Hugo Arturo Vázquez Rodríguez

Expediente 1060/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 10 actuaciones registradas, la última del 18 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1060/2018
Año
2018
Actuaciones
10
Última actuación
18/02/2019

Partes del expediente

  • Hugo Arturo Vázquez Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponde el oficio presentado por la autoridad responsable agente del Ministerio Público de la Federación que actúa en apoyo de la Unidad de Atención y Determinación en Celaya, Guanajuato, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento que le fuera hecho mediante el propio 2103/2019, y anexa copia autenticada del acuerdo de once de febrero del presente año, así como del oficio con el que notificó al quejoso dicha determinación. Ahora bien, en virtud de lo anterior, téngase a la citada autoridad responsable informando que levantó el aseguramiento del vehículo marca Chevrolet, línea 3500, tipo caja seca, color blanca con franja roja, número de identificación vehícular ***, con placas de circulación *** del servicio público federal, en fecha once de febrero de dos mil dieciocho y ordenó su devolución en definitiva al quejoso *************, a quien se le notificó en esa misma data. En vista de lo anterior y tomando en consideración que de autos se advierte que el quejoso reclama la negativa de devolución del referido vehículo por parte de la autoridad responsable, en el presente juicio de amparo, se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI, de la Ley de Amparo. El precepto legal enunciado, establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se realiza, y el término "efecto" significa lo que se sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Sobre el particular la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que solamente puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable, lo cual da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación se reponga al quejoso en el goce de sus derechos fundamentales vulnerados. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no solo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia del juicio es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho individual violado, por lo que se restablecen las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Lo anterior tiene apoyo en la jurisprudencia 59/99, cuyo rubro y texto son: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal Se afirma lo anterior, en virtud de que en la presente instancia constitucional, como se precisó, la parte quejosa reclamó del agente del Ministerio Público de la Federación que actúa en apoyo de la Unidad de Atención y Determinación en Celaya, Guanajuato, la negativa a la devolución de su vehículo marca Chevrolet, modelo 2005, línea 3500, con caja seca, con número de serie ***, con placas de circulación ***del servicio público federal. Ahora bien, de las constancias exhibidas por las responsable, se desprende que el once de los corrientes, ordenó levantar el aseguramiento y la devolución en definitiva del vehículo citado, lo cual se hizo del conocimiento del quejoso el mismo once de febrero del presente año; lo que pone de manifiesto que cesaran los efectos de la negativa tildada de inconstitucional. En atención a lo expuesto con antelación y tomando en cuenta que los efectos de un acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al solicitante del amparo en el goce del derecho fundamental violado, se arriba a la conclusión de que en el caso cesaron los efectos del acto reclamado por la parte quejosa, pues la responsable realizó los actos necesarios dentro de su competencia para resolver la solicitud presentada por la parte agraviada, dado que ordenó el levantamiento del aseguramiento del vehículo del cual solicitó la devolución el quejoso, así como su entrega en definitiva a este del referido automotor. Sobre el particular, resulta orientadora la tesis P. CL/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL.- La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Por ende, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio de amparo promovido por **********, de conformidad con lo establecido por el artículo 63 fracción V, y numeral 61 fracción XXI, de la Ley de Amparo. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional programada para las diez horas con diez minutos del veintiuno de febrero de dos mil diecinueve. Comuníquese el presente proveído a la autoridad responsable y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que para tal efecto se lleva en este órgano jurisdiccional.

  2. Principal

    Por este medio se notifica a la parte quejosa, el proveído de dieciocho de febrero de dos mil diecinueve, mismo que a la letra dice: Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponde el oficio presentado por la autoridad responsable agente del Ministerio Público de la Federación que actúa en apoyo de la Unidad de Atención y Determinación en Celaya, Guanajuato, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento que le fuera hecho mediante el propio 2103/2019, y anexa copia autenticada del acuerdo de once de febrero del presente año, así como del oficio con el que notificó al quejoso dicha determinación. Ahora bien, en virtud de lo anterior, téngase a la citada autoridad responsable informando que levantó el aseguramiento del vehículo marca Chevrolet, línea 3500, tipo caja seca, color blanca con franja roja, número de identificación vehícular ***, con placas de circulación *** del servicio público federal, en fecha once de febrero de dos mil dieciocho y ordenó su devolución en definitiva al quejoso *************, a quien se le notificó en esa misma data. En vista de lo anterior y tomando en consideración que de autos se advierte que el quejoso reclama la negativa de devolución del referido vehículo por parte de la autoridad responsable, en el presente juicio de amparo, se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI, de la Ley de Amparo. El precepto legal enunciado, establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se realiza, y el término "efecto" significa lo que se sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Sobre el particular la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que solamente puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable, lo cual da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación se reponga al quejoso en el goce de sus derechos fundamentales vulnerados. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no solo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia del juicio es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho individual violado, por lo que se restablecen las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Lo anterior tiene apoyo en la jurisprudencia 59/99, cuyo rubro y texto son: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal Se afirma lo anterior, en virtud de que en la presente instancia constitucional, como se precisó, la parte quejosa reclamó del agente del Ministerio Público de la Federación que actúa en apoyo de la Unidad de Atención y Determinación en Celaya, Guanajuato, la negativa a la devolución de su vehículo marca Chevrolet, modelo 2005, línea 3500, con caja seca, con número de serie ***, con placas de circulación ***del servicio público federal. Ahora bien, de las constancias exhibidas por las responsable, se desprende que el once de los corrientes, ordenó levantar el aseguramiento y la devolución en definitiva del vehículo citado, lo cual se hizo del conocimiento del quejoso el mismo once de febrero del presente año; lo que pone de manifiesto que cesaran los efectos de la negativa tildada de inconstitucional. En atención a lo expuesto con antelación y tomando en cuenta que los efectos de un acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al solicitante del amparo en el goce del derecho fundamental violado, se arriba a la conclusión de que en el caso cesaron los efectos del acto reclamado por la parte quejosa, pues la responsable realizó los actos necesarios dentro de su competencia para resolver la solicitud presentada por la parte agraviada, dado que ordenó el levantamiento del aseguramiento del vehículo del cual solicitó la devolución el quejoso, así como su entrega en definitiva a este del referido automotor. Sobre el particular, resulta orientadora la tesis P. CL/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL.- La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. Por ende, lo procedente es decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio de amparo promovido por **********, de conformidad con lo establecido por el artículo 63 fracción V, y numeral 61 fracción XXI, de la Ley de Amparo. En virtud de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional programada para las diez horas con diez minutos del veintiuno de febrero de dos mil diecinueve. Comuníquese el presente proveído a la autoridad responsable y háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que para tal efecto se lleva en este órgano jurisdiccional.

  3. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponde el oficio presentado por la autoridad responsable agente del Ministerio Público de la Federación que actúa en apoyo de la Unidad de Atención y Determinación en Celaya, Guanajuato, mediante el cual hace del conocimiento que el once de febrero del presente año, acordó el levantamiento de aseguramiento del vehículo marca Chevrolet, línea 350, tipo caja seca, color blanca con franja roja, número de identificación vehícular **** con placas de circulación ***del servicio público federal, y que ordenó su devolución en definitiva al quejoso ***********, a quien se le notificó tal acuerdo en esa misma fecha; para acreditar lo anterior, adjunta copia simple de la constancia respectiva. Atento a lo anterior, requiérase a la citada autoridad responsable para que en el término de veinticuatro horas, contado a partir de que reciba la misiva correspondiente, remita a este juzgado federal copia certificada del acuerdo del levantamiento de aseguramiento del vehículo automotor que describe, así como del oficio con el que notificó al quejoso tal determinación. Apercibida que de no cumplir con lo aquí requerido, se le impondrá una multa conforme a la Unidad de Medida y Actualización diaria, decretada por el ejecutivo federal, incrementada a cincuenta días, en términos de lo dispuesto por el artículo 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Por recibido el informe justificado que rinde el agente del Ministerio Público de la Federación que actúa en apoyo de la Unidad de Atención y Determinación en Celaya, Guanajuato, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Dese vista a las partes para que se impongan de su contenido; sin perjuicio de hacer relación del mismo en la audiencia respectiva. Téngase a la autoridad oficiante ofreciendo como prueba la documental que allegó, consistente en copia autenticada de la carpeta de investigación ***de su índice; probanza que de conformidad con el artículo 119 de la ley de la materia, se desahoga en este momento dada su naturaleza y será tomada en consideración al resolver en definitiva el presente juicio; dese vista a las partes para los efectos legales correspondientes. Para dar margen a que las partes se impongan del informe rendido por la citada autoridad responsable, se difiere anticipadamente la audiencia constitucional programada para las diez horas con diez minutos del doce de febrero de dos mil diecinueve, fijándose como nuevo momento para su celebración las diez horas con diez minutos del veintiuno de febrero de dos mil diecinueve. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la tesis número 54/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 29/98PL entre las sustentadas por la actual Segunda Sala y a la anterior Primera Sala, ambas del más alto Tribunal del País, cuyo tenor literal es el siguiente: AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN EN OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO

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