Hugo César Jiménez Huitrado

Expediente 686/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas. 16 actuaciones registradas, la última del 5 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
686/2019
Año
2019
Actuaciones
16
Última actuación
05/11/2019

Partes del expediente

  • Hugo César Jiménez Huitrado

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Incidental

    Visto; desprendiéndose de la certificación secretarial de cuenta, que en esta fecha fue decretado el archivo definitivo en el juicio de amparo 686/2019-III, del que deriva el presente incidente de suspensión, por tratarse de un asunto concluido; en consecuencia, al no existir diligencias pendientes por realizar en este incidente, se ordena su archivo como asunto concluido. Ahora bien, considerando que en términos de los artículos décimo primero, décimo séptimo y tercero transitorio, del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera que el cuadernillo original del incidente de suspensión es depurable y el duplicado del citado es destruible, en atención al mencionado acuerdo; y, se ordena su archivo definitivo por separado. Por lo anterior, se ordena separar desde ahora, el expediente duplicado y resguardarlo por separado a efecto de que personal del órgano jurisdiccional esté en condiciones de realizar las actividades propias de los trabajos administrativos para la destrucción de expedientes y, ante ello, en lo sucesivo, salvo razón que justifique lo contrario, actúese en el incidente de suspensión en un solo tanto; es decir, solamente en el expediente original. Finalmente, de autos se advierte que aún obra en la caja de valores de este Juzgado el billete de depósito N 843195 expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, a nombre del quejoso Hugo César Jiménez Huitrado, que ampara la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 moneda nacional); en consecuencia, requiérase al quejoso de referencia para que comparezca ante el personal de este Juzgado, debidamente identificado con documento oficial y vigente con fotografía a recibir el billete en cuestión, con el apercibimiento que de no hacerlo se declarará prescrita a favor del Erario Federal la cantidad que ampara el billete de depósito de mérito, dentro del término que establece el artículo 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación (dos años).

  2. Principal

    Visto; la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte interesada interpusiera recurso de revisión contra el auto de cuatro de octubre de dos mil diecinueve, dictado en el presente juicio de amparo, sin que a la fecha se haya presentado promoción alguna al respecto; con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, en términos del numeral 2º de esta última, se declara que dicho auto ha quedado firme; para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Asimismo, ya que en el presente juicio de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes que deban ser devueltos a los interesados, dado que no existen diligencias pendientes de practicar y que, en su caso, ya fueron digitalizadas las constancias del presente expediente, se ordena su archivo definitivo como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente. Lo anterior, en la inteligencia que, para los efectos legales a que haya lugar, en términos de los artículos décimo primero, décimo séptimo y tercero transitorio, del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera el expediente en que se actúa destruible.

  3. Incidental

    se publica el auto de cinco de noviembre de dos mil diecinueve, con efectos de notificar a la parte quejosa: Visto; desprendiéndose de la certificación secretarial de cuenta, que en esta fecha fue decretado el archivo definitivo en el juicio de amparo 686/2019-III, del que deriva el presente incidente de suspensión, por tratarse de un asunto concluido; en consecuencia, al no existir diligencias pendientes por realizar en este incidente, se ordena su archivo como asunto concluido. Ahora bien, considerando que en términos de los artículos décimo primero, décimo séptimo y tercero transitorio, del Acuerdo General conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, de acuerdo a la valoración documental respectiva, se considera que el cuadernillo original del incidente de suspensión es depurable y el duplicado del citado es destruible, en atención al mencionado acuerdo; y, se ordena su archivo definitivo por separado. Por lo anterior, se ordena separar desde ahora, el expediente duplicado y resguardarlo por separado a efecto de que personal del órgano jurisdiccional esté en condiciones de realizar las actividades propias de los trabajos administrativos para la destrucción de expedientes y, ante ello, en lo sucesivo, salvo razón que justifique lo contrario, actúese en el incidente de suspensión en un solo tanto; es decir, solamente en el expediente original. Finalmente, de autos se advierte que aún obra en la caja de valores de este Juzgado el billete de depósito N 843195 expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, a nombre del quejoso Hugo César Jiménez Huitrado, que ampara la cantidad de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 moneda nacional); en consecuencia, requiérase al quejoso de referencia para que comparezca ante el personal de este Juzgado, debidamente identificado con documento oficial y vigente con fotografía a recibir el billete en cuestión, con el apercibimiento que de no hacerlo se declarará prescrita a favor del Erario Federal la cantidad que ampara el billete de depósito de mérito, dentro del término que establece el artículo 50 de la Ley de la Tesorería de la Federación (dos años).

  4. Principal

    Visto; el estado de autos, de los que se advierte que el quejoso en su escrito de demanda señaló como actos reclamado al Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Zacatecas y otras autoridades, la orden de aprehensión, comparecencia o detención emitida en su contra. Asimismo se advierte que con relación a dichos actos, el Fiscal General de Justicia del Estado de Zacatecas, informó que es cierto ya que el Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de la Capital, libró en contra del quejoso orden de aprehensión en las causas penales 1091/2018 y 488/2018; actos que reconoció el mencionado juez en oficios registrados con los folios 15215 y 15838, acordados respectivamente el cuatro y dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, ya que en las referidas causas penales, libró orden de aprehensión en contra del quejoso; en la primera por el delito abuso de confianza cometido en perjuicio de Flor de María Acevedo Barrios y Alfredo Álvarez Pacheco y, en la segunda por el delito de fraude genérico cometido en perjuicio de Oscar Olegario Baltazar Gallegos. En ese tenor, dado que el quejoso como se ha expuesto señaló como acto reclamado la orden de aprehensión, comparecencia o detención, y que las autoridades responsables reconocen la existencia de la orden de aprehensión, se precisa que éste es el acto reclamado por el quejoso. Ahora, el mencionado juez, respecto de dichas causas penales informó con relación a la marcada con el número 488/2018, que una vez que el quejoso compareció y emitió auto de vinculación a proceso, se autorizó acuerdo reparatorio en favor de la víctima y que ordenó su inmediata libertad (foja 50); mientras que en la causa penal 1091/2018, autorizó la salida alterna de suspensión condicional del proceso de seis meses (foja 52). Y, con relación a lo anterior, en el oficio de cuenta signado por el Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento Penal Oral del Distrito Judicial de la Capital, registrado con el folio 17215, comunica a este Juzgado Segundo de Distrito, que en la causa penal 1091/2018, se autorizó la salida alterna denominada "suspensión condicional del proceso", por el plazo de seis meses y que además se estableció como pago para la reparación del daño la cantidad de $10,00.00 (diez mil pesos 00/100 moneda nacional), como el cumplimiento de las obligaciones que se establecen en las fracciones I y II del artículo 195 del Código Nacional de Procedimientos Penales; que dicha salida alterna se encuentra vigente y fenecerá el quince de marzo de dos mil veinte. Asimismo, respecto de la causa penal marcada con el número 488/2018,en audiencia de quince de septiembre de dos mil diecinueve, autorizó la salida alterna denominada "acuerdo reparatorio de cumplimiento diferido" y que el plazo para cumplirlo vencía el veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve; que el veinticinco del citado mes y año, no obstante la fecha del vencimiento, el imputado (aquí quejoso) exhibió la totalidad de la cantidad que se obligó a pagar en el acuerdo reparatorio, mismo que se tuvo por cumplido el treinta del citado mes y año, por lo que declaró extinguida la acción penal. Consecuentemente, se advierte que sobreviene de manera notoria una causal de improcedencia, siendo ésta una cuestión de orden público y estudio preferente en el juicio de amparo, atento a lo señalado en el artículo 62 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia 940, publicada en la página mil quinientos treinta, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de los años 1917-1988, que dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías". Aunado lo anterior, en la medida que constituye un obstáculo para que este juzgado de amparo entre al fondo del asunto, siendo procedente decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, sin necesidad de llevar a cabo la audiencia constitucional, toda vez que ni aun celebrándose esta última, podría desvirtuarse con prueba alguna dicha causal, y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido, de tal modo que invariablemente la conclusión sería igual, además, este proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 Constitucional. Lo anterior tiene apoyo en la jurisprudencia 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página trescientos ochenta y seis, tomo XVII, correspondiente al mes de Marzo de dos mil tres, materia Común, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Se afirma lo anterior ya que realizado el estudio respectivo y conforme a lo antes expuesto, se advierte que sobrevienen las causales de improcedencia previstas en las fracciones XIII XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente". En el caso, el quejoso se duele en su demanda de amparo de la orden de aprehensión, que en el caso la autoridad responsable reconoció la existencia de dos, emitidas respectivamente en las causas penales 1091/2018 y 488/2018. Ahora, del oficio que se recibe la autoridad responsable como se ha expuesto, comunicó que en la causa penal 1091/2018, autorizó la salida alterna denominada "suspensión condicional del proceso", por el plazo de seis meses y que estableció como pago para la reparación del daño la cantidad de $10,00.00 (diez mil pesos 00/100 moneda nacional), como el cumplimiento de las obligaciones que se establecen en las fracciones I y II del artículo 195 del Código Nacional de Procedimientos Penales; que dicha salida alterna se encuentra vigente y fenecerá el quince de marzo de dos mil veinte; y, respecto de la causa penal marcada con el número 488/2018, en audiencia de quince de septiembre de dos mil diecinueve, autorizó la salida alterna denominada "acuerdo reparatorio de cumplimiento diferido" y que el plazo para cumplirlo vencía el veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve; que el veinticinco del citado mes y año, no obstante la fecha del vencimiento, el imputado (aquí quejoso) exhibió la totalidad de la cantidad que se obligó a pagar en el acuerdo reparatorio, mismo que se tuvo por cumplido el treinta del citado mes y año, por lo que declaró extinguida la acción penal. Así, resulta evidente que en la especie sobrevienen las causas de improcedencia en análisis, ya que las violaciones reclamadas por el quejoso, por una parte, respecto a la causa penal 488/2018 que inició por el delito de abuso de confianza, quedó irreparablemente consumado al decretarse la extinción de la acción penal; y, respecto a la causa penal 1091/2018 que inició por el delito de delito de fraude genérico, existe una manifestación de voluntad que entraña consentimiento con lo que se decretó la suspensión condicional del proceso, ambas mediante determinación de quince de septiembre de dos mil diecinueve. Sobre el particular, resulta aplicable la Jurisprudencia sustentada por la Primera Sala, número 1a./J. 95/2007, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, Agosto de 2007, página 50, Materia Penal, que es como sigue: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTIÓ EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y CON POSTERIORIDAD SE ACREDITA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DICTÓ AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS O MÉRITOS PARA PROCESAR. Si en el juicio de amparo en que se reclama la orden de aprehensión prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se acredita que posteriormente el órgano jurisdiccional dictó auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, por cambio de la situación jurídica del inculpado, en virtud de que la detención motivada por dicha orden se sustituye jurídica y procesalmente por el indicado auto, quedando tanto su nueva situación como el asunto, supeditados a las facultades que los artículos 21 y 102 constitucionales le confieren al Agente del Ministerio Público dentro de la averiguación previa, y no a las del órgano jurisdiccional. Así, dicho cambio de situación jurídica hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión y, por ende, no puede analizarse su constitucionalidad sin afectar el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquélla para dejarla sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica del quejoso. Además, en el caso no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley citada, ya que el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar no pone fin al proceso penal, pues conforme al artículo 167 del Código Federal de Procedimientos Penales el Ministerio Público puede allegarse de datos nuevos y suficientes para proceder contra el inculpado y reanudar el proceso en su contra, de manera que si los efectos de la orden de aprehensión reclamada en el juicio de amparo no son destruidos en forma total e incondicional, no opera la causa de improcedencia por cesación de efectos." También resulta aplicable por similitud jurídica la Tesis de Jurisprudencia 1a./J. 33/2017 (10a.), con Registro 2014495, Página 461, Libro 43, Junio de 2017, Tomo I, Materias Común, Penal, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: CONSENTIMIENTO DEL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ACONTECE CUANDO EL IMPUTADO ACEPTA CONCLUIR EL PROCESO PENAL A TRAVÉS DE UN ACUERDO REPARATORIO O SUSPENSIÓN DEL PROCESO A PRUEBA, POR LO QUE SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XIII, DE LA LEY DE AMPARO. La reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, introdujo la justicia restaurativa como eje toral del sistema, creando nuevos caminos de solución para encausar, mediante mecanismos alternativos, los conflictos de naturaleza penal que podrán encontrar mejor solución que en el juicio, los cuales, si bien parten de la comisión de un hecho delictivo, se distinguen porque no buscan declarar la responsabilidad penal del imputado, ya que su prioridad radica en restaurar el daño causado y concluir el conflicto penal sin la imposición de una pena. Ahora bien, cuando el juicio de amparo se promueve contra el auto de vinculación a proceso y posterior a su emisión el quejoso -en su calidad de imputado- accede a un mecanismo alternativo, mediante la suscripción de un acuerdo reparatorio o de la suspensión del proceso a prueba, dicha manifestación entraña el consentimiento del acto reclamado, que como causa de improcedencia prevé el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, ya que su voluntad de concluir el proceso penal a través de vías de solución alternas debe entenderse para todos los efectos legales. Es así, porque uno de los presupuestos para transitar por la justicia restaurativa consiste en el consentimiento libre y voluntario del imputado de someter la solución de la controversia penal a un mecanismo alternativo, lo que implica la libre aceptación de los hechos de la imputación o que, al menos, no los cuestione, ya que esa aceptación no es gratuita, sino que persigue un beneficio, pues consentir las bases jurídicas en que se sustenta la vinculación a proceso pasa por buscar una solución construida en la lealtad de las partes para la efectiva solución del conflicto penal, al obligarse a reparar el daño causado por la comisión del delito y, a cambio, evitar la posibilidad de que se le imponga una pena privativa de libertad, en delitos que por la especial naturaleza de los derechos que tutelan pueden ser renunciables. Estimar lo contrario, no sólo sería un exceso de rigor técnico de la acción de amparo, sino que también desnaturalizaría este moderno sistema, al premiar que el imputado ejerza intereses incompatibles: uno, que tiene como presupuesto la validez del acto reclamado, al participar en una solución alterna y, otro, que lo cuestiona a través del juicio de amparo, lo que jurídicamente es inadmisible. Por tanto, si la referida causa de improcedencia se actualiza antes de la presentación de la demanda, motivará que la misma se deseche por notoriamente improcedente, o bien, si sobreviene durante la tramitación del amparo, generará el sobreseimiento del juicio, incluso antes de la celebración de la audiencia constitucional. Consecuentemente, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 61, fracciones XIII y XVII, sin necesidad de esperar la hora señalada para la audiencia constitucional, pues aun cuando el expediente esté en trámite, la aludida causal de improcedencia, es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba se puede desvirtuar. En atención a lo antes asentado y en razón de que la audiencia constitucional en este juicio de amparo se encuentra señalada para las once horas con cincuenta minutos del dieciocho de octubre e dos mil diecinueve, se deja sin efectos la misma.

Quedan 12 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Zacatecas · 7,805 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano