Hugo Arturo Herrera Sánchez y Otros.

Expediente 509/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 17 actuaciones registradas, la última del 28 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
509/2021
Año
2021
Actuaciones
17
Última actuación
28/07/2021

Partes del expediente

  • Hugo Arturo Herrera Sánchez y Otros.
  • Hugo Arturo Herrera Sánchez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Incidental

    Visto; el estado que guardan los presente autos del que se advierte que el veintisiete de julio del año en curso, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio en el cuaderno principal al haber cesado los efectos del acto reclamado. Al efecto, se acuerda: En atención a lo anterior, se declara sin materia el presente incidente de suspensión; por tal motivo se deja sin efectos la fecha y hora de la audiencia señaladas a las once horas con treinta y seis minutos de esta propia data. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO AL RELACIONADO EN LA MINUTA.

  2. Principal

    Se notifica por lista a la parte quejosa: Vistos: I.- El oficio de cuenta con anexo, signado por el Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Pichucalco, Chiapas, por medio del cual rinde informe justificado, y exhibe constancias adjuntas a dicho informe. II.- El oficio 11982/2021 que devuelve el Administrador de Correos del Servicio Postal Mexicano, residente en esta ciudad, dirigido a la autoridad responsable Comandante Regional de la Policía Especializada, con residencia en Pichucalco, Chiapas, con la leyenda "No existe Regional". Al efecto, se acuerda: Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2, glósense a los autos los oficios de cuenta. Por lo que hace al punto I, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo, téngase por rendido el mismo en el sentido de que es cierto el acto reclamado por la parte quejosa. Tocante a las constancias adjuntas al informe, con apoyo en el precepto 119, de la Ley de Amparo, se admite la documental que exhibe la autoridad responsable oficiante, consistente en copia certificada de la causa penal 143/2010, la que se desahoga atento a su propia y especial naturaleza jurídica, y que será valorada al momento de emitir el fallo correspondiente. Tomando en consideración el volumen de la documental de referencia, para su mejor manejo se ordena abrir por separado anexo de pruebas (un tomo), mismo que queda en la secretaría de este juzgado, en donde las partes pueden enterarse de su contenido. En ese tenor, se aprecia que se encuentran las documentales suficientes para resolver el presente asunto. Ahora, es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual no es jurídicamente factible establecer si el acto reclamado es constitucional o no; es decir, la improcedencia impide que se dirima la controversia constitucional, por exigirlo así alguna de las causas, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas descritas por la Ley de Amparo, así como por la Constitución y por la jurisprudencia emitida por nuestro más alto tribunal del país, la que se analiza en forma preferente de acuerdo con el artículo 62, de la ley en cita. En ese orden de ideas, respecto del acto reclamado por la quejosa consistente en la orden de reaprehensión y su ejecución; se estima que el presente juicio constitucional es improcedente y debe sobreseerse en el mismo, al actualizarse la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI, del artículo 61, en relación con el diverso 77, fracción II, de la Ley de Amparo,1 hipótesis que se acreditará en párrafos subsecuentes. En esas condiciones, debe decirse que de la interpretación de los artículos 61, fracción XXI, en relación con el diverso 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del mismo, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella en ella. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de obtener el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo; es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Luego, se tiene que, para que se actualice la causal de improcedencia consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se requiere de lo siguiente: a) De un acto positivo de autoridad que se estime lesivo de garantías, o bien, de uno negativo u omisivo que indebidamente haya dejado de realizar la autoridad y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) De un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; y c) De una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, restituyendo al quejoso en el goce de su garantía constitucional violada; o bien, una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Al efecto, cobra aplicación la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 71, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, con registro 197367, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL."2 Ahora, el impetrante del amparo reclamó de las autoridades responsables Juez Penal de Primera Instancia y Comandante Regional de la Policía Especializada, residentes en Pichucalco, Chiapas, la orden de reaprehensión y su ejecución. En tesitura, del examen de las documentales exhibidas por la autoridad responsable de mérito, a las que de conformidad con el artículo 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, tienen pleno valor probatorio; se obtiene que el dos de julio del año en curso, el quejoso ***, compareció para ponerse a disposición del Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Pichucalco, Chiapas, bajo los efectos de la suspensión provisional, Asimismo, en esa propia fecha, se ordenó la cancelación de la orden de reaprehensión dictada en su contra, como se corrobora con las documentales atinentes. De lo antes expuesto, se considera que el acto reclamado a que se refiere la parte solicitante de amparo ha cesado en sus efectos, pues el mismo se hizo consistir en la orden de reaprehensión y su ejecución, empero, fue subsanado con la actuación de la autoridad señalada como responsable, es decir, que el dos de julio del año en curso, el quejoso ***, compareció para ponerse a disposición del Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Pichucalco, Chiapas, bajo los efectos de la suspensión provisional, Asimismo, en esa propia fecha, se ordenó la cancelación de la orden de reaprehensión dictada en su contra; por ende, es evidente que existe un pronunciamiento respecto de su pretensión. Así, resulta inconcuso que el acto que la parte quejosa reclamó en esta vía, cesó en sus efectos, en la medida en que la situación jurídica que dio origen a este amparo, dejó de producirlos, restituyéndose a dichos inconformes en el goce de sus garantías violadas, como si se hubiera otorgado el amparo, en términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, y con ello quedaron satisfechos los derechos tutelados por las normas constitucionales que consideraron violados. Encuentra sustento la anterior determinación, en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, junio de 1999, Novena Época, con registro 193758, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL."3 Así como la diversa sostenida por dicha Sala, visible en la página 210, febrero de 1998, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, Novena Época, registro 196820, que reza: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO."4 En esas condiciones, es inconcuso que en el presente asunto se surte la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del artículo 61, en relación con el diverso 77, fracción II, de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en lo establecido por la fracción V del numeral 63, del ordenamiento legal antes invocado, procede sobreseer fuera de audiencia en el juicio de amparo, respecto al acto aquí analizado, reclamado a la autoridad responsable Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Pichucalco, Chiapas. Las jurisprudencias invocadas y que apoyaron los razonamientos expuestos en esta resolución, fueron integradas conforme a la Ley de Amparo abrogada, pero de acuerdo al artículo sexto transitorio de la ley en la materia vigente, las mismas son aplicables al particular al no oponerse con esta última. Finalmente, se ordena dejar sin efectos la hora y fecha de la audiencia constitucional de este juicio de amparo señalada para las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. -MEDIDAS DE PROTECCIÓN QUE DEBERÁN IMPLEMENTAR LOS ACTUARIOS JUDICIALES Se encomienda y exhorta a los actuarios adscritos la adopción de las medidas estrictas emitidas por el Consejo de la Judicatura Federal para la realización de la notificación aquí ordenada, debiendo utilizar en todo momento cubre bocas plisado, guantes de nitrilo nuevos en cada notificación, realizar el proceso de higiene de manos constantemente, permanecer tan lejos como sea posible de otras personas, como referencia mínimo un metro de distancia, limpiar bolsa, folder, carpeta o cualquier otro que utilice al transportar las constancias de notificación, no intercambiar objetos, de ser así desecharlos de inmediato, evitar tocarse ojos, boca y nariz, así como utilizar el traje protector y su careta. Respecto del punto II, se agrega únicamente sin mayor pronunciamiento, toda vez que con esta misma data se está sobreseyendo fuera de audiencia el presente juicio. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA Y POR OFICIO A LA RELACIONADA EN LA MINUTA.

  3. Incidental

    Vistos; los oficios de cuenta signados por el Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Pichucalco, Chiapas, por medio de los cuales: I.- Rinde informe previo. II.- Hace del conocimiento que el quejoso se presentó ante ese juzgado bajo la suspensión provisional. Al efecto, se acuerda: Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2º, glósense a los autos los oficios de cuenta. Por lo que hace al punto I, se agrega sin hacer mayor pronunciamiento, toda vez que en auto de siete de julio del año en curso se tuvo por rendido. Respecto del punto II, se tiene a la autoridad acatando la suspensión provisional concedida. NOTIFÍQUESE POR LISTA.

  4. Principal

    Vistos: I.- El oficio de cuenta con anexo, signado por el Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Pichucalco, Chiapas, por medio del cual rinde informe justificado, y exhibe constancias adjuntas a dicho informe. II.- El oficio 11982/2021 que devuelve el Administrador de Correos del Servicio Postal Mexicano, residente en esta ciudad, dirigido a la autoridad responsable Comandante Regional de la Policía Especializada, con residencia en Pichucalco, Chiapas, con la leyenda "No existe Regional". Al efecto, se acuerda: Con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa de su numeral 2, glósense a los autos los oficios de cuenta. Por lo que hace al punto I, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo, téngase por rendido el mismo en el sentido de que es cierto el acto reclamado por la parte quejosa. Tocante a las constancias adjuntas al informe, con apoyo en el precepto 119, de la Ley de Amparo, se admite la documental que exhibe la autoridad responsable oficiante, consistente en copia certificada de la causa penal 143/2010, la que se desahoga atento a su propia y especial naturaleza jurídica, y que será valorada al momento de emitir el fallo correspondiente. Tomando en consideración el volumen de la documental de referencia, para su mejor manejo se ordena abrir por separado anexo de pruebas (un tomo), mismo que queda en la secretaría de este juzgado, en donde las partes pueden enterarse de su contenido. En ese tenor, se aprecia que se encuentran las documentales suficientes para resolver el presente asunto. Ahora, es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual no es jurídicamente factible establecer si el acto reclamado es constitucional o no; es decir, la improcedencia impide que se dirima la controversia constitucional, por exigirlo así alguna de las causas, ya que ésta se encuentra constituida por una serie de hipótesis normativas descritas por la Ley de Amparo, así como por la Constitución y por la jurisprudencia emitida por nuestro más alto tribunal del país, la que se analiza en forma preferente de acuerdo con el artículo 62, de la ley en cita. En ese orden de ideas, respecto del acto reclamado por la quejosa consistente en la orden de reaprehensión y su ejecución; se estima que el presente juicio constitucional es improcedente y debe sobreseerse en el mismo, al actualizarse la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI, del artículo 61, en relación con el diverso 77, fracción II, de la Ley de Amparo,1 hipótesis que se acreditará en párrafos subsecuentes. En esas condiciones, debe decirse que de la interpretación de los artículos 61, fracción XXI, en relación con el diverso 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del mismo, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella en ella. En efecto, la improcedencia de mérito se encuentra orientada por la imposibilidad de obtener el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo; es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Luego, se tiene que, para que se actualice la causal de improcedencia consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se requiere de lo siguiente: a) De un acto positivo de autoridad que se estime lesivo de garantías, o bien, de uno negativo u omisivo que indebidamente haya dejado de realizar la autoridad y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; b) De un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; y c) De una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma definitiva, el acto que se reclama, restituyendo al quejoso en el goce de su garantía constitucional violada; o bien, una situación de hecho que sobrevenga durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Al efecto, cobra aplicación la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 71, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, con registro 197367, que dice: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL."2 Ahora, el impetrante del amparo reclamó de las autoridades responsables Juez Penal de Primera Instancia y Comandante Regional de la Policía Especializada, residentes en Pichucalco, Chiapas, la orden de reaprehensión y su ejecución. En tesitura, del examen de las documentales exhibidas por la autoridad responsable de mérito, a las que de conformidad con el artículo 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, tienen pleno valor probatorio; se obtiene que el dos de julio del año en curso, el quejoso ***, compareció para ponerse a disposición del Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Pichucalco, Chiapas, bajo los efectos de la suspensión provisional, Asimismo, en esa propia fecha, se ordenó la cancelación de la orden de reaprehensión dictada en su contra, como se corrobora con las documentales atinentes. De lo antes expuesto, se considera que el acto reclamado a que se refiere la parte solicitante de amparo ha cesado en sus efectos, pues el mismo se hizo consistir en la orden de reaprehensión y su ejecución, empero, fue subsanado con la actuación de la autoridad señalada como responsable, es decir, que el dos de julio del año en curso, el quejoso ***, compareció para ponerse a disposición del Juzgado de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Pichucalco, Chiapas, bajo los efectos de la suspensión provisional, Asimismo, en esa propia fecha, se ordenó la cancelación de la orden de reaprehensión dictada en su contra; por ende, es evidente que existe un pronunciamiento respecto de su pretensión. Así, resulta inconcuso que el acto que la parte quejosa reclamó en esta vía, cesó en sus efectos, en la medida en que la situación jurídica que dio origen a este amparo, dejó de producirlos, restituyéndose a dichos inconformes en el goce de sus garantías violadas, como si se hubiera otorgado el amparo, en términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, y con ello quedaron satisfechos los derechos tutelados por las normas constitucionales que consideraron violados. Encuentra sustento la anterior determinación, en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, junio de 1999, Novena Época, con registro 193758, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL."3 Así como la diversa sostenida por dicha Sala, visible en la página 210, febrero de 1998, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, Novena Época, registro 196820, que reza: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO."4 En esas condiciones, es inconcuso que en el presente asunto se surte la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del artículo 61, en relación con el diverso 77, fracción II, de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en lo establecido por la fracción V del numeral 63, del ordenamiento legal antes invocado, procede sobreseer fuera de audiencia en el juicio de amparo, respecto al acto aquí analizado, reclamado a la autoridad responsable Juez de Primera Instancia del Ramo Penal del Distrito Judicial de Pichucalco, Chiapas. Las jurisprudencias invocadas y que apoyaron los razonamientos expuestos en esta resolución, fueron integradas conforme a la Ley de Amparo abrogada, pero de acuerdo al artículo sexto transitorio de la ley en la materia vigente, las mismas son aplicables al particular al no oponerse con esta última. Finalmente, se ordena dejar sin efectos la hora y fecha de la audiencia constitucional de este juicio de amparo señalada para las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. -MEDIDAS DE PROTECCIÓN QUE DEBERÁN IMPLEMENTAR LOS ACTUARIOS JUDICIALES Se encomienda y exhorta a los actuarios adscritos la adopción de las medidas estrictas emitidas por el Consejo de la Judicatura Federal para la realización de la notificación aquí ordenada, debiendo utilizar en todo momento cubre bocas plisado, guantes de nitrilo nuevos en cada notificación, realizar el proceso de higiene de manos constantemente, permanecer tan lejos como sea posible de otras personas, como referencia mínimo un metro de distancia, limpiar bolsa, folder, carpeta o cualquier otro que utilice al transportar las constancias de notificación, no intercambiar objetos, de ser así desecharlos de inmediato, evitar tocarse ojos, boca y nariz, así como utilizar el traje protector y su careta. Respecto del punto II, se agrega únicamente sin mayor pronunciamiento, toda vez que con esta misma data se está sobreseyendo fuera de audiencia el presente juicio. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITA Y POR OFICIO A LA RELACIONADA EN LA MINUTA.

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