Huerta Medina Tomasa y Otros.
Expediente 239/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 53 actuaciones registradas, la última del 11 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 239/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 53
- Última actuación
- 11/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Huerta Medina Tomasa
- Huerta Medina Tomasa y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 53.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; once de agosto de dos mil veintidós. Vista; la certificación secretarial de cuenta y del estado que guardan los presentes autos, se advierte que ha fenecido el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia de quince de julio del año en curso; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que sobresee HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Sin que sea óbice a la anterior determinación, el hecho de que aún no obren en autos los acuses de recibo de los oficios dirigidos a las autoridades responsables foráneas que se giraron para notificarles la sentencia definitiva dictada en el sumario en que se actúa, pues dado el fallo dictado, es a la parte quejosa a quien puede afectar el sentido de la determinación tomada y, por ende, la única legitimada para recurrirlo, no así las autoridades responsables, conforme a lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley de Amparo. Es aplicable por analogía jurídica la tesis sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con el rubro siguiente: "REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER DICHO RECURSO POR CONDUCTO DE SU DELEGADO, CONTRA LA SENTENCIA QUE SOBRESEE EN EL JUICIO RESPECTO DE LA LEY CUYA CONSTITUCIONALIDAD DEFIENDE". Por otro lado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo y, en el momento oportuno, conforme al procedimiento correspondiente, procédase a su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En la inteligencia de que, en su oportunidad, y con fundamento en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el expediente principal es susceptible de destrucción; por tanto, una vez que transcurra el término de tres años, a partir de la fecha en que se haya ordenado su archivo. Este órgano jurisdiccional considera que el presente asunto no tiene relevancia documental, por la cual deba conservarse. Finalmente, en virtud de que se ha ordenado el archivo del expediente de mérito, y obra agregado documento original exhibido por la parte quejosa; de conformidad con lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ponen a su disposición por el término de noventa días contados a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación del presente proveído, a fin de que se presente en el local de este Juzgado y recoja el mismo, con el apercibimiento que de no hacerlo dentro de dicho término, será destruido junto con el expediente. En el entendido, de que deberá generar una cita para la consulta de expediente, con la finalidad de que el día programado acuda a fin de obtenerla, siempre y cuando las cargas de trabajo del órgano jurisdiccional lo permitan en el tiempo de duración de la cita agendada, y en caso de que este resulte insuficiente, deberá generar una nueva cita para la consulta del expediente de conformidad a lo establecido en el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese personalmente. Lo acordó y firma César Barajas García, Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, encargado del despacho por vacaciones concedidas a la Titular, en términos de lo dispuesto por el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado por la Secretaria Técnica de Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, mediante oficio CCJ/ST/1364/2022, de treinta de mayo de dos mil veintidós, quien actúa asistido de Rafael Ibarra Delgado, Secretario que autoriza. Doy fe
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; a quince de julio de dos mil veintidós. VISTO; los autos para pronunciar sentencia en el juicio de amparo 239/2019, promovido por Tomasa Huerta Medina, en contra actos del Congreso del Estado de Guerrero, y de otras autoridades responsables; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito recibido el seis de marzo de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Acapulco, remitido por razón de turno a este Juzgado Cuarto de Distrito, Tomasa Huerta Medina y Lilia Edith Torres Arano, ambas por derecho propio, solicitaron el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y por los actos que se transcriben a continuación: "[.] III. AUTORIDADES RESPONSABLES. 1.- Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 2.- Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 3.- Secretario General del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 4.- Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero; 5.- Presidente Municipal de Acapulco de Juárez, Guerrero; 6.- Secretario de Administración y Finanzas del H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero; y, 7.- Director de Ingresos del H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero; IV. LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA. a) Del Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, se reclama la expedición y aprobación de la Ley número 492 de Hacienda Municipal del Estado de Guerrero, específicamente sus artículos 39, fracción I, inciso a), 61, fracción II, 62, 83, fracción VI; de la Ley Número 172 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2019, específicamente sus artículos 15, 17, inciso b), 20, inciso b), 64, fracción V, inciso a) y 142; de la Ley de Catastro Municipal del Estado de Guerrero número 676, específicamente sus artículos 22 y 29; así como del Decreto número 177 por el que se aprueban las tablas de valores unitarios de uso de suelo y de construcción que servirán de base al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el cobro de las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal 2019, específicamente su artículo único. b) Del Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guerrero, se reclama la promulgación y publicación de la Ley número 492 de Hacienda Municipal del Estado de Guerrero, específicamente sus artículos 39, fracción I, inciso a), 61, fracción II, 62, GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 2 83, fracción VI; de la Ley Número 172 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2019, específicamente sus artículos 15, 17, inciso b), 20, inciso b), 64, fracción V, inciso a) y 142; de la Ley de Catastro Municipal del Estado de Guerrero número 676, específicamente sus artículos 22 y 29; así como del Decreto número 177 por el que se aprueban las tablas de valores unitarios de uso de suelo y de construcción que servirán de base al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el cobro de las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal 2019, específicamente su artículo único; c) Del Secretario General del Gobierno y del Secretario de Finanzas y Administración, ambos, del Gobierno del Estado de Guerrero, se reclama el refrendo de la Ley número 492 de Hacienda Municipal del Estado de Guerrero, específicamente sus artículos 39, fracción I, inciso a), 61, fracción II, 62, 83, fracción VI; de la Ley Número 172 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2019, específicamente sus artículos 15, 17, inciso b), 20, inciso b), 64, fracción V, inciso a) y 142; de la Ley de Catastro Municipal del Estado de Guerrero número 676, específicamente sus artículos 22 y 29; así como del Decreto número 177 por el que se aprueban las tablas de valores unitarios de uso de suelo y de construcción que servirán de base al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el cobro de las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal 2019, específicamente su artículo único; d) Del Presidente Municipal, Secretario de Administración y Finanzas, y del Director de Ingresos, todos del H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, se reclama la aplicación y ejecución de las disposiciones que se contienen en la Ley número 492 de Hacienda Municipal del Estado de Guerrero, específicamente sus artículos 39, fracción I, inciso a), 61, fracción II, 62, 83, fracción VI; de la Ley Número 172 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2019, específicamente sus artículos 15, 17, inciso b), 20, inciso b), 64, fracción V, inciso a) y 142; de la Ley de Catastro Municipal del Estado de Guerrero número 676, específicamente sus artículos 22 y 29; así como del Decreto número 177 por el que se aprueban las tablas de valores unitarios de uso de suelo y de construcción que servirán de base al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el cobro de las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal 2019, específicamente su artículo único, mediante el cobro de los recibos oficiales G331414, G331415 y G331416, de fecha 13 de febrero de 2019, por el que la suscrita TOMASA HUERTA MEDINA pagó el impuesto sobre adquisición de inmuebles por el traslado de dominio de los inmuebles, el impuesto adicional del quince por ciento por concepto de proeducación y asistencia social y procaminos así como por la expedición de los certificados catastrales y recargos, por el importe total de $64,338.30 (sesenta y cuatro mil trecientos treinta y ocho pesos 30/100 M.N.), así como diverso G331417 de fecha 13 de febrero de 2019, por los mismos conceptos por el que se pagó la cantidad de $17,473.70 (diecisiete mil cuatrocientos setenta y tres pesos 70/100 M.N.), pagado por la suscrita LILIA EDITH TORRES ARANO." SEGUNDO. Derechos humanos vulnerados y narración de antecedentes. La parte quejosa invocó como derechos humanos transgredidos los contenidos en los artículos 14, 16 y 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transcribió los antecedentes del acto reclamado que estimó conducentes. GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 239/2019 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO 3 ?????????????? TERCERO. Tramite del juicio. En fecha ocho de marzo de dos mil diecinueve, este órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda de amparo; solicitó a las autoridades responsables informe justificado; dio la intervención que legalmente corresponde a la agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Mediante acuerdo de nueve de mayo de dos mil diecinueve, por las consideraciones ahí expuestas se ordenó la separación del juicio; destacándose que en el presente asunto se resolvería únicamente por cuanto hace a los actos relacionados con el recibo 1) G-331414, expedido a nombre de la quejosa Tomasa Huerta Medina, respecto a la cuenta catastral 041-002-111-0000; siendo que por acuerdo de veinte mayo de dos mil diecinueve, se precisó que de igual forma se resolvería por cuanto hace a los actos relacionados con los recibos 2) G-331415 y 3) G-331416, expedidos a nombre de la citada impetrante de amparo, respecto de las cuentas catastrales 2) 155-009-002-0000 y 3) 155-009-003-0000. Así, con fecha el veintiocho de mayo de dos mil diecinueve tuvo verificativo la audiencia constitucional, y se pronunció la sentencia relativa el nueve de agosto de dos mil diecinueve, la cual concluyó con los siguientes puntos resolutivos: "[.] S E R E S U E L V E : PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Tomasa Huerta Medina, en relación a los actos y autoridades señaladas en los considerandos cuarto y séptimo, inciso B), de la presente resolución, por los motivos expuestos en la misma parte considerativa. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a la quejosa Tomasa Huerta Medina, por las razones expuestas en el octavo considerando de la presente resolución. TERCERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Tomasa Huerta Medina, en contra del acto precisado en el último considerando de la presente resolución, y para los efectos ahí señalados." CUARTO. Reposición del procedimiento. Inconforme con la sentencia dictada en auto la parte quejosa por conducto de su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, interpuso recurso de revisión mediante escrito que presentó el veintinueve de agosto de dos mil diecinueve en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, del cual por razón de turno tocó conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, quien en el amparo en GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 4 revisión 541/2019, en sesión de tres de diciembre de dos mil diecinueve, ordenó la reposición del procedimiento, atento a las consideraciones siguientes: "[.] Este Tribunal Colegido considera que en el asunto que se revisa, se visualiza la posibilidad que se actualice la citada causa de improcedencia, ya que el pago del impuesto sobre adquisición de inmuebles (ISAI), es consecuencia final de la traslación de derechos reales, misma que en inmuebles como los de la ahora impetrante, ordinariamente se protocoliza en escritura pública, existiendo por ende, la intervención de un Notario Público, quien de acuerdo a la normatividad aplicable y a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funge como un tercero auxiliar de la administración municipal; quien al pedirle al adquirente de dichos bienes, numerario para el pago de las contribuciones y luego de recibirlo, actualiza el perjuicio patrimonial - en agravio del contribuyente requerido- que funge como acto de aplicación de la normatividad reguladora del impuesto sobre adquisición de inmueble y demás contribuciones accesorias al citado tributo. Es por ello que nuestro Máximo Tribunal del país, a través de los criterios jurisprudenciales referidos con antelación, ha establecido que es a partir de que el contribuyente obligado hace la entrega del dinero necesario para cubrir la contribución relativa al fedatario público, cuando debe computarse el plazo para instar la demanda de amparo correspondiente; haciendo ello entendible que en la posterior fecha de entero por autodeterminación de las contribuciones, el amparo pudiera ser improcedente por extemporáneo. . Se resalta que en relación con la intervención del Notario Público a que se refieren las jurisprudencias invocadas, tratándose de operaciones traslativas de derechos de propiedad sobre bienes inmuebles, las previsiones legales aplicables de la Ley Número 492 de Hacienda Municipal del Estado de Guerrero y de la Ley Número 172 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2019, se refieren a su actuación, posicionándolo incluso como responsable solidario del impuesto sobre adquisición de inmuebles (ISAI) respectivo; afirmación que se sustenta con los siguientes preceptos: . Ahora bien, en el caso de las contribuciones derivadas de la expedición de instrumentos notariales, verbigracia, el impuesto sobre adquisición de inmuebles y los derechos por certificados catastrales -tributos que se originan con motivo de la transferencia de dominio de un bien inmueble-, también rige el principio de autodeterminación, en tanto que el sujeto pasivo del tributo es quien eroga de forma voluntaria y espontánea los pagos correspondientes, aun cuando sea el Notario Público quien, materialmente, realiza el entero respectivo. . En esa tesitura, considerando el contenido de las invocadas jurisprudencias 2a./J. 81/2019 (10ª.), 2a./J. 82/2019 (10ª.) y 2a./J. 83/2019 (10ª.), al igual que la normatividad que rige la mecánica de la causación y entero del impuesto sobre adquisición de inmuebles, se advierte que en el asunto que se revisa, al acordar la recepción de los informes justificados suscritos por la Secretaria de Administración y Finanzas y por el Director de Ingresos, ambas autoridades del Ayuntamiento Municipal de Acapulco de Juárez, Guerrero, atendiendo a lo establecido en los artículos 75, tercer párrafo y 62, ambos de la Ley de Amparo, el A quo debió requerir tanto a la impetrante ahora recurrente, como a las responsables referidas, e inclusive, al Titular de la Dirección de Catastro e Impuesto Predial del Ayuntamiento Municipal de Acapulco de Juárez, Guerrero, para que informaran sobre el origen o el motivo de causación del impuesto sobre adquisición de inmuebles reclamado, y además, sobre la posible intervención de un Notario Público en la protocolización del acto de traslación de derechos respectivo -génesis de dicho tributo-. Incluso, el A quo debió conminar al Titular de la Dirección de Catastro e Impuesto Predial del Ayuntamiento Municipal de Acapulco de Juárez, Guerrero, para que remitiera, de ser material y legalmente posible, las constancias certificadas del aviso de movimiento de propiedad, del GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 239/2019 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO 5 ?????????????? instrumento notarial respectivo, o bien, de cualquier documento del que se advierta la información que demuestre el origen o causación del impuesto sobre adquisición de inmuebles controvertido (ISAI), a efecto de que posteriormente, pueda requerir la información necesaria al Notario Público que intervino en los actos que dieron génesis al tributo en comento, relacionada entre otras cosas, con la fecha en que la ahora recurrente entregó al fedatario los recursos económicos necesarios para el pago de las contribuciones respectivas; orientado por supuesto, como queda expuesto, por lo explicado en las jurisprudencias previamente invocadas, concretamente, en relación con la posible configuración en el asunto de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, relacionado con los diversos ordinales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo (relativa al consentimiento de los actos reclamados por no impugnarse oportunamente)." Así, por acuerdo de quince de enero de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional, tuvo por recibido el testimonio de la ejecutoria dictada en el citado amparo en revisión administrativa 549/2021; en reposición del procedimiento, instruyó en términos del artículo 75, tercer párrafo de la Ley de Amparo, recabar cualquier documento del que se advierta la información que demuestre el origen o causación del impuesto sobre adquisición de inmuebles controvertido (ISAI), relacionada entre otras cosas, con la fecha en que la parte quejosa entregó al fedatario los recursos económicos necesarios para el pago de las contribuciones respectivas; y fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional; por auto de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, se hizo del conocimiento de las partes el cambio de adscripción del Juez Juan Manuel Acevedo Mejía, y como nueva titular de este órgano jurisdiccional la suscrita Jueza Laura Elizabeth Miranda Torres, sin que a la fecha en que se resuelve hayan planteado alguna causa de recusación en términos de lo dispuesto en los artículos 51 y 52 de la Ley de Amparo, que impida el dictado de la sentencia correspondiente; Luego, una vez integrados los autos, tuvo verificativo la audiencia de ley, con el resultado asentado en el acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme a los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 35, 37 y 107, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, y en el Acuerdo General 36/2016, que reformó al diverso 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 6 los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de junio de dos mil dieciséis. Lo anterior, en virtud de que se reclaman normas de carácter general emitidas por el Congreso local cuyo primer acto de aplicación tuvo verificativo dentro del límite territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Jurisprudencia aplicable. En el presente asunto se aplicará aquélla integrada con anterioridad, en lo que no se oponga a la Ley de Amparo vigente, en términos de lo señalado en su artículo 6º transitorio1. TERCERO. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, antes de analizar la certeza de los actos reclamados, es necesario fijarlos claramente, para lo cual debe estudiarse íntegramente la demanda y sus anexos, incluso la totalidad de las constancias existentes en el expediente, con la finalidad de precisar lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente lo que en apariencia señaló como tal, acorde con la tesis número P.VI/2004, con el rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SUFIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO."2; de ahí que, de conformidad con el análisis contextual señalado, se obtiene los reclamos siguientes: a) La expedición, aprobación, promulgación, publicación, refrendo y aplicación de la Ley número 492 de Hacienda Municipal del Estado de Guerrero, específicamente sus artículos 39, fracción I, inciso a), 61, fracción II, 62 y 83, fracción VI. b) La expedición, aprobación, promulgación, publicación, refrendo y aplicación de la Ley número 172 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el Ejercicio Fiscal de dos mil diecinueve, específicamente sus artículos 15, 17, inciso b), 20, inciso b), 64, fracción V, inciso a) y 142. 1 SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley. 2 Tesis P.VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época. GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 239/2019 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO 7 ?????????????? c) La expedición, aprobación, promulgación, publicación, refrendo y aplicación de la Ley de Catastro Municipal del Estado de Guerrero número 676, específicamente sus artículos 22 y 29. d) La expedición, aprobación, promulgación, publicación, refrendo y aplicación del Decreto número 177, por el que se aprueban las Tablas de Valores Unitarios de uso de suelo y construcción que servirán de base al Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el cobro de las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal dos mil diecinueve. Lo anterior, con motivo del que se considera su primer acto de aplicación, a través del entero del impuesto sobre adquisición de inmuebles y certificados catastrales, contenido en los recibos de pago 1) G-331414, 2) G-331415 y 3) G-331416, todos de trece de febrero de dos mil diecinueve, expedidos a nombre de la quejosa Tomasa Huerta Medina, los cuales, si bien no contienen la cita de los preceptos legales que sustentan el cobro de las cantidades enteradas, lo cierto es que si los pagos de los conceptos se realizaron en el año dos mil diecinueve, las normas aplicables son las vigentes para ese año. CUARTO. Inexistencia de actos reclamados. Conforme a la técnica que rige al juicio de amparo, en toda sentencia el tribunal que conozca del mismo, en primer lugar, debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, estudiar de manera oficiosa las causas de improcedencia que advierta se actualicen en el particular, para de ser procedente el juicio, pronunciar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo que es así, entre otros motivos, porque al no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razón de orden lógico, ocuparse del estudio de cualquiera de los supuestos establecidos en el artículo 61 de la ley de la materia, es decir, de análisis de alguna causal de improcedencia o bien del fondo del asunto, pues todo ello implica inicialmente que se tiene plena certeza de que los actos reclamados resultan ciertos, lo que se reitera, conducirá al análisis de alguna causa de improcedencia y de no actualizarse es posible estudiar el asunto de fondo. Apoya esta consideración, la tesis de jurisprudencia XVII.2o. J/10 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, cuyo rubro es el siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 8 CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO3." I. ACTO DE APLICACIÓN. En ese contexto, se arriba a la conclusión que no puede considerarse que las autoridades señaladas como ejecutoras: Presidenta Municipal; Secretaria de Administración y Finanzas; y Director de Ingresos, todos del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, hayan aplicado en perjuicio de la parte quejosa las disposiciones tildadas de inconstitucionales, puesto que no debe perderse de vista que el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, en el amparo en revisión 541/2019, en sesión de tres de diciembre de dos mil diecinueve, sobre el tópico precisó: ". en el caso de las contribuciones derivadas de la expedición de instrumentos notariales, verbigracia, el impuesto sobre adquisición de inmuebles y los derechos por certificados catastrales -tributos que se originan con motivo de la transferencia de dominio de un bien inmueble-, también rige el principio de autodeterminación, en tanto que el sujeto pasivo del tributo es quien eroga de forma voluntaria y espontánea los pagos correspondientes, aun cuando sea el Notario Público quien, materialmente, realiza el entero respectivo.". Consecuentemente, debe indicarse que, al margen de lo manifestado por las responsables, en el caso, resulta inexistente el acto de aplicación de que se trata; como se explica a continuación. En el caso, la aplicación de los normativos tildados de inconstitucionales, deriva de la actuación de la parte quejosa frente al contenido legal aplicable con motivo del pago que efectuó por concepto de las contribuciones derivadas de la expedición de instrumentos notariales (impuesto sobre adquisición de inmuebles, adicionales y derechos por certificados catastrales); y no porque en ejercicio de las facultades inherentes a las autoridades municipales, hubieran hecho efectivo el cumplimiento del mandato contenido, pues lo cierto es que la aplicación de los normativos se materializó con el entero de la contribución que de manera voluntaria y espontánea efectuó el contribuyente; de ahí que, la parte quejosa se ubica en la hipótesis de la autoliquidación. 3 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 76, de abril de 1994, página 68. GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 239/2019 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO 9 ?????????????? En relación con esa figura, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 91/2007-SS, en sesión de veintisiete de junio de dos mil siete, determinó lo siguiente o La existencia de un acto de autoridad no puede hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad, por lo que el que en un juicio de amparo el quejoso haya presentado la declaración de pago de un impuesto, sólo acredita la autoaplicación de la ley y no da lugar a tener por acreditada la existencia de los actos de determinación y cobro atribuidos a las autoridades ejecutoras. Aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la autoliquidación de una contribución constituye un acto de aplicación de la ley, no significa que tal cumplimiento de la norma por el particular deba ser atribuido a la autoridad, sino solamente que, para efecto de computar el plazo de impugnación constitucional, puede servir de base el hecho de que el particular se coloque por sí mismo en el supuesto previsto por la ley, sin necesidad de un acto específico de la autoridad aplicadora. De la ejecutoria aludida derivó la jurisprudencia 2a./J. 153/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: "AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR DEL CUAL EMPIEZA A CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO. La existencia de un acto de autoridad no puede hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad; por tanto, la circunstancia de que el quejoso haya presentado la declaración de pago de un impuesto, con la cual acredita la autoaplicación de la ley, no conduce a tener por ciertos los actos de determinación y cobro atribuidos a las autoridades ejecutoras. Lo anterior, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la autoliquidación de una contribución constituye un acto de aplicación de la ley, pues ello no significa que tal cumplimiento de la norma por el particular deba ser atribuido a la autoridad, sino solamente que, para efecto de computar el plazo de impugnación constitucional, puede servir de base el hecho de que el particular se coloque por sí mismo en el supuesto previsto por la ley, sin necesidad de un acto específico de la autoridad aplicadora." En aplicación del criterio jurisprudencial, se arriba a la conclusión que no puede considerarse que las autoridades municipales señaladas como responsables hayan aplicado en perjuicio de la parte quejosa la normatividad reclamada. GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 10 La mecánica para la determinación de las contribuciones locales se encuentra regulada, entre otros, por los artículos 28, 29, 30, 34 y 72 del Código Fiscal Municipal número 1524, de los que se desprende que el sistema contributivo municipal se rige por el principio autodeterminativo, ya que la determinación o liquidación de los tributos se efectúa -ordinariamente- por el propio contribuyente. La ley fiscal parte de un diverso principio de buena fe, el cual permite al contribuyente declarar voluntariamente el monto de sus obligaciones tributarias, de manera excepcional, la ley dispone que ese cálculo podrá ser realizado por la autoridad hacendaria. La autoliquidación es una forma de colaboración con la administración tributaria que no supone un acto administrativo, sino una simple declaración tributaria en la que el propio sujeto pasivo practica también la liquidación tributaria consecuente. La autoliquidación es una declaración liquidación practicada y presentada por el propio sujeto pasivo. En la práctica, a esta forma de enterar el tributo a cargo del contribuyente también se le denomina autodeterminación, que es el procedimiento mediante el cual el propio contribuyente determina los impuestos a su cargo y efectúa el entero respectivo. La autodeterminación contributiva se basa en el principio de buena fe, de acuerdo con el cual el sujeto pasivo de la relación jurídica tributaria cumple, espontáneamente y en tiempo, con sus obligaciones formales y sustantivas en materia fiscal. Resulta ilustrativa la jurisprudencia 1a./J. 11/2012 (9a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del texto siguiente: 4 "Artículo 28. La Obligación Fiscal, nace cuando se realizan las situaciones jurídicas o de hecho previstas en las Leyes Fiscales. Dicha obligación se determinará y liquidará conforme a las disposiciones vigentes en el momento de su nacimiento, pero le serán aplicables las normas sobre procedimientos que se expidan con posterioridad". "Artículo 29. El crédito fiscal es la obligación fiscal determinada en cantidad líquida o en especie que incluye los accesorios legales, que deberán pagarse en los términos que determinen las disposiciones fiscales". "Artículo 30. Pago o entero es el cumplimiento de una obligación fiscal determinada en cantidad líquida y deberá efectuarse, en los términos siguientes: I. Si es a las autoridades a las que corresponde hacer la liquidación, dentro de los quince días siguientes a la fecha en que haya surtido efectos la notificación de la misma. II. A los sujetos pasivos o responsables solidarios les corresponde determinar en cantidad líquida la prestación fiscal, dentro de los diez días siguientes a la fecha de su causación en tratándose de personas físicas y quince días en el caso de las personas morales". "Artículo 34. Las autoridades fiscales rectificarán en cualquier momento, de oficio o a instancia del interesado los errores materiales o de hecho y los aritméticos, siempre que no hubieren transcurrido cinco años desde que se practicó la determinación o liquidación, según sea el caso, cuya rectificación se pretenda". "Artículo 72. Los sujetos que tengan obligación de presentar declaraciones, manifestaciones y avisos, deberán hacerlo en las formas que al efecto apruebe la Tesorería Municipal y de proporcionar los datos e informes que en dichas formas se requieran. Las declaraciones, manifestaciones o avisos, se presentarán en la Tesorería Municipal respectiva y en todos los casos se devolverá al interesado una copia sellada". GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 239/2019 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO 11 ?????????????? "OBLIGACIONES FISCALES. LA AUTODETERMINACIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES PREVISTA EN EL ARTÍCULO 6o. DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN NO CONSTITUYE UN DERECHO, SINO UNA MODALIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE AQUÉLLAS A CARGO DEL CONTRIBUYENTE. El citado precepto dispone que corresponde a los contribuyentes determinar las contribuciones a su cargo, salvo disposición expresa en contrario. Consecuentemente, en el causante recae la obligación de determinar, en cantidad líquida, las contribuciones a enterar, mediante operaciones matemáticas encaminadas a fijar su importe exacto a través de la aplicación de las tasas tributarias establecidas en la ley. La autodeterminación de las contribuciones parte de un principio de buena fe, el cual permite al contribuyente declarar voluntariamente el monto de sus obligaciones tributarias. Ahora bien, la interpretación del artículo 6o. del Código Fiscal de la Federación pone de relieve que la referida autodeterminación no constituye un reflejo de algún principio constitucional, esto es, no se trata de un derecho a favor del contribuyente, sino de una modalidad relativa al cumplimiento de sus obligaciones fiscales, cuya atención supervisa la autoridad fiscal, como lo acredita la existencia de las facultades de comprobación en materia tributaria." Como quedó precisado, la autoliquidación no obedece a una orden o requerimiento expreso de la autoridad encargada de recaudar los tributos, sino al cumplimiento voluntario y espontáneo de una obligación establecida en la ley. En consecuencia, al no ser atribuible el acto de aplicación que en forma genérica es atribuido a las autoridades señaladas como ejecutoras: Presidenta Municipal; Secretaria de Administración y Finanzas; y Director de Ingresos, todos del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, procede sobreseer en el presente juicio en lo relativo de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. II. REFRENDO. A su vez, tenemos que el Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, al rendir informe justificado, negó el acto que le fue atribuido consistente en el refrendo de las normas tildadas de inconstitucionales, exponiendo no ser de su competencia; de ahí que, discierne que no se le puede imputar acto referente al proceso legislativo de creación de normas. Negativa que por los motivos expuestos se reconoce en sus términos; máxime que tal obligación recae -sin mayor exigencia- en el Secretario General de Gobierno, en términos del artículo 90 de la Constitución Política Local5, y numeral 20, fracción III, 5 Artículo 90. Todo servidor público de la administración pública estatal será responsable de los actos, omisiones y resoluciones emitidos que no se apeguen a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y las leyes que de ellas emanen. 1. Para su validez y observancia, las leyes promulgadas por el Gobernador deberán refrendarse por el Secretario General de Gobierno; y, GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 12 de la Ley Orgánica del Estado de Guerrero, número 86, lo que se robustece con la circunstancia de que en el diverso artículo 22 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal, el legislador no haya establecido expresamente como facultad del Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, la de refrendar las leyes que corresponden a su ramo, de modo que la locución "sin perjuicio de que lo haga el titular de la Secretaría o dependencia al que corresponda el asunto", no debe entenderse como un requisito sine qua non para la validez de las leyes. Apoya lo aquí expuesto la jurisprudencia visible en la página doscientos treinta y seis, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, mil novecientos diecisiete - dos mil, tomo seis, materia común, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo.". Y la tesis, consultable en la página novecientos tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, febrero de dos mil dos, tomo quince, materia común, Novena Época, que reza: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo.". 2. Los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Gobernador deberán estar firmados por el Secretario General de Gobierno y el o los Secretarios de Despacho respectivos. 6 ARTÍCULO 20. La Secretaría General de Gobierno es el órgano encargado de conducir, por delegación del Ejecutivo, la política interna del Estado, y le corresponde el despacho de los asuntos siguientes: . lll.- Refrendar, para que sean obligatorios, las leyes, decretos, reglamentos, acuerdos y demás disposiciones que el Gobernador promulgue, expida o autorice, sin perjuicio de que lo haga el titular de la Secretaría o dependencia al que corresponda el asunto." GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 239/2019 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO 13 ?????????????? QUINTO. Existencia de actos reclamados. En contraposición a la conclusión alcanzada en el considerando que antecede, deben tenerse por ciertos los actos destacados como reclamados y que se atribuyen a las autoridades legislativas responsables del Estado de Guerrero, siguientes: Congreso, Gobernadora, y Secretario General de Gobierno, puesto que al rendir sus informes justificados los aceptaron en el ámbito competencial respectivo. Máxime que la inserción de los ordenamientos tildados de inconstitucionales en el órgano oficial de difusión, tiene por objeto dar publicada al acto de que se trate y tal publicidad determina que los tribunales a los que se encomienda la aplicación del derecho no puedan argüir desconocerlo, por la notoriedad de ese acontecimiento. Todo lo anterior, ponderando que la existencia de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general no necesita ser probada en autos, pues basta que tales ordenamientos estén publicados en el medio difusivo correspondiente, como en este caso es el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad. En ese sentido, tiene aplicación las Jurisprudencia y Tesis sustentadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, que indican: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." (Localizable en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo VI, Materia Común, página 206.) "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba oficial de la Ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba." (Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Tomo 65, primera parte, página 15) SEXTO. Causal de improcedencia fundada. Previo a examinar el fondo de la cuestión constitucional planteada y establecidas las anteriores consideraciones, se analizará la procedencia de este juicio de amparo con independencia de que las partes hayan o no hecho valer causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público, conforme lo dispuesto por el del artículo 62 de la Ley de Amparo. GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 14 Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 814 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que enseguida se transcribe: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia en el juicio de amparo por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." (Semanario Judicial de la Federación, editado en el Apéndice de 1995, Octava Época, Materia Común, Tomo VI, Parte TCC, página 553). De oficio, se observa la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los artículos 17, primer párrafo, y 18 de la misma legislación, que disponen lo siguiente: "[.] Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." Asimismo, los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Acorde con los preceptos transcritos, la causa de improcedencia anunciada, reside en que el gobernado, a través de su silencio, consiente el acto de autoridad; es decir, no promueve oportunamente su acción constitucional en contra del acto de autoridad GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 239/2019 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO 15 ?????????????? que estima violatorio de sus derechos fundamentales, de donde se sigue que precluye su derecho para reclamarlo una vez que fenecieron los plazos reconocidos por la ley para intentarlo, pues en tal supuesto opera una presunción legal en su contra, ya que ante su conducta omisiva, el legislador estima que pese al daño que ese acto le pudiera generar, lo aceptó y consintió. Así, la fracción XIV del arábigo 61 de la invocada ley, como se ha visto, se complementa con lo señalado en el numeral 17 del propio ordenamiento, que fija los plazos o términos para la promoción de la demanda de amparo. De esta forma, antes de señalar las circunstancias que en el caso configuran la causa de improcedencia aludida, se debe atender a lo que dispone la legislación de amparo en cuanto a los términos para la presentación de la demanda que da origen al juicio de amparo, para así estar en condiciones de concluir si en el caso se respetaron. Señala el precepto 17 de la Ley de Amparo, que la demanda deberá promoverse dentro de los quince días siguientes, contados de conformidad con lo establecido en el diverso numeral 18 del invocado cuerpo normativo, de la manera siguiente: a). Desde el día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b). A partir del día siguiente a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Por su parte, el citado artículo 17 del ordenamiento en cuestión, señala excepciones al plazo genérico de quince días con que se cuenta para intentar la acción de amparo, sin que sea el caso referirse a cada una ellas, pues evidentemente no se surten en la especie, pues atañen al amparo contra leyes autoaplicativas, amparo agrario y cuando los actos reclamados restrinjan la libertad personal, hipótesis que en este asunto no se actualizan; de ahí que contra los actos controvertidos en esta vía, la demanda debe promoverse dentro del término de quince días previsto por el numeral 17 de la ley de la materia. En ese orden de ideas, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diversos precedentes de jurisprudencia, que GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 16 resultan aplicables al caso en términos del artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo vigente, estableció el criterio consistente en que el término para la presentación de la demanda constitucional será de quince días que se computará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación del quejoso de la resolución o acuerdo reclamado; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiese ostentado sabedor de ellos; así, el indicado precepto hace tres distinciones para el cómputo aludido y, los supuestos que menciona son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación. Por tanto, es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de amparo fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis; sin embargo, no debe desconocerse la idoneidad de cada supuesto y la posición del quejoso respecto del acto reclamado. En el caso Martín Delfino Aguirre Morga, en su calidad de titular de la Notaría Pública Número Nueve del Distrito Notarial de Tabares, mediante ocursos registrados con folios "5139" y "6020", precisó lo siguiente: "[.] 1. Respecto a la ESCRITURA PUBLICA NUMERO CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO, de fecha veinticinco de enero de dos mil diecinueve, misma fecha que la señora TOMASA HUERTA MEDINA hizo entrega del recurso económico en efectivo para el pago del Impuesto Sobre Adquisición de Inmueble, mismo que se encuentra en el Recibo con Folio Número G-331415, de fecha doce de febrero del dos mil diecinueve, referente a la cuenta catastral 155- 009-002-0000, por la cantidad de $42,666.80 (CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 801100 M.N.). (se remite copia simple de dicho recibo). 2. Respecto a la ESCRITURA PUBLICA NUMERO CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO, de fecha veinticinco de enero de dos mil diecinueve, misma fecha en la señora TOMASA HUERTA MEDINA, hizo entrega del recurso económico en electivo para el pago del lmpuesto Sobre Adquisición de Inmueble, mismo que se encuentra en el Recibo con Folio Número G-331416, de fecha trece de febrero del dos mil diecinueve, referente a la cuenta catastral 155-009-003-0000, por la cantidad de $18,488.70 (DIECIOCHO MIL CUATROSCIENTOS OCHETA y OCHO 701100M.N.). (Se remite copia simple de dicho recibo). 3. Respecto al Recibo con Folio Número G-331414, solicito se especifique a que número de escritura pública corresponde para que esta notaria pueda efectuar dicha búsqueda en el archivo." "[.] 2. Respecto a la ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UNO, de fecha veinticinco de enero de dos mil diecinueve, misma fecha en la señora TOMASA HUERTA MEDINA, hizo entrega del recurso económico en efectivo para el pago del lmpuesto Sobre Adquisición de lnmueble, mismo que se encuentra en el Recibo con Folio Número G-331414, de fecha trece de febrero del GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 239/2019 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO 17 ?????????????? dos mil diecinueve, referente a la cuenta catastral 041-002-111-0000, por la cantidad de $3,182,80 (TRES MIL CIENTO OCHENTA Y DOS PESOS 80/100 M.N.), (Se remite copia simple de dicho recibo)." En ese contexto, se advierte que la parte quejosa en el presente asunto tuvo conocimiento de la afectación patrimonial respectiva y, por ende, del perjuicio generado en su esfera jurídica, cuando menos desde el veinticinco de enero de dos mil diecinueve, data en la cual la parte peticionaria de amparo acudió ante el fedatario a celebrar los contratos de donación que originó las escrituras públicas CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UNO (51,671); CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO (51,674); y CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO (51,675); pues como ya se indicó, al llevar a cabo los instrumentos de referencia, entregó los recursos económicos para realizar el pago de las contribuciones derivadas de la expedición de instrumentos notariales (impuesto sobre adquisición de inmuebles, adicionales y derechos por certificados catastrales), haciéndose del conocimiento desde el acto jurídico a la aquí parte quejosa, el pago que debía realizar por concepto del impuesto sobre adquisición de inmuebles, y los derechos por inscripción y su registro. De lo anterior se colige que el plazo de quince días para que la parte quejosa, promoviera demanda de amparo en contra de los preceptos legales que tilda de inconstitucionales, inició el veintiocho de enero de dos mil diecinueve, día siguiente hábil al en que tuvo conocimiento del cobro del impuesto, y feneció el diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, descontando los sábados y domingos por ser inhábiles, y el cinco de febrero, en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo, así como el cuatro de febrero, día inhábil, primer lunes de febrero en conmemoración del cinco de febrero. De esta manera, si la demanda de amparo se presentó en la oficina de correspondencia común de los juzgados de Distrito de esta ciudad y puerto de Acapulco de Juárez el seis de marzo de dos mil diecinueve, es claro que se presentó fuera del plazo de quince días que para tal efecto señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, de manera que al ser extemporánea su presentación, se actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo. Sobre el tema es de puntual aplicación la jurisprudencia 2a./J. 83/2019 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 2020056, consultable en la GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 18 página mil novecientos sesenta y cuatro, del Libro 67, Junio de 2019, Tomo III, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "AMPARO CONTRA LEYES TRIBUTARIAS. EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR LA DEMANDA CONTRA LAS NORMAS QUE REGULAN EL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y LOS DERECHOS POR INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE MORELOS, ASÍ COMO LOS IMPUESTOS ADICIONALES CORRESPONDIENTES, CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN REALIZADA POR UN NOTARIO PÚBLICO, INICIA A PARTIR DE QUE EL CONTRIBUYENTE TIENE CONOCIMIENTO DE LA AFECTACIÓN PATRIMONIAL RESPECTIVA. Si se pretende impugnar en amparo la constitucionalidad de las normas generales que regulan esas contribuciones con motivo de su pago realizado por conducto de un notario público, debe tomarse en cuenta que el contribuyente tiene noticia de la afectación patrimonial respectiva desde el momento en el que decide entregar a éste los recursos económicos para cubrir los montos correspondientes y, por ende, el plazo de 15 días para presentar la demanda, previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, inicia al día siguiente a aquel en que tuvo lugar esa afectación, ya que esas erogaciones se realizaron con base en recursos que se encuentran a disposición del quejoso, de donde se sigue que desde ese momento conoce la afectación patrimonial que constituye el acto de aplicación de la normativa que la sustenta y, además, se encuentra en la posición jurídica y material de realizar su pago sólo si el tercero que actúa en auxilio de la administración hace de su conocimiento la fuente jurídica de esa afectación; en la inteligencia de que la circunstancia de que en el documento en el que conste el acto de pago al notario público o la formalización del acto jurídico que lo genera, no se citen las normas generales que rigen el o los tributos respectivos, no modifica el conocimiento cierto que el quejoso tiene de la afectación patrimonial que se le causa, en primer lugar, porque dentro del margen legal para ello decide erogar los recursos correspondientes y, en segundo, porque la participación del fedatario que recibe el pago de los tributos en auxilio de la administración no se da en una relación de supra a subordinación, sino de coordinación, en la que este último no impone su voluntad al contribuyente; sin que esta conclusión se oponga a lo sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 47/2013 (10a.), de rubro: "DERECHOS POR INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD EN EL ESTADO DE MORELOS. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO 77 DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA DE LA ENTIDAD, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE EL NOTARIO PÚBLICO HAGA LA RETENCIÓN CORRESPONDIENTE, SIEMPRE QUE SE ACREDITE QUE EL QUEJOSO TUVO PLENO CONOCIMIENTO DE SU APLICACIÓN.", pues de la lectura de la sentencia respectiva se advierte que el punto de contradicción materia de análisis y la conclusión a la que se arribó se refiere a la fecha de inicio del plazo para impugnar el artículo 77 de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, no a la del plazo para controvertir su acto de aplicación, es decir, la afectación patrimonial que tiene origen en la entrega de recursos realizada por el contribuyente, ante lo cual se concluyó, lógicamente, que el cómputo del plazo para impugnar el precepto de mérito sólo puede comenzar cuando se tiene conocimiento de su aplicación expresa, lo que constituye un aspecto procesal diferente a determinar cuándo inicia el plazo para impugnar en amparo la afectación patrimonial que constituye el acto de aplicación del numeral indicado y que tiene lugar con la entrega de los recursos que tiene a su disposición el contribuyente." GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 239/2019 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO 19 ?????????????? En las relatadas condiciones, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de amparo promovido por Tomasa Huerta Medina. Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 61, 63, 74, 75, 76, 108, 119 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee el presente juicio de amparo promovido por Tomasa Huerta Medina, contra los actos que reclamó de las autoridades señaladas como responsables, por las consideraciones expuestas en los considerandos cuarto y último que rigen este fallo. Notifíquese personalmente. Lo resolvió y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, hasta hoy quince de julio de dos mil veintidós, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución, quien actúa asistida por Gustavo Vega Ascencio, Secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; diecinueve de abril de dos mil veintidós. Visto; se tiene por recibido vía correo electrónico, el oficio suscrito por Martín Delfino Aguirre Morga, en su carácter de Notario Público Número Nueve del Distrito Notarial de Tabares, con sede en esta ciudad, mediante el cual atiende el requerimiento formulado en proveído de cuatro de abril del año en curso, y al efecto remite copia simple de los recibos por medio de los cuales la quejosa ***, hizo entrega de los recursos económicos en efectivo para el pago del Impuesto Sobre Adquisición de Inmueble, mismos que se encuentran en los recibos con folios G-331415, de doce de febrero de dos mil diecinueve, referente a la cuenta catastral 155-009-002-0000, por la cantidad de $42,666.80 (cuarenta y dos mil seiscientos sesenta y seis pesos 80/100 moneda nacional); G-331416 de trece de febrero de dos mil diecinueve, referente a la cuenta catastral 155- 009-003-0000, por la cantidad de $18,488.70 (dieciocho mil cuatrocientos ochenta y ocho 70/100 moneda nacional), así como el diverso recibo con folio G-331414, de fecha trece de febrero de dos mil diecinueve, referente a la cuenta catastral 041-002-111- 0000, por la cantidad de $3,182.80 (tres mil ciento ochenta y dos pesos 80/100 moneda nacional), recibos contenidos respectivamente en las escrituras públicas números cincuenta y un mil seiscientos setenta y cuatro; cincuenta y un mil seiscientos setenta y cinco, ambos de fecha veinticinco de enero de dos mil diecinueve y cincuenta y un mil seiscientos setenta y uno; por tanto, con su contenido dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Notifíquese.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; seis de abril de dos mil veintidós. Visto; el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra señalada para el día de hoy la audiencia constitucional en el presente asunto; sin embargo, no se está en aptitud de celebrarla en razón de que se encuentra pendiente de que Martín Delfino Aguirre Morga, en su carácter de Notario Público Número Nueve del Distrito Notarial de Tabares, con sede en esta ciudad, remita las documentales que se le requirieron en proveídos de veinticinco de marzo y cuatro de abril del año en curso. En consecuencia, para dar oportunidad a lo anterior, resulta procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las DOCE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL CUATRO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su celebración.
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