice del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, promovido por ., por propio derecho. R E S U L T A N D O PRIMERO. A través del escrito presentado el seis de febrero de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, y remitido el siete de ese mismo mes y año a la oficialía de partes del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en esa entidad federativa, . por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y el acto siguientes: "C A P Í T U L O III (AUTORIDAD RESPONSABLE) H. JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA ESPECIALIZADO EN MATERIA FAMILIAR, [.]. [.] CAPÍTULO VI (ACTOS RECLAMADOS) PRIMERO.- Se reclama del Juez Sexto de Primera Instancia especializado en materia familiar de la Ciudad de Orizaba, Ver, la resolución de fecha 20 DE ENERO DE 2020, dictada dentro los autos de juicio ordinario civil No. ., en relación a la reclamación interpuesta en contra de la pensión alimenticia provisional fijado de 40% a un 36% del salario y de prestaciones ordinarias y extraordinarias que percibo como trabajador de ', monto por el cual resulta excesivo. SEGUNDO.- De igual forma se reclama de la autoridad señalada como responsable las consecuencias y efectos que se produzcan como consecuencia de los actos de autoridad de los que se duele la quejosa." Actos que consideró violatorios de los artículos 1°, 4°, 8º, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Mediante el proveído de diez de febrero de dos mil veinte, el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, admitió a trámite la demanda de amparo bajo el número de expediente 77/2020; asimismo, solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, dio la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación de su adscripción; de igual forma, señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que previos diferimientos tuvo verificativo el dos de diciembre de dos mil veinte, conforme al acta correspondiente. TERCERO. A través del oficio número 12 y acta circunstanciada de cinco de marzo de dos mil veintiuno, el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, remitió vía electrónica los autos del juicio de amparo 77/2020 a este órgano auxiliar, en acatamiento a los Acuerdos Generales 54/2008 y 26/2011 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; además, de conformidad con el oficio SECNO/STCCNO/108/2021, de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, aprobado por la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, para efecto del dictado de la resolución correspondiente, asunto cuyo conocimiento correspondió a este Juzgado Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero, que ordenó la formación del cuaderno auxiliar 64/2021. CUARTO. Suspensión de las actividades jurisdiccionales. En sesión extraordinaria de diecisiete de marzo de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, emitió el ACUERDO GENERAL 4/2020, RELATIVO A LAS MEDIDAS DE CONTINGENCIA EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL PROPIO CONSEJO POR EL FENÓMENO DE SALUD PÚBLICA DERIVADO DEL VIRUS COVID-19; a través del cual decretó la suspensión de las labores jurisdiccionales durante el periodo comprendido del dieciocho de marzo al diecinueve de abril de dos mil veinte, en respuesta al brote del virus SARS-CoV2 (COVID- 19), partiendo principalmente de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, con la finalidad de evitar la concentración de personas y con ello la propagación del virus. Periodo que, primeramente, se amplió al cinco de mayo de dos mil veinte, mediante ACUERDO GENERAL 6/2020, aprobado en sesión extraordinaria de trece de abril de dos mil veinte; y que se volvió a extender hasta el treinta y uno de mayo de dos mil veinte, por diverso ACUERDO GENERAL 8/2020, aprobado en sesión extraordinaria de veintisiete de abril de dos mil veinte. El veinticinco de mayo de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, emitió el ACUERDO GENERAL 10/2020, mediante el cual se prorrogó la vigencia del diverso 8/2020. El ocho de junio del citado año, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el ACUERDO GENERAL 13/2020 relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, con un vigencia del dieciséis al treinta de junio de dos mil veinte, mediante el cual se inició una segunda etapa en la regularización de actividades jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, retomando los elementos introducidos en el ACUERDO GENERAL 8/2020 y agregando una apertura total a la tramitación de nuevos asuntos de la modalidad de "juicio en línea". Asimismo, mediante los Acuerdos Generales 15/2020 y 18/2020, se prorrogó la vigencia del diverso 13/2020, hasta el treinta y uno de julio de dos mil veinte, con el objetivo de dar continuidad a un esquema de trabajo que permite retomar a mayor escala la actividad jurisdiccional. Posteriormente, mediante el ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19, se establecieron las reglas a que debían sujetarse los órganos jurisdiccionales, dentro del periodo del tres de agosto al treinta y uno de octubre de dos mil veinte, con el objetivo de reanudar en su totalidad sus actividades dentro del Poder Judicial de la Federación. Por último, a través de los Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020 y 1/2021, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reformaron el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, con relación al periodo de vigencia, se establecieron nuevamente las reglas a que deben sujetarse los órganos jurisdiccionales, ampliándose con ello su vigencia hasta el treinta de junio de dos mil veintiuno, con el objeto de reanudar en su totalidad sus actividades dentro del Poder Judicial de la Federación. En ese contexto, esta sentencia se emite en la presente fecha, en atención y observancia a los diversos Acuerdos Generales emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, concretamente en relación al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero, con jurisdicción en toda la República, es competente para resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, 33 fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo en vigor; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; punto CUARTO, apartado VII, y punto QUINTO, apartado 7, del Acuerdo General 03/2013 publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número, a la jurisdicción territorial, así como a la especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en relación con el punto PRIMERO del diverso acuerdo 54/2008, del aludido órgano colegiado, relativo a la creación del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero, así como los órganos jurisdiccionales que lo integran, reformado por el diverso Acuerdo General 27/2011, publicado con fecha trece de septiembre de dos mil once y su correspondiente aclaración de veinte de septiembre siguiente, publicada en el medio de difusión oficial señalado, el veintinueve del mismo mes y año; punto PRIMERO del Acuerdo General 26/2011 del propio órgano, relativo al inicio de funciones de este Juzgado Federal con jurisdicción en toda la República; además, de conformidad con el oficio SECNO/STCCNO/108/2021, de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, aprobado por la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en el que se determinó que este Órgano Jurisdiccional apoye en el dictado de sentencias de amparo indirecto al Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba; asimismo, en atención a que el acto reclamado fue atribuido a una autoridad con domicilio dentro del ámbito de competencia del aludido órgano federal, al que este juzgado auxiliar está apoyando en el dictado de la sentencia. SEGUNDO. Cuestión relevante. Previamente a definir el sentido de este fallo, resulta oportuno señalar que la competencia de este órgano de control constitucional se encuentra restringida para dictar sentencia en los juicios de amparo que por disposición del Consejo de la Judicatura Federal son enviados para ese efecto, ya que fue creado exclusivamente para ello; de ahí que, el presente asunto se resuelva con base en las constancias que existen en el expediente y conforme lo integró el juzgado de Distrito auxiliado. Sirve de apoyo a lo anterior, por igualdad de razón, la jurisprudencia 2a./J. 107/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 440, Tomo XXXII, Agosto de 2010, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es el siguiente: "ÓRGANOS JURISDICCIONALES AUXILIARES. SU COMPETENCIA. Conforme a la facultad derivada del artículo 94, sexto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en determinar el número, división en circuitos, competencia territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, el Consejo de la Judicatura Federal emitió diversos acuerdos generales mediante los cuales creó órganos jurisdiccionales auxiliares, encargados de brindar apoyo temporal únicamente en el dictado de sentencias en los lugares con alta carga de trabajo. De lo anterior se concluye que los órganos jurisdiccionales auxiliares tienen una competencia restringida, es decir, no abierta al turno ordinario de los asuntos, por lo que no pueden declararse incompetentes y negarse a conocer de los remitidos para su resolución, dado que su actuar se rige por el acuerdo general correspondiente y, por ende, su competencia está circunscrita a dictar sentencia en los expedientes remitidos por disposición del Consejo de la Judicatura Federal, como expresión pura de la facultad que a este órgano le confiere la Constitución General de la República; de ahí que sea inaplicable el Acuerdo General 48/2008, relativo al turno de los asuntos mediante el sistema de relación, en atención al principio jurídico de que la norma especial se aplica sobre la general." TERCERO. Jurisprudencia y tesis aisladas. Se hace la precisión de que las jurisprudencias y tesis aisladas invocadas en el presente asunto, correspondientes a la Novena Época y anteriores del Semanario Judicial de la Federación, no obstante haber sido integradas conforme a la Ley de Amparo anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables dado que no se oponen a la legislación vigente; ello de conformidad con el Artículo Sexto Transitorio de la actual Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, que entró en vigor al día siguiente. CUARTO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden y con la finalidad de cumplir con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado en esta instancia, para lo cual se debe analizar en su integridad la demanda de amparo, y examinar no solo el capítulo que contiene el acto reclamado; sino, además, lo expresado por la parte quejosa a manera de conceptos de violación; con lo que se cumple, también, con lo establecido en la jurisprudencia 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Materia Común, consultable a página 32, del Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 192097, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Atento a lo anterior, en términos del artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, de un análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso reclama lo siguiente: Del Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Décimo Quinto Distrito Judicial del Estado de Veracruz, con residencia en Orizaba, reclama: - La resolución de veinte de enero de dos mil veinte, emitida en los autos del juicio 378/2019, a través de la cual se resolvió el recurso de reclamación interpuesto por ., contra la pensión alimenticia provisional decretada en el auto de treinta de abril de dos mil diecinueve. QUINTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Décimo Quinto Distrito Judicial del Estado de Veracruz, con residencia en Orizaba, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado; por tanto, se tiene plenamente probada su existencia. Certeza que se corrobora con la copia certificada de diversas constancias relativas al expediente 378/2019, que remitió el juez responsable como complemento a su informe con justificación; documental que merece pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, toda vez que fueron expedidas por un funcionario público en ejercicio de sus atribuciones. SEXTO. Causales de improcedencia. Previamente al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia, ya sea que las partes las aleguen o que de oficio se adviertan, por ser ésta una cuestión de orden público y de examen preferente, de conformidad con lo dispuesto en la última parte del artículo 62 de la Ley de Amparo. Al no haber causa de improcedencia hecha valer por las partes ni advertirse de oficio que se actualice alguna, se procede al análisis del fondo del asunto. SÉPTIMO. Conceptos de violación. Los conceptos de violación se tienen por reproducidos en este considerando, sin que resulte necesaria su trascripción, de conformidad con lo dispuesto en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, mayo de 2010, Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro electrónico 164618, de rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." OCTAVO. Estudio de los conceptos de violación. Es necesario precisar que con relación al acto reclamado que consiste en la resolución de veinte de enero de dos mil veinte, emitida en los autos del expediente 378/2019, por el Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Décimo Quinto Distrito Judicial del Estado de Veracruz, con residencia en Orizaba, se actualiza la hipótesis de suplencia de la queja prevista en la fracción II, del artículo 791 de la Ley de Amparo, a favor del orden y desarrollo de la familia. Es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 42/2018 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 773, Libro 59, octubre de 2018, Tomo I, Décima Época, con registro digital 2018093, que dispone:.. Esto resulta relevante porque, considerando que los intereses de los menores de edad solían verse afectados en asuntos familiares cuyos litigios normalmente se entablaban por sus progenitores, la suplencia de la queja se entendió con un alcance amplísimo, de modo tal que los derechos de las niñas, niños y adolescentes involucrados en conflictos familiares fuesen tutelados de manera adecuada y autónomamente. Así, resulta evidente que la causal de suplencia de la queja a favor del orden y desarrollo de la familia puede empalmarse, en juicios de divorcio, con un número importante de decisiones que recaen sobre los menores de edad, como lo referente a sus alimentos, custodia, visitas y convivencias con los padres, y la patria potestad. Ahora bien, la suplencia de la queja también opera a favor de la familia, de modo que existe un espacio residual de relaciones jurídicas que pueden estar en juego y cuya existencia y relevancia deberá constatarse caso a caso, sin llegar a comprender la posibilidad de impedir el divorcio, pues se desconocería el papel preponderante de la voluntad de la parte que ya no desea seguir unida en matrimonio, ni la de resolver cuestiones estrictamente patrimoniales. Considerando lo anterior, dicha figura debe operar de modo que quienes juzguen eviten que la ruptura de las relaciones surgidas de esa forma específica de familia, derivada del matrimonio, carezca de un impacto jurídicamente diferenciado sobre cada uno de los cónyuges. En este punto resulta fundamental la eliminación de posibles actos de discriminación u otros obstáculos que impidan desproporcionada o irrazonablemente a los progenitores ejercer sus derechos de maternidad y paternidad, así como la compensación de la eventual pérdida de oportunidades que hubiese sufrido una de las partes durante y con motivo del matrimonio." De igual modo, tiene aplicación la jurisprudencia 1a./J. 24/2020 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 316, Libro 78, septiembre de 2020, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro digital 2022087, de rubro y texto siguientes: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. EN EL JUICIO DE AMPARO CUYA MATERIA SEA EL DERECHO DE ALIMENTOS, PROCEDE APLICARLA EN FAVOR DEL DEUDOR ALIMENTARIO. Los órganos de amparo contendientes examinaron la aplicación de la suplencia de la queja deficiente en favor del deudor alimentario cuando en el juicio de amparo se reclama una determinación en esa materia, con fundamento en el artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, en su hipótesis relativa a los casos en que se afecte el orden y desarrollo de la familia, y arribaron a conclusiones contrarias. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que esa hipótesis de suplencia de la queja en el juicio de amparo se actualiza tanto para el acreedor como para el deudor alimentarios. Ello, porque dicho supuesto tiene como finalidad proteger a la familia en su conjunto, como grupo, en los casos en que se puedan ver trastocadas las relaciones familiares o cuando estén involucradas instituciones de orden público, respecto de las relaciones existentes entre sus miembros y en los derechos y obligaciones subyacentes a las mismas. Sobre esa base, los alimentos están reconocidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como una institución de orden público e interés social, así como un derecho humano, pues con ellos se garantizan las necesidades básicas de subsistencia de las personas, con un nivel de vida digno y adecuado. De manera que respecto de esa institución jurídica prevalece el deber del Estado, a través de la intervención oficiosa y eficaz de los juzgadores mediante la aplicación de la suplencia de la queja, a efecto de lograr que la determinación específica del derecho alimentario y su cumplimiento en los casos concretos, se haga con apego al marco normativo constitucional, convencional y legal que lo rigen. Por otra parte, dado que la obligación alimentaria tiene su origen primario en relaciones de familia, las decisiones en la materia no están exentas de afectar el desarrollo de dichas relaciones, por lo que si bien tienen un contenido económico, sus implicaciones no son exclusivamente patrimoniales. Por último, no debe estimarse un obstáculo para que opere dicha suplencia a favor del deudor, que con ella coexista también una obligación de suplencia de queja para el acreedor, ya sea con base en el supuesto de minoría de edad, de ser persona con discapacidad, o por la misma protección al orden y desarrollo de la familia, pues el carácter de orden público de los alimentos y su incidencia en el desenvolvimiento de las relaciones familiares, permite que se empalmen esas diversas hipótesis de suplencia para hacer prevalecer la legalidad y la justicia en las decisiones relativas." Ahora, previo al estudio de los conceptos de violación hechos valer por el impetrante, resulta oportuno realizar una síntesis de los antecedentes más importantes de los actos reclamados, los cuales se desprenden de las constancias que remitió la autoridad responsable como complemento a su informe con justificación, a saber: 1. Mediante el escrito presentado ante la oficialía de partes del juzgado responsable, . demandó de ., el pago de una pensión alimenticia provisional, así como definitiva, en favor tanto de ella como de su menor hija. 2. Mediante el auto de treinta de abril de dos mil diecinueve, el juez responsable admitió a trámite la demanda bajo el número de expediente 378/2019; asimismo, entre otras determinaciones, emitió la relativa a la pensión alimenticia provisional que el demandado debía proporcionar a la actora, así como a su menor hija. 3. ., en su escrito de contestación de demanda, interpuso recurso de reclamación contra la determinación de pensión alimenticia provisional establecida en el auto de treinta de abril de dos mil diecinueve. 4. El veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, el juez responsable dictó la resolución relativa al referido recurso de reclamación, en el sentido de declarar improcedente el aludido medio de impugnación; en consecuencia, confirmó la pensión alimenticia provisional fijada en el acuerdo recurrido. 5. Inconforme con tal determinación, el ahora quejoso promovió demanda de amparo, cuyo conocimiento correspondió al Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, bajo el número de expediente 791/2019; órgano que dictó la sentencia correspondiente el veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, en el sentido de conceder la protección constitucional para los efectos siguientes: "a) Al momento de resolver la reclamación de que se trata, reitere las consideraciones que no son materia de concesión del amparo, pero parta de la base de que la circunstancia de tener por demostrado que el quejoso tiene un acreedor alimentario más, que es el menor de iniciales .., es suficiente para motivar la regraduación de la citada medida cautelar; y b) A partir de ello, atendiendo a lo que dispone el artículo 242 del Código Civil del Estado de Veracruz, realice el análisis de proporcionalidad respectivo, de acuerdo a la realidad imperante en autos, esto es, ponderando la necesidad alimentaria de las acreedoras alimentarias, en contraposición con las posibilidades económicas del deudor." Los datos anterior se extraen del almacenamiento y captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que se tienen como hechos notorios de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo. Además, con base en la jurisprudencia 16/2018, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 10, Libro 55, junio de 2018, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro digital 2017123, de rubro y texto siguiente: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente." 6. En cumplimiento a la referida ejecutoria de amparo, el juez responsable dictó una nueva resolución el veinte de enero de dos mil veinte, cuyos puntos resolutivos son los siguientes: ... Es así, pues como bien lo apreció la autoridad, de la lectura de dichas consultas (fojas 54 a 57, 59 y 60 del tomo de pruebas), se advierte que no se trata de recibos de nómina, y del contenido de tales documentos no se aprecia que los depósitos que amparan correspondan al pago del sueldo realizado al deudor alimentario por su patrón. Por lo que hace a lo manifestado por el quejoso, en el sentido de que ya se había declarado que no cuenta con los recibos de nómina por no expedírselos su patrón, ello es inexacto, toda vez que de la revisión del sumario natural no se advierte que aquél haya realizado manifestación alguna en ese sentido. Máxime que de conformidad con el artículo 804, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, los patrones tienen la obligación de expedir y conservar los recibos relativos a los pagos efectuados a sus trabajadores. Tampoco tiene razón el impetrante cuando sostiene que, conforme al principio de 'buena fe procesal', el juzgador, de forma presuntiva, debió tener por ciertos los documentos exhibidos. En efecto, tratándose de pruebas, el principio de buena fe procesal invocado por la autoridad responsable en el acto reclamado, se apoya en la dignidad de las personas y los actos que se realizan y que deben ser tratadas como tales, pues es la base con la que actúan las partes, de modo que sólo ante la falta de indicios contrarios que se reflejen en el contenido o alcance de la prueba ofrecida, puede el juez dejar de otorgar valor probatorio a un elemento de convicción. Esto es, el principio de buena fe procesal expuesto por la autoridad responsable al valorar el material probatorio existente en el juicio natural, no implica que éste necesariamente deba tener por acreditados los hechos que las partes pretendieron demostrar con el ofrecimiento de sus pruebas, sino únicamente que no debe prejuzgarse, prima facie, la falsedad de una prueba, es decir, que la autoridad judicial debe mostrar una disposición y actitud abierta al conocimiento de los hechos con las herramientas e instrumentos que el texto procesal dota a las partes. En el caso, la autoridad responsable no infringió el mencionado principio al negar valor probatorio a las mencionadas 'consultas de movimientos', pues entre los razonamientos que esgrimió destaca el relativo a que de su contenido no se advierte que se trate de recibos de nómina, y menos aún que los depósitos que contienen hayan sido realizados al reclamante por su patrón. En otras palabras, aun partiendo de la base de que dichos documentos son auténticos, su contenido, como bien lo apreció la responsable, no tiene el alcance de demostrar lo pretendido por el ahora quejosa, esto es, el monto de sus ingresos y la periodicidad de los mismos. Sobre el particular es ilustrativa la tesis I.3o.C.54 C, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1924, del Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 3, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro y texto siguientes: 'PRINCIPIO DE BUENA FE PROCESAL. OBLIGA A NO PREJUICIAR DE FALSA LA PRUEBA DOCUMENTAL OFRECIDA EN COPIA SIMPLE FOTOSTÁTICA. El artículo 373 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal dispone que para acreditar hechos o circunstancias que tengan relación con el negocio que se ventile en juicio, las partes podrán presentar fotografías o copias fotostáticas, medios de prueba que serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia, según lo previsto en el artículo 402 del mismo ordenamiento. Dichos preceptos parten de una premisa fundamental para lograr su vigencia, que es la de observar el principio de buena fe procesal, porque reconoce que "para acreditar hechos o circunstancias" las partes pueden presentar fotografías, lo cual constituye el reconocimiento de que actúan en el proceso con probidad, con el sincero convencimiento de hallarse asistido de razón, y que por esa circunstancia pueden aportar ese tipo de medios de prueba. El principio de buena fe implica una serie de presupuestos, como la existencia de un estadio psicológico, que comprende la intención de obrar honestamente; la creencia de que la contraparte obra del mismo modo y la creencia o ignorancia de atributos o calidades en las personas o cosas. También supone la existencia de una influencia de ese estadio psicológico de la contraparte que le impulsa a la determinación de ofrecer un medio de prueba con la firme convicción de que es plausible que con aquél pueda demostrar lícitamente un hecho sujeto a controversia; así como la actuación conforme a ese estadio psicológico e influencia, que se verifica en el ofrecimiento efectivo de la prueba. Estos presupuestos son analizados por el Juez no sólo por la especial posición y actitud del oferente de ese medio de prueba, sino por la aceptación, falta de reticencia o prueba en contrario que aporte la contraparte para desvirtuar su alcance o para demostrar el significado contrario de los hechos que se pretenden acreditar y que justamente exigen la aplicación de las reglas de la lógica y la experiencia. Entonces, el juzgador debe partir de un principio de buena fe procesal, que se apoya en la dignidad de las personas y los actos que realizan y que deben ser tratadas como tales pues es la base con la que actúan las partes y sólo ante la existencia de indicios contrarios a la misma reflejado en el contenido o alcance de dicho medio de prueba, puede el Juez dejar de otorgar valor probatorio a un documento en copia fotostática que la ley considera, prima facie, una fuente de prueba de los hechos o circunstancias del debate. Sería desapegado a la verdad y al citado principio que el juzgador partiera de la base de que cualquier copia fotostática tiene latente la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, de que no corresponda a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento que se pretende hacer aparecer. Esto es así, porque en lugar de apegarse a la buena fe procesal, partiría de su desestimación por la autoridad, constituyendo un verdadero e injustificado prejuicio, y sólo recurriría a su abrigo cuando aquélla haya sido adminiculada con otros medios de prueba, lo que materialmente implicaría desconocerle, prima facie, valor probatorio por sí misma, lo que se aleja del contenido de la norma y de los principios rectores de la función judicial que tutela el artículo 17 de la Constitución Federal. Lo anterior, no significa que el juzgador deje de observar que las partes que litigan en defensa de sus intereses puedan incurrir en la alteración del documento o su confección, pero el acceso a la justicia como derecho humano exige de la autoridad judicial una disposición y actitud abierta al conocimiento de los hechos con las herramientas e instrumentos que el texto procesal le dota así como el resto del ordenamiento jurídico'. Por otro lado, también es infundado el concepto de violación en el que se sostiene: - Que en relación con los recibos de pagos de renta exhibidos, el juez responsable también violó los principios de congruencia y buena fe procesal, toda vez que -dice- no puede prejuzgar que el quejoso no eroga pago de renta alguno, ya que desafortunadamente ha tenido que cambiar de residencia en varias ocasiones, tan es así que sus documentos oficiales aparecen con domicilios distintos. Que en la diligencia de emplazamiento que le fue practicada por comparecencia, el personal actuante sólo toma los datos de la credencial de elector del compareciente y jamás se asegura o verifica que el domicilio que aparece sea el del notificado, pues sólo se limita a capturar datos en su diligencia y le pide la firma al compareciente. Que por ello el juez no puede prejuzgar en relación al valor de los recibos de pago de arrendamiento. Que incluso se cuenta con la copia simple del pago de luz que se agregó en autos. Que el propio juez pudo dictar diligencias para mejor proveer y mandar llamar al dueño del inmueble al que se le paga la renta. Que la valoración del pago de renta se hizo de manera aislada y sin tomar en consideración el resto de las pruebas ofrecidas en autos. Carece de razón el inconforme, toda vez que fue objetivamente correcto que el juez responsable determinara que los recibos de arrendamiento ofrecidos por el reclamante (fojas 64 y 65 del tomo de pruebas), son ineficaces para demostrar que aquél realiza gastos por concepto de habitación, entendida ésta como el lugar en el que vive o habita. En efecto, como con acierto lo advirtió la autoridad responsable, si bien con tales recibos el reclamante pretendió justificar que realiza gastos por concepto de pago de renta de habitación respecto del domicilio ubicado en '.., en el sumario natural existen constancias de las que se desprenden indicios que desvirtúan el hecho de que el citado deudor alimentario habite en tal inmueble. Así es, pues según consta en el acta de emplazamiento por comparecencia practicada a . el catorce de mayo de dos mil diecinueve (foja 37 del tomo de pruebas), al proporcionar éste sus datos generales ante al personal del juzgado, en lo que aquí trasciende, manifestó que su domicilio se ubica en calle .., esto es, un domicilio diverso al que se refieren los mencionados recibos de pago de renta. A lo que se suma que en la credencial para votar que exhibió el peticionario para identificarse, expedida en el año dos mil dieciséis y con vigencia al año dos mil veintiséis, aparece como su domicilio el mismo que manifestó al ser emplazado (foja 38 del tomo de pruebas). Además, de la copia simple del comprobante de inscripción a la preparatoria abierta que adjuntó el ahora quejoso a su reclamación, se asentó como su domicilio el mismo que indicó al ser emplazado (foja 61 del tomo de pruebas). Tales indicios se consideran suficientes, como lo apreció la responsable, para desvirtuar lo sostenido por el reclamante en el sentido de que paga renta por concepto de habitación en el domicilio que ampara los mencionados recibos ya que, como se vio, es válido concluir que vive o habita en un inmueble diverso. De ahí que sea inexacto que la responsable haya valorado aisladamente los indicados recibos; por el contrario, como se ve, decidió negarles el valor probatorio que el reclamante pretendía precisamente atendiendo a la serie de indicios a que se ha hecho alusión y que se desprende lo actuado en el juicio natural. En ese contexto, es inexacto que el juez responsable haya infringido el principio de buena fe procesal al no haber tenido por demostrado el pago de renta por parte del reclamante, toda vez que, en congruencia con tal principio, la autoridad en ningún momento afirmó que fuera falso el contenido de los citados recibos, sino únicamente que no puede considerarse que el pago de renta que éstos amparan sea por concepto de habitación del inconforme pues, como se vio, existen elementos que permiten concluir que su domicilio diverso Por lo que hace a lo alegado en el sentido de que fue el personal del juzgado el que tomó los datos de la credencial de elector del aquí quejoso, no obra en autos elemento de convicción alguno que acredite esa circunstancia; por tanto, debe prevalecer la presunción de validez con que cuentan las actas levantadas por los funcionarios investidos de fe pública, en el caso, lo asentado en el emplazamiento del demandado consistente en que fue él quien de viva voz manifestó sus generales, entre ellas, su domicilio. Por lo que hace a la existencia de la 'copia simple del pago de luz' que ofreció en autos, si bien ésta es relativa al suministro de dicho servicio en el domicilio al que se refieren los recibos de trato, en primer lugar, porque no se encuentran a nombre del quejoso, y en segundo, porque debe prevalecer lo manifestado de viva voz por el inconforme al ser emplazado; por tanto, tampoco tiene el alcance de acreditar que ese el domicilio que habita el hoy quejoso. En ese orden, es infundado que el juez haya podido dictar diligencias para mejor proveer a fin de mandar llamar al dueño del inmueble al que se paga la renta. Lo anterior, toda vez que, atendiendo a la naturaleza sumaria de la substanciación de la reclamación, el juez responsable no se encontraba obligado a recabar oficiosamente elementos de prueba con el objeto de conocer los egresos del peticionario. Por el contrario, al resolver la reclamación, el juez debe tomar en cuenta exclusivamente los documentos aportados al interponerla, así como los existentes hasta ese momento en el juicio, sin que pueda valorar otros medios de convicción respecto de los que se requiera cierta preparación para su desahogo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia VII. 1o.C. J/21, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, consultable en la página 775, del Tomo XXII, Noviembre de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: 'PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. AL PROMOVERSE EL RECURSO DE RECLAMACIÓN EN SU CONTRA, DADA LA PRONTITUD CON QUE SE ORDENA RESOLVER, EL JUEZ ÚNICAMENTE DEBE TOMAR EN CUENTA LOS DOCUMENTOS APORTADOS AL INTERPONERLO, ASÍ COMO LAS PRUEBAS QUE OBREN HASTA ESE ESTADÍO PROCESAL Y NO AQUELLAS EN QUE SE SOLICITÓ SU PREPARACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). El artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, en su párrafo tercero, textualmente señala: 'Cualquier reclamación sobre la medida indicada en el párrafo que antecede, se podrá formular dentro del escrito de contestación a la demanda, y previa vista que se dé a la parte contraria de la reclamante, el Juez la resolverá dentro del término de tres días, tomando en cuenta los documentos que se hubieren aportado. Contra esta resolución no procede recurso ordinario.'. Del precepto mencionado se desprende la existencia de un trámite procesal que se sustanciará con la sola vista que se dé a la parte contraria de la reclamante, debiendo el juzgador resolver dentro del término de tres días, para lo cual tomará en cuenta exclusivamente los documentos aportados al promoverlo, así como las pruebas que obren hasta ese estadío procesal, sin que el artículo citado prevea la posibilidad legal de que el a quo valore otros medios de convicción respecto de los cuales requieran para su desahogo de cierta preparación, como por ejemplo, la solicitud de un informe a determinada autoridad o la ratificación judicial de algún documento, con los que la reclamante pretenda demostrar hechos que permitan al juzgador natural reducir la pensión alimenticia provisional decretada, en razón de la prontitud con que se ordena resolver'. De ahí lo infundado del motivo de disenso que se analiza. Por otro lado, es ineficaz la inconformidad consistente en: - Que existió un trato desigual con el quejoso ante la falta de igualdad de criterios entre la demandada y la parte actora, toda vez que - señala- al contrato de arrendamiento de la parte actora sí le dio valor probatorio, bajo el principio de buena fe procesal; que si bien el juez concluyó que ese gasto ya no se eroga por haber regresado al domicilio de sus padres, es claro -afirma- que éste buscó por todos los medios posible restar valor probatorio a los gastos que eroga el impetrante. Ineficacia que radica en que, si bien es cierto la responsable otorgó valor probatorio al contrato de arrendamiento que la tercero interesada adjuntó a su demanda, también lo es que con ello sólo tuvo por demostrado que ésta erogaba gastos por concepto de renta; sin embargo, la autoridad razonó que: como la acreedora alimentaria, en su demanda, manifestó que dejó de vivir el inmueble arrendado y se fue a vivir con su padre, actualmente no eroga renta alguna. De ello deriva que la circunstancia de que se haya conferido mérito convictivo al mencionado contrato de arrendamiento no trascendió al sentido del acto reclamado en perjuicio de los intereses del ahora quejoso pues, en definitiva, no se tuvo por demostrado que la tercero interesada tenga gastos por concepto de renta de habitación. Por otro lado, es infundada la inconformidad en la que se aduce: - Que la responsable sostiene que por cuanto hace a la acreedora .. (sic) .. se presume la necesidad de los alimentos demandados, pero pasa por alto que entre el hombre y la mujer existe un principio de igualdad, y si ésta dice que pagaba renta, por sus propios medios, como dice en su demanda y lo valoró el juez, podemos concluir que sí tiene la capacidad para procurarse por sus propios medios las necesidades más elementales. No asiste razón al quejoso, pues parte de una premisa errónea, como lo es el hecho de que su acreedora alimentaria, .. manifestó que pagaba renta por sus propios medios. En efecto, si bien del contrato de arrendamiento que la tercero interesada adjuntó a su demanda natural se advierte que éste fue celebrado entre . como arrendadora, y .. como arrendataria, respecto de la casa habitación ubicada en calle ... (foja 20 del tomo de pruebas), lo cierto es que ésta, en su demanda, relató que ese era su domicilio conyugal, y que fue abandonado el siete de agosto de dos mil diecisiete, por lo que el hoy peticionario la dejó con deudas como (foja 4 del tomo de pruebas): '(.) pago de renta de meses atrasados anteriores a la fecha en que se fuera, etcétera, por lo que en fecha 01 de Octubre de 2017 al no tener forma para suministrar alimentos a mi hija (.) y para la suscrita .., tuve que dejar de habitar el domicilio conyugal, ya que no tenía para pagar los meses de renta que se adeudan y con ello renovar contrato, por lo que me vi en la necesidad de ir a vivir en esa misma fecha al domicilio de mi padre (.)'. De lo transcrito se advierte que, contrario a lo que afirma el impetrante, la tercero interesada no manifestó que cubriera con sus propios medios el pago de renta de la casa que habitaba y que constituía el domicilio conyugal; por el contrario, fue clara en establecer que quien cubría ese costo era el ahora quejoso y que, al dejar éste el citado domicilio, aquélla tuvo que desocuparlo en compañía de su hija por no estar en posibilidad de cubrir la renta. Por tanto, es infundado lo que alega el impetrante." Por tanto, si los referidos motivos de disenso formulados por el quejoso en la demanda de amparo que dio origen al presente juicio de amparo ya fueron materia de análisis en el diverso 791/2019 del índice del juzgado auxiliado; entonces, es inconcuso que tales motivos de disenso son ineficaces, pues ya no pueden estar sujetos a discusión ni mucho menos reexaminarse en virtud de que ya fueron analizados y desestimados en un asunto anterior constituyendo, por ello, cosa juzgada. Las anteriores consideraciones encuentran sustento en la jurisprudencia I.4o.A. J/58 del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1919, Tomo XXVII, febrero de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro digital 170370, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS INOPERANTES CUANDO EXISTE COSA JUZGADA. Son inoperantes los conceptos de violación planteados en un amparo o los agravios que se esgrimen en un recurso cuando van dirigidos a combatir aspectos que ya no pueden estar sujetos a discusión ni mucho menos reexaminarse en virtud de que ya fueron analizados y desestimados en un asunto anterior constituyendo por ello cosa juzgada, pues en ambos asuntos coinciden o concurren los elementos que distinguen tal institución jurídica: a) El objeto de la decisión; b) El fundamento jurídico; y, c) Los sujetos." De igual forma, cobra aplicación la jurisprudencia VII.1o.C. J/15, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en la página 808, Tomo XVII, febrero de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro digital 184935, que dispone: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES, SI EN ELLOS SE COMBATEN CUESTIONES ANALIZADAS EN UNA EJECUTORIA DE AMPARO ANTERIOR. Si en los conceptos de violación que se hacen valer en un juicio constitucional promovido en contra de la resolución dictada en cumplimiento de una ejecutoria de amparo, se combaten cuestiones que ya fueron analizadas en ésta, los argumentos formulados en la nueva demanda de garantías resultan inoperantes, pues la decisión pronunciada no puede ser cuestionada ni modificada en atención a la firmeza de las sentencias dictadas por la potestad federal al conocer de los juicios de amparo." Por otra parte, es infundado el concepto de violación en el cual el inconforme aduce: - Que fue incorrecto que el juez responsable disminuyera solo un cuatro por ciento la pensión alimenticia provisional para quedar en un treinta y seis por ciento, dado que el sesenta y cuatro por ciento restante es insuficiente para cubrir de manera adecuada las necesidades del menor identificado con las iniciales .. quien también es acreedor del deudor aquí quejoso; pues los ingresos que percibe con motivo de su empleo son poco superiores al mínimo; aunado la responsable no puede pasar por alto que el quejoso no puede vivir con veintitrés pesos, con treinta y tres centavos, diarios. Para así considerarlo, conviene precisar lo que al respecto determinó la autoridad responsable, a saber: "Ahora bien, por lo que respecta a la posibilidad de la demandada de otorgar alimentos, la actora señalo (sic) en su demanda que el demandado es trabajador de la empresa .. hecho que no fue controvertido por el demandado, no obstante que no obra medio de prueba hasta este momento procesal que acredite el monto de los ingresos del demandado. Así mismo, si bien es un hecho notorio el que el demandado también debe satisfacer sus propios alimentos, no obra medio de prueba que permita establecer el quantum de estos, salvo cuarenta y ocho pesos mensuales por lavado y secado de ropa. Así mismo, atendiendo que el demandado acredito (sic) tener un acreedor más que es el menor .., y que, siguiendo los lineamientos de la sentencia amparadora, ello es mas (sic) que suficiente para disminuir la pensión alimenticia del cuarenta por ciento provisional decretado en favor de la actora y su menor hija, en consecuencia, se disminuye del cuarenta por ciento al TREINTA Y SEIS POR CIENTO. Lo anterior considerando que se fijó un cuarenta por ciento para dos acreedores, por lo que proporcionalmente a cada uno le corresponde un veinte por ciento, de ahí que se reduce de un veinte a un dieciocho por ciento para cada acreedor, lo que suma un total del treinta y seis por ciento, mientras que al demandado le queda un sesenta y cuatro por ciento para satisfacer sus propios alimentos y los de su menor hijo .. cantidades que se estiman suficientes considerando que de autos no obra medio de prueba hasta este momento procesal, del que se infiera el monto liquido (sic) los ingresos que percibe el demandado como trabajador de .. y que por ello, lo que gana, luego del descuento alimentario, no le es suficiente para satisfacer sus propios alimentos y los de su menor hijo, pues por cuanto a la posibilidad del deudor, si bien acredito el demandado que se inscribió al bachillerato, no consta el quantum de los gastos que genera por estudios, salvo el gasto del cuarenta y ocho pesos mensuales de lavado y secado de ropa, una deuda de dos mil cuatrocientos cincuenta y nueve pesos por ropa y una parrilla generados hasta el veinte de abril de dos mil diecinueve, sin embargo, se reitera, no obra medio de prueba hasta este momento procesal, del que se infiera el monto liquido (sic) de los ingresos que percibe el demandado como trabajador de ..., luego del descuento alimentario le sea insuficiente para cubrir sus propios alimentos. Así mismo por cuanto a la necesidad de los acreedores, se acredito (sic) que la menor ... se encuentra estudiando lo que infiere la generación de gastos escolares máxime que al ser menor de edad infiere su necesidad alimentaria, de igual forma se acredito (sic) que la actora se encuentra estudiando, lo que infiere también la generación de gastos escolares, máxime que ello en lo futuro, implicara (sic) una preparación académica de la actora para que se pueda incorporar a una actividad profesional, así mismo la actora crédito (sic) erogar un promedio de trescientos ochenta y un pesos con cuarenta centavos de despensa mensual y un gasto de calzado por cuatrocientos nueve pesos, más debe igualmente reiterarse que no obra medio de prueba hasta este momento procesal, del que se infiera el monto liquido (sic) de los ingresos que percibe el demandado como trabajador de .. y que derivado de ello el descuento alimentario del treinta y seis por ciento le sea insuficiente para cubrir sus propios alimentos." Se estima correcta la determinación de la autoridad responsable. Para así considerarlo, resulta conveniente establecer: a) la naturaleza de los alimentos; b) los requisitos para su fijación provisional; c) las notas distintivas del recurso de reclamación que tiene como materia dilucidar si es factible afectar el porcentaje inicialmente concedido, y d) en qué hipótesis opera la presunción de necesitarlos, así como a quién le corresponde la carga de probar tal estado de necesidad. En primer término, conviene destacar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la obligación alimentaria nace a partir de la concurrencia de tres presupuestos: a) El estado de necesidad del acreedor alimentario (origen y fundamento del vínculo alimentario); b) Un determinado vínculo familiar entre acreedor y deudor, y c) La capacidad económica del obligado a prestarlos. Las anteriores consideraciones están contenidas en la jurisprudencia 1a./J. 41/2016 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 265, Libro 34, septiembre de 2016, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro digital 2012502, del tenor siguiente: "ALIMENTOS. EL ESTADO DE NECESIDAD DEL ACREEDOR DE LOS MISMOS CONSTITUYE EL ORIGEN Y FUNDAMENTO DE LA OBLIGACIÓN DE OTORGARLOS. La institución jurídica de los alimentos descansa en las relaciones de familia y surge como consecuencia del estado de necesidad en que se encuentran determinadas personas a las que la ley les reconoce la posibilidad de solicitar lo necesario para su subsistencia. En consecuencia, podemos concluir que para que nazca la obligación de alimentos es necesario que concurran tres presupuestos: (i) el estado de necesidad del acreedor alimentario; (ii) un determinado vínculo familiar entre acreedor y deudor; y (iii) la capacidad económica del obligado a prestarlos. En este sentido, es claro que el estado de necesidad del acreedor alimentario constituye el origen y fundamento de la obligación de alimentos, entendiendo por éste aquella situación en la que pueda encontrarse una persona que no puede mantenerse por sí misma, pese a que haya empleado una normal diligencia para solventarla y con independencia de las causas que puedan haberla originado. Sin embargo, las cuestiones relativas a quién y en qué cantidad se deberá dar cumplimiento a esta obligación de alimentos, dependerán directamente de la relación de familia existente entre acreedor y deudor; el nivel de necesidad del primero y la capacidad económica de este último, de acuerdo con las circunstancias particulares del caso concreto." Asimismo, debe precisarse que la Primera Sala del máximo tribunal del país estimó, en el mencionado criterio, que las cuestiones relativas a quién y en qué cantidad se deberá dar cumplimiento a dicha obligación, dependerán directamente de la relación de familia existente entre acreedor y deudor; el nivel de necesidad del primero y la capacidad económica de este último, de acuerdo con las circunstancias particulares del caso concreto. Por otra parte, el artículo 239 del Código Civil del Estado de Veracruz2 dispone que la prestación de alimentos comprende lo necesario para la subsistencia, habitación y vestuario correspondiente a la condición del que la recibe, así como lo necesario para la asistencia en las enfermedades, siendo estos los factores que debe tomar en cuenta el juzgador para establecer los gastos ordinarios que, por ello, se originen, y respecto de los menores comprenden, además, los necesarios para la educación primaria del alimentista y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a sus circunstancias personales. En la fijación de estos gastos deberán considerarse las condiciones del acreedor y las posibilidades del deudor, en términos de lo dispuesto en el artículo 242 del citado código3; para lo cual se debe atender al concepto amplio de lo que se entiende por alimentos; esto es, todo lo que es necesario al consumo diario de una casa o de la persona; además, debe comprender lo necesario para la educación y gastos de enfermedad; en la inteligencia de que el alimentado tiene derecho a reclamar, al margen de la cuota fijada para gastos ordinarios, lo indispensable para satisfacer otros que por su naturaleza no están comprendidos en este concepto. 2 "ARTÍCULO 239. Los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en casos de enfermedad. Respecto de los menores, los alimentos comprenden, además, los gastos necesarios para la educación básica del alimentario, y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión lícitos y adecuados a sus circunstancias personales." 3 "ARTÍCULO 242. Los alimentos han de ser proporcionados a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos." Omar Sandoval Labastida 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.bf.a9 23/04/22 14:30:16 JUICIO DE AMPARO 77/2020 CUADERNO AUXILIAR 64/2021 MATERIA CIVIL JUZGADO CUARTO DE DISTRITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA SÉPTIMA REGIÓN 37 ??????????????? Así, la obligación de dar alimentos se puede satisfacer mediante el pago de una pensión alimenticia, o bien, incorporando el deudor en su casa al acreedor para proporcionarle los elementos necesarios en cuanto a comida, vestido, habitación y asistencia en caso de enfermedad. En ese mismo orden, el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, establece el procedimiento para la fijación de la pensión alimenticia provisional, bajo el texto siguiente: "Artículo 210. Presentada la demanda con los documentos y copias prevenidas, se correrá traslado de ella a la persona o personas contra quienes se proponga, y se les emplazará para que contesten dentro de nueve días. En los casos en que se reclamen alimentos, el juez podrá en el auto en que dé entrada a la demanda, a petición de parte y atendiendo a las circunstancias, fijar una pensión alimenticia provisional y decretar su aseguramiento, cuando los acreedores justifiquen, con las correspondientes copias certificadas de las actas del estado civil, el vínculo matrimonial o su parentesco con el deudor alimentista, o tratándose de concubinato, con algún medio de prueba que acredite tal hecho, sin perjuicio de lo que se resuelva en la sentencia definitiva. Cualquier reclamación sobre la medida indicada en el párrafo que antecede, se podrá formular dentro del escrito de contestación a la demanda, y previa vista que se dé a la parte contraria de la reclamante, el juez la resolverá dentro del término de tres días, tomando en cuenta los documentos que se hubieren aportado. Contra esta resolución no procede recurso ordinario. En materia de Derecho Familiar, los jueces deberán suplir la deficiencia de la queja únicamente para los menores, incapaces y para el acreedor alimentario." Del precepto legal que antecede, se observa que en los casos en que se reclamen alimentos, el juez podrá en el auto en que dé entrada a la demanda, a petición de parte y atendiendo a las circunstancias, fijar una pensión alimenticia provisional y decretar su aseguramiento, cuando los acreedores justifiquen con las correspondientes copias certificadas de las actas del estado civil, el vínculo matrimonial, su parentesco con el deudor alimentista o incluso el concubinato, sin perjuicio de lo que se resuelva en la sentencia definitiva. Lo anterior pone de manifiesto que la pensión alimenticia se da en dos etapas procedimentales distintas: una provisional y otra definitiva; la primera, que es la que en el caso interesa, se determina sin audiencia del deudor, únicamente con base en la información con que se cuenta hasta el momento de la presentación de la demanda, y la segunda, se da al dictarse la sentencia, con base en los elementos de prueba que aporten las partes en el juicio, ya que es hasta entonces cuando el juzgador estará en mejores condiciones de normar su criterio. La medida cautelar a que se refiere el numeral invocado tiene un carácter especialísimo, por estar destinada a cubrir necesidades impostergables de personas colocadas en situación de desamparo, las cuales son una prioridad de orden público, de naturaleza urgente e inaplazable, con el fin de asegurar la subsistencia de quienes los demandan mientras se resuelve el juicio respectivo. La fijación de la pensión alimenticia provisional y el consecuente aseguramiento de bienes del deudor alimentario, es de naturaleza transitoria o temporal, pues rige o subsiste exclusivamente hasta el momento en que se dicte la sentencia que resuelva la controversia planteada, y no puede considerarse arbitraria o carente de fundamento, pues de lo dispuesto por el artículo antes citado se colige con facilidad que la resolución en que se determina el pago de los citados alimentos provisionales, solo puede dictarse cuando quien lo exige ha acreditado cumplidamente el título en cuya virtud lo pide, aportando las actas del Registro Civil respectivas. De igual forma, en el tercer párrafo del dispositivo en comento, se prevé la existencia de un remedio procesal contra la fijación provisional de los alimentos (recurso de reclamación), el cual se sustancia con la vista que se dé a la parte contraria de la reclamante, debiendo el juzgador resolver dentro del término de tres días. Esto es, se concede al deudor alimentario un medio de defensa para tratar de equilibrar la cantidad o el porcentaje que como pensión alimenticia provisional haya decretado el juez natural, quien pudo tomar como base únicamente los datos expresados por la parte actora en su demanda. Así, dicha reclamación debe declararse procedente si el deudor alimentista aporta datos o pruebas que el propio juzgador no tuvo en consideración al señalar la pensión provisional y que sean idóneas para tal fin. Por lo tanto, contrario a lo aducido por el impetrante del amparo, la determinación reclamada se considerada apegado a derecho; consecuentemente, se deben desestimar los planteamientos vertidos por el inconforme en los que sostiene que la autoridad responsable no tomó en consideración los gastos del demandado, así como las necesidades del menor identificado con las iniciales .. quien también es acreedor del deudor aquí quejoso; pues los ingresos que percibe con motivo de su empleo son poco superiores al mínimo; aunado la responsable no puede pasar por alto que el quejoso no puede vivir con veintitrés pesos, con treinta y tres centavos, diarios. Esto es así, porque, como lo refirió la autoridad responsable, no existe medio de prueba que permita establecer, hasta este momento procesal, la suma a la que ascienden los gastos alimentarios del deudor, salvo la cantidad de cuarenta y ocho pesos mensuales por concepto de lavado y secado de ropa, ni tampoco está demostrada la suma a la que ascienden los gastos erogados con motivo de los alimentos que requiere el menor identificado con las iniciales .. Por tanto, la pensión provisional del treinta y seis por ciento -ya reducida- para los acreedores . y su menor hija de iniciales .. que proporcionalmente les corresponde dieciocho por ciento para cada una de ellas, no se estima excesiva; pues de conformidad con lo establecido en el artículo 242 del Código Civil del Estado de Veracruz, los alimentos han de ser proporcionados de acuerdo a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos. En el caso, en lo referente a la infante identificada con las iniciales .., se acreditó la urgencia de la medida provisional, dado que, precisamente, dicha acreedora se trata de una menor de edad; por tanto, se estima correcto que la autoridad responsable haya fijado tal porcentaje por lo que respecta a dicha infante; pues tal cantidad se considera indispensable para sufragar los gastos elementales del rubro de alimentos, los cuales comprenden diversos gastos que se requieren para su normal desarrollo. En lo relativo a los alimentos provisionales fijados en favor de la acreedora .., resulta pertinente traer a colación que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 416/2012, realizó una interpretación sistemática de los numerales 100, 232, 233 y 242 del Código Civil del Estado de Veracruz, y concluyó que el simple hecho que en un juicio de alimentos, la actora acredite tener el carácter de cónyuge del demandado, es insuficiente para presumir que tiene necesidad de ellos. Lo anterior es así, porque el Código Civil para el Estado de Veracruz -hasta antes de la reforma de diecisiete de febrero de dos mil dieciséis- no establecía presunción legal alguna en ese sentido; esto, aun cuando el artículo 2334 de citado ordenamiento legal dispusiera que los cónyuges debían darse alimentos, dicho deber constituía una obligación de carácter general que no hacía distinción por razón de género, en tanto no preveía que uno de ellos en particular estuviera obligado a proporcionarlos; por el contrario, dicha obligación, en términos del numeral 2325 de ese código, era recíproca. Al tenor de dichos preceptos legales el máximo tribunal resolvió que, aun cuando dicha necesidad no pueda presumirse por el simple hecho de que la actora demuestre que es cónyuge del demandado, cuando esta demanda el pago de alimentos con el argumento de que tiene necesidad de ellos porque se dedicó preponderantemente al trabajo del hogar o al cuidado y educación de los hijos, ya que en su matrimonio así se distribuyó la contribución de referencia, se presume que tal argumentación es cierta. En ese sentido está la redacción del actual artículo 233 Bis del Código Civil del Estado de Veracruz6, a saber: "Artículo 233 Bis. La mujer que demande el pago de alimentos con el argumento de que se dedicó preponderantemente al trabajo del hogar o al cuidado y educación de los hijos, tiene a su favor la presunción de necesitarlos." Tal conclusión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y redacción del referido numeral deriva del hecho innegable que en México, por la permanencia de los roles de género, la mayoría de las mujeres casadas se dedican preponderantemente a los quehaceres propios del hogar, así como al cuidado y educación de los hijos; lo que origina una limitación a sus oportunidades de desarrollo profesional o laboral, con lo que reducen notablemente la obtención de ingresos en comparación con los del marido. De ahí que, si se toma en cuenta que esa necesidad tiene como antecedente la presunción de referencia y que se sustenta en hechos negativos atento a la distribución de las cargas probatorias, debe concluirse que es al demandado a quien le corresponde demostrar lo contrario; es decir, que la actora está en condiciones de satisfacer sus necesidades alimentarias. Las anteriores consideraciones encuentran sustento en la jurisprudencia 1a./J. 6/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 619, Libro XIX, abril de 2013, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con registro digital 2003217, de rubro y texto siguientes: "ALIMENTOS ENTRE CÓNYUGES. LA MUJER QUE DEMANDA SU PAGO CON EL ARGUMENTO DE QUE SE DEDICÓ PREPONDERANTEMENTE AL TRABAJO DEL HOGAR O AL CUIDADO Y EDUCACIÓN DE LOS HIJOS, TIENE A SU FAVOR LA PRESUNCIÓN DE NECESITARLOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). El simple hecho de que en un juicio de alimentos, la actora acredite tener el carácter de cónyuge del demandado, es insuficiente para presumir que tiene necesidad de ellos. Lo anterior es así, porque el Código Civil para el Estado de Veracruz no establece presunción legal alguna en ese sentido, y aun cuando su artículo 233 disponga que los cónyuges deban darse alimentos, este deber constituye una obligación de carácter general que no hace distinción por razón de género, en tanto no prevé que uno de ellos en particular esté obligado a proporcionarlos; por el contrario, dicha obligación, en términos del numeral 232 de ese código, es recíproca. Además, como el referido artículo 233 no establece cómo o en qué medida los cónyuges deben proporcionarse alimentos, se entiende que están obligados a otorgarlos conforme a la regla general de proporcionalidad prevista en el artículo 242 del propio ordenamiento, es decir, en atención a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos, situación que se corrobora con el artículo 100 del referido código, acorde con el cual los cónyuges deben contribuir a su alimentación según sus posibilidades y distribuir la carga de esa contribución en la forma y proporción que acuerden. Ahora bien, aun cuando dicha necesidad no pueda presumirse por el simple hecho de que la actora demuestre que es cónyuge del demandado, cuando ésta demanda el pago de alimentos con el argumento de que tiene necesidad de ellos porque se dedicó preponderantemente al trabajo del hogar o al cuidado y educación de los hijos, ya que en su matrimonio así se distribuyó la contribución de referencia, se presume que tal argumentación es cierta, pues es un hecho innegable que en México, por la permanencia de los roles de género, la mayoría de las mujeres casadas se dedican preponderantemente a los quehaceres propios del hogar, así como al cuidado y educación de los hijos, lo cual les limita sus oportunidades de desarrollarse profesional o laboralmente, con lo que reducen notablemente la obtención de ingresos en comparación con los del marido; de ahí que si se toma en cuenta que esa necesidad tiene como antecedente la presunción de referencia y que se sustenta en hechos negativos atento a la distribución de las cargas probatorias, debe concluirse que es al demandado a quien le corresponde demostrar lo contrario, es decir, que la actora está en condiciones de satisfacer sus necesidades alimentarias." En el caso, la actora .. señaló en su demanda que convino con el aquí quejoso, que este se encargaría de proveer todo lo necesario para la alimentación de la familia, en tanto que dicha acreedora se ocuparía de cuidar a la menor, de las labores del hogar y de continuar estudiando, a saber: "[.] conviniendo desde que nos unimos en concubinato que el hoy demandado se encargaría de proveer todo lo necesario para la alimentación de la familia que conformaríamos y la suscrita me encargaría de cuidar a mi hija, de las labores del hogar y de seguir estudiando. [.]" Por tanto, se considera correcta la determinación del juzgador responsable, consistente en fijar una pensión alimenticia provisional a favor de .. pues, si bien en el caso no está demostrada fehacientemente la necesidad alimentaria de dicha acreedora, lo cierto es que sí se infieren cuestiones de vulnerabilidad y desequilibrio económico entre las partes, en perjuicio de la referida acreedora. Máxime que en los autos del juicio de origen no está demostrado que .. perciba algún ingreso económico con motivo del desarrollo de actividades laborales o comerciales. Por tales motivos, se puede concluir que la pensión provisional decretada sí atendió a los principios de equidad y justicia, así como al de proporcionalidad que rige en las cuestiones alimentarias, previsto en el artículo 242 del Código Civil del Estado de Veracruz, pues atento a las circunstancias del caso. A mayor abundamiento, se debe mencionar que el quejoso, como padre de la menor identificada con las iniciales .., tiene la obligación de proveerle alimentos, con independencia de la parte proporcional que cubre la progenitora por el hecho de tenerla a su cuidado y protección. Aunado a que el inconforme no ofreció medio de prueba alguno con el que acreditara que la pensión alimenticia fijada es excesiva de acuerdo a sus ingresos, o que dichos ingresos no son suficientes para sustentar las necesidades básicas de él y de su diverso acreedor el menor identificado con las iniciales .. o, en su caso, que demostrara que no existe proporcionalidad en la cantidad que le fue fijada como pensión alimenticia provisional. Pues, incluso, precisamente con motivo de la existencia del diverso acreedor; esto es, el menor identificado con las iniciales ... la responsable determinó reducir la pensión alimenticia provisional fijada inicialmente; sin que hasta este momento procesal, se reitera, esté demostrada la suma a la que ascienden los alimentos que necesita el referido infante, ni los gastos del propio quejoso para su subsistencia. Además, es menester puntualizar que la resolución reclamada en el presente sumario, es una medida cautelar provisional, por lo que las partes podrán, en la secuela del juicio natural, ofrecer las pruebas pertinentes y aportar los datos para que en su caso el juzgador responsable fije un porcentaje mayor o menor como pensión alimenticia definitiva; para lo cual, incluso, está facultado para recabar de oficio las pruebas que considere pertinentes a fin de conocer las posibilidades del deudor y las necesidades de los acreedores. Es aplicable a este último razonamiento la jurisprudencia 1a./J. 57/2014 (10a.) sustentadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 575, Libro 11, octubre de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro digital 2007719, de rubro y texto siguientes: "PENSIÓN ALIMENTICIA. EL JUEZ DEBE RECABAR OFICIOSAMENTE LAS PRUEBAS QUE LE PERMITAN CONOCER LAS POSIBILIDADES DEL DEUDOR Y LAS NECESIDADES DEL ACREEDOR (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y VERACRUZ). En el ejercicio de sus funciones, todo juzgador tiene la potestad legal de allegarse, oficiosamente, de los elementos de convicción que estime necesarios para conocer la verdad sobre los puntos litigiosos que deberá dirimir en la sentencia. Lo anterior adquiere relevancia en materia familiar cuando están involucrados intereses de menores, donde la facultad se convierte en obligación, pues es evidente la intención del legislador de propiciar una mayor protección para aquéllos. Entonces, para estar en condiciones de cuantificar el monto de la pensión, con base en los principios de proporcionalidad y equidad que rigen la materia alimentaria, el juzgador está obligado a allegarse de los elementos probatorios que acrediten las posibilidades del deudor y las necesidades del acreedor, atendiendo a sus circunstancias particulares. Además, esa obligación coadyuva a solucionar un problema práctico que se presenta con frecuencia en las controversias del orden familiar, que consiste en la imposibilidad que tiene la parte actora (acreedores alimentarios), para demostrar los ingresos del demandado (deudor alimentario) y la renuencia de este último a aportar los elementos necesarios para demostrar sus ingresos". De igual forma, cobra aplicación la jurisprudencia 1a./J. 58/2014 (10a.) de la Primera Sala del máximo tribunal de país, consultable en la página 576, Libro 11, octubre de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro digital 2007720, que dispone: "PENSIÓN ALIMENTICIA. LOS MEDIOS PROBATORIOS PARA ACREDITAR LAS POSIBILIDADES DEL DEUDOR Y LAS NECESIDADES DEL ACREEDOR EN LOS JUICIOS RELATIVOS, DEBEN RECABARSE PREVIO AL DICTADO DE LA SENTENCIA (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y VERACRUZ). Cuando en una sentencia se determina una obligación de pago pero no se fija la cantidad líquida que debe pagarse, para determinarla se actualiza la necesidad de tramitar un incidente de liquidación, que es un procedimiento contencioso que admite el ofrecimiento y valoración de pruebas, según lo ha determinado esta Primera Sala en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 53/2011, de rubro: "LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA. ES POSIBLE ADMITIR Y DESAHOGAR PRUEBAS EN EL INCIDENTE RESPECTIVO (LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL DEL ESTADO DE MÉXICO EN SU TEXTO ABROGADO Y VIGENTE)."; sin embargo, el procedimiento incidental no resulta adecuado para fijar el monto de las pensiones alimentarias, pues en los juicios de alimentos, la determinación de la cantidad líquida a pagar, junto con la procedencia de la obligación, constituyen la litis a resolver en el juicio principal, de modo que antes de la sentencia deberá el juzgador contar con los medios probatorios que acrediten las posibilidades del deudor y las necesidades del acreedor, atendiendo a las circunstancias particulares de cada uno. Además, la celeridad y la brevedad de los plazos que para los incidentes de liquidación prevén las codificaciones procesales del Distrito Federal y del Estado de Veracruz, harían prácticamente imposible para el juzgador, recabar, recibir y desahogar las pruebas necesarias para normar un criterio que atendiera a los parámetros de proporcionalidad y equidad que rigen la materia alimentaria". Asimismo, por las razones apuntadas no cobran vigencia las jurisprudencias y tesis que el quejoso invocó en su demanda de amparo como sustento de los conceptos de violación que hizo valer. En ese contexto, al ser constitucional el acto que por esta vía se reclama e infundados los conceptos de violación, y al no existir motivo manifiesto para suplir la deficiencia de la queja en favor del inconforme; lo procedente es negar el amparo y la protección de la Justicia Federal que solicitó. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ..., contra el acto reclamado y respecto de la autoridad responsable que se precisan en el considerando cuarto de esta sentencia, por las razones contenidas en el considerando octavo de la presente resolución.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA DE ESTRADOS Y ELECTRONICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO Y LA SENTENCIA QUE DICEN: Córdoba, Veracruz, a doce de abril de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio recibido a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, signado por el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con sede en Acapulco, Guerrero; en atención a su contenido y a la certificación que antecede, se tiene por recibida la sentencia de ocho de abril de dos mil veintiuno, emitida mediante el expediente electrónico del cuaderno auxiliar 64/2021, de su orden cronológico, formado con motivo de la versión electrónica del presente juicio de amparo 77/2020, que se puso a su disposición a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Acúsese recibo. En consecuencia, se ordena imprimir e integrar al presente juicio dicha sentencia, para los efectos legales conducentes; háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y notifíquese a las partes dicha resolución. ................................................................................SENTENCIA de ocho de abril de dos mil veintiuno................................. Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo número 77/2020, del índice del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, promovido por ., por propio derecho. R E S U L T A N D O PRIMERO. A través del escrito presentado el seis de febrero de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, y remitido el siete de ese mismo mes y año a la oficialía de partes del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en esa entidad federativa, . por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la autoridad y el acto siguientes: "C A P Í T U L O III (AUTORIDAD RESPONSABLE) H. JUZGADO SEXTO DE PRIMERA INSTANCIA ESPECIALIZADO EN MATERIA FAMILIAR, [.]. [.] CAPÍTULO VI (ACTOS RECLAMADOS) PRIMERO.- Se reclama del Juez Sexto de Primera Instancia especializado en materia familiar de la Ciudad de Orizaba, Ver, la resolución de fecha 20 DE ENERO DE 2020, dictada dentro los autos de juicio ordinario civil No. ., en relación a la reclamación interpuesta en contra de la pensión alimenticia provisional fijado de 40% a un 36% del salario y de prestaciones ordinarias y extraordinarias que percibo como trabajador de ', monto por el cual resulta excesivo. SEGUNDO.- De igual forma se reclama de la autoridad señalada como responsable las consecuencias y efectos que se produzcan como consecuencia de los actos de autoridad de los que se duele la quejosa." Actos que consideró violatorios de los artículos 1°, 4°, 8º, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Mediante el proveído de diez de febrero de dos mil veinte, el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, admitió a trámite la demanda de amparo bajo el número de expediente 77/2020; asimismo, solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, dio la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación de su adscripción; de igual forma, señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que previos diferimientos tuvo verificativo el dos de diciembre de dos mil veinte, conforme al acta correspondiente. TERCERO. A través del oficio número 12 y acta circunstanciada de cinco de marzo de dos mil veintiuno, el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, remitió vía electrónica los autos del juicio de amparo 77/2020 a este órgano auxiliar, en acatamiento a los Acuerdos Generales 54/2008 y 26/2011 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; además, de conformidad con el oficio SECNO/STCCNO/108/2021, de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, aprobado por la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, para efecto del dictado de la resolución correspondiente, asunto cuyo conocimiento correspondió a este Juzgado Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero, que ordenó la formación del cuaderno auxiliar 64/2021. CUARTO. Suspensión de las actividades jurisdiccionales. En sesión extraordinaria de diecisiete de marzo de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, emitió el ACUERDO GENERAL 4/2020, RELATIVO A LAS MEDIDAS DE CONTINGENCIA EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL PROPIO CONSEJO POR EL FENÓMENO DE SALUD PÚBLICA DERIVADO DEL VIRUS COVID-19; a través del cual decretó la suspensión de las labores jurisdiccionales durante el periodo comprendido del dieciocho de marzo al diecinueve de abril de dos mil veinte, en respuesta al brote del virus SARS-CoV2 (COVID- 19), partiendo principalmente de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, con la finalidad de evitar la concentración de personas y con ello la propagación del virus. Periodo que, primeramente, se amplió al cinco de mayo de dos mil veinte, mediante ACUERDO GENERAL 6/2020, aprobado en sesión extraordinaria de trece de abril de dos mil veinte; y que se volvió a extender hasta el treinta y uno de mayo de dos mil veinte, por diverso ACUERDO GENERAL 8/2020, aprobado en sesión extraordinaria de veintisiete de abril de dos mil veinte. El veinticinco de mayo de dos mil veinte, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, emitió el ACUERDO GENERAL 10/2020, mediante el cual se prorrogó la vigencia del diverso 8/2020. El ocho de junio del citado año, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el ACUERDO GENERAL 13/2020 relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, con un vigencia del dieciséis al treinta de junio de dos mil veinte, mediante el cual se inició una segunda etapa en la regularización de actividades jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, retomando los elementos introducidos en el ACUERDO GENERAL 8/2020 y agregando una apertura total a la tramitación de nuevos asuntos de la modalidad de "juicio en línea". Asimismo, mediante los Acuerdos Generales 15/2020 y 18/2020, se prorrogó la vigencia del diverso 13/2020, hasta el treinta y uno de julio de dos mil veinte, con el objetivo de dar continuidad a un esquema de trabajo que permite retomar a mayor escala la actividad jurisdiccional. Posteriormente, mediante el ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19, se establecieron las reglas a que debían sujetarse los órganos jurisdiccionales, dentro del periodo del tres de agosto al treinta y uno de octubre de dos mil veinte, con el objetivo de reanudar en su totalidad sus actividades dentro del Poder Judicial de la Federación. Por último, a través de los Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020 y 1/2021, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reformaron el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, con relación al periodo de vigencia, se establecieron nuevamente las reglas a que deben sujetarse los órganos jurisdiccionales, ampliándose con ello su vigencia hasta el treinta de junio de dos mil veintiuno, con el objeto de reanudar en su totalidad sus actividades dentro del Poder Judicial de la Federación. En ese contexto, esta sentencia se emite en la presente fecha, en atención y observancia a los diversos Acuerdos Generales emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, concretamente en relación al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero, con jurisdicción en toda la República, es competente para resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, 33 fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo en vigor; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; punto CUARTO, apartado VII, y punto QUINTO, apartado 7, del Acuerdo General 03/2013 publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número, a la jurisdicción territorial, así como a la especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en relación con el punto PRIMERO del diverso acuerdo 54/2008, del aludido órgano colegiado, relativo a la creación del Centro Auxiliar de la Séptima Región, con residencia en Acapulco, Guerrero, así como los órganos jurisdiccionales que lo integran, reformado por el diverso Acuerdo General 27/2011, publicado con fecha trece de septiembre de dos mil once y su correspondiente aclaración de veinte de septiembre siguiente, publicada en el medio de difusión oficial señalado, el veintinueve del mismo mes y año; punto PRIMERO del Acuerdo General 26/2011 del propio órgano, relativo al inicio de funciones de este Juzgado Federal con jurisdicción en toda la República; además, de conformidad con el oficio SECNO/STCCNO/108/2021, de veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno, aprobado por la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en el que se determinó que este Órgano Jurisdiccional apoye en el dictado de sentencias de amparo indirecto al Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba; asimismo, en atención a que el acto reclamado fue atribuido a una autoridad con domicilio dentro del ámbito de competencia del aludido órgano federal, al que este juzgado auxiliar está apoyando en el dictado de la sentencia. SEGUNDO. Cuestión relevante. Previamente a definir el sentido de este fallo, resulta oportuno señalar que la competencia de este órgano de control constitucional se encuentra restringida para dictar sentencia en los juicios de amparo que por disposición del Consejo de la Judicatura Federal son enviados para ese efecto, ya que fue creado exclusivamente para ello; de ahí que, el presente asunto se resuelva con base en las constancias que existen en el expediente y conforme lo integró el juzgado de Distrito auxiliado. Sirve de apoyo a lo anterior, por igualdad de razón, la jurisprudencia 2a./J. 107/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 440, Tomo XXXII, Agosto de 2010, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es el siguiente: "ÓRGANOS JURISDICCIONALES AUXILIARES. SU COMPETENCIA. Conforme a la facultad derivada del artículo 94, sexto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en determinar el número, división en circuitos, competencia territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, el Consejo de la Judicatura Federal emitió diversos acuerdos generales mediante los cuales creó órganos jurisdiccionales auxiliares, encargados de brindar apoyo temporal únicamente en el dictado de sentencias en los lugares con alta carga de trabajo. De lo anterior se concluye que los órganos jurisdiccionales auxiliares tienen una competencia restringida, es decir, no abierta al turno ordinario de los asuntos, por lo que no pueden declararse incompetentes y negarse a conocer de los remitidos para su resolución, dado que su actuar se rige por el acuerdo general correspondiente y, por ende, su competencia está circunscrita a dictar sentencia en los expedientes remitidos por disposición del Consejo de la Judicatura Federal, como expresión pura de la facultad que a este órgano le confiere la Constitución General de la República; de ahí que sea inaplicable el Acuerdo General 48/2008, relativo al turno de los asuntos mediante el sistema de relación, en atención al principio jurídico de que la norma especial se aplica sobre la general." TERCERO. Jurisprudencia y tesis aisladas. Se hace la precisión de que las jurisprudencias y tesis aisladas invocadas en el presente asunto, correspondientes a la Novena Época y anteriores del Semanario Judicial de la Federación, no obstante haber sido integradas conforme a la Ley de Amparo anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables dado que no se oponen a la legislación vigente; ello de conformidad con el Artículo Sexto Transitorio de la actual Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, que entró en vigor al día siguiente. CUARTO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden y con la finalidad de cumplir con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado en esta instancia, para lo cual se debe analizar en su integridad la demanda de amparo, y examinar no solo el capítulo que contiene el acto reclamado; sino, además, lo expresado por la parte quejosa a manera de conceptos de violación; con lo que se cumple, también, con lo establecido en la jurisprudencia 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Materia Común, consultable a página 32, del Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 192097, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Atento a lo anterior, en términos del artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, de un análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso reclama lo siguiente: Del Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Décimo Quinto Distrito Judicial del Estado de Veracruz, con residencia en Orizaba, reclama: - La resolución de veinte de enero de dos mil veinte, emitida en los autos del juicio 378/2019, a través de la cual se resolvió el recurso de reclamación interpuesto por ., contra la pensión alimenticia provisional decretada en el auto de treinta de abril de dos mil diecinueve. QUINTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Décimo Quinto Distrito Judicial del Estado de Veracruz, con residencia en Orizaba, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado; por tanto, se tiene plenamente probada su existencia. Certeza que se corrobora con la copia certificada de diversas constancias relativas al expediente 378/2019, que remitió el juez responsable como complemento a su informe con justificación; documental que merece pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, toda vez que fueron expedidas por un funcionario público en ejercicio de sus atribuciones. SEXTO. Causales de improcedencia. Previamente al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia, ya sea que las partes las aleguen o que de oficio se adviertan, por ser ésta una cuestión de orden público y de examen preferente, de conformidad con lo dispuesto en la última parte del artículo 62 de la Ley de Amparo. Al no haber causa de improcedencia hecha valer por las partes ni advertirse de oficio que se actualice alguna, se procede al análisis del fondo del asunto. SÉPTIMO. Conceptos de violación. Los conceptos de violación se tienen por reproducidos en este considerando, sin que resulte necesaria su trascripción, de conformidad con lo dispuesto en la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, mayo de 2010, Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro electrónico 164618, de rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." OCTAVO. Estudio de los conceptos de violación. Es necesario precisar que con relación al acto reclamado que consiste en la resolución de veinte de enero de dos mil veinte, emitida en los autos del expediente 378/2019, por el Juez Sexto de Primera Instancia Especializado en Materia Familiar del Décimo Quinto Distrito Judicial del Estado de Veracruz, con residencia en Orizaba, se actualiza la hipótesis de suplencia de la queja prevista en la fracción II, del artículo 791 de la Ley de Amparo, a favor del orden y desarrollo de la familia. Es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia 1a./J. 42/2018 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, página 773, Libro 59, octubre de 2018, Tomo I, Décima Época, con registro digital 2018093, que dispone:.. Esto resulta relevante porque, considerando que los intereses de los menores de edad solían verse afectados en asuntos familiares cuyos litigios normalmente se entablaban por sus progenitores, la suplencia de la queja se entendió con un alcance amplísimo, de modo tal que los derechos de las niñas, niños y adolescentes involucrados en conflictos familiares fuesen tutelados de manera adecuada y autónomamente. Así, resulta evidente que la causal de suplencia de la queja a favor del orden y desarrollo de la familia puede empalmarse, en juicios de divorcio, con un número importante de decisiones que recaen sobre los menores de edad, como lo referente a sus alimentos, custodia, visitas y convivencias con los padres, y la patria potestad. Ahora bien, la suplencia de la queja también opera a favor de la familia, de modo que existe un espacio residual de relaciones jurídicas que pueden estar en juego y cuya existencia y relevancia deberá constatarse caso a caso, sin llegar a comprender la posibilidad de impedir el divorcio, pues se desconocería el papel preponderante de la voluntad de la parte que ya no desea seguir unida en matrimonio, ni la de resolver cuestiones estrictamente patrimoniales. Considerando lo anterior, dicha figura debe operar de modo que quienes juzguen eviten que la ruptura de las relaciones surgidas de esa forma específica de familia, derivada del matrimonio, carezca de un impacto jurídicamente diferenciado sobre cada uno de los cónyuges. En este punto resulta fundamental la eliminación de posibles actos de discriminación u otros obstáculos que impidan desproporcionada o irrazonablemente a los progenitores ejercer sus derechos de maternidad y paternidad, así como la compensación de la eventual pérdida de oportunidades que hubiese sufrido una de las partes durante y con motivo del matrimonio." De igual modo, tiene aplicación la jurisprudencia 1a./J. 24/2020 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 316, Libro 78, septiembre de 2020, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro digital 2022087, de rubro y texto siguientes: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. EN EL JUICIO DE AMPARO CUYA MATERIA SEA EL DERECHO DE ALIMENTOS, PROCEDE APLICARLA EN FAVOR DEL DEUDOR ALIMENTARIO. Los órganos de amparo contendientes examinaron la aplicación de la suplencia de la queja deficiente en favor del deudor alimentario cuando en el juicio de amparo se reclama una determinación en esa materia, con fundamento en el artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, en su hipótesis relativa a los casos en que se afecte el orden y desarrollo de la familia, y arribaron a conclusiones contrarias. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que esa hipótesis de suplencia de la queja en el juicio de amparo se actualiza tanto para el acreedor como para el deudor alimentarios. Ello, porque dicho supuesto tiene como finalidad proteger a la familia en su conjunto, como grupo, en los casos en que se puedan ver trastocadas las relaciones familiares o cuando estén involucradas instituciones de orden público, respecto de las relaciones existentes entre sus miembros y en los derechos y obligaciones subyacentes a las mismas. Sobre esa base, los alimentos están reconocidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como una institución de orden público e interés social, así como un derecho humano, pues con ellos se garantizan las necesidades básicas de subsistencia de las personas, con un nivel de vida digno y adecuado. De manera que respecto de esa institución jurídica prevalece el deber del Estado, a través de la intervención oficiosa y eficaz de los juzgadores mediante la aplicación de la suplencia de la queja, a efecto de lograr que la determinación específica del derecho alimentario y su cumplimiento en los casos concretos, se haga con apego al marco normativo constitucional, convencional y legal que lo rigen. Por otra parte, dado que la obligación alimentaria tiene su origen primario en relaciones de familia, las decisiones en la materia no están exentas de afectar el desarrollo de dichas relaciones, por lo que si bien tienen un contenido económico, sus implicaciones no son exclusivamente patrimoniales. Por último, no debe estimarse un obstáculo para que opere dicha suplencia a favor del deudor, que con ella coexista también una obligación de suplencia de queja para el acreedor, ya sea con base en el supuesto de minoría de edad, de ser persona con discapacidad, o por la misma protección al orden y desarrollo de la familia, pues el carácter de orden público de los alimentos y su incidencia en el desenvolvimiento de las relaciones familiares, permite que se empalmen esas diversas hipótesis de suplencia para hacer prevalecer la legalidad y la justicia en las decisiones relativas." Ahora, previo al estudio de los conceptos de violación hechos valer por el impetrante, resulta oportuno realizar una síntesis de los antecedentes más importantes de los actos reclamados, los cuales se desprenden de las constancias que remitió la autoridad responsable como complemento a su informe con justificación, a saber: 1. Mediante el escrito presentado ante la oficialía de partes del juzgado responsable, . demandó de ., el pago de una pensión alimenticia provisional, así como definitiva, en favor tanto de ella como de su menor hija. 2. Mediante el auto de treinta de abril de dos mil diecinueve, el juez responsable admitió a trámite la demanda bajo el número de expediente 378/2019; asimismo, entre otras determinaciones, emitió la relativa a la pensión alimenticia provisional que el demandado debía proporcionar a la actora, así como a su menor hija. 3. ., en su escrito de contestación de demanda, interpuso recurso de reclamación contra la determinación de pensión alimenticia provisional establecida en el auto de treinta de abril de dos mil diecinueve. 4. El veintisiete de agosto de dos mil diecinueve, el juez responsable dictó la resolución relativa al referido recurso de reclamación, en el sentido de declarar improcedente el aludido medio de impugnación; en consecuencia, confirmó la pensión alimenticia provisional fijada en el acuerdo recurrido. 5. Inconforme con tal determinación, el ahora quejoso promovió demanda de amparo, cuyo conocimiento correspondió al Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, bajo el número de expediente 791/2019; órgano que dictó la sentencia correspondiente el veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, en el sentido de conceder la protección constitucional para los efectos siguientes: "a) Al momento de resolver la reclamación de que se trata, reitere las consideraciones que no son materia de concesión del amparo, pero parta de la base de que la circunstancia de tener por demostrado que el quejoso tiene un acreedor alimentario más, que es el menor de iniciales .., es suficiente para motivar la regraduación de la citada medida cautelar; y b) A partir de ello, atendiendo a lo que dispone el artículo 242 del Código Civil del Estado de Veracruz, realice el análisis de proporcionalidad respectivo, de acuerdo a la realidad imperante en autos, esto es, ponderando la necesidad alimentaria de las acreedoras alimentarias, en contraposición con las posibilidades económicas del deudor." Los datos anterior se extraen del almacenamiento y captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), que se tienen como hechos notorios de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo. Además, con base en la jurisprudencia 16/2018, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 10, Libro 55, junio de 2018, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro digital 2017123, de rubro y texto siguiente: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente." 6. En cumplimiento a la referida ejecutoria de amparo, el juez responsable dictó una nueva resolución el veinte de enero de dos mil veinte, cuyos puntos resolutivos son los siguientes: ... Es así, pues como bien lo apreció la autoridad, de la lectura de dichas consultas (fojas 54 a 57, 59 y 60 del tomo de pruebas), se advierte que no se trata de recibos de nómina, y del contenido de tales documentos no se aprecia que los depósitos que amparan correspondan al pago del sueldo realizado al deudor alimentario por su patrón. Por lo que hace a lo manifestado por el quejoso, en el sentido de que ya se había declarado que no cuenta con los recibos de nómina por no expedírselos su patrón, ello es inexacto, toda vez que de la revisión del sumario natural no se advierte que aquél haya realizado manifestación alguna en ese sentido. Máxime que de conformidad con el artículo 804, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo, los patrones tienen la obligación de expedir y conservar los recibos relativos a los pagos efectuados a sus trabajadores. Tampoco tiene razón el impetrante cuando sostiene que, conforme al principio de 'buena fe procesal', el juzgador, de forma presuntiva, debió tener por ciertos los documentos exhibidos. En efecto, tratándose de pruebas, el principio de buena fe procesal invocado por la autoridad responsable en el acto reclamado, se apoya en la dignidad de las personas y los actos que se realizan y que deben ser tratadas como tales, pues es la base con la que actúan las partes, de modo que sólo ante la falta de indicios contrarios que se reflejen en el contenido o alcance de la prueba ofrecida, puede el juez dejar de otorgar valor probatorio a un elemento de convicción. Esto es, el principio de buena fe procesal expuesto por la autoridad responsable al valorar el material probatorio existente en el juicio natural, no implica que éste necesariamente deba tener por acreditados los hechos que las partes pretendieron demostrar con el ofrecimiento de sus pruebas, sino únicamente que no debe prejuzgarse, prima facie, la falsedad de una prueba, es decir, que la autoridad judicial debe mostrar una disposición y actitud abierta al conocimiento de los hechos con las herramientas e instrumentos que el texto procesal dota a las partes. En el caso, la autoridad responsable no infringió el mencionado principio al negar valor probatorio a las mencionadas 'consultas de movimientos', pues entre los razonamientos que esgrimió destaca el relativo a que de su contenido no se advierte que se trate de recibos de nómina, y menos aún que los depósitos que contienen hayan sido realizados al reclamante por su patrón. En otras palabras, aun partiendo de la base de que dichos documentos son auténticos, su contenido, como bien lo apreció la responsable, no tiene el alcance de demostrar lo pretendido por el ahora quejosa, esto es, el monto de sus ingresos y la periodicidad de los mismos. Sobre el particular es ilustrativa la tesis I.3o.C.54 C, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 1924, del Libro XIV, Noviembre de 2012, Tomo 3, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, de rubro y texto siguientes: 'PRINCIPIO DE BUENA FE PROCESAL. OBLIGA A NO PREJUICIAR DE FALSA LA PRUEBA DOCUMENTAL OFRECIDA EN COPIA SIMPLE FOTOSTÁTICA. El artículo 373 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal dispone que para acreditar hechos o circunstancias que tengan relación con el negocio que se ventile en juicio, las partes podrán presentar fotografías o copias fotostáticas, medios de prueba que serán valorados en su conjunto por el juzgador, atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia, según lo previsto en el artículo 402 del mismo ordenamiento. Dichos preceptos parten de una premisa fundamental para lograr su vigencia, que es la de observar el principio de buena fe procesal, porque reconoce que "para acreditar hechos o circunstancias" las partes pueden presentar fotografías, lo cual constituye el reconocimiento de que actúan en el proceso con probidad, con el sincero convencimiento de hallarse asistido de razón, y que por esa circunstancia pueden aportar ese tipo de medios de prueba. El principio de buena fe implica una serie de presupuestos, como la existencia de un estadio psicológico, que comprende la intención de obrar honestamente; la creencia de que la contraparte obra del mismo modo y la creencia o ignorancia de atributos o calidades en las personas o cosas. También supone la existencia de una influencia de ese estadio psicológico de la contraparte que le impulsa a la determinación de ofrecer un medio de prueba con la firme convicción de que es plausible que con aquél pueda demostrar lícitamente un hecho sujeto a controversia; así como la actuación conforme a ese estadio psicológico e influencia, que se verifica en el ofrecimiento efectivo de la prueba. Estos presupuestos son analizados por el Juez no sólo por la especial posición y actitud del oferente de ese medio de prueba, sino por la aceptación, falta de reticencia o prueba en contrario que aporte la contraparte para desvirtuar su alcance o para demostrar el significado contrario de los hechos que se pretenden acreditar y que justamente exigen la aplicación de las reglas de la lógica y la experiencia. Entonces, el juzgador debe partir de un principio de buena fe procesal, que se apoya en la dignidad de las personas y los actos que realizan y que deben ser tratadas como tales pues es la base con la que actúan las partes y sólo ante la existencia de indicios contrarios a la misma reflejado en el contenido o alcance de dicho medio de prueba, puede el Juez dejar de otorgar valor probatorio a un documento en copia fotostática que la ley considera, prima facie, una fuente de prueba de los hechos o circunstancias del debate. Sería desapegado a la verdad y al citado principio que el juzgador partiera de la base de que cualquier copia fotostática tiene latente la posibilidad, dada la naturaleza de la reproducción y los avances de la ciencia, de que no corresponda a un documento realmente existente, sino a uno prefabricado que, para efecto de su fotocopiado, permita reflejar la existencia, irreal, del documento que se pretende hacer aparecer. Esto es así, porque en lugar de apegarse a la buena fe procesal, partiría de su desestimación por la autoridad, constituyendo un verdadero e injustificado prejuicio, y sólo recurriría a su abrigo cuando aquélla haya sido adminiculada con otros medios de prueba, lo que materialmente implicaría desconocerle, prima facie, valor probatorio por sí misma, lo que se aleja del contenido de la norma y de los principios rectores de la función judicial que tutela el artículo 17 de la Constitución Federal. Lo anterior, no significa que el juzgador deje de observar que las partes que litigan en defensa de sus intereses puedan incurrir en la alteración del documento o su confección, pero el acceso a la justicia como derecho humano exige de la autoridad judicial una disposición y actitud abierta al conocimiento de los hechos con las herramientas e instrumentos que el texto procesal le dota así como el resto del ordenamiento jurídico'. Por otro lado, también es infundado el concepto de violación en el que se sostiene: - Que en relación con los recibos de pagos de renta exhibidos, el juez responsable también violó los principios de congruencia y buena fe procesal, toda vez que -dice- no puede prejuzgar que el quejoso no eroga pago de renta alguno, ya que desafortunadamente ha tenido que cambiar de residencia en varias ocasiones, tan es así que sus documentos oficiales aparecen con domicilios distintos. Que en la diligencia de emplazamiento que le fue practicada por comparecencia, el personal actuante sólo toma los datos de la credencial de elector del compareciente y jamás se asegura o verifica que el domicilio que aparece sea el del notificado, pues sólo se limita a capturar datos en su diligencia y le pide la firma al compareciente. Que por ello el juez no puede prejuzgar en relación al valor de los recibos de pago de arrendamiento. Que incluso se cuenta con la copia simple del pago de luz que se agregó en autos. Que el propio juez pudo dictar diligencias para mejor proveer y mandar llamar al dueño del inmueble al que se le paga la renta. Que la valoración del pago de renta se hizo de manera aislada y sin tomar en consideración el resto de las pruebas ofrecidas en autos. Carece de razón el inconforme, toda vez que fue objetivamente correcto que el juez responsable determinara que los recibos de arrendamiento ofrecidos por el reclamante (fojas 64 y 65 del tomo de pruebas), son ineficaces para demostrar que aquél realiza gastos por concepto de habitación, entendida ésta como el lugar en el que vive o habita. En efecto, como con acierto lo advirtió la autoridad responsable, si bien con tales recibos el reclamante pretendió justificar que realiza gastos por concepto de pago de renta de habitación respecto del domicilio ubicado en '.., en el sumario natural existen constancias de las que se desprenden indicios que desvirtúan el hecho de que el citado deudor alimentario habite en tal inmueble. Así es, pues según consta en el acta de emplazamiento por comparecencia practicada a . el catorce de mayo de dos mil diecinueve (foja 37 del tomo de pruebas), al proporcionar éste sus datos generales ante al personal del juzgado, en lo que aquí trasciende, manifestó que su domicilio se ubica en calle .., esto es, un domicilio diverso al que se refieren los mencionados recibos de pago de renta. A lo que se suma que en la credencial para votar que exhibió el peticionario para identificarse, expedida en el año dos mil dieciséis y con vigencia al año dos mil veintiséis, aparece como su domicilio el mismo que manifestó al ser emplazado (foja 38 del tomo de pruebas). Además, de la copia simple del comprobante de inscripción a la preparatoria abierta que adjuntó el ahora quejoso a su reclamación, se asentó como su domicilio el mismo que indicó al ser emplazado (foja 61 del tomo de pruebas). Tales indicios se consideran suficientes, como lo apreció la responsable, para desvirtuar lo sostenido por el reclamante en el sentido de que paga renta por concepto de habitación en el domicilio que ampara los mencionados recibos ya que, como se vio, es válido concluir que vive o habita en un inmueble diverso. De ahí que sea inexacto que la responsable haya valorado aisladamente los indicados recibos; por el contrario, como se ve, decidió negarles el valor probatorio que el reclamante pretendía precisamente atendiendo a la serie de indicios a que se ha hecho alusión y que se desprende lo actuado en el juicio natural. En ese contexto, es inexacto que el juez responsable haya infringido el principio de buena fe procesal al no haber tenido por demostrado el pago de renta por parte del reclamante, toda vez que, en congruencia con tal principio, la autoridad en ningún momento afirmó que fuera falso el contenido de los citados recibos, sino únicamente que no puede considerarse que el pago de renta que éstos amparan sea por concepto de habitación del inconforme pues, como se vio, existen elementos que permiten concluir que su domicilio diverso Por lo que hace a lo alegado en el sentido de que fue el personal del juzgado el que tomó los datos de la credencial de elector del aquí quejoso, no obra en autos elemento de convicción alguno que acredite esa circunstancia; por tanto, debe prevalecer la presunción de validez con que cuentan las actas levantadas por los funcionarios investidos de fe pública, en el caso, lo asentado en el emplazamiento del demandado consistente en que fue él quien de viva voz manifestó sus generales, entre ellas, su domicilio. Por lo que hace a la existencia de la 'copia simple del pago de luz' que ofreció en autos, si bien ésta es relativa al suministro de dicho servicio en el domicilio al que se refieren los recibos de trato, en primer lugar, porque no se encuentran a nombre del quejoso, y en segundo, porque debe prevalecer lo manifestado de viva voz por el inconforme al ser emplazado; por tanto, tampoco tiene el alcance de acreditar que ese el domicilio que habita el hoy quejoso. En ese orden, es infundado que el juez haya podido dictar diligencias para mejor proveer a fin de mandar llamar al dueño del inmueble al que se paga la renta. Lo anterior, toda vez que, atendiendo a la naturaleza sumaria de la substanciación de la reclamación, el juez responsable no se encontraba obligado a recabar oficiosamente elementos de prueba con el objeto de conocer los egresos del peticionario. Por el contrario, al resolver la reclamación, el juez debe tomar en cuenta exclusivamente los documentos aportados al interponerla, así como los existentes hasta ese momento en el juicio, sin que pueda valorar otros medios de convicción respecto de los que se requiera cierta preparación para su desahogo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia VII. 1o.C. J/21, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, consultable en la página 775, del Tomo XXII, Noviembre de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: 'PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. AL PROMOVERSE EL RECURSO DE RECLAMACIÓN EN SU CONTRA, DADA LA PRONTITUD CON QUE SE ORDENA RESOLVER, EL JUEZ ÚNICAMENTE DEBE TOMAR EN CUENTA LOS DOCUMENTOS APORTADOS AL INTERPONERLO, ASÍ COMO LAS PRUEBAS QUE OBREN HASTA ESE ESTADÍO PROCESAL Y NO AQUELLAS EN QUE SE SOLICITÓ SU PREPARACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). El artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, en su párrafo tercero, textualmente señala: 'Cualquier reclamación sobre la medida indicada en el párrafo que antecede, se podrá formular dentro del escrito de contestación a la demanda, y previa vista que se dé a la parte contraria de la reclamante, el Juez la resolverá dentro del término de tres días, tomando en cuenta los documentos que se hubieren aportado. Contra esta resolución no procede recurso ordinario.'. Del precepto mencionado se desprende la existencia de un trámite procesal que se sustanciará con la sola vista que se dé a la parte contraria de la reclamante, debiendo el juzgador resolver dentro del término de tres días, para lo cual tomará en cuenta exclusivamente los documentos aportados al promoverlo, así como las pruebas que obren hasta ese estadío procesal, sin que el artículo citado prevea la posibilidad legal de que el a quo valore otros medios de convicción respecto de los cuales requieran para su desahogo de cierta preparación, como por ejemplo, la solicitud de un informe a determinada autoridad o la ratificación judicial de algún documento, con los que la reclamante pretenda demostrar hechos que permitan al juzgador natural reducir la pensión alimenticia provisional decretada, en razón de la prontitud con que se ordena resolver'. De ahí lo infundado del motivo de disenso que se analiza. Por otro lado, es ineficaz la inconformidad consistente en: - Que existió un trato desigual con el quejoso ante la falta de igualdad de criterios entre la demandada y la parte actora, toda vez que - señala- al contrato de arrendamiento de la parte actora sí le dio valor probatorio, bajo el principio de buena fe procesal; que si bien el juez concluyó que ese gasto ya no se eroga por haber regresado al domicilio de sus padres, es claro -afirma- que éste buscó por todos los medios posible restar valor probatorio a los gastos que eroga el impetrante. Ineficacia que radica en que, si bien es cierto la responsable otorgó valor probatorio al contrato de arrendamiento que la tercero interesada adjuntó a su demanda, también lo es que con ello sólo tuvo por demostrado que ésta erogaba gastos por concepto de renta; sin embargo, la autoridad razonó que: como la acreedora alimentaria, en su demanda, manifestó que dejó de vivir el inmueble arrendado y se fue a vivir con su padre, actualmente no eroga renta alguna. De ello deriva que la circunstancia de que se haya conferido mérito convictivo al mencionado contrato de arrendamiento no trascendió al sentido del acto reclamado en perjuicio de los intereses del ahora quejoso pues, en definitiva, no se tuvo por demostrado que la tercero interesada tenga gastos por concepto de renta de habitación. Por otro lado, es infundada la inconformidad en la que se aduce: - Que la responsable sostiene que por cuanto hace a la acreedora .. (sic) .. se presume la necesidad de los alimentos demandados, pero pasa por alto que entre el hombre y la mujer existe un principio de igualdad, y si ésta dice que pagaba renta, por sus propios medios, como dice en su demanda y lo valoró el juez, podemos concluir que sí tiene la capacidad para procurarse por sus propios medios las necesidades más elementales. No asiste razón al quejoso, pues parte de una premisa errónea, como lo es el hecho de que su acreedora alimentaria, .. manifestó que pagaba renta por sus propios medios. En efecto, si bien del contrato de arrendamiento que la tercero interesada adjuntó a su demanda natural se advierte que éste fue celebrado entre . como arrendadora, y .. como arrendataria, respecto de la casa habitación ubicada en calle ... (foja 20 del tomo de pruebas), lo cierto es que ésta, en su demanda, relató que ese era su domicilio conyugal, y que fue abandonado el siete de agosto de dos mil diecisiete, por lo que el hoy peticionario la dejó con deudas como (foja 4 del tomo de pruebas): '(.) pago de renta de meses atrasados anteriores a la fecha en que se fuera, etcétera, por lo que en fecha 01 de Octubre de 2017 al no tener forma para suministrar alimentos a mi hija (.) y para la suscrita .., tuve que dejar de habitar el domicilio conyugal, ya que no tenía para pagar los meses de renta que se adeudan y con ello renovar contrato, por lo que me vi en la necesidad de ir a vivir en esa misma fecha al domicilio de mi padre (.)'. De lo transcrito se advierte que, contrario a lo que afirma el impetrante, la tercero interesada no manifestó que cubriera con sus propios medios el pago de renta de la casa que habitaba y que constituía el domicilio conyugal; por el contrario, fue clara en establecer que quien cubría ese costo era el ahora quejoso y que, al dejar éste el citado domicilio, aquélla tuvo que desocuparlo en compañía de su hija por no estar en posibilidad de cubrir la renta. Por tanto, es infundado lo que alega el impetrante." Por tanto, si los referidos motivos de disenso formulados por el quejoso en la demanda de amparo que dio origen al presente juicio de amparo ya fueron materia de análisis en el diverso 791/2019 del índice del juzgado auxiliado; entonces, es inconcuso que tales motivos de disenso son ineficaces, pues ya no pueden estar sujetos a discusión ni mucho menos reexaminarse en virtud de que ya fueron analizados y desestimados en un asunto anterior constituyendo, por ello, cosa juzgada. Las anteriores consideraciones encuentran sustento en la jurisprudencia I.4o.A. J/58 del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1919, Tomo XXVII, febrero de 2008, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro digital 170370, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS INOPERANTES CUANDO EXISTE COSA JUZGADA. Son inoperantes los conceptos de violación planteados en un amparo o los agravios que se esgrimen en un recurso cuando van dirigidos a combatir aspectos que ya no pueden estar sujetos a discusión ni mucho menos reexaminarse en virtud de que ya fueron analizados y desestimados en un asunto anterior constituyendo por ello cosa juzgada, pues en ambos asuntos coinciden o concurren los elementos que distinguen tal institución jurídica: a) El objeto de la decisión; b) El fundamento jurídico; y, c) Los sujetos." De igual forma, cobra aplicación la jurisprudencia VII.1o.C. J/15, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible en la página 808, Tomo XVII, febrero de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro digital 184935, que dispone: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES, SI EN ELLOS SE COMBATEN CUESTIONES ANALIZADAS EN UNA EJECUTORIA DE AMPARO ANTERIOR. Si en los conceptos de violación que se hacen valer en un juicio constitucional promovido en contra de la resolución dictada en cumplimiento de una ejecutoria de amparo, se combaten cuestiones que ya fueron analizadas en ésta, los argumentos formulados en la nueva demanda de garantías resultan inoperantes, pues la decisión pronunciada no puede ser cuestionada ni modificada en atención a la firmeza de las sentencias dictadas por la potestad federal al conocer de los juicios de amparo." Por otra parte, es infundado el concepto de violación en el cual el inconforme aduce: - Que fue incorrecto que el juez responsable disminuyera solo un cuatro por ciento la pensión alimenticia provisional para quedar en un treinta y seis por ciento, dado que el sesenta y cuatro por ciento restante es insuficiente para cubrir de manera adecuada las necesidades del menor identificado con las iniciales .. quien también es acreedor del deudor aquí quejoso; pues los ingresos que percibe con motivo de su empleo son poco superiores al mínimo; aunado la responsable no puede pasar por alto que el quejoso no puede vivir con veintitrés pesos, con treinta y tres centavos, diarios. Para así considerarlo, conviene precisar lo que al respecto determinó la autoridad responsable, a saber: "Ahora bien, por lo que respecta a la posibilidad de la demandada de otorgar alimentos, la actora señalo (sic) en su demanda que el demandado es trabajador de la empresa .. hecho que no fue controvertido por el demandado, no obstante que no obra medio de prueba hasta este momento procesal que acredite el monto de los ingresos del demandado. Así mismo, si bien es un hecho notorio el que el demandado también debe satisfacer sus propios alimentos, no obra medio de prueba que permita establecer el quantum de estos, salvo cuarenta y ocho pesos mensuales por lavado y secado de ropa. Así mismo, atendiendo que el demandado acredito (sic) tener un acreedor más que es el menor .., y que, siguiendo los lineamientos de la sentencia amparadora, ello es mas (sic) que suficiente para disminuir la pensión alimenticia del cuarenta por ciento provisional decretado en favor de la actora y su menor hija, en consecuencia, se disminuye del cuarenta por ciento al TREINTA Y SEIS POR CIENTO. Lo anterior considerando que se fijó un cuarenta por ciento para dos acreedores, por lo que proporcionalmente a cada uno le corresponde un veinte por ciento, de ahí que se reduce de un veinte a un dieciocho por ciento para cada acreedor, lo que suma un total del treinta y seis por ciento, mientras que al demandado le queda un sesenta y cuatro por ciento para satisfacer sus propios alimentos y los de su menor hijo .. cantidades que se estiman suficientes considerando que de autos no obra medio de prueba hasta este momento procesal, del que se infiera el monto liquido (sic) los ingresos que percibe el demandado como trabajador de .. y que por ello, lo que gana, luego del descuento alimentario, no le es suficiente para satisfacer sus propios alimentos y los de su menor hijo, pues por cuanto a la posibilidad del deudor, si bien acredito el demandado que se inscribió al bachillerato, no consta el quantum de los gastos que genera por estudios, salvo el gasto del cuarenta y ocho pesos mensuales de lavado y secado de ropa, una deuda de dos mil cuatrocientos cincuenta y nueve pesos por ropa y una parrilla generados hasta el veinte de abril de dos mil diecinueve, sin embargo, se reitera, no obra medio de prueba hasta este momento procesal, del que se infiera el monto liquido (sic) de los ingresos que percibe el demandado como trabajador de ..., luego del descuento alimentario le sea insuficiente para cubrir sus propios alimentos. Así mismo por cuanto a la necesidad de los acreedores, se acredito (sic) que la menor ... se encuentra estudiando lo que infiere la generación de gastos escolares máxime que al ser menor de edad infiere su necesidad alimentaria, de igual forma se acredito (sic) que la actora se encuentra estudiando, lo que infiere también la generación de gastos escolares, máxime que ello en lo futuro, implicara (sic) una preparación académica de la actora para que se pueda incorporar a una actividad profesional, así mismo la actora crédito (sic) erogar un promedio de trescientos ochenta y un pesos con cuarenta centavos de despensa mensual y un gasto de calzado por cuatrocientos nueve pesos, más debe igualmente reiterarse que no obra medio de prueba hasta este momento procesal, del que se infiera el monto liquido (sic) de los ingresos que percibe el demandado como trabajador de .. y que derivado de ello el descuento alimentario del treinta y seis por ciento le sea insuficiente para cubrir sus propios alimentos." Se estima correcta la determinación de la autoridad responsable. Para así considerarlo, resulta conveniente establecer: a) la naturaleza de los alimentos; b) los requisitos para su fijación provisional; c) las notas distintivas del recurso de reclamación que tiene como materia dilucidar si es factible afectar el porcentaje inicialmente concedido, y d) en qué hipótesis opera la presunción de necesitarlos, así como a quién le corresponde la carga de probar tal estado de necesidad. En primer término, conviene destacar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la obligación alimentaria nace a partir de la concurrencia de tres presupuestos: a) El estado de necesidad del acreedor alimentario (origen y fundamento del vínculo alimentario); b) Un determinado vínculo familiar entre acreedor y deudor, y c) La capacidad económica del obligado a prestarlos. Las anteriores consideraciones están contenidas en la jurisprudencia 1a./J. 41/2016 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 265, Libro 34, septiembre de 2016, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro digital 2012502, del tenor siguiente: "ALIMENTOS. EL ESTADO DE NECESIDAD DEL ACREEDOR DE LOS MISMOS CONSTITUYE EL ORIGEN Y FUNDAMENTO DE LA OBLIGACIÓN DE OTORGARLOS. La institución jurídica de los alimentos descansa en las relaciones de familia y surge como consecuencia del estado de necesidad en que se encuentran determinadas personas a las que la ley les reconoce la posibilidad de solicitar lo necesario para su subsistencia. En consecuencia, podemos concluir que para que nazca la obligación de alimentos es necesario que concurran tres presupuestos: (i) el estado de necesidad del acreedor alimentario; (ii) un determinado vínculo familiar entre acreedor y deudor; y (iii) la capacidad económica del obligado a prestarlos. En este sentido, es claro que el estado de necesidad del acreedor alimentario constituye el origen y fundamento de la obligación de alimentos, entendiendo por éste aquella situación en la que pueda encontrarse una persona que no puede mantenerse por sí misma, pese a que haya empleado una normal diligencia para solventarla y con independencia de las causas que puedan haberla originado. Sin embargo, las cuestiones relativas a quién y en qué cantidad se deberá dar cumplimiento a esta obligación de alimentos, dependerán directamente de la relación de familia existente entre acreedor y deudor; el nivel de necesidad del primero y la capacidad económica de este último, de acuerdo con las circunstancias particulares del caso concreto." Asimismo, debe precisarse que la Primera Sala del máximo tribunal del país estimó, en el mencionado criterio, que las cuestiones relativas a quién y en qué cantidad se deberá dar cumplimiento a dicha obligación, dependerán directamente de la relación de familia existente entre acreedor y deudor; el nivel de necesidad del primero y la capacidad económica de este último, de acuerdo con las circunstancias particulares del caso concreto. Por otra parte, el artículo 239 del Código Civil del Estado de Veracruz2 dispone que la prestación de alimentos comprende lo necesario para la subsistencia, habitación y vestuario correspondiente a la condición del que la recibe, así como lo necesario para la asistencia en las enfermedades, siendo estos los factores que debe tomar en cuenta el juzgador para establecer los gastos ordinarios que, por ello, se originen, y respecto de los menores comprenden, además, los necesarios para la educación primaria del alimentista y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión honestos y adecuados a sus circunstancias personales. En la fijación de estos gastos deberán considerarse las condiciones del acreedor y las posibilidades del deudor, en términos de lo dispuesto en el artículo 242 del citado código3; para lo cual se debe atender al concepto amplio de lo que se entiende por alimentos; esto es, todo lo que es necesario al consumo diario de una casa o de la persona; además, debe comprender lo necesario para la educación y gastos de enfermedad; en la inteligencia de que el alimentado tiene derecho a reclamar, al margen de la cuota fijada para gastos ordinarios, lo indispensable para satisfacer otros que por su naturaleza no están comprendidos en este concepto. 2 "ARTÍCULO 239. Los alimentos comprenden la comida, el vestido, la habitación y la asistencia en casos de enfermedad. Respecto de los menores, los alimentos comprenden, además, los gastos necesarios para la educación básica del alimentario, y para proporcionarle algún oficio, arte o profesión lícitos y adecuados a sus circunstancias personales." 3 "ARTÍCULO 242. Los alimentos han de ser proporcionados a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos." Omar Sandoval Labastida 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.bf.a9 23/04/22 14:30:16 JUICIO DE AMPARO 77/2020 CUADERNO AUXILIAR 64/2021 MATERIA CIVIL JUZGADO CUARTO DE DISTRITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA SÉPTIMA REGIÓN 37 ??????????????? Así, la obligación de dar alimentos se puede satisfacer mediante el pago de una pensión alimenticia, o bien, incorporando el deudor en su casa al acreedor para proporcionarle los elementos necesarios en cuanto a comida, vestido, habitación y asistencia en caso de enfermedad. En ese mismo orden, el artículo 210 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz, establece el procedimiento para la fijación de la pensión alimenticia provisional, bajo el texto siguiente: "Artículo 210. Presentada la demanda con los documentos y copias prevenidas, se correrá traslado de ella a la persona o personas contra quienes se proponga, y se les emplazará para que contesten dentro de nueve días. En los casos en que se reclamen alimentos, el juez podrá en el auto en que dé entrada a la demanda, a petición de parte y atendiendo a las circunstancias, fijar una pensión alimenticia provisional y decretar su aseguramiento, cuando los acreedores justifiquen, con las correspondientes copias certificadas de las actas del estado civil, el vínculo matrimonial o su parentesco con el deudor alimentista, o tratándose de concubinato, con algún medio de prueba que acredite tal hecho, sin perjuicio de lo que se resuelva en la sentencia definitiva. Cualquier reclamación sobre la medida indicada en el párrafo que antecede, se podrá formular dentro del escrito de contestación a la demanda, y previa vista que se dé a la parte contraria de la reclamante, el juez la resolverá dentro del término de tres días, tomando en cuenta los documentos que se hubieren aportado. Contra esta resolución no procede recurso ordinario. En materia de Derecho Familiar, los jueces deberán suplir la deficiencia de la queja únicamente para los menores, incapaces y para el acreedor alimentario." Del precepto legal que antecede, se observa que en los casos en que se reclamen alimentos, el juez podrá en el auto en que dé entrada a la demanda, a petición de parte y atendiendo a las circunstancias, fijar una pensión alimenticia provisional y decretar su aseguramiento, cuando los acreedores justifiquen con las correspondientes copias certificadas de las actas del estado civil, el vínculo matrimonial, su parentesco con el deudor alimentista o incluso el concubinato, sin perjuicio de lo que se resuelva en la sentencia definitiva. Lo anterior pone de manifiesto que la pensión alimenticia se da en dos etapas procedimentales distintas: una provisional y otra definitiva; la primera, que es la que en el caso interesa, se determina sin audiencia del deudor, únicamente con base en la información con que se cuenta hasta el momento de la presentación de la demanda, y la segunda, se da al dictarse la sentencia, con base en los elementos de prueba que aporten las partes en el juicio, ya que es hasta entonces cuando el juzgador estará en mejores condiciones de normar su criterio. La medida cautelar a que se refiere el numeral invocado tiene un carácter especialísimo, por estar destinada a cubrir necesidades impostergables de personas colocadas en situación de desamparo, las cuales son una prioridad de orden público, de naturaleza urgente e inaplazable, con el fin de asegurar la subsistencia de quienes los demandan mientras se resuelve el juicio respectivo. La fijación de la pensión alimenticia provisional y el consecuente aseguramiento de bienes del deudor alimentario, es de naturaleza transitoria o temporal, pues rige o subsiste exclusivamente hasta el momento en que se dicte la sentencia que resuelva la controversia planteada, y no puede considerarse arbitraria o carente de fundamento, pues de lo dispuesto por el artículo antes citado se colige con facilidad que la resolución en que se determina el pago de los citados alimentos provisionales, solo puede dictarse cuando quien lo exige ha acreditado cumplidamente el título en cuya virtud lo pide, aportando las actas del Registro Civil respectivas. De igual forma, en el tercer párrafo del dispositivo en comento, se prevé la existencia de un remedio procesal contra la fijación provisional de los alimentos (recurso de reclamación), el cual se sustancia con la vista que se dé a la parte contraria de la reclamante, debiendo el juzgador resolver dentro del término de tres días. Esto es, se concede al deudor alimentario un medio de defensa para tratar de equilibrar la cantidad o el porcentaje que como pensión alimenticia provisional haya decretado el juez natural, quien pudo tomar como base únicamente los datos expresados por la parte actora en su demanda. Así, dicha reclamación debe declararse procedente si el deudor alimentista aporta datos o pruebas que el propio juzgador no tuvo en consideración al señalar la pensión provisional y que sean idóneas para tal fin. Por lo tanto, contrario a lo aducido por el impetrante del amparo, la determinación reclamada se considerada apegado a derecho; consecuentemente, se deben desestimar los planteamientos vertidos por el inconforme en los que sostiene que la autoridad responsable no tomó en consideración los gastos del demandado, así como las necesidades del menor identificado con las iniciales .. quien también es acreedor del deudor aquí quejoso; pues los ingresos que percibe con motivo de su empleo son poco superiores al mínimo; aunado la responsable no puede pasar por alto que el quejoso no puede vivir con veintitrés pesos, con treinta y tres centavos, diarios. Esto es así, porque, como lo refirió la autoridad responsable, no existe medio de prueba que permita establecer, hasta este momento procesal, la suma a la que ascienden los gastos alimentarios del deudor, salvo la cantidad de cuarenta y ocho pesos mensuales por concepto de lavado y secado de ropa, ni tampoco está demostrada la suma a la que ascienden los gastos erogados con motivo de los alimentos que requiere el menor identificado con las iniciales .. Por tanto, la pensión provisional del treinta y seis por ciento -ya reducida- para los acreedores . y su menor hija de iniciales .. que proporcionalmente les corresponde dieciocho por ciento para cada una de ellas, no se estima excesiva; pues de conformidad con lo establecido en el artículo 242 del Código Civil del Estado de Veracruz, los alimentos han de ser proporcionados de acuerdo a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos. En el caso, en lo referente a la infante identificada con las iniciales .., se acreditó la urgencia de la medida provisional, dado que, precisamente, dicha acreedora se trata de una menor de edad; por tanto, se estima correcto que la autoridad responsable haya fijado tal porcentaje por lo que respecta a dicha infante; pues tal cantidad se considera indispensable para sufragar los gastos elementales del rubro de alimentos, los cuales comprenden diversos gastos que se requieren para su normal desarrollo. En lo relativo a los alimentos provisionales fijados en favor de la acreedora .., resulta pertinente traer a colación que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 416/2012, realizó una interpretación sistemática de los numerales 100, 232, 233 y 242 del Código Civil del Estado de Veracruz, y concluyó que el simple hecho que en un juicio de alimentos, la actora acredite tener el carácter de cónyuge del demandado, es insuficiente para presumir que tiene necesidad de ellos. Lo anterior es así, porque el Código Civil para el Estado de Veracruz -hasta antes de la reforma de diecisiete de febrero de dos mil dieciséis- no establecía presunción legal alguna en ese sentido; esto, aun cuando el artículo 2334 de citado ordenamiento legal dispusiera que los cónyuges debían darse alimentos, dicho deber constituía una obligación de carácter general que no hacía distinción por razón de género, en tanto no preveía que uno de ellos en particular estuviera obligado a proporcionarlos; por el contrario, dicha obligación, en términos del numeral 2325 de ese código, era recíproca. Al tenor de dichos preceptos legales el máximo tribunal resolvió que, aun cuando dicha necesidad no pueda presumirse por el simple hecho de que la actora demuestre que es cónyuge del demandado, cuando esta demanda el pago de alimentos con el argumento de que tiene necesidad de ellos porque se dedicó preponderantemente al trabajo del hogar o al cuidado y educación de los hijos, ya que en su matrimonio así se distribuyó la contribución de referencia, se presume que tal argumentación es cierta. En ese sentido está la redacción del actual artículo 233 Bis del Código Civil del Estado de Veracruz6, a saber: "Artículo 233 Bis. La mujer que demande el pago de alimentos con el argumento de que se dedicó preponderantemente al trabajo del hogar o al cuidado y educación de los hijos, tiene a su favor la presunción de necesitarlos." Tal conclusión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y redacción del referido numeral deriva del hecho innegable que en México, por la permanencia de los roles de género, la mayoría de las mujeres casadas se dedican preponderantemente a los quehaceres propios del hogar, así como al cuidado y educación de los hijos; lo que origina una limitación a sus oportunidades de desarrollo profesional o laboral, con lo que reducen notablemente la obtención de ingresos en comparación con los del marido. De ahí que, si se toma en cuenta que esa necesidad tiene como antecedente la presunción de referencia y que se sustenta en hechos negativos atento a la distribución de las cargas probatorias, debe concluirse que es al demandado a quien le corresponde demostrar lo contrario; es decir, que la actora está en condiciones de satisfacer sus necesidades alimentarias. Las anteriores consideraciones encuentran sustento en la jurisprudencia 1a./J. 6/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 619, Libro XIX, abril de 2013, Tomo 1, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, con registro digital 2003217, de rubro y texto siguientes: "ALIMENTOS ENTRE CÓNYUGES. LA MUJER QUE DEMANDA SU PAGO CON EL ARGUMENTO DE QUE SE DEDICÓ PREPONDERANTEMENTE AL TRABAJO DEL HOGAR O AL CUIDADO Y EDUCACIÓN DE LOS HIJOS, TIENE A SU FAVOR LA PRESUNCIÓN DE NECESITARLOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ). El simple hecho de que en un juicio de alimentos, la actora acredite tener el carácter de cónyuge del demandado, es insuficiente para presumir que tiene necesidad de ellos. Lo anterior es así, porque el Código Civil para el Estado de Veracruz no establece presunción legal alguna en ese sentido, y aun cuando su artículo 233 disponga que los cónyuges deban darse alimentos, este deber constituye una obligación de carácter general que no hace distinción por razón de género, en tanto no prevé que uno de ellos en particular esté obligado a proporcionarlos; por el contrario, dicha obligación, en términos del numeral 232 de ese código, es recíproca. Además, como el referido artículo 233 no establece cómo o en qué medida los cónyuges deben proporcionarse alimentos, se entiende que están obligados a otorgarlos conforme a la regla general de proporcionalidad prevista en el artículo 242 del propio ordenamiento, es decir, en atención a la posibilidad del que debe darlos y a la necesidad del que debe recibirlos, situación que se corrobora con el artículo 100 del referido código, acorde con el cual los cónyuges deben contribuir a su alimentación según sus posibilidades y distribuir la carga de esa contribución en la forma y proporción que acuerden. Ahora bien, aun cuando dicha necesidad no pueda presumirse por el simple hecho de que la actora demuestre que es cónyuge del demandado, cuando ésta demanda el pago de alimentos con el argumento de que tiene necesidad de ellos porque se dedicó preponderantemente al trabajo del hogar o al cuidado y educación de los hijos, ya que en su matrimonio así se distribuyó la contribución de referencia, se presume que tal argumentación es cierta, pues es un hecho innegable que en México, por la permanencia de los roles de género, la mayoría de las mujeres casadas se dedican preponderantemente a los quehaceres propios del hogar, así como al cuidado y educación de los hijos, lo cual les limita sus oportunidades de desarrollarse profesional o laboralmente, con lo que reducen notablemente la obtención de ingresos en comparación con los del marido; de ahí que si se toma en cuenta que esa necesidad tiene como antecedente la presunción de referencia y que se sustenta en hechos negativos atento a la distribución de las cargas probatorias, debe concluirse que es al demandado a quien le corresponde demostrar lo contrario, es decir, que la actora está en condiciones de satisfacer sus necesidades alimentarias." En el caso, la actora .. señaló en su demanda que convino con el aquí quejoso, que este se encargaría de proveer todo lo necesario para la alimentación de la familia, en tanto que dicha acreedora se ocuparía de cuidar a la menor, de las labores del hogar y de continuar estudiando, a saber: "[.] conviniendo desde que nos unimos en concubinato que el hoy demandado se encargaría de proveer todo lo necesario para la alimentación de la familia que conformaríamos y la suscrita me encargaría de cuidar a mi hija, de las labores del hogar y de seguir estudiando. [.]" Por tanto, se considera correcta la determinación del juzgador responsable, consistente en fijar una pensión alimenticia provisional a favor de .. pues, si bien en el caso no está demostrada fehacientemente la necesidad alimentaria de dicha acreedora, lo cierto es que sí se infieren cuestiones de vulnerabilidad y desequilibrio económico entre las partes, en perjuicio de la referida acreedora. Máxime que en los autos del juicio de origen no está demostrado que .. perciba algún ingreso económico con motivo del desarrollo de actividades laborales o comerciales. Por tales motivos, se puede concluir que la pensión provisional decretada sí atendió a los principios de equidad y justicia, así como al de proporcionalidad que rige en las cuestiones alimentarias, previsto en el artículo 242 del Código Civil del Estado de Veracruz, pues atento a las circunstancias del caso. A mayor abundamiento, se debe mencionar que el quejoso, como padre de la menor identificada con las iniciales .., tiene la obligación de proveerle alimentos, con independencia de la parte proporcional que cubre la progenitora por el hecho de tenerla a su cuidado y protección. Aunado a que el inconforme no ofreció medio de prueba alguno con el que acreditara que la pensión alimenticia fijada es excesiva de acuerdo a sus ingresos, o que dichos ingresos no son suficientes para sustentar las necesidades básicas de él y de su diverso acreedor el menor identificado con las iniciales .. o, en su caso, que demostrara que no existe proporcionalidad en la cantidad que le fue fijada como pensión alimenticia provisional. Pues, incluso, precisamente con motivo de la existencia del diverso acreedor; esto es, el menor identificado con las iniciales ... la responsable determinó reducir la pensión alimenticia provisional fijada inicialmente; sin que hasta este momento procesal, se reitera, esté demostrada la suma a la que ascienden los alimentos que necesita el referido infante, ni los gastos del propio quejoso para su subsistencia. Además, es menester puntualizar que la resolución reclamada en el presente sumario, es una medida cautelar provisional, por lo que las partes podrán, en la secuela del juicio natural, ofrecer las pruebas pertinentes y aportar los datos para que en su caso el juzgador responsable fije un porcentaje mayor o menor como pensión alimenticia definitiva; para lo cual, incluso, está facultado para recabar de oficio las pruebas que considere pertinentes a fin de conocer las posibilidades del deudor y las necesidades de los acreedores. Es aplicable a este último razonamiento la jurisprudencia 1a./J. 57/2014 (10a.) sustentadas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 575, Libro 11, octubre de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro digital 2007719, de rubro y texto siguientes: "PENSIÓN ALIMENTICIA. EL JUEZ DEBE RECABAR OFICIOSAMENTE LAS PRUEBAS QUE LE PERMITAN CONOCER LAS POSIBILIDADES DEL DEUDOR Y LAS NECESIDADES DEL ACREEDOR (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y VERACRUZ). En el ejercicio de sus funciones, todo juzgador tiene la potestad legal de allegarse, oficiosamente, de los elementos de convicción que estime necesarios para conocer la verdad sobre los puntos litigiosos que deberá dirimir en la sentencia. Lo anterior adquiere relevancia en materia familiar cuando están involucrados intereses de menores, donde la facultad se convierte en obligación, pues es evidente la intención del legislador de propiciar una mayor protección para aquéllos. Entonces, para estar en condiciones de cuantificar el monto de la pensión, con base en los principios de proporcionalidad y equidad que rigen la materia alimentaria, el juzgador está obligado a allegarse de los elementos probatorios que acrediten las posibilidades del deudor y las necesidades del acreedor, atendiendo a sus circunstancias particulares. Además, esa obligación coadyuva a solucionar un problema práctico que se presenta con frecuencia en las controversias del orden familiar, que consiste en la imposibilidad que tiene la parte actora (acreedores alimentarios), para demostrar los ingresos del demandado (deudor alimentario) y la renuencia de este último a aportar los elementos necesarios para demostrar sus ingresos". De igual forma, cobra aplicación la jurisprudencia 1a./J. 58/2014 (10a.) de la Primera Sala del máximo tribunal de país, consultable en la página 576, Libro 11, octubre de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro digital 2007720, que dispone: "PENSIÓN ALIMENTICIA. LOS MEDIOS PROBATORIOS PARA ACREDITAR LAS POSIBILIDADES DEL DEUDOR Y LAS NECESIDADES DEL ACREEDOR EN LOS JUICIOS RELATIVOS, DEBEN RECABARSE PREVIO AL DICTADO DE LA SENTENCIA (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y VERACRUZ). Cuando en una sentencia se determina una obligación de pago pero no se fija la cantidad líquida que debe pagarse, para determinarla se actualiza la necesidad de tramitar un incidente de liquidación, que es un procedimiento contencioso que admite el ofrecimiento y valoración de pruebas, según lo ha determinado esta Primera Sala en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 53/2011, de rubro: "LIQUIDACIÓN DE SENTENCIA. ES POSIBLE ADMITIR Y DESAHOGAR PRUEBAS EN EL INCIDENTE RESPECTIVO (LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL DEL ESTADO DE MÉXICO EN SU TEXTO ABROGADO Y VIGENTE)."; sin embargo, el procedimiento incidental no resulta adecuado para fijar el monto de las pensiones alimentarias, pues en los juicios de alimentos, la determinación de la cantidad líquida a pagar, junto con la procedencia de la obligación, constituyen la litis a resolver en el juicio principal, de modo que antes de la sentencia deberá el juzgador contar con los medios probatorios que acrediten las posibilidades del deudor y las necesidades del acreedor, atendiendo a las circunstancias particulares de cada uno. Además, la celeridad y la brevedad de los plazos que para los incidentes de liquidación prevén las codificaciones procesales del Distrito Federal y del Estado de Veracruz, harían prácticamente imposible para el juzgador, recabar, recibir y desahogar las pruebas necesarias para normar un criterio que atendiera a los parámetros de proporcionalidad y equidad que rigen la materia alimentaria". Asimismo, por las razones apuntadas no cobran vigencia las jurisprudencias y tesis que el quejoso invocó en su demanda de amparo como sustento de los conceptos de violación que hizo valer. En ese contexto, al ser constitucional el acto que por esta vía se reclama e infundados los conceptos de violación, y al no existir motivo manifiesto para suplir la deficiencia de la queja en favor del inconforme; lo procedente es negar el amparo y la protección de la Justicia Federal que solicitó. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ..., contra el acto reclamado y respecto de la autoridad responsable que se precisan en el considerando cuarto de esta sentencia, por las razones contenidas en el considerando octavo de la presente resolución.
Quedan 4 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · 4,334 expedientes
- Hugo Gilberto Sierra Hernandez801/2021
- Hugo Hernández Marín854/2022
- Hugo Hernández Marín181/2021
- Hugo Hernández Marín1092/2018
- Hugo Hernández Oropeza229/2019
- Hugo Hernández Oropeza413/2017
- Hugo Leyva Mirón791/2019
- Hugo Martínez Alvarado1075/2018
- Hugo Maubert Hernández483/2019
- Hugo Padilla Vásquez284/2020
- Hugo Sánchez Hernández1050/2021
- Hugo Vazquez Marañon649/2023