Hugo Enrique Hernández Román

Expediente 310/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 10 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
310/2021
Año
2021
Actuaciones
10
Última actuación
20/07/2021

Partes del expediente

  • Hugo Enrique Hernández Román

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que el proveído de treinta de junio de dos mil veintiuno, en el que este Juzgado sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo promovido por ******, no fue recurrido dentro del término legal de diez días señalado en el numeral 86, párrafo primero, de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento a los artículos 21, inciso a) de la disposición administrativa en cita, el presente expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años contados a partir de que se ordenó su archivo puesto que se dictó proveído en el que se sobreseyó fuera de audiencia y no se formó incidente de suspensión. Por otra parte, toda vez que obran documentos originales que se adjuntaron a la demanda de amparo, acorde con lo previsto en el párrafo segundo del invocado ordinal 21, prevéngase a la parte agraviada para dentro del plazo de noventa días, acuda a este juzgado a recogerlos, previa cita que habrá de gestionar para tal fin; apercibida que de no hacerlo estos podrán ser destruidos junto con el expediente.

  2. Principal

    Visto el estado de autos, se desprende que las autoridades responsables contralor Municipal y subdirector de Quejas de la Contraloría Municipal, ambos de Apaseo el Grande, Guanajuato, mediante proveído de veintinueve de los actuales remitieron copia certificada de la carátula del expediente radicado por la Subdirección de Quejas, Denuncia e Investigación de la Contraloría Municipal citada, así como del oficio número ***** de diecisiete de diciembre de dos mil veinte, mismo que fue notificado al quejoso ***** el dieciocho de diciembre del citado año, en el que fue informado el número de expediente que se otorgó a la denuncia que presentó y que la misma se encuentra en etapa de investigación de acuerdo a los artículos 94 y 95 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato. Ahora bien, del escrito aclaratorio que presentó el quejoso, se advierte que reclama: "UNICO. Bajo protesta de decir verdad, señalo respetuosamente a su Señoría que el acto que reclamo consiste en la omisión de concluir la investigación iniciada dentro del expediente ***** emitiendo un pronunciamiento al respecto, el cual consiste en presentar por parte de la autoridad investigadora el informe de Presunta Responsabilidad Administrativa a la autoridad substanciadora o en su caso emitir un acuerdo de conclusión y archivo de expediente, en los términos de los artículos 64 fracción II y 100 de la Ley de Responsabilidad Administrativas para el Estado de Guanajuato." Sobreseimiento fuera de audiencia En consecuencia, con tales manifestaciones y probanzas se advierte que en la especie se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que estatuye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; [.]". La fracción inserta regula el principio de definitividad, que se reconoce respecto de actos materialmente administrativos, en tanto prevé que contra tales actos procede el amparo siempre y cuando no fueran reparables mediante algún recurso, juicio o medio de defensa legal, siendo innecesario agotarlos cuando la ley que los establezca exija, para otorgar la suspensión, mayores requisitos que los que Ley de Amparo requiera como condición para conceder esa medida cautelar. Ese principio responde a la naturaleza jurídica del juicio de garantías como medio extraordinario de defensa y a la necesidad de evitar el abuso de dicha acción, de modo tal que el control constitucional encomendado a los tribunales integrantes del Poder Judicial de la Federación solo acontezca cuando la conducta de autoridad que se impugna posea el carácter de definitiva según la ley que la rija. El texto de los preceptos transcritos establece la improcedencia del juicio de amparo indirecto en materia administrativa, en el supuesto de que, en contra del acto reclamado, proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Es importante destacar que el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, hace referencia a la no exigencia de mayores requisitos, lo cual significa que si la ley reglamentaria del recurso, juicio o medio de defensa, señala iguales o menores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo para conceder la suspensión, el principio de definitividad debe regir en ese caso concreto y, por consecuencia, previamente a promover el juicio de amparo los quejosos deberán agotar esos medios ordinarios de impugnación. En el caso, como se advierte el quejoso reclama, en esencia, la omisión de las responsables de investigar los hechos aparentemente constitutivos de faltas administrativas graves que denunció; denuncia que se registró bajo el número de expediente ***** del índice de la Contraloría Municipal responsable, como consecuencia de ello, la omisión de concluir la investigación, ya sea emitiendo un informe de presunta responsabilidad administrativa o el acuerdo de conclusión. Tal abstención de investigación reclamada, puede ser combatido por el quejoso a través del recurso que prevé el artículo 102 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el estado de Guanajuato, como lo es el de inconformidad. En efecto, los artículos 101, 102, y 104 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, disponen: "Artículo 101. Las autoridades substanciadoras, o en su caso, las resolutoras se abstendrán de iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa previsto en esta Ley o de imponer sanciones administrativas a un servidor público, según sea el caso, cuando de las investigaciones practicadas o derivado de la valoración de las pruebas aportadas en el procedimiento referido, adviertan que no existe daño ni perjuicio a la Hacienda Pública estatal o municipal, o al patrimonio de los entes públicos y que se actualiza alguna de las siguientes hipótesis: I. Que la actuación del servidor público, en la atención, trámite o resolución de asuntos a su cargo, esté referida a una cuestión de criterio o arbitrio opinable o debatible, en la que válidamente puedan sustentarse diversas soluciones, siempre que la conducta o abstención no constituya una desviación a la legalidad y obren constancias de los elementos que tomó en cuenta el Servidor Público en la decisión que adoptó, o II. Que el acto u omisión fue corregido o subsanado de manera espontánea por el servidor público o implique error manifiesto y en cualquiera de estos supuestos, los efectos que, en su caso, se hubieren producido, desaparecieron. La autoridad investigadora o el denunciante, podrán impugnar la abstención, en los términos de lo dispuesto por el siguiente Capítulo." "Artículo 102. La calificación de los hechos como faltas administrativas no graves que realicen las Autoridades investigadoras, será notificada al Denunciante, cuando este fuere identificable. Además de establecer la calificación que se le haya dado a la presunta falta, la notificación también contendrá de manera expresa la forma en que el notificado podrá acceder al Expediente de presunta responsabilidad administrativa. La calificación y la abstención a que se refiere el artículo 101, podrán ser impugnadas, en su caso, por el Denunciante, mediante el recurso de inconformidad conforme al presente Capítulo. La presentación del recurso tendrá como efecto que no se inicie el procedimiento de responsabilidad administrativa hasta en tanto este sea resuelto." "Artículo 104. El escrito de impugnación deberá presentarse ante la Autoridad investigadora que hubiere hecho la calificación de la falta administrativa como no grave, debiendo expresar los motivos por los que se estime indebida dicha calificación. Interpuesto el recurso, la Autoridad investigadora deberá dar vista con las actuaciones del proceso, adjuntando el expediente integrado y un informe en el que justifique la calificación impugnada, al Tribunal." Las disposiciones transcritas prevén, en esencia, que las autoridades substanciadoras, o en su caso, las resolutoras se abstendrán de iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa previsto en esta Ley o de imponer sanciones administrativas a un servidor público, según sea el caso, cuando de las investigaciones practicadas o derivado de la valoración de las pruebas aportadas en el procedimiento referido, adviertan que no existe daño ni perjuicio a la Hacienda Pública estatal o municipal, o al patrimonio de los entes públicos y que se actualicen las hipótesis citadas. También prevén que la calificación de los hechos como faltas administrativas no graves que realicen las Autoridades investigadoras, será notificada al denunciante, cuando este fuere identificable; que la calificación y la abstención a que se refiere el artículo 101, podrán ser impugnadas, en su caso, por el denunciante, mediante el recurso de inconformidad conforme al presente capítulo; y que el escrito de impugnación deberá presentarse ante la autoridad investigadora que hubiere hecho la calificación de la falta administrativa como no grave, debiendo expresar los motivos por los que se estime indebida dicha calificación, por lo que interpuesto el recurso, la autoridad investigadora deberá dar vista con las actuaciones del proceso, adjuntando el expediente integrado y un informe en el que justifique la calificación impugnada, al Tribunal. De lo que se obtiene que la abstención de la investigación reclamada puede ser impugnado por el denunciante, aquí quejoso, mediante el recurso de inconformidad, dado que es el recurso o medio de impugnación a que aluden los preceptos legales citados en la etapa de investigación y de substanciación, el que se tramitará ante la sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Siendo indispensable para la procedencia del juicio de amparo, el cumplimiento de aquel principio, pues la promoción del procedimiento constitucional se restringió a los casos en los cuales la determinación reclamada no tuviere remedio jurídico alguno dentro de las disposiciones del orden común. Destaca que en el particular no es obstáculo para sobreseer el presente juicio de amparo, lo relativo a la suspensión del acto debatido, atendiendo a que una vez analizados los requisitos que establece el artículo 212 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, que regulan la suspensión del acto, en comparación con los preceptos de la Ley de Amparo, se advierte que existen coincidencias entre ambos ordenamientos, por lo que la citada ley no exige mayores requisitos para otorgar la suspensión del acto reclamado, de ahí que sea procedente previo a la instauración del juicio constitucional, el citado medio ordinario de defensa. En razón de lo cual no se actualiza la excepción al principio de definitividad. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que informa, la jurisprudencia XVI.1o.A. J/19 (10), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito, de rubro y texto: "PROCESO ADMINISTRATIVO. DEBE AGOTARSE PREVIO A PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO, AL NO EXIGIR EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO Y JUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL ESTADO Y LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO MAYORES REQUISITOS PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN DEL ACTO O RESOLUCIÓN IMPUGNADA, QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013. Del análisis de los artículos 268 a 278 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, que regulan la suspensión del acto o resolución impugnada en el proceso administrativo, en comparación con los preceptos de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, que la prevén en el juicio constitucional, se advierte que existen coincidencias entre ambos ordenamientos, a saber: de conformidad con el artículo 268 del primero, el actor podrá solicitar la suspensión en su demanda o en cualquier momento del proceso y, en términos del numeral 130 del segundo, dicha solicitud procede mientras no se dicte sentencia ejecutoria; el artículo 269 de la legislación local condiciona la procedencia de la medida únicamente a que no cause perjuicio evidente al interés social, no se contravengan disposiciones de orden público, ni se deje sin materia el proceso, de forma similar al artículo 128 de la ley citada; por cuanto ve al plazo para proveerla, al disponer el código que debe ser lo antes posible (artículo 268, en relación con el 275), tal expresión se traduce en que debe ser de inmediato, por lo que no excede el establecido en la norma reglamentaria (artículo 144); los numerales 270 del código y 132 de la ley, exigen que se otorgue garantía suficiente para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con la suspensión se causen al tercero si no se obtiene sentencia favorable; el artículo 136 de la ley establece que la medida surte sus efectos desde que se pronuncie el acuerdo que la conceda, pero dejará de surtirlos si la garantía fijada para ello no se exhibe en el término de cinco días, precepto de similar redacción al 271 del código; finalmente, también concuerdan en que, tratándose de actos de naturaleza fiscal, los efectos de la medida están condicionados a la exhibición de la garantía del interés fiscal, la cual puede otorgarse por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables (artículos 276 del código y 135 de la ley). No obsta que a diferencia del ordenamiento local, en la Ley de Amparo (artículo 136) expresamente se señale la reanudación de los efectos, aun cuando la garantía se exhiba extemporáneamente, siempre y cuando el acto reclamado no se haya ejecutado, porque tal divergencia tiene que ver con la eficacia de la suspensión, no con las condiciones de procedencia de la medida y, por ello, no incide para concluir que el código no exige mayores requisitos para otorgar la suspensión que los establecidos para el juicio constitucional, pues ambos esquemas son similares; incluso, la legislación de la entidad federativa mencionada tiene un alcance mayor que la federal, ya que dispone, a diferencia de ésta, que podrá concederse la medida cautelar con efectos restitutorios, cuando a juicio del juzgador sea necesario otorgarle esos efectos (artículo 275). Por tanto, el proceso administrativo debe agotarse previo a promover el juicio de amparo." Asimismo, debe puntualizarse que, a consideración de este juzgado, no se actualiza ninguna de las excepciones que prevé la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues no solo se reclaman violaciones directas a la constitución, pues del ocurso de demanda constitucional y atendiendo a la causa de pedir, se desprende que el quejoso cuestiona que la investigación no se ajusta a lo que prevén diversas disposiciones de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato, las cuales cita; temas que van relacionadas con la legalidad del acto reclamado. De ese modo el acto reclamado tampoco encuentra asidero en el supuesto de excepción aludido en la causal de improcedencia que se analiza. Atento a lo anterior, tomando en consideración que existe un medio de defensa ordinario mediante el cual puede ser modificado, revocado o nulificado el acto reclamado en el presente juicio de amparo, sin que la ley que regula ese medio de defensa exija mayores requisitos que la Ley de Amparo, para efectos de suspender los actos reclamados, y sin que se advierta algún motivo de excepción al principio de definitividad que rige al presente medio de control constitucional, resulta ineludible que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX del citado ordenamiento legal; por lo tanto, se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Apoya lo anterior la jurisprudencia número 2ª./ J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, tomo XVII, marzo de 2003, página 386, que establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las trece horas con diez minutos del doce de julio del dos mil veintiuno. Háganse las anotaciones de rigor en el libro y sistema electrónico correspondientes.

  3. Principal

    Agréguese a los autos el oficio firmado por el contralor Municipal y subdirector de Quejas de la Contraloría Municipal, ambos de Apaseo el Grande, Guanajuato, adjunto al cual en cumplimiento al requerimiento que les fuera hecho mediante los propios **** y ****, aducen remitir copia certificada de las constancias que le fueron requeridas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas dichas documentales dada su naturaleza jurídica, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional.

  4. Principal

    Informe justificado Agréguese a los autos el oficio firmado por el contralor Municipal y subdirector de Quejas de la Contraloría Municipal, ambos de Apaseo el Grande, Guanajuato, a través del cual rinden informe justificado por dichas autoridades, en el que señalan que no es cierto el acto reclamado, en el ámbito de su respectiva competencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos con vista a las partes y relaciónese en la audiencia constitucional. Téngase a las citadas oficiantes, en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, designando como delegados a los profesionistas que indican y señalando como domicilio el que mencionan en su oficio de cuenta. Requerimiento Ahora bien, toda vez que no fueron remitidas por las aludidas responsables las constancias relativas al expediente número *****, en donde se desprenda el acuerdo de inicio recaído a la denuncia formulada por el aquí quejoso; en tal razón, requiérase a las autoridades responsables oficiantes, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que reciban la comunicación que derive del presente proveído, remitan a este órgano jurisdiccional copia certificada del expediente antealudido. Con el apercibimiento que de no hacerlo, se les impondrá una multa de cincuenta veces, conforme a la Unidad de Medida y Actualización diaria, prevista en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de lo dispuesto por los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo.

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