Hugo Alfonso Baldenebro Quintero

Expediente 426/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 5 actuaciones registradas, la última del 4 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
426/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
04/03/2021

Partes del expediente

  • Hugo Alfonso Baldenebro Quintero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal de los autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la resolución de doce de noviembre de dos mil veinte, mediante la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado alguna promoción al respecto; por tanto, con fundamento en los preceptos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Sin que sea obstáculo a lo anterior, que en autos no se encuentren agregadas las constancias postales con la que se acredite que las autoridades responsables Director General del Centro de Integración para Drogadictos y Alcohóliucos y Secretario de Seguridad Pública, ambas con sede en Guasave Sinaloa, se encuentran notificadas respecto a la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, virtud a que resulta innecesario, pues carece de legitimación para interponer el recurso de revisión; en efecto, la sentencia no le perjudica, pues el sobreseimiento del amparo decretado en el presente asunto sólo podría, en su caso, agraviar a la parte quejosa, a quien ya le transcurrió el plazo para interponer el citado medio de impugnación. Es aplicable por analogía la Jurisprudencia XX. J/74, visible en la página 84 del Tomo 83 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Noviembre de 1994, Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, que al rubro dice: "AUTORIDAD RESPONSABLE. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN SI LA SENTENCIA PRONUNCIADA POR EL A QUO NO AFECTA DIRECTAMENTE AL ACTO QUE SE LE RECLAMO. El artículo 87, de la Ley de Amparo, determina que las autoridades responsables sólo pueden interponer recurso de revisión contra la sentencias que afecten directamente al acto que a cada una de ellas se haya reclamado, de ahí, que las responsables y en general las demás partes, sólo están legitimadas a recurrir los fallos de amparo que le son adversos, por tanto si el a quo sobreseyó en el juicio, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de revisión, es inconcuso que el hecho valer por la autoridad responsable debe desecharse porque ésta carece de legitimación para hacerlo, supuesto que el sobreseimiento es solamente desfavorable a la parte quejosa, y, por ende, no puede producir agravio alguna a la citada autoridad recurrente.". En ese sentido, con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se precisa que este asunto es susceptible de destrucción, dado que por resolución de doce de noviembre de dos mil veinte, el presente juicio de amparo se sobreseyó; en consecuencia, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo judicial por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I del artículo octavo, de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente de relevancia documental, puesto que no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, así como tampoco se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni tampoco generados por los Plenos de Circuito, que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativo a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en los artículos 18, 27, 28 y 29 ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional acompañando copia digitalizada debidamente certificada de la demanda y de la sentencia respectivas; transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado.

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los presentes autos únicamente para que obre como corresponda el oficio número SSP/DAJ/797/2020 suscrito por el Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, mediante el cual comunica que esa autoridad no ha sido llamada a juicio como autoridad responsable, por lo que no le es posible rendir informe justificado; ello en virtud de que el doce del mes y año en curso se sobreseyó el presente juicio de amparo.

  3. Principal

    ÚNICO. Se sobresee el presente juicio de amparo, promovido por Hugo Alfonso Baldenebro Quintero, contra actos del Centro de Integración para Adictos y Alcohólicos, con sede en Guasave, Sinaloa, y del Secretario de Seguridad Pública de Guasave, Sinaloa, por las razones vertidas en el considerando cuarto de este fallo.

  4. Principal

    Vista la razón actuarial realizada por la Actuaria Judicial adscrita a este Juzgado Federal el trece de octubre del año en curso, en la cual hizo constar su imposibilidad para entregar el oficio número 2058-5 de diez de octubre del presente año, dirigido a la autoridad señalada como responsable por la parte quejosa Subfiscal General del Estado Zona Norte, en esta ciudad de Los Mochis, Sinaloa; agréguese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes. De acuerdo a los motivos expuestos por la Actuaria Judicial de la adscripción, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de diez octubre de dos mil veinte, y sin mayor trámite se tiene por inexistente a la citada autoridad responsable, suspendiéndose toda comunicación con la misma, al considerar que le corresponde a la parte quejosa estar al pendiente de la tramitación de su asunto. Ahora bien, se da cuenta con el oficio signado por el Director General del Centro de Integración para Drogadictos y Alcohólicos, con residencia en Guasave, Sinaloa, del que se advierte que rinde su respectivo informe respecto a la suspensión de plano decretada a favor de aquí quejoso Hugo Alfonso Baldenebro Quintero; agréguese para que surta sus efectos legales correspondientes y de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de la autoridad antes mencionada, dese vista a las partes con el mismo, para que se impongan de sus contenidos. Asimismo, con la diligencia actuarial de fecha once de octubre de dos mil veinte, por medio del cual el quejoso Hugo Alfonso Baldenebro Quintero ratifica la demanda de amparo promovida por Jesús Eduardo Baldenebro Quintero. En atención a lo anterior con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1, 2, 6, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo en sus términos contra actos del Director General del Centro de Integración para Drogadictos y Alcohólicos, con residencia en Guasave, Sinaloa, y otra autoridad; sin tramitarse incidente de suspensión, toda vez que en proveído de diez de octubre del presente año se concedió la suspensión de plano; pídase informe justificado a las responsables, el que deberán rendir en un término de quince días siguientes al en que reciban el oficio en el que se les solicita, por escrito o en medios magnéticos, al que deberán acompañar copia certificada completa y legible de las constancias justificativas del acto reclamado, apercibidas de que de no hacerlo se les impondrá una multa por el equivalente de cien valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), en términos de los numerales 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Se señalan nueve horas con diez minutos del doce de noviembre de dos mil veinte, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. Por otra parte, se ratifican las medidas decretadas en el auto que antecede, en el que se concedió la suspensión de plano al quejoso Hugo Alfonso Baldenebro Quintero. Con fundamento en el numeral 64 de la nueva Ley de Amparo, hágase del conocimiento del impetrante del amparo y, de las autoridades responsables, que están obligadas a manifestar cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado o cuando hayan ocurrido causas notorias de sobreseimiento, apercibidas de que de no hacerlo así, se les impondrá una multa por el equivalente de cien valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), en términos de los numerales 237, fracción I y 259, de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde, en términos del numeral 5, fracción IV, de la Ley de Amparo. Hágase saber al promovente del amparo, que en caso de la inexistencia de alguna autoridad, o bien, su denominación sea incorrecta, se le dejará de tener con ese carácter y, como consecuencia, se suspenderá toda comunicación oficial con ella. Lo anterior, de conformidad con el principio consagrado en el artículo 17 Constitucional, en sentido de que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Además, debe considerarse que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, el quejoso está obligado a señalar con precisión a las autoridades responsables, siendo que en este supuesto no opera la suplencia de la queja prevista en el diverso artículo 79, de la Ley de la Materia. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, el criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, en la tesis III.2o.P.36 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, Enero de 2006, página 2329, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES. SU SEÑALAMIENTO ERRÓNEO EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS NO PUEDE SUBSANARSE A TRAVÉS DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA.". Ahora bien, dada la carga de trabajo que prevalece en este órgano jurisdiccional, y a fin de no retardar la tramitación de este asunto, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos de su artículo 2°, se habilitan días y horas inhábiles, respecto a todas aquellas notificaciones que sean de carácter personal.

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