Hugo César Uriostegui Zamora

Expediente 912/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
912/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
20/10/2021

Partes del expediente

  • Hugo César Uriostegui Zamora

Actuaciones

  1. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; veinte de octubre de dos mil veintiuno. Visto; la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ya feneció el plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya interpuesto recurso de queja contra el proveído de siete de septiembre de dos mil veintiuno; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con el numeral 2 de la ley citada, se declara QUE DICHO ACUERDO EN EL QUE SE DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase la anotación en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo y, en el momento oportuno, conforme al procedimiento correspondiente, procédase a su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Asimismo, es preciso mencionar que conforme al artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente es DESTRUÍBLE en un plazo de tres años. Este órgano jurisdiccional considera que el presente asunto no tiene relevancia documental, por la cual deba conservarse. Notifíquese. Lo acordó y firma César Barajas García, Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, en funciones de Juez de Distrito, autorizado mediante oficio CCJ/ST/2615/2021, de doce de julio de dos mil veintiuno, firmado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, y con fundamento en el artículo 43, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa asistido de Beatriz Eugenia Meza López, Secretaria que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    Acapulco de Juárez, Guerrero; siete de septiembre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta; se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ****, por propio derecho, contra actos del Juez Tercero de Distrito en Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades responsables. En consecuencia, regístrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como en el libro de registro de juicios de amparos con el número 912/2021 y fórmese expediente. Lo anterior, sin que ello tenga como consecuencia directa admitir la demanda a trámite, toda vez que, como se aprecia de su lectura, la misma deviene improcedente. Se explica: El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El artículo anteriormente citado, impone la obligación al Juez de Distrito de examinar, con todo detenimiento el libelo actio de amparo, y de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual, en principio, debe tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improceder efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Ilustra la jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." En ese tenor, en el caso que se analiza, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, primer párrafo de la Ley de Amparo, lo anterior se considera así en atención a las siguientes razones de orden legal. El referido artículo establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]" Para poder determinar en qué supuestos se actualiza la causa prevista por dicho numeral, es necesario acudir a los artículos 17 y 18 del mismo ordenamiento vigente, que precisan: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Así, la causa de improcedencia en comento, está fundada jurídicamente porque así lo exige el principio general de derecho de seguridad jurídica, pues sería absurdo que procediera el juicio de amparo después de que el quejoso, por su propia voluntad, omite promover el juicio dentro del término que establece la ley para tal fin. Se dice lo anterior, porque una de las formas que ha contemplado nuestra legislación y que denotan el consentimiento tácito del acto reclamado, es la no promoción del juicio, dentro del término establecido por la ley. De acuerdo con lo transcrito, señala la Ley de Amparo, que la demanda deberá interponerse dentro de los quince días siguientes al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al promovente de la resolución o acuerdo que reclame; o dentro de los quince días siguientes al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o bien al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. En el entendido de que dichas hipótesis son excluyentes entre sí, pues debe tomarse siempre la primera fecha que haya acontecido, toda vez que no se debe dejar al arbitrio del justiciable determinar cuál de estas hipótesis desea que se le aplique, de tal forma que si se trata de un procedimiento judicial debe seguirse la hipótesis correspondiente a la fecha en que se notificó el acto reclamado salvo que se acredite que se tuvo conocimiento con anterioridad o se ostente sabedor del acto con antelación a la notificación. En ese tenor, si la primera fecha es la notificación del acto reclamado ésta es la que deberá tomarse en consideración y no aquella en que el quejoso se ostente sabedor, pues si se trata de una parte en el juicio, ésta debe ceñirse a su obligación procesal de vigilar las determinaciones que se emiten y por consiguiente no pueden ignorarse las actuaciones judiciales que se emiten dentro del procedimiento; por ello, al ser excluyentes las tres hipótesis entre sí, debe tomarse en consideración como punto de partida para el computo correspondiente a la primer fecha acontecida, ya sea de cuando se notificó, cuando se ostentó sabedor o de cuando se acredite que tuvo conocimiento. Por otro lado, es importante señalar que existen excepciones a dicho términos, los cuales son: 1. Cuando se reclama la constitucionalidad de una ley, con motivo de su entrada o vigencia, el término será de treinta días; 2. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, el plazo será de hasta ocho años; 3. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, será de siete años; y, 4. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en cualquier tiempo. En esa tesitura, en el caso que se analiza, se tiene en cuenta que de una detallada e integral lectura de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa se duele de "La orden de traslado involuntario de veinticuatro de junio de dos mil once y su ejecución". Sin embargo, se estima que dicho acto no se encuadra en alguno de los casos de excepción mencionados en el artículo 17 de la Ley de Amparo, pues no se combate la constitucionalidad de una ley con motivo de entrada en vigor, ni la sentencia definitiva en un proceso penal que condena a una pena privativa de libertad, ni se dirimen cuestiones de un núcleo de población ejidal o comunal y tampoco se reclaman actos que pongan en peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Ello es así, pues si bien la orden de traslado reclamada por el quejoso puede llegar a afectar indirectamente su libertad personal, lo cierto es que no se trata de un acto fuera del procedimiento en atención a las siguientes consideraciones: Los artículos 1, 4, 15, fracción VIII, 25, fracciones I y X, 49, 50, 51, 52, 57, párrafo primero, 116, fracción I, 117, fracción III, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 y 129 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establecen el procedimiento a seguir sobre la figura de los traslados voluntarios e involuntarios ante el juez de control o ejecución, de los cuales se obtiene lo siguiente: 1) La Ley Nacional de Ejecución Penal tiene por objeto establecer las normas que deben de observarse durante el internamiento por prisión preventiva, en la ejecución de penas y en las medidas de seguridad impuestas como consecuencia de una resolución judicial; establecer los procedimientos para resolver las controversias que surjan con motivo de la ejecución penal, y regular los medios para lograr la reinserción social. Lo anterior, sobre la base de los principios y derechos consagrados en la Constitución, Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y en esa ley. 2) La autoridad penitenciaria tiene como funciones básicas, en lo que interesa, ejecutar el traslado de las personas privadas de la libertad y notificar al órgano jurisdiccional correspondiente de tal circunstancia inmediatamente y por escrito, anexando copia certificada de la autorización del traslado. 3) Los traslados voluntarios de las personas privadas de la libertad dentro del territorio nacional operaran cuando exista un acuerdo entre la entidad de origen y la entidad de destino o, en su caso, entre la entidad correspondiente y la federación de acuerdo con el artículo 18, párrafo tercero, de la constitución, casos en los que no podrá negarse el traslado cuando se acrediten los supuestos establecidos en el párrafo octavo de dicho precepto legal; de igual forma, al existir interés de una persona sentenciada para ser trasladada a otro centro penitenciario el juez de ejecución requerirá su consentimiento expreso en presencia de su defensor y no procederá el traslado a petición de parte tratándose de personas que estén sentenciadas por delitos de delincuencia organizada. 4) El traslado involuntario de las personas privadas de la libertad, procesadas o sentenciadas deberá ser autorizado previamente en audiencia pública por el juez de control o ejecución, en su caso dicha resolución podrá ser impugnada a través del recurso de apelación, pudiendo solicitar la autoridad penitenciaria el traslado involuntario en casos de emergencia por cualquier medio, y en el caso de persona sujetas a prisión preventiva el traslado podrá realizarse a petición del ministerio público ante el juez de control. 5) La autoridad penitenciaria como caso de excepción a lo dispuesto en el artículo 50, podrá ordenar y ejecutar el traslado de personas privadas de la libertad mediante resolución administrativa con el único requisito de notificar al juez competente dentro de las veinticuatro horas siguientes de haber realizado el traslado en los casos siguientes: i) En caso de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; ii) En caso de riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y, iii) En caso de que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario, siendo que en todos los supuestos de excepción de traslados sin autorización previa, el juez tendrá un plazo de cuarenta y ocho horas posteriores a la notificación, para calificar la legalidad de la notificación de traslado y contra la resolución judicial, se podrá interponer el recurso de apelación; en caso de que dentro del plazo establecido la autoridad jurisdiccional no se pronuncie respecto de la legalidad del acto, la persona privada de la libertad podrá interponer una controversia judicial contra la determinación administrativa. 6) Las controversias con motivo de los traslados nacionales podrán ser concedidas por el juez de ejecución del centro penitenciario de origen o por el juez de ejecución del centro penitenciario receptor competente, a prevención de quien conozca primero del asunto. 7) Los jueces de ejecución conocerán, entre otras cosas, de las controversias relacionadas con las condiciones de internamiento y cuestiones relacionadas con las mismas. 8) Los sujetos legitimados para interponer peticiones administrativas también tendrán la acción judicial ante el juez de control o ejecución, según corresponda, con el objeto de resolver, entre otras cosas, las controversias sobre los derechos de las personas privadas de la libertad en materia de traslados, acción que podrá ejercitarse en el momento de la notificación de traslado o de su ejecución, dentro de los diez días siguientes a la misma, cuando la persona privada de la libertad no haya sido notificada previamente. 9) La controversia judicial deberá presentarse por escrito ante la administración del juzgado de ejecución, precisando el nombre del promovente, datos de localización, el relato de su inconformidad, pruebas en caso de contar con ellas, solicitud de la suspensión del acto, cuando se considere que se trata de caso urgente, a petición de parte o de oficio el juez de ejecución de acuerdo a la naturaleza de la pretensión ordenará la suspensión del acto si lo considera pertinente, así como el desahogo de las pruebas que estime conducentes para resolver el conflicto. 10) De ser admitida la solicitud o subsanada la prevención el juzgado de ejecución notificará y entregará a las partes copia de la solicitud y sus anexos, para que dentro del plazo de cinco días contesten la acción y ofrezcan los medios de pruebas que estimen pertinentes además se requerirá a la autoridad penitenciara, para que, dentro del mismo término, rinda el informe que corresponde. En caso de tratarse de medidas disciplinarias y de violación a derechos que constituyan un caso urgente que de no atenderse de inmediato quedará sin materia la acción o el recurso jurisdiccional y el juez de ejecución de oficio o a solicitud de parte decretará de inmediato la suspensión del acto, hasta en tanto se resuelva, en definitiva. Rendido el informe y contestada la acción, se entregará copia de esta a las partes, se señalará hora y fecha para la celebración de la audiencia, que se realizará al menos tres días después de la notificación sin exceder de diez días. En caso de que las partes ofrezcan testigos deberán indicar el domicilio y lugar donde podrán ser citados, así como el objeto sobre el cual versará su testimonio. 11) El juez de ejecución tendrá un término de cinco días para redactar, notificar y entregar copia a las partes de la resolución final, en la cual se deberá pronunciar, incluso de oficio, sobre cualquier derecho fundamental violado. Conforme a lo expuesto con antelación, resulta inconcuso que los traslados involuntarios pueden combatirse ante el juez de control o ejecución, según corresponda, quien está facultado para pronunciarse sobre la suspensión de oficio del acto hasta en tanto resuelve, en definitiva. En ese tenor, conforme a las consideraciones jurídicas, expuestas anteriormente, es factible arribar a la conclusión que las órdenes de traslado emitidas por las autoridades ejecutoras señaladas por el quejoso, no son actos dictados fuera del procedimiento, puesto que se emiten como el punto de partida en el procedimiento correspondiente previsto en Ley Nacional de Ejecución Penal, en los términos ya expuestos. En ese orden de ideas, en el presente asunto se debe seguir la regla genérica de quince días para la interposición de la demanda. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 1a. XXI/2021 (10a.) emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Undécima Época del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro digital 2023063, que a la letra establece: "ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO SIN INTERVENCIÓN JUDICIAL PREVIA. AL CONTAR CON UNA REGULACIÓN ESPECÍFICA EN LA LEY NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL, CONSTITUYE UN ACTO DICTADO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO, AL QUE LE ES APLICABLE EL PLAZO GENÉRICO DE QUINCE DÍAS PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO [ABANDONO DE LAS JURISPRUDENCIAS 1a./J. 83/2015 (10a.) Y 1a./J. 58/2016 (10a.)]. Hechos: Una persona privada de la libertad en un centro penitenciario, promovió juicio de amparo indirecto con el argumento de que la autoridad administrativa le había notificado verbalmente una orden para trasladarlo del centro en que se encontraba interna a uno diverso. La demanda se desechó de plano al considerar que se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, porque la parte quejosa no agotó el medio de defensa regulado en la Ley Nacional de Ejecución Penal, antes de promover el juicio constitucional. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, considera que la orden de traslado de un centro penitenciario a otro sin autorización judicial previa, cuenta con una regulación específica y un medio de defensa en la Ley Nacional de Ejecución Penal, por tanto, constituye un acto dictado dentro del procedimiento, al que le es aplicable el plazo genérico de quince días para la presentación de la demanda de amparo indirecto y las reglas de la suspensión del acto reclamado a petición de parte. Justificación: El artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, establece que la autoridad administrativa podrá ordenar y ejecutar el traslado urgente o excepcional, sin autorización judicial previa, cuando se trate de delincuencia organizada y medidas especiales de seguridad; riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y, cuando se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario, a condición de que la autoridad penitenciaria notifique a la autoridad jurisdiccional, dentro de las veinticuatro horas posteriores al traslado, para que en un plazo de cuarenta y ocho horas, resuelva sobre la legalidad de la medida; luego, establece que si el Juez de Control o Ejecución califica la legalidad del traslado en el plazo fijado, contra esa determinación será procedente el recurso de apelación establecido en el artículo 132, fracción VII, de la ley mencionada; mientras que si es omiso, podrá intentar la controversia judicial regulada en los artículos 117, fracción III y último párrafo, 122, 123 y 124, de la misma ley, a fin de que una autoridad jurisdiccional resuelva sobre la legalidad del traslado y corrobore que no existe afectación injustificada a alguno de los derechos fundamentales de la persona privada de la libertad en el centro de reclusión, con posibilidad de suspender los efectos del traslado de manera inmediata, de oficio o a petición de parte. Así, la persona privada de la libertad ya no queda sin defensa, dado que dispone de un recurso que procede con posterioridad a la ejecución del traslado, al margen de que la autoridad administrativa haya notificado a la autoridad jurisdiccional y de que ésta resuelva o no respecto a la legalidad del acto. Sobre esa base, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, abandona los criterios establecidos en las jurisprudencias 1a./J. 83/2015 (10a.) y 1a./J. 58/2016 (10a.), porque derivaron de una concepción existente antes de la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, cuando no se contaba con una legislación especial que regulara la emisión de la orden de traslado, ni se preveía algún recurso para su impugnación, por lo que únicamente se tenía como parámetro verificar que la orden de traslado fuera calificada por una autoridad jurisdiccional de manera previa a su ejecución, y por ello, cuando el traslado se ejecutaba sin cumplir esa previsión, válidamente se le consideraba como un acto emitido fuera del procedimiento, respecto del que debía concederse la suspensión de oficio y de plano. Sin embargo, ante la nueva regulación legal que opera en materia de traslados penitenciarios, tal concepción ha sido superada y deviene inaplicable, aun cuando la orden de traslado impugnada se ejecute sin control judicial previo, por lo que si el inconforme finalmente decide acudir a la instancia de amparo, tendrá que agotar los referidos medios de defensa, así como sujetarse al plazo y reglas de la suspensión que operan respecto de los actos que se emiten dentro de un procedimiento." Bajo esas premisas, la demanda de amparo promovida contra la orden de traslado del quejoso Hugo César Urióstegui Zamora, al Centro Federal de Readaptación Social Número 5 Oriente", en Villa Aldama, Veracruz, resulta extemporánea, acorde con lo previsto en el artículo 17 de la Ley de la Amparo, dado que el juicio constitucional, se debió instar dentro del plazo de quince días siguientes a que tuvo conocimiento del acto reclamado o su ejecución (segunda hipótesis), ya que el peticionario bajo protesta de decir verdad manifiesta que tuvo conocimiento del acto reclamado el veinticuatro de junio de dos mil once (fecha en la que se realizó su traslado al mencionado centro penitenciario). BEATRIZ EUGENIA MEZA LÓPEZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.74.e1 20/03/24 15:20:08 Y la demanda de amparo se presentó hasta el tres de septiembre de dos mil veintiuno, tal y como se corrobora del sello receptor asentado por el buzón judicial y los datos asentados en la papeleta de turno, expedida por la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, de donde se concluye que ésta fue presentada de forma extemporánea; por lo que dicho acto reclamado fue consentido tácitamente. Pues el plazo de quince días establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, ya había transcurrido. Es importante destacar que, la exigencia de que exista prueba plena de que la parte quejosa tuvo conocimiento del acto reclamado, se satisface a plenitud en el caso, a virtud de la declaración categórica vertida en ese sentido por el promovente en los antecedentes de los actos reclamados, manifestación que constituye una confesión expresa de su parte, medio de prueba admisible en el juicio de garantías y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 95, 96, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Es aplicable la tesis sustentada por el Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, que es del rubro y texto siguiente: "AMPARO, TÉRMINO PARA LA INTERPOSICIÓN DEL. CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. Si el quejoso manifiesta en su demanda de garantías en qué fecha tuvo conocimiento del acto reclamado, tal manifestación constituye una confesión que hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en el juicio de amparo, por lo que a partir de esa fecha debe hacerse el cómputo del término que señala el artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal." (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Tomo II, Segunda Parte-1, página 92) Asimismo, se tiene la convicción de que la causa de improcedencia aducida es totalmente aplicable al caso concreto, y que aún cuando se admitiera la demanda y se le diera curso legal, al final se adoptaría la misma determinación, luego no hay porqué sustanciar un juicio que a la postre resultara improcedente, en demérito de la obligación de atender al servicio de la administración de justicia con la prontitud que exige el artículo 17 Constitucional, pues al no haberse promovido el juicio dentro del término perentorio al efecto establecido, indefectiblemente se actualiza en la especie la hipótesis de improcedencia en examen y en consecuencia debe reputarse tácitamente consentido el acto reclamado por esta vía constitucional. Acorde a lo anterior vertido y de los criterios invocados, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 61, fracción XIV, relacionado con los dispositivos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se índice en la demanda, y como autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Arturo Santos Estrada, en virtud de que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que lo acredita como Licenciado en Derecho. Ahora bien, toda vez que, de la revisión hecha en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se desprende que efectivamente el usuario "abogadopro", corresponde a Arturo Santos Estrada. En consecuencia, como lo solicita expresamente la parte quejosa se le autoriza a dicho profesionista la consulta del expediente electrónico, por lo que deberá dársele de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes correspondiente a este órgano federal, con el nombre de usuario que proporciona, para los efectos legales conducentes. De igual forma, téngasele proporcionando correo electrónico para establecer contacto. Finalmente, tomando en cuenta la carga de trabajo de este Tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, con fundamento en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se faculta a las Actuarias judiciales de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de garantías, elevado a rango de garantía constitucional. Notifíquese personalmente.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero · 8,905 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano