Hugo Daniel Echiveste Mora

Expediente 1739/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 5 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1739/2018
Año
2018
Actuaciones
5
Última actuación
06/09/2018

Partes del expediente

  • Hugo Daniel Echiveste Mora

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Zapopan, Jalisco, seis de septiembre de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta, se provee; se tiene por recibido el oficio suscrito por la Delegada de la Secretaría de Movilidad del Estado de Jalisco, mediante el cual, en atención al requerimiento que le fue efectuado mediante proveído de veintiocho de agosto de dos mil dieciocho (fojas 297 y 298), informa que se encuentra realizando las gestiones para dar cumplimiento al fallo protector, por lo anterior, solicita se le otorgue una prórroga para cumplir con el requerimiento efectuado. En consecuencia, se les otorga la prórroga solicitada, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, en concordancia con el diverso tercero transitorio, para que en el término de diez días, de cabal cumplimiento a la ejecutoria decretada en autos. Bajo apercibimiento que de no hacerlo así o bien, de no manifestar el impedimento legal o material que para ello tenga, conforme disciplina el arábigo 192 del ordenamiento en cita, así como el diverso 26 del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su divulgación, se les impondrá una multa equivalente al valor correspondiente a cien Unidades de Medida y Actualización a la data en que se le haga efectiva dicha sanción, asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar en la separación del cargo que ostentan y serán puestos a disposición del juez de Distrito que corresponda, para que actúe en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el 193 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco; ante el Secretario Guillermo Aguirre Castañeda quien autoriza y da fe, y certifica: que al día de hoy, el expediente electrónico de este asunto coincide en su integridad con el expediente impreso. LAPT/GAC/jlm.

  2. Principal

    VISTO ESCRITO DE LA PARTE QUEJOSA... EXPÍDANSELE LAS COPIAS QUE SOLICITA...

  3. Principal

    Visto lo de cuenta, se provee: téngase por recibido el oficio signado por el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, Jalisco, mediante el cual informa lo acontecido respecto del escrito presentado por el quejoso el dieciocho de junio de dos mil dieciocho ante dicho órgano jurisdiccional, en virtud de lo anterior dese vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días manifieste lo que en su interés legal corresponda. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, ante el Secretario Judicial Roberto Martínez Gutiérrez, quien autoriza y da fe, y certifica: que al día de hoy, el expediente electrónico de este asunto coincide en su integridad con el expediente impreso. LAPT/RMG/mrvl

  4. Principal

    V I S T O S, para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 694/2018; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Rene Rodríguez Vera, por propio derecho, contra las autoridades y acto que denominó: 1. Secretario de Movilidad del Gobierno del Estado de Jalisco. 2. Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Movilidad del Estado de Jalisco. a) La retención del pago de $5,000.00 cinco mil pesos 00/100 moneda nacional. Por considerarlos violatorios de los derechos humanos contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Por auto de once de junio de dos mil dieciocho (fojas 54 a 58), se tuvo por ampliada la demanda de amparo presentada por la parte quejosa; se le dio trámite al incidente de suspensión en que se actúa; se ordenó requerir a las autoridades señaladas como responsables para que remitieran informe previo; y se citó a las partes a la audiencia incidental correspondiente, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Este Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco es legalmente competente para resolver el presente incidente de suspensión, por ser competente para conocer del juicio de amparo del cual se origina la incidencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, fracción I, 36, 122, 131 de la Ley de Amparo; y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. SEGUNDO. En atención al acto señalado en el inciso a), que precede, así como de los informes previos rendidos por las autoridades responsables (fojas 69 a 77), así como de las constancias del cuaderno incidental, se advierte que es cierto, toda vez que de la documental remitida por el Coordinador de Recursos Humanos de la Secretaría de Movilidad del Estado de Jalisco, consistente en el oficio 1949/2017, se desprende que la parte quejosa no aprobó la evaluación de control y confianza. TERCERO. La parte quejosa en su escrito solicitó la medida cautelar para los siguientes efectos: En consecuencia, se analizará la procedencia de la suspensión definitiva en los términos solicitados por el accionante del amparo. En esa tesitura, tomando en consideración su solicitud y en razón que se trata de actos a realizar en el futuro y por ende susceptibles de paralizarse, deben reunirse las exigencias previstas en el artículo 128 de la Ley de Amparo, a saber: Los artículos 128, 131 y 138 de la Ley de Amparo, imponen como taxativas para el otorgamiento de la medida cautelar: a) Que lo solicite el agraviado; b) Que se realice un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; c) Cuando se aduzca tener un interés legítimo, la parte quejosa deberá acreditar el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y demostrar el interés social que justifique su otorgamiento; y, d) En ningún caso el otorgamiento de la medida cautelar tendrá por efecto modificar, restringir derechos, ni constituir derechos antes de la presentación de la demanda. En efecto, de acuerdo con los citados preceptos, señala como requisito para obtener la suspensión, primeramente la solicitud de la agraviada, en segundo lugar, que la misma acredite de manera directa e inmediata, aún de manera indiciaria, que cuenta con un interés para obtener la medida cautelar; por lo que se traduce que con la medida cautelar no se pueden constituir derechos antes de la presentación de la demanda. En el caso, la parte promovente solicitó la medida cautelar del acto reclamado para que siga percibiendo la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos mensuales 00/100 moneda nacional), como consecuencia de encontrarse como no valido; sin embargo, al no haber aprobado los exámenes de control de confianza, se le retira dicho estímulo; lo que significa que el bono mensual se encuentra condicionado a su aprobación; por lo tanto, es un derecho que actualmente no tiene en su haber jurídico, lo que trae como consecuencia que actualmente no cuente con algún derecho que tenga que ser tutelado, adminiculado a que no se encuentra dentro de los validados del acuerdo DIGELAG ACU 033/2017. Lo anterior, en virtud de que, conforme a lo dispuesto por el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para resolver sobre la suspensión, el juzgador de garantías debe atender, entre otras cuestiones, a la naturaleza de la violación alegada, lo que no se limita a considerar la aparente inconstitucionalidad o constitucionalidad de los actos de autoridad controvertidos, sino que conlleva, inclusive, a valorar si dichos actos se proyectan sobre un derecho incorporado en la esfera jurídica de la peticionaria de garantías, es decir, si con la solicitud de la suspensión se pretende hacer valer un derecho previamente constituido, o más bien constituir, a través de esa medida cautelar, un derecho cuyo ejercicio legalmente no se encontraba conferido al incidentista, que es el caso, puesto que el solicitante de la medida cautelar no acreditó haber aprobado los exámenes de control de confianza; y como consecuencia de ello, tener el beneficio se seguir percibiendo el pago y/o estímulo económico por la cantidad de $5,000.00 (cinco mil pesos 00/100 moneda nacional). En conclusión, al no haber aprobado la parte agraviada los exámenes de control de confianza, resulta procedente negar la suspensión solicitada, pues de resolver lo contrario se estaría otorgando o reconociendo un derecho que no tenía antes de la presentación de la demanda, lo cual no es propio de la suspensión; por tanto, para obtener ese beneficio resulta indispensable la demostración que se goza de los derechos que se dicen violados. CUARTO. Por otra parte, en el capítulo relativo a la suspensión del acto reclamado, la parte quejosa precisó también que solicitaba la medida cautelar para el efecto de: b) Separación del cargo de Policía Vial y afectación a la estabilidad laboral en el salario, horario y turno. c) El impedimento para desempeñar funciones de patrullero. Al respecto toda vez que se trata de actos a realizar en el futuro y por ende susceptibles de paralizarse, deben reunirse las exigencias previstas por los artículos 128, 131 y 138 de la Ley de Amparo, que imponen como taxativas para el otorgamiento de la medida cautelar: a) Que lo solicite el agraviado; b) Que se realice un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; c) Cuando se aduzca tener un interés legítimo, la parte quejosa deberá acreditar el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y demostrar el interés social que justifique su otorgamiento; y, d) En ningún caso el otorgamiento de la medida cautelar tendrá por efecto modificar, restringir derechos, ni constituir derechos antes de la presentación de la demanda. En el caso, se considera que se cumple con la totalidad de los requisitos antes descritos, pues se solicita por la parte interesada, tan es así que ello motiva la sustanciación de este incidente; con lo impetrado no se causa perjuicio al interés social ni al orden público, ya que se reprocha la afectación a la estabilidad laboral y el impedimento para ejercer funciones de Policía Vial, dichos actos sería de difícil reparación pues los daños y perjuicios que se ocasionarían a la parte quejosa, podrían cambiar la situación jurídica al separarlo de su cargo, por ende, podría dañar la estabilidad laboral. Además, la parte quejosa demostró indiciariamente el interés suspensional con las copias simples, consistentes en el comprobante de depósito por el pago de sueldo para el trabajador con número de folio 18995337, comprobante para el empleado folio 1402846, por el periodo del dieciséis al treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete, copia simple del nombramiento con número de folio 12 2011 4838, copia simple de la credencial para aportación de arma emitida por la Fiscalía General del Estado de Jalisco, copia simple del gafete de policía vial número 4029, que presentó junto con la demanda inicial (fojas 10 a 13); asimismo, la autoridad responsable al rendir su informe previo manifestó que el quejoso está en activo como policía vial. Lo que resulta suficiente, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197, 199, 202 y 218 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, para tener por demostrado indiciariamente su interés suspensional. Ahora, tomando en consideración que la suspensión tiene como objeto preservar la materia del juicio, asegurando provisionalmente que las cosas permanezcan en el estado en que se encuentran hasta el dictado de la sentencia que en definitiva resuelva el juicio de amparo de origen, para evitar que las consecuencias de los actos reclamados causen daños y perjuicios al quejoso que puedan ser de difícil o imposible reparación. Con fundamento en el artículo 147 de la Ley de Amparo, se concede a la parte quejosa, la suspensión definitiva de los actos precisados con el inciso b) y c), para el efecto de que no se le separe de su cargo de Policía Vial y fuera de procedimiento; sin que se afecte su relación jurídica con la Institución donde presta sus servicios, esto es, que se le sigan pagando todas las prestaciones a que tenga derecho con excepción de la precisada en el inciso a) de esta resolución, en cuyo caso deberá atenderse a la normativa aplicable respecto del pago de los emolumentos. De igual manera, es preciso enfatizar que en caso de que los actos reclamados se hayan consumado. Es decir, que se haya decretado su cese o remoción de su cargo o, que obedezcan a antecedentes diversos a los narrados en la demanda de amparo, o si los mismos provienen de autoridades distintas a las señaladas como responsables, la suspensión otorgada no surtirá sus efectos legales. En el entendido que la medida cautelar no abarca el derecho a que siga laborando como patrullero, asimismo, para que se le entregue el equipo de trabajo, (entre ellas armas de fuego) dado que, la institución a la que se encuentra adscrito tiene la obligación de velar sobre la función que desempeña como servidor público (seguridad pública); por lo tanto, si actualmente cumple dicho cargo en otra área de la misma corporación, no afecta sus garantías individuales, porque lo importante es que, no se le cese o se le separe de su cargo previamente a que se le otorgue el derecho de audiencia y que siga percibiendo su salario en los términos en que lo venía haciendo previo a los actos reclamados; que de resolver lo contrario se afectaría el interés público ya que la sociedad está interesada en que los servidores públicos que se dedican a la seguridad pública al no aprobar los exámenes de control y confianza se encuentren armados, pues existe la presunción legal de que no son aptos para ejercer su función y por el contrario, podrían utilizarla en perjuicio de la propia colectividad. Por otra parte, se hace mención que no se fija una garantía para la suspensión definitiva del acto reclamado, pues como en el presente asunto no existe la figura de tercero interesado, no es factible decretar la misma, lo anterior en términos del artículo 132 de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 144, 146 y 147 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. Se niega la suspensión definitiva a la parte quejosa en cuanto a las autoridades señaladas en el considerando primero, por los motivos y fundamentos señalados en el considerando segundo. SEGUNDO. Se concede la suspensión definitiva a la parte quejosa en cuanto a las autoridades señaladas en el considerando segundo, por los motivos y fundamentos señalados el último considerando. Notifíquese.

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