Hugo Armando Figueroa Culebro
Expediente 1023/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de agosto de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1023/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 09/08/2019
Partes del expediente
- Hugo Armando Figueroa Culebro
Actuaciones
- Principal
Vista, la certificación de cuenta y el estado que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término establecido por el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara contra el proveído de treinta de julio de dos mil diecinueve, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por ***. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II, del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, se declara que dicho auto ha quedado firme para todos los efectos legales correspondientes. Archivo Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. Valoración del expediente De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del diverso punto Vigésimo Primero, ambos del Capitulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. Incidente de Suspensión Toda vez que en el presente no se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, se deja de proveer lo conducente. Registros correspondientes Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Primero, segundo párrafo, y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio, en la carátula del mismo y en el libro de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberán transferirse al Centro de Documentación y Análisis. Documentos y tomos para devolver a las partes Toda vez que no se advierten documentos ni tomos exhibidos por las partes, se deja de proveer lo relativo.
- Principal
se notifica por lista de estrados a la parte quejosa Visto, el escrito de demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, contra actos del Facilitador del Juzgado de Control y Tribunales de Enjuiciamiento Región Uno, del Distrito Judicial de Tuxtla, residente en Cintalapa de Figueroa, Chiapas. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado bajo el número 1023/2019-VIII y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). CAUSA DE IMPROCEDENCIA Para efecto de la admisión de la demanda de amparo, es preciso destacar lo previsto por el artículo 113, de la Ley de Amparo, que dispone que el escrito de demanda se examinará y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Ilustra a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, cuyo rubro y texto es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. De la lectura del artículo 145, de la Ley de Amparo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; que este motivo sea manifiesto; que también sea indudable. Lo relativo al motivo o causa de improcedencia del juicio constitucional no requiere mayor explicación; lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación -cuando los haya- y de los documentos que se anexan a tales promociones, y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y; finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En vinculación, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, es obligación del juzgador, realizar la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, por lo que de la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa combate: El citatorio de tres de julio de dos mil diecinueve, emitido en el expediente 53/2019, el cual contiene la invitación a efecto de llevar a cabo una diligencia de carácter conciliatoria, en virtud de la denuncia presentada por Eulises Meza Marín, a dirimir una controversia de carácter penal, en contra del aquí peticionario de amparo. En el contexto anterior, oficiosamente, se advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 6, de la Ley de Amparo. Conforme se dispone en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en que se apoya la causa de improcedencia de referencia, el juicio de amparo será improcedente cuando ello resulte de alguna disposición legal; dicho normativo no establece una causa de improcedencia específica, sino más bien una cláusula abierta que permite decretar la improcedencia del juicio de amparo de acuerdo con un supuesto que se desprenda del contenido de la Ley de Amparo o de la Constitución, distinto a los mencionados en las primeras veintidós fracciones de ese precepto. Al respecto, es aplicable la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son los siguientes: IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE, PREVISTA EN LA FRACCIÓN XVlII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. El criterio sustentado por la Segunda Sala de esta Suprema Corte, que este Tribunal en Pleno hace suyo, sostiene que la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo que instituye la improcedencia del juicio de amparo en los demás casos en que la misma resulte de alguna disposición de la ley, no establece una causa concreta de improcedencia, sino que señala, en forma genérica, la que opera cuando resulte de la aplicación de uno o varios preceptos legales distintos del propio artículo 73; en esas condiciones, para la aplicación de la citada fracción debe relacionársele con otro precepto legal que determine la improcedencia del juicio en un caso concreto. Correlativo a lo anterior, el artículo 6º, de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos del artículo 5º, fracción I, de la Ley de Amparo. De los numerales invocados, se colige que la existencia de un agravio personal y directo en la esfera jurídica del particular, es uno de los requisitos esenciales a efecto de que proceda el juicio de amparo, y como éste tiene por objeto proteger a los quejosos en el goce de sus derechos fundamentales, volviendo las cosas al estado que tenían, antes de que se cometiera la violación, es claro que el perjuicio debe consistir en un mal real y efectivo que afecte de manera directa la esfera jurídica del gobernado. En efecto, del artículo 6°, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107, constitucionales, se advierte que sólo a quien perjudique la norma general o el acto reclamado, se encuentra legitimado para promover el juicio de amparo. Por consiguiente, es evidente que cuando esa afectación proviene de una fuente diversa a la que constituye el acto señalado como ilegal, el juicio de amparo es improcedente para combatir sus efectos, puesto que sería desacertado el pretender instaurarlo para nulificar un acto que no es el que lesiona la esfera jurídica del particular, y así, aquél debe sobreseerse por lo que ve a tal suceso, ante la ausencia de un agravio personal y directo, ocasionado por la emisión o ejecución del acto reclamado. En ese sentido, es importante precisar que por "agravio" debe entenderse todo menoscabo, o toda ofensa que se infrinja a la persona física o moral, ya sea de naturaleza patrimonial o no, siempre que sea apreciable objetivamente. En otras palabras, la afectación que en su detrimento aduzca el quejoso debe ser real y no de carácter simplemente subjetivo. Aunado a lo anterior, dicho agravio debe recaer en una persona determinada, no ser abstracto, y ser de realización ya sea pasada, presente o inminente y no simplemente eventual, aleatorio o hipotético; es decir, es menester que se haya producido, se esté efectuando en el momento de la promoción del juicio de amparo, o bien, que sea de carácter inminente. Apoya lo antes considerado, la jurisprudencia que dice: INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados. En el caso particular, el impetrante de amparo señaló como acto reclamado el citatorio de tres de julio de dos mil diecinueve, emitido en el expediente 53/2019, el cual contiene la invitación a efecto de llevar a cabo una diligencia de carácter conciliatoria, en virtud de la denuncia presentada por ***, a dirimir una controversia de carácter penal, en contra del aquí peticionario de amparo. Del citatorio combatido se aprecia que la autoridad responsable invocó, como fundamento, los artículos 14, 15, 21, 25 y 27, de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, los cuales prevén que dentro de las obligaciones del facilitador, se encuentra la de promover la aplicación de mecanismos alternativos de solución de controversias o formas anticipadas de terminación del proceso penal, de conformidad con las disposiciones aplicables; de tal manera que al recibir la denuncia o querella orientará al denunciante o querellante sobre dichos mecanismos y le informará en qué consisten éstos y sus alcances. En relación con lo anterior, los artículos 1, y 4, de la Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, disponen que los mecanismos relativos tienen como finalidad propiciar, a través del diálogo, la solución de las controversias que surjan entre miembros de la sociedad con motivo de la denuncia o querella referidos a un hecho delictivo, mediante procedimientos basados en la oralidad, la economía procesal y la confidencialidad, bajo los siguientes principios rectores: Voluntariedad: La participación de los Intervinientes deberá ser por propia decisión, libre de toda coacción y no por obligación; Información: Deberá informarse a los Intervinientes, de manera clara y completa, sobre los Mecanismos Alternativos, sus consecuencias y alcances; Confidencialidad: La información tratada no deberá ser divulgada y no podrá ser utilizada en perjuicio de los Intervinientes dentro del proceso penal, salvo que se trate de un delito que se esté cometiendo o sea inminente su consumación y por el cual peligre la integridad física o la vida de una persona, en cuyo caso, el Facilitador lo comunicará al Ministerio Público para los efectos conducentes; Flexibilidad y simplicidad: Los mecanismos alternativos carecerán de toda forma estricta, propiciarán un entorno que sea idóneo para la manifestación de las propuestas de los Intervinientes para resolver por consenso la controversia; para tal efecto, se evitará establecer formalismos innecesarios y se usará un lenguaje sencillo; Imparcialidad: Los Mecanismos Alternativos deberán ser conducidos con objetividad, evitando la emisión de juicios, opiniones, prejuicios, favoritismos, inclinaciones o preferencias que concedan u otorguen ventajas a alguno de los Intervinientes; Equidad: Los Mecanismos Alternativos propiciarán condiciones de equilibrio entre los Intervinientes; Honestidad: Los Intervinientes y el Facilitador deberán conducir su participación durante el mecanismo alternativo con apego a la verdad. Así también los artículos 25, y 26, de la legislación en cita, establecen que la conciliación es el mecanismo voluntario mediante el cual los intervinientes, en libre ejercicio de su autonomía, proponen opciones de solución a la controversia en que se encuentran involucrados; pudiendo el facilitador proponer soluciones basadas en escenarios posibles y discernir los más idóneos para los Intervinientes. Cabe mencionar que de conformidad con el artículo 19, de la legislación en estudio, las sesiones se realizarán únicamente con la presencia de los intervinientes, quienes podrán estar asistidos por abogados; sin embargo, éstos únicamente podrán presenciar las sesiones, pero no intervenir durante las mismas. Finalmente, el artículo 31, de la citada ley, establece que cuando no se alcance acuerdo, los intervinientes conservarán sus derechos para resolver la controversia mediante las acciones legales que procedan, o bien, cuando se alcance parcialmente, respecto del conflicto que no fue posible resolver. En el caso en estudio, el citatorio combatido, en lo esencial, es de la literalidad siguiente: "En atención a la solicitud del C. ***, realizada el día 26 de junio de 2019 y con fundamento en los artículo 14,15, 21, 25 y 27 de la Ley de Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversistas en materia Penal, se le invita a comparecer a la sesión programada para el día 10 de julio de 2019, a las 10:00 de la mañana, en nuestras instalaciones ubicadas en el Juzgado de Control y Tribunales de Enjuiciamiento del Distrito Judicial de Tuxtla, con domicilio en Rancho San José, Ejido Lázaro Cárdenas, carretera Internacional, Km 1000 (a un costado del CERSS No. 14, "El Amate"), de Cintalapa, Chiapas, con la finalidad de dirimir una controversia jurídica de carácter penal, en cuya sesión se prevé que los intervinientes, en libre ejercicio de su autonomía, propongan soluciones a la controversia en que se encuentran involucrados. No omito manifestarle que podrá acompañarse de persona de su confianza y presentar la documentación que considere necesaria para el desahogo de la sesión. Además, deberá presentarse con una identificación oficial y copia fotostática de la misma." (Sic) La transcripción anterior, patentiza que realmente se trata de una invitación para llevar a cabo una diligencia de carácter conciliatorio, con la finalidad de solucionar una controversia surgida con motivo de los hechos denunciados, entre el impetrante de amparo y la supuesta víctima. Cabe señalar que el citatorio reclamado no se traduce en una orden de detención, aprehensión o presentación, ni contiene apercibimiento en relación con la utilización de los diversos medios de apremio, entre ellos, el uso de la fuerza pública en contra del quejoso, para lograr su comparecencia ante dicha autoridad. Lo anterior es así, puesto que los multicitados mecanismos tienen como finalidad propiciar, a través del diálogo, la solución de las controversias que surjan entre miembros de la sociedad con motivo de la denuncia o querella referidos a un hecho delictivo, mediante procedimientos basados en la oralidad, la economía procesal y la confidencialidad, bajo los principios de voluntariedad, información, confidencialidad, flexibilidad y simplicidad, imparcialidad, equidad y honestidad. En efecto, se pondera la voluntariedad, de acuerdo con el cual, la participación de los intervinientes debe ser por propia decisión, libre de toda coacción y no por obligación; es decir, no puede obligarse al requerido para asistir y participar en la diligencia de conciliación, a la cual fue invitado por lo que no puede ser objeto de presiones, intimidación, ventaja o coacción para lograr su comparecencia. En esas condiciones, dado que no existe un agravio personal y directo en la esfera jurídica del quejoso, el cual es un requisito esencial para la procedencia del juicio de amparo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 6°, de la Ley de Amparo; por lo que se desecha la demanda de amparo de conformidad con el diverso 63, fracción V, del ordenamiento jurídico antes citado. DESECHAMIENTO DE DEMANDA Lo anterior, nos lleva a desechar de plano la demanda de garantías, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 113, de la ley de la materia, dado que la causal de improcedencia en mención, es notoria y manifiesta. Apoya la conclusión de mérito, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno de Amparo y en la estadística del juzgado. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES De conformidad con el artículo 21, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario o Secretarios adscritos a este juzgado puedan realizar las diligencias inherentes a sus funciones, cuando exista causa urgente que lo exija, debiendo hacerlo constar en el acta que se levante para tal efecto, cumpliendo con ello el imperativo previsto en el artículo 17, Constitucional. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con fundamento en el artículo 12, párrafo segundo parte in fine, en relación con el 24, párrafo segundo de la Ley de Amparo, se tiene como autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones a la persona que menciona. Respecto a la solicitud de que se tenga como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este Juzgado, dígasele que en atención a que la Ley de Amparo, no lo contempla en el capítulo correspondiente a las notificaciones, no ha lugar a tenerlo como domicilio para los efectos que indica; sin embargo, de conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso a), del referido ordenamiento, se ordena practicarlas por medio de lista de este Juzgado. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA De conformidad con los artículos 1, 5, 68 y 113, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello; por tanto, no será objeto de publicación. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información particular clasificada, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117, de la citada ley, o pueda ser elaborada una versión pública. Por tanto, para efectos de la publicación del expediente electrónico, se ordena al secretario que elabore en versión pública los acuerdos y resoluciones emitidos en el presente juicio, y la publique a través del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.
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