Hugo Hernández Oropeza
Expediente 229/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 28 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 229/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 28
- Última actuación
- 26/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Hugo Hernández Oropeza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 28.
- Incidental
Córdoba, Veracruz, veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve. Agréguese el oficio de cuenta signado por la Secretaria de Acuerdos Habilitada de la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en Xalapa, Veracruz; a través del cual acusa recibo del oficio 37859/2019, por el que se le notificó el auto emitido el diecisiete de septiembre de la presente anualidad. Cúmplase.
- Principal
Córdoba, Veracruz, veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve. Agréguese el oficio de cuenta signado por la Secretaria de Acuerdos Habilitada de la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en Xalapa, Veracruz; a través del cual acusa recibo del oficio 37859/2019, por el que se le notificó el auto emitido el diecisiete de septiembre de la presente anualidad. Cúmplase.
- Principal
Córdoba, Veracruz, diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación de esta fecha, en el sentido de que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia de veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, en la que se negó el amparo y protección de la justicia de la unión; por tanto, con fundamento en el artículo 2º, de la invocada ley, en relación con el diverso numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia para los efectos legales a que haya lugar. Sin que sea obstáculo para lo anterior, que de los presentes autos no se advierta que todas las autoridades responsables se encuentren notificadas de dicha resolución, pues no hay necesidad de esperar que les transcurra el término establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo; toda vez que carecen de legitimación para interponer recurso de revisión, ello de acuerdo a lo establecido en el artículo 87 de la Ley de Amparo, ya que su sentido no le causa ningún agravio. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia número P./J.22/2003, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en página 23, tomo XVIII, julio de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro dice: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se establece que el presente expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, deberán transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años, contados a partir de la presente data. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el último párrafo del artículo vigésimo primero del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia histórica o documental. En ese tenor, se establece que una vez transcurridos cinco años el presente expediente principal es susceptible de depuración, conforme a lo dispuesto en el referido Acuerdo General Conjunto, al encuadrar en la hipótesis prevista en la fracción IV, del artículo vigésimo primero de dicho ordenamiento, por tratarse de un juicio de amparo en el que se negó el amparo y protección de la justicia de la unión a la parte quejosa, en el entendido de que deberán conservarse la demanda y la sentencia emitida en este asunto. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General Conjunto 1/2009, al encuadrar en la hipótesis prevista en el primer párrafo, de la fracción III, del artículo vigésimo primero, de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión fue negada la medida cautelar respecto de los actos reclamados. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en la fracción III, del artículo vigésimo, del citado Acuerdo, se establece que es susceptible de destrucción, al existir cuaderno original de dicho incidente una vez transcurridos seis meses. Finalmente, de autos se desprende que por acuerdo de veintinueve de abril de la presente anualidad, se ordenó formar un tomo de prueba con las constancias que remitieron los 1. Magistrados integrantes de la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en Xalapa, Veracruz; en consecuencia, y toda vez que con el presente proveído queda concluido este juicio devuélvanse dichas constancias a su lugar de origen, para los efectos legales conducentes, solicitándoles el acuse de recibo correspondiente.
- Incidental
Córdoba, Veracruz, diecisiete de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación de esta fecha, en el sentido de que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia de veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, en la que se negó el amparo y protección de la justicia de la unión; por tanto, con fundamento en el artículo 2º, de la invocada ley, en relación con el diverso numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia para los efectos legales a que haya lugar. Sin que sea obstáculo para lo anterior, que de los presentes autos no se advierta que todas las autoridades responsables se encuentren notificadas de dicha resolución, pues no hay necesidad de esperar que les transcurra el término establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo; toda vez que carecen de legitimación para interponer recurso de revisión, ello de acuerdo a lo establecido en el artículo 87 de la Ley de Amparo, ya que su sentido no le causa ningún agravio. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia número P./J.22/2003, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en página 23, tomo XVIII, julio de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro dice: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA." Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido; insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se establece que el presente expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, deberán transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años, contados a partir de la presente data. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el último párrafo del artículo vigésimo primero del acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia histórica o documental. En ese tenor, se establece que una vez transcurridos cinco años el presente expediente principal es susceptible de depuración, conforme a lo dispuesto en el referido Acuerdo General Conjunto, al encuadrar en la hipótesis prevista en la fracción IV, del artículo vigésimo primero de dicho ordenamiento, por tratarse de un juicio de amparo en el que se negó el amparo y protección de la justicia de la unión a la parte quejosa, en el entendido de que deberán conservarse la demanda y la sentencia emitida en este asunto. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, una vez transcurridos cinco años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General Conjunto 1/2009, al encuadrar en la hipótesis prevista en el primer párrafo, de la fracción III, del artículo vigésimo primero, de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión fue negada la medida cautelar respecto de los actos reclamados. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en la fracción III, del artículo vigésimo, del citado Acuerdo, se establece que es susceptible de destrucción, al existir cuaderno original de dicho incidente una vez transcurridos seis meses. Finalmente, de autos se desprende que por acuerdo de veintinueve de abril de la presente anualidad, se ordenó formar un tomo de prueba con las constancias que remitieron los 1. Magistrados integrantes de la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en Xalapa, Veracruz; en consecuencia, y toda vez que con el presente proveído queda concluido este juicio devuélvanse dichas constancias a su lugar de origen, para los efectos legales conducentes, solicitándoles el acuse de recibo correspondiente.
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