Hugo Cesar Murillo Murillo
Expediente 701/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 5 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 701/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 20/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Hugo Cesar Murillo Murillo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, veinte de octubre de dos mil veintiuno. Visto; la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto del treinta de septiembre de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio de amparo, sin que a la fecha haya presentado promoción alguna al respecto; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicho auto ha quedado firme; para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Desprendiéndose de la certificación secretarial de cuenta, que en el presente juicio de amparo, no existen diligencias pendientes de practicar ni documentos en original o copia certificada que deban ser devueltos a las partes; y, en su caso, que ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, y que se dio fe de que la versión electrónica del juicio de amparo en que se actúa, coincide en su totalidad con la versión impresa, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos 1°, 12 y 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera que el expediente es destruible.
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, siete de octubre de dos mil veintiuno. Visto; agréguese a los autos el escrito de cuenta firmado por Oscar Alfonso del Real Muñoz, autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo; atento a su contenido, con apoyo en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del numeral 2° de esta última, hágase la devolución de los documentos que refiere, previo cotejo y certificación que se deje en autos, autorizando para recibirlos a las personas que menciona. En otro aspecto, hágase saber a las partes que para poder ingresar a las instalaciones de este órgano jurisdiccional a efecto de consultar físicamente el expediente en que se actúa, así como para diverso tramite que necesariamente implique que deban acudir presencialmente ante este juzgado, deberán agendar una cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el apartado "Servicios Jurisdiccionales", en términos del Acuerdo General 21/2020, artículo 3, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021 y 9/2021, del propio Pleno.
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, treinta de septiembre de dos mil veintiuno. Visto; agréguese a sus autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta, presentado por Oscar Alfonso del Real Muñoz, autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo; por medio del cual, en cumplimiento al requerimiento realizado por este juzgado el veintidós de septiembre actual, anexa copia certificada del instrumento público número sesenta y siete mil cuatrocientos sesenta y cinco, del libro mil quinientos dieciséis, de diecinueve de marzo de dos mil veinte, del protocolo a cargo del notario público número 23, con ejercicio en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, San Luis Potosí, relativo al acta de asamblea general ordinaria, celebrada el nueve de marzo del año dos mil veinte, por la sociedad mercantil denominada "Organización Agropecuaria Sombreretillo", Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada, de la que se desprende el carácter de Hugo César Murillo Murillo, como Presidente del Consejo de Administración de la citada persona moral quejosa; con lo anterior, se le tiene dando cumplimiento a la prevención formulada en acuerdo de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno; en consecuencia, se acuerda: PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Del Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Sombrerete, Zacatecas, en calidad de autoridad ejecutora: ".se reclama el citatorio que se me hizo llegar, por virtud del cual, en calidad de Autoridad Ejecutora, le da cumplimiento al exhorto número 569/2021, notificándome sin el tiempo anticipado para preparar mi defensa, no obstante que dicha notificación pudo haberse hecho con anterioridad, como se deduce de las fechas de los documentos que integran el exhorto." De la Administradora del Centro de Justicia Penal Federal, en el Estado de Zacatecas, en calidad de autoridad ordenadora: ".quien en cumplimiento de la orden dictada por el C. JUEZ DE DISTRITO ESPECIALIZADO EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, en su carácter de autoridad ordenadora, envió el exhorto para que el suscrito fuera notificado sin que se me brindara la oportunidad para preparar una defensa adecuada , debido a lo precipitado del procedimiento, considerando que se trata de un asunto que proviene de una relación mercantil, en el cual existen miles de hojas de naturaleza contable de imposible análisis en tres días. El acto de autoridad que se reclama concretamente es que se ha ordenado la notificación sin que se me otorgue el tiempo adecuado para comparecer ante el C. Juez con los elementos suficientes de defensa, por la premura con la que dicha notificación se hace, lo Cual tendría ineludiblemente consecuencias irreversibles en mi contra, por la naturaleza del procedimiento." Del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en su calidad de autoridad ordenadora: ".quien teniendo a la vista el expediente y estando debidamente enterado de que no se me han facilitado la carpeta de investigación, ningún dato, no se me ha presentado la naturaleza de la acusación y sin que exista comparecencia o declaración del suscrito, ha fijado fecha para la audiencia inicial, y ordenado la notificación de la fecha y hora de la audiencia, violando mis derechos en los términos en que lo he descrito en los conceptos de violación, pues no habiéndome facilitado con antelación los elementos que me permitan una adecuada defensa, se fija la fecha de la audiencia inicial, en la cual se supone que debo conocer tan siquiera, la naturaleza de la acusación que se hace en mi contra y los elementos de prueba que soportan dicha acusación, lo cual ha sido pasado por alto." Así como del Agente del Ministerio Publico de la Federación, adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de delitos Fiscales y Financieros de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, con sede en la Ciudad de México: ".ha efectuado una indagatoria e integrado una carpeta de investigación, respecto de hechos que aparentemente han sucedido en territorio zacatecano, mismas que ha puesto subrepticiamente a disposición del C. Juez Especializado, a sabiendas de que ha violado numerosos dispositivos del Código Nacional de Procedimientos Penales y los principios que rigen el juicio oral adversarial, pues ha burlado la participación del acusado, ahora quejoso, quien tiene el derecho de comparecer y defenderse en esa instancia, para acreditar la inexistencia del delito, o probar que el posible delincuente es su propio acusador. El representante de la fiscalía general de la República ha violado las garantías constitucionales que se invocan, ignorando, la presunción de inocencia, el debido proceso, la igualdad de las partes, etc., garantías cuya reposición desde luego que exigimos." DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Como punto de partida, es pertinente traer a colación el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El citado precepto impone ante todo la obligación de examinar la demanda de amparo y anexos, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia V.2o.J/75, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, registro digital 215188, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente, la jurisprudencia en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio de derechos fundamentales; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En este sentido, el suscrito considera que el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV y 217, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. ." "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna." En términos de los artículos transcritos, la Jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación y cada uno de los Tribunales Colegiados de Circuito, es obligatoria entre otros órganos, para los Juzgados de Distrito, por tal motivo, procede desechar de plano la demanda de amparo que promueve Hugo César Murillo Murillo, por propio derecho y en su calidad de Presidente del Consejo de Administración de la persona moral "Organización Agropecuaria Sombreretillo", Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada y Bodeguero Habilitado, contra los actos que reclama del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en su calidad de autoridad ordenadora, que hizo consistir en: ".quien teniendo a la vista el expediente y estando debidamente enterado de que no se me han facilitado la carpeta de investigación, ningún dato, no se me ha presentado la naturaleza de la acusación y sin que exista comparecencia o declaración del suscrito, ha fijado fecha para la audiencia inicial, y ordenado la notificación de la fecha y hora de la audiencia, violando mis derechos en los términos en que lo he descrito en los conceptos de violación, pues no habiéndome facilitado con antelación los elementos que me permitan una adecuada defensa, se fija la fecha de la audiencia inicial, en la cual se supone que debo conocer tan siquiera, la naturaleza de la acusación que se hace en mi contra y los elementos de prueba que soportan dicha acusación, lo cual ha sido pasado por alto." Así como los diversos actos reclamados, que fueron consecuencia de la orden del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, para notificar al quejoso Hugo César Murillo Murillo, por sí y en su calidad de Presidente del Consejo de Administración de la persona moral "Organización Agropecuaria Sombreretillo", Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada y Bodeguero Habilitado, emitid a en el auto por medio del cual señaló fecha y hora para llevar a cabo el desahogo de la audiencia inicial, consistentes en: 1.- En cuanto a la Administradora del Centro de Justicia Penal Federal, en el Estado de Zacatecas, en calidad de autoridad ordenadora: ". envió el exhorto para que el suscrito fuera notificado sin que se me brindara la oportunidad para preparar una defensa adecuada, debido a lo precipitado del procedimiento, considerando que se trata de un asunto que proviene de una relación mercantil, en el cual existen miles de hojas de naturaleza contable de imposible análisis en tres días. El acto de autoridad que se reclama concretamente es que se ha ordenado la notificación sin que se me otorgue el tiempo adecuado para comparecer ante el C. Juez con los elementos suficientes de defensa, por la premura con la que dicha notificación se hace, lo Cual tendría ineludiblemente consecuencias irreversibles en mi contra, por la naturaleza del procedimiento." Y en cuanto al Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Sombrerete, Zacatecas, en calidad de autoridad ejecutora: ". el citatorio que se me hizo llegar, por virtud del cual, en calidad de Autoridad Ejecutora, le da cumplimiento al exhorto número 569/2021, notificándome sin el tiempo anticipado para preparar mi defensa, no obstante que dicha notificación pudo haberse hecho con anterioridad, como se deduce de las fechas de los documentos que integran el exhorto." De lo anterior, se colige que el auto que ordena la citación y la citación misma, dictado y notificado a Hugo César Murillo Murillo, por sí y en su calidad de Presidente del Consejo de Administración de la persona moral "Organización Agropecuaria Sombreretillo", Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada y Bodeguero Habilitado, que los quejosos reclaman; no son actos que puedan tener como sustento el juicio de derechos fundamentales, en atención a que, la orden de citación al investigado a la audiencia inicial de formulación de imputación, por sí sola, no se trata de un acto que afecte la libertad personal del gobernado, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar, por ende dichas actuaciones que en ellos se practiquen no causan daño o perjuicio al gobernado contra el cual se hayan iniciado las investigaciones correspondientes. De ahí que, contra el auto que ordena la citación y contra la citación misma, del investigado a la audiencia inicial de un proceso penal, es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso. Lo anterior, incluso si la citación se realiza bajo apercibimiento de ordenar la aprehensión, pues el dictado de ésta no es inminente, ya que depende de hechos futuros e inciertos, tales como la inasistencia del aquí quejoso a la cita; que no exista justificación que legitime esa inasistencia; y, que como consecuencia de ello el Ministerio Público solicite al Juez que ordene la comparecencia forzada del citado; condición ésta que mientras no se actualice, no irroga perjuicio al imputado. Lo antes reseñado tiene sustento en las consideraciones y criterio adoptado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 141/2018, en el que precisó: ".Conforme a lo artículo 170, fracción I, párrafo quinto, de la Ley de Amparo, para efectos de esa ley el juicio penal comienza con la audiencia inicial ante el Juez de Control. En términos similares, el artículo 211, último párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales establece que el proceso penal comienza con la audiencia inicial. Luego, para determinar si procede o no el juicio de amparo en este supuesto, debe partirse de que la citación para audiencia inicial es un acto de un tribunal judicial realizado fuera de juicio. El artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo indirecto procede en contra de actos de tribunales judiciales realizados fuera de juicio. Sin embargo, ello no es suficiente para concluir que procede el amparo, ya que en este caso, esos actos deben afectar de manera directa y actual a la libertad del quejoso. La pregunta, entonces, es si la citación para acudir a la audiencia inicial causa una afectación a la libertad del quejoso con esas características, que justifique la procedencia del amparo. En términos del Código Nacional de Procedimientos Penales, la citación para audiencia inicial no conlleva, por sí misma, afectación a la libertad personal del citado, como se desprende de lo dispuesto en las fracciones I y II del artículo 141 de ese ordenamiento, que se vuelve a citar para facilitar la referencia: "Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y Aprehensión "Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de Control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: "I. Citatorio al imputado para la audiencia inicial; "II. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna." En efecto, la citación a la audiencia inicial consiste en la comunicación que dirige el Juez al imputado, a petición del Ministerio Público, mediante la cual se le informa que éste ha solicitado una audiencia en la que se requiere su presencia, con la finalidad de formalizar una investigación seguida en su contra y formularle imputación en términos del artículo 309 de ese ordenamiento procesal . En este sentido, la citación para audiencia inicial, por sí misma, no afecta a la libertad personal del citado, pues se trata de un acto que tiene como finalidad, simplemente, comunicarle la necesidad de su presencia para el desarrollo de una diligencia judicial. No es obstáculo para concluir en este sentido el que la fracción II del artículo 141 citado, establezca que en caso de que el citado no acuda injustificadamente, a petición del Ministerio Público podrá ordenarse su comparecencia mediante la fuerza pública, pues esta posibilidad está sujeta a tres condiciones futuras de realización incierta, a saber: primera, la inasistencia del citado; segunda, que no exista justificación que legitime esa inasistencia; y tercera, que ante la concurrencia de estas dos condiciones, el Ministerio Público solicite al Juez que ordene la comparecencia forzada del citado. En este sentido, de la lectura sistemática de ambas fracciones del artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se puede concluir que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí misma, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva, audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. Por ende, este acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. Por tanto, la citación para acudir a la audiencia inicial efectuada, en términos del artículo 141, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, es un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, por lo que en su contra no procede el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 107, fracción IV, de esa ley." ". en ese caso incluso si la citación se realiza bajo apercibimiento de ordenar la aprehensión, en caso de no comparecer, la citación, como tal, no afecta a la libertad del citado, pues constituye un acto mediante el cual el Juez le comunica que requiere su presencia para llevar a cabo una diligencia judicial en la que el Ministerio Público formalizará una investigación en su contra y le comunicará la imputación respectiva, y el dictado de la orden de aprehensión no es inminente, pues depende de hechos futuros e inciertos. ." Lo anterior tiene sustento, en la contradicción de tesis jurisprudencial 2018828, resuelta por la Primera Sala de la Suprema Corte de Judicial de la Nación, publicada en la página doscientos treinta y nueve, tomo I, libro sesenta y uno, décima época, que dice: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. Contradicción de tesis 141/2018. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito. 17 de octubre de 2018. La votación se dividió en dos partes: Mayoría de cuatro votos por la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Mayoría de tres votos en cuanto al fondo, de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz y Jorge Mario Pardo Rebolledo. Disidentes: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Norma Lucía Piña Hernández, quien reservó su derecho para formular voto particular. Ponente: Norma Lucía Piña Hernández. Secretario: Alejandro González Piña." En consecuencia, la citación para acudir a la audiencia inicial efectuada, en términos del artículo 141, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, es un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, por lo que en su contra no procede el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 107, fracción IV, de esa ley. De igual forma, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 217, ambos de la Ley de Amparo, antes reseñados, en cuanto al acto que reclama la parte quejosa al Agente del Ministerio Publico de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de delitos Fiscales y Financieros de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, con sede en la Ciudad de México, que hace consistir en: ".ha efectuado una indagatoria e integrado una carpeta de investigación, respecto de hechos que aparentemente han sucedido en territorio zacatecano, mismas que ha puesto subrepticiamente a disposición del C. Juez Especializado, a sabiendas de que ha violado numerosos dispositivos del Código Nacional de Procedimientos Penales y los principios que rigen el juicio oral adversarial, pues ha burlado la participación del acusado, ahora quejoso, quien tiene el derecho de comparecer y defenderse en esa instancia, para acreditar la inexistencia del delito, o probar que el posible delincuente es su propio acusador. El representante de la fiscalía general de la República ha violado las garantías constitucionales que se invocan, ignorando, la presunción de inocencia, el debido proceso, la igualdad de las partes, etc., garantías cuya reposición desde luego que exigimos.". Se afirma lo anterior, en virtud que la instauración y seguimiento de la carpeta de investigación, por parte del agente del Ministerio Público, no es un acto que pueda tener como sustento el juicio de amparo, en atención a que es de orden público; por ende, las actuaciones que en ella se practiquen no causan daño o perjuicio al gobernado contra el cual se hayan iniciado las investigaciones correspondientes. Pues en todo caso, sería hasta que el juez competente ante quien se judicialice la carpeta de investigación, resuelva en su caso sobre el pedimento del representante social, cuando se afectaría la esfera jurídica del quejoso y, cuando en su caso procedería el juicio de amparo indirecto; mientras tanto, contra actos relativos a la instauración, investigación y seguimiento en una carpeta de investigación, es improcedente el juicio de amparo. Lo anterior tiene sustento, por similitud jurídica, en la tesis, con registro 2015501 de los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la página mil novecientos cincuenta y nueve, tomo III, libro cuarenta y ocho, décima época, que dice: "CARPETA DE INVESTIGACIÓN. SU INICIO NO PRODUCE UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL IMPUTADO, POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE. De conformidad con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XXIII, en relación con el 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos que causen una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso. Por otra parte, el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales define a la investigación como una de las etapas del procedimiento penal, que a su vez comprende dos fases, la inicial y la complementaria. En éstas, el Ministerio Público se erige como parte y, entre sus obligaciones, está la de recibir las querellas y/o denuncias sobre hechos que puedan constituir un delito y dirigir la investigación, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en ella. De esta manera, el inicio de la carpeta de investigación no produce una afectación real y actual en la esfera jurídica del imputado, porque el hecho de que la víctima, ofendido o cualquier persona a quien le conste que se ha cometido un hecho probablemente constitutivo de un delito, denuncie o formule querella contra determinado individuo y, como consecuencia de ello, el Ministerio Público, dentro de sus facultades, tenga que iniciar una carpeta de investigación, no constituye un acto de molestia o privativo contra quien se imputó algún hecho, por lo que el juicio de amparo indirecto promovido en su contra es improcedente." Así como la tesis con registro 2017560, de los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la página dos mil novecientos ochenta y siete, tomo III, libro cincuenta y siete, décima época, que dice: "MINISTERIO PÚBLICO. CONTRA LOS ACTOS QUE EMITA EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN INICIAL DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ADVERSARIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SALVO QUE VIOLEN DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS GOBERNADOS. Conforme a los artículos 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214, 216, 217, 218 y 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa de investigación inicial en el procedimiento penal acusatorio adversarial, tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal; por lo que, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso, incluso, mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, ya que los actos verificados durante esta etapa, por ejemplo, la integración de la carpeta respectiva, el acuerdo de acumulación de diversas carpetas o el señalamiento de quién tiene el carácter de indiciado, no irrogan perjuicio al gobernado, al no trascender irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando la representación social formule la imputación ante el Juez de control, y se inicie la etapa de investigación complementaria, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. Por esta razón, contra los actos del Ministerio Público emitidos en dicha etapa, es improcedente el juicio de amparo indirecto, de conformidad con el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, salvo que violen derechos fundamentales de los gobernados, supuestos que deben examinarse en lo particular." En tales condiciones, al actualizarse de modo manifiesto la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo promovida por Hugo César Murillo Murillo, por propio derecho y en su calidad de Presidente del Consejo de Administración de la persona moral "Organización Agropecuaria Sombreretillo", Sociedad de Producción Rural de Responsabilidad Limitada y Bodeguero Habilitado, contra los actos que reclama del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio y otras autoridades, con apoyo en el artículo 113, del propio ordenamiento legal. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, a fin de que no queden paralizados los procedimientos, para el caso de que el presente juicio de amparo deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en él, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda practicarlas. LEY DE TRANSPARENCIA. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concordancia con los puntos décimo quinto y décimo sexto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la mencionada ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación de cuatro de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del cinco del mismo mes y año, dígase a las partes que las sentencias ejecutorias dictadas en expedientes bajo el resguardo del Poder Judicial de la Federación, deberán hacerse públicas sin supresión de datos, a menos que las partes se opongan a la publicación de sus datos personales, cuando se refieran a expedientes que contengan información reservada y confidencial en los términos del artículo 24, fracción VI, de la citada ley, cuando pongan en riesgo la vida, la seguridad o la salud de las partes, en cuyo caso, los datos serán confidenciales, acorde a lo dispuesto en el numeral 113 de la legislación en comento. Manifestación que deberá realizarse dentro del presente juicio, hasta antes que se dicte el fallo; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar si tal oposición surte sus efectos, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o pruebas y constancias que obren en el expediente, ello de conformidad con lo señalado por el artículo 8º del citado Reglamento, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional. INSTRUCCIÓN AL PERSONAL PARA INTEGRAR EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye a la Secretaria para que dé fe, que tanto en el expediente electrónico, como en el impreso, sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. INGRESO A LAS INSTALACIONES DE ESTE JUZGADO. En otro aspecto, hágase saber a las partes que para poder ingresar a las instalaciones de este órgano jurisdiccional a efecto de consultar físicamente el expediente en que se actúa, así como para diverso tramite que necesariamente implique que deban acudir presencialmente ante este juzgado, deberán agendar una cita en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en el apartado "Servicios Jurisdiccionales", en términos del Acuerdo General 21/2020, artículo 3, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, cuya vigencia fue ampliada por los diversos Acuerdos Generales 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021 y 9/2021, del propio Pleno.
- Principal
Zacatecas, Zacatecas, veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Vistos; agréguese a sus autos para que obre como corresponda el escrito de cuenta por medio del cual el licenciado ********************, autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, pretende dar cumplimiento al requerimiento efectuado por este órgano jurisdiccional el veintidós de septiembre de dos mil veintiuno; en atención a que omite exhibir el documento con el cual ********************, acredite la personalidad de Presidente del Consejo de Administración de la persona moral "********************", ********************, con que comparece al presente juicio. Ello en atención a que si bien es verdad que acompaña a su escrito de aclaración de demanda copia certificada del acta número ********************, volumen ********************, de dos de abril de dos mil ocho, del protocolo a cargo del licenciado ********************, notario público número ******************** en ejercicio en ********************, Zacatecas, relativo a la protocolización de diversos oficios y que de la misma se advierte que ********************, fue nombrado Presidente del Consejo de Administración de la sociedad denominada "********************", ********************; también, lo es que el artículo 40, contenido en el Capítulo Quinto, relativo a los Órganos de Autoridad y Vigilancia, de los Estatutos de la citada sociedad, insertos en la referida acta textualmente dice: "ARTICULO 40°.- La administración de la Sociedad estará a cargo de un consejo de administración, el cual estará integrado por el número de miembros que determine la asamblea, entre los cuales se nombrará un Presidente, un Secretario y un Tesorero. Los miembros de este consejo durarán en sus cargos 3 años y serán electos por la asamblea general."; de donde se puede apreciar que a la fecha de la presentación de la demanda veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno; había vencido el término de tres años para el cual se le otorgó el cargo de Presidente de Administración la sociedad quejosa; sin que se hubiera acompañado diverso documento del que se advierte que a la fecha detenta el cargo con el que comparece a instar el juicio; de ahí que, el instrumento que acompaña no sea el idóneo para acreditar dicha personalidad. En ese contexto, el aspecto del auto preventivo no está colmado en su totalidad; por tanto, dígase al promovente que continúa transcurriendo el término otorgado, para que dé cabal cumplimiento a la prevención, decretada en el referido auto. Tiene aplicación al respecto, Jurisprudencia 1/96, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en las fojas cuarenta y siete y cuarenta y ocho del tomo III, enero de mil novecientos noventa y seis, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA AL PROVEER SOBRE LA DEMANDA Y SI NO ESTÁ ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE CONFORME AL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARÁ LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO.". Asimismo es aplicable en lo conducente, el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 23/2009, publicada en la página siete, del tomo XXIX, abril de dos mil nueve, materia común, Novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY RELATIVA REQUIERE QUE, PREVIAMENTE A LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA, EL PROMOVENTE EXHIBA LAS CONSTANCIAS QUE ACREDITEN EL RECONOCIMIENTO DE DICHO PRESUPUESTO PROCESAL ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. De igual forma tiene aplicación el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 124/2016 (10a.), publicada el viernes once de noviembre de la presente anualidad, a las 10:22 horas, materia común, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, con registro 2012992, del tenor: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. QUIEN LO PROMUEVE EN REPRESENTACIÓN DEL QUEJOSO DEBE EXHIBIR, ANEXO A LA DEMANDA, COPIAS DEL DOCUMENTO CON EL QUE LA ACREDITE PARA QUE SE CORRA TRASLADO A LAS PARTES. De igual forma se le hace saber que de no dar cumplimiento al requerimiento en el término inicialmente indicado, se tendrá por no presentada su demanda, por lo que a dicha persona moral se refiere, tal como se le apercibió en el auto de veintidós de septiembre actual.
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