Hugo Cachua Montes de Oca
Expediente 3326/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 3326/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 20/02/2018
Partes del expediente
- Hugo Cachua Montes de Oca
Actuaciones
- Principal
Zapopan, Jalisco, veinte de febrero de dos mil dieciocho. Visto lo de cuenta se provee: toda vez que el artículo 86 de la Ley de Amparo, concede un término de diez días para interponer recurso de revisión, sin que la parte quejosa en dicho plazo hubiere recurrido la sentencia de dieciocho de enero de dos mil dieciocho (fojas 23 a 26), en la que se determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria, con fundamento en lo que disponen los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, según su artículo 2º. En consecuencia, archívese el presente juicio de amparo, como asunto totalmente concluido, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado por analogía. Ahora bien, en razón de lo acordado líneas precedentes, de donde se desprende, que con esta fecha se ordenó el archivo del presente asunto, para todos sus efectos legales, en ese tenor, se provee conforme lo manda el capítulo quinto, punto vigésimo primero, inciso I, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, relacionado con el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hágase del conocimiento de las partes que el presente expediente es susceptible de destrucción, en mérito del sobreseimiento en él decretado; lo que acontecerá una vez transcurridos cinco años, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído. Realícense las anotaciones respectivas en los libros de gobierno. Se precisa que este asunto no es de relevancia documental. Notifíquese. Así lo acordó Luis Armando Pérez Topete, Juez Quinto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, quien firma ante la secretaria Ileana Cruz López quien autoriza y da fe y certifica: que la presente actuación coincide en su integridad con la que obra en el expediente electrónico. LAPT/ICL/mf
- Principal
Zapopan, Jalisco, dieciocho de enero de dos mil dieciocho. VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto citado al rubro; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito presentado el nueve de noviembre de dos mil diecisiete, Hugo Cachua Montes de Oca, por su propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra la entidad y por el acto siguiente: "III.- AUTORIDAD RESPONSABLE.- La Presidente Auxiliar adscrita a la H. Segunda Junta Local de Conciliación y Arbitraje la C. María Teresa Bravo Hernández, con domicilio en Calzada de Las Palmas 96, Colonia La Aurora, Guadalajara, Jalisco. IV.- ACTO RECLAMADO.- La Dilación Procesal en el juicio laboral que nos ocupa 1682/2012-I, dentro de los plazos y términos legales establecidos en la Ley Federal del Trabajo, violentando los artículo 1 y 17 CONSTITUCIONALES que garantizan el derecho de petición y a la administración de la justicia pronta, expedita violando con ello los principios de inmediatez y sencillez del procedimiento, ya que con fecha 30 de octubre del 2017, se citó a las partes para el desahogo de la Prueba Testimonial Admitida a esta Parte Actora y una vez concluida la misma la Autoridad Responsable señala fecha para el desahogo de la prueba Inspección Ocular admitida a esta parte Actora en la cual se señaló para el día 07 siete de febrero del 2018, es decir 04 meses después a la Fecha." SEGUNDO. Derechos fundamentales que la parte quejosa estima violados. La parte quejosa señaló que el acto reclamado es violatorio de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1 y 17 Constitucional. TERCERO. Trámite del juicio de amparo. Por cuestión de turno conoció de la demanda de amparo este juzgado; en acuerdo de trece de noviembre de dos mil diecisiete (fojas 8 a 10), se admitió a trámite; se pidió a la autoridad responsable su informe justificado; se dio intervención al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien formuló pedimento solicitando se conceda el amparo a la parte quejosa; se fijó día y hora para la audiencia constitucional, misma que se desahogó el dieciocho de enero de dos mil dieciocho y concluye con el dictado de esta sentencia. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con los artículos 94, 103, fracción I, y 107 de la Constitución Federal de la República; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48, 52 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se controvierte un acto omisivo de una autoridad en materia de trabajo con residencia en la circunscripción territorial donde ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito, en las materias de su competencia semi especializada. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Al haber sido analizada en su integridad la demanda de amparo, en un sentido congruente con todos sus elementos e incluso con la totalidad de la información del expediente, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de la parte quejosa y tomando en cuenta lo que quiso decir, no lo que en apariencia expresó, se precisa conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que el acto reclamado al Presidente Auxiliar adscrito a la Segunda Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, es: El acuerdo de treinta de octubre de dos mil diecisiete, en lo atinente al señalamiento para el desahogo de la prueba de inspección ocular ofertada por la parte actora, dentro del juicio laboral 1682/2012-I de su índice. TERCERO. Certeza o inexistencia de los actos reclamados. La autoridad responsable, al producir su informe con justificación expresó que es verídico el actuar que le atribuye consistente en el auto de treinta de octubre de dos mil diecisiete, dictado en el juicio laboral 1682/2012/2- . Existencia que en el caso se corrobora con la documental que en copia certificada remitió la responsable en apoyo a su informe con justificación, relativa al auto de siete de diciembre de dos mil diecisiete, así como la documental exhibida por la parte quejosa consistente en copia del auto de treinta de octubre de dos mil diecisiete, que contiene sellos originales; medio de prueba que goza de plena eficacia con base en el precepto 202 del enjuiciamiento civil federal (aplicado supletoriamente, de acuerdo con el dispositivo 2°, párrafo segundo, de la Legislación de la materia), por tratarse, el primero de los mencionados, de reproducción de documentos públicos, los cuales ostentan certificación realizada por funcionario en el ejercicio de su encargo y con motivo del mismo, además de contar con firma y sello que así lo demuestra, respecto del cual este juzgado gozando de la más amplia libertad para su análisis considera que la misma hace prueba plena de los hechos legalmente afirmados en ellos y, el segundo, valor indiciario, pero adminiculado con el informe rendido por la responsable, se le otorga valor pleno. Sirve de apoyo a lo anterior, las tesis cuyos rubros son: "ACTUACIONES JUDICIALES" y "DOCUMENTO PÚBLICO. QUE DEBE ENTENDERSE POR" . Al haberse acreditado la existencia del acto reclamados, este Juzgado de Distrito procede al estudio de las causas de improcedencia y, en su caso, al análisis de su constitucionalidad o no, de conformidad con la técnica rectora en el juicio de amparo. Es aplicable la jurisprudencia de rubro: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO." QUINTO. Causas de Improcedencia. Procede su estudio de manera preferente al referirse a un aspecto de orden público, de conformidad con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Causa de improcedencia fundada. La fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo dispone: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)." La cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse, implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del mismo, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. La improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Pues bien, en el caso, opera la causal de improcedencia en estudio; ello, al tomar en consideración que la parte quejosa reclamó del Presidente Auxiliar adscrito a la Segunda Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, la omisión de señalar fecha para el desahogo de la prueba de inspección ocular, dentro del término que establece la Ley Federal del Trabajo. Ahora bien, de la documental allegada al presente sumario por parte de la autoridad responsable al momento de rendir el informe justificado, consistente en copia certificada del acuerdo dictado el siete de diciembre de dos mil diecisiete, en el juicio laboral 1682/2012-I, se advierte que a la data de la presentación de la demanda de amparo (nueve de noviembre de dos mil diecisiete), la autoridad había dictado proveído para el desahogo de la prueba de inspección ocular admitida a la parte actora, fuera del plazo que al efecto establece la ley; sin embargo, con la emisión del acuerdo de siete de diciembre pasado, esa omisión fue subsanada, en razón de que la responsable se pronunció al respecto, esto es, señaló las ocho horas del ocho de enero de dos mil dieciocho, para el desahogo de la prueba en comento. De lo anterior se advierte que al momento de la presentación de la demanda de amparo (nueve de noviembre de dos mil diecisiete), tenía existencia jurídica el acto omisivo reclamado a la junta responsable de respetar el plazo establecido por la ley para el señalamiento de la data en que tuviera verificativo el desahogo de la prueba de inspección ocular; sin embargo, tal omisión atribuida a la autoridad responsable cesó. Lo anterior evidencia que desapareció el motivo específico que dio origen al acto materia de estudio constitucional; de ahí que han cesado los efectos del acto reclamado. Es ilustrativa al caso la tesis P. CL/97 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro indica: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS, PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL". Sustenta este mismo criterio la jurisprudencia 2a./J. 9/98, que es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO". En esas circunstancias, lo que procede es sobreseer en el juicio de amparo con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse según se patentizó, la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la ley en cita. Por lo expuesto y fundado, SE RESUELVE: Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Hugo Cachua Montes de Oca. Notifíquese.
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