Hugo Alberto Acosta Sandez

Expediente 298/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
298/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
19/06/2018

Partes del expediente

  • Hugo Alberto Acosta Sandez

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo para interponer el recurso de queja contra el acuerdo de cinco de junio de dos mil dieciocho, por el que se tuvo por desechada la demanda de amparo promovida por Hugo Alberto Acosta Sandez y Eduardo Sánchez Villegas; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio de la ley de la materia se declara que dicho auto ha causado estado. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificadas las partes del presente acuerdo, sin necesidad de nuevo acuerdo previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. De acuerdo a la fracción I del Acuerdo Vigésimo Primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito se precisa que este asunto es susceptible de destrucción dado que por auto de cinco de junio de dos mil dieciocho, se tuvo por desechada la demanda de amparo; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I del artículo noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales del mencionado Acuerdo General conjunto número 1/2009. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte no obran documentos originales, no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental puesto que ingresó en este Juzgado Federal el cuatro de junio de dos mil dieciocho, por ello, no encuadra en aquéllos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente expediente con apoyo en los artículos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, transferencia que habrá de efectuarse una vez al año conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado. Con fundamento en los artículos 26, fracción I, inciso a) y 27, fracción I, de la Ley de Amparo, teniendo en consideración que los quejosos Hugo Alberto Acosta Sandez y Eduardo Sánchez Villegas, se encuentran internos en el Centro Federal de Readaptación Social número 8 Norponiente, con sede en Guasave, Sinaloa, se encomienda notificarles personalmente el presente acuerdo, a la actuaria adscrita a este Juzgado de Distrito, lo cual deberá llevar a cabo en cuanto sus labores se lo permitan, en el entendido que deberá identificar plenamente a los mismos, y en caso de que carezcan de la documentación idónea, deberá requerir al funcionario competente del establecimiento penitenciario, en que se encuentran internos los quejosos de mérito, para que proceda a la plena identificación de los mismos; por lo que, con fundamento en lo establecido por el artículo 156, párrafo segundo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dese el aviso correspondiente al Consejo de la Judicatura Federal.

  2. Principal

    Vista la demanda de cuenta, promovida por Hugo Alberto Acosta Sandez y Eduardo Sánchez Villegas, contra actos del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social Dependiente de la Secretaría de Gobernación y Coordinador General de Centros Federales de Readaptación Social Ambos con sede en la Ciudad de México, Director General, Comité Técnico, Titular del Área Técnica y Titular de Seguridad y Custodia, todos del Centro de Federal de Readaptación Social Número 8 Nor-Poniente, con sede en Guasave, Sinaloa; por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales previstos en los artículos 1, 3, 4, 8, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; fórmese expediente, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el Libro de Gobierno que se lleva en este juzgado con el número 298/2018. En principio debe decirse que la demanda de amparo debe ser analizada en su integridad, a efecto de determinar con exactitud la intención de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido. Al efecto resulta preciso citar la tesis jurisprudencial P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo.". De conformidad con los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, este Juzgado procede a examinar la demanda de amparo, a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. Los citados numerales, establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". De ello se sigue que el Juzgado de Distrito debe pronunciarse sobre el contenido de la demanda y considerar si se presenta o no una causa de improcedencia, a fin de no entorpecer la administración de justicia admitiendo demandas que, a la postre resultan improcedentes. Lo anterior, en atención a que los preceptos 112 y 113 de la Ley de Amparo faculta al Juez de Distrito para desechar de plano la demanda de amparo indirecto, cuando al examinarla aparezca un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Sin embargo, esa potestad no es ilimitada ni depende de un criterio puramente subjetivo, sino que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; mientras que por "indudable", aquello que se tiene certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no se puede poner en duda por lo claro y evidente que es, sin suspender el acto reclamado, motivos que en principio se encuentran vinculados con los supuestos de improcedencia previstos en la Ley de Amparo, en especial, con los citados en su artículo 61, consecuentemente, se procede a analizar tales aspectos. En relación con lo referido, diversos tribunales de la federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitid por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 198, Tomo VIII, Noviembre de 1991, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con registro de localización 221353, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Siempre que la causa de improcedencia no sea evidente en sí misma, debe el juzgador admitir y tramitar la demanda de garantías a efecto de dar oportunidad a las partes en el juicio de rendir los elementos de prueba que, por un lado, justifique el ejercicio de la acción y, por otro, que permitan al juez, en su momento procesal oportuno, pronunciar la resolución que en derecho corresponda, pues cuando el artículo 145 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la misma, la desechará de plano, se está refiriendo a que el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, debe ser tan claro y tan evidente que no deje lugar a dudas, es decir, tan notorio e indiscutible que sin necesidad de ulterior comprobación, surja a la vista haciendo inejercitable la acción constitucional." En ese contexto, de la lectura de la demanda de amparo se advierte que los quejosos en esencia reclaman: "la segregación y aislamiento en el módulo denominada "área de medidas especiales" (ame), el cual es utilizado como zona de castigo, restringiéndolos de las actividades educativas, culturales y deportivas, como consecuencia de imposición de correctivos y la falta de seguimiento médico diario (monitoreo), en el área en que se encuentran denominada (AME).". En este sentido, analizada en su totalidad la demanda en cuestión, se advierte que en la especie, se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo. El precepto antes citado dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios;" Del precepto que antecede deriva lo que doctrinalmente se conoce como litispendencia (lirispendance), tomado del latín medieval litispendentia (formado con lis, proceso, y pendere, pender), figura procesal que se refiere al estado del pleito antes de su terminación. Es decir, constituye el estado litigioso del asunto que se pone o intenta poner sub júdice. De lo anterior se desprende qué etimológicamente litispendencia significa la existencia de un pleito que todavía no se resuelve. Para la doctrina procesal la litispendencia supone que un litigio está en acto o en vida, está pendiente, circunstancia que cesará en el momento en que pase procesalmente a cosa juzgada. En ese contexto, los principios que se aplican a la litispendencia son los de la unidad del proceso del conocimiento y el de la economía procesal, y además, la necesidad de evitar el pronunciamiento de sentencias contradictorias, tomando en consideración que la institución se configura cuando una controversia anterior se encuentra pendiente de resolución en el mismo juzgado o tribunal o en otro diferente, y en ambos conflictos existe una identidad de los elementos del litigio planteado en los dos procesos. Esta identidad se refiere a los sujetos, el objeto y la pretensión. En resumen, se produce la litispendencia cuando una misma causa litigiosa se propone ante dos jueces diversos, o cuando la misma causa se presenta varias veces, ante el mismo juzgador. También se ha considerado que, la institución se produce con el estado del juicio del que ya conocen los tribunales y no ha sido resuelto por sentencia firme. Lo anterior, cobra singular importancia la hipótesis de improcedencia de amparo, pues deviene de la necesidad de evitar la proliferación de juicios de amparo, en que la controversia gire en torno a la misma litis o causa. En efecto, de la certificación de cuenta se desprende que ante este propio juzgado se encuentra en trámite pendiente de resolver el juicio de amparo número 221/2018, promovido por los propios quejosos Hugo Alberto Acosta Sandez y Eduardo Sánchez Villegas y otros, contra actos de las mismas autoridades responsables Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social Dependiente de la Secretaría de Gobernación y Coordinador General de Centros Federales de Readaptación Social Ambos con sede en la Ciudad de México, Director General, Comité Técnico, Titular del Área Técnica y Titular de Seguridad y Custodia, todos del Centro de Federal de Readaptación Social Número 8 Nor-Poniente, con sede en Guasave, Sinaloa; y contra los mismos actos que aquí se reclaman. De lo anterior, es inconcuso que en la especie, se actualiza la causal de improcedencia invocada, en atención a que existe litispendencia entre el juicio de amparo 221/2018, del índice de este Juzgado Federal y el presente asunto, los cuales poseen identidad de los elementos del litigio, esto es, en el sujeto, el objeto y la pretensión, pues en ambos juicios se reclamó el mismo acto reclamado ("la segregación y aislamiento en el módulo denominada "área de medidas especiales" (ame), el cual es utilizado como zona de castigo, restringiéndolos de las actividades educativas, culturales y deportivas, como consecuencia de imposición de correctivos y la falta de seguimiento médico diario (monitoreo), en el área en que se encuentran denominada (AME).".), los quejosos son Hugo Alberto Acosta Sandez y Eduardo Sánchez Villegas, y contra las mismas autoridades responsables, y que se encuentra pendiente de resolver, de ahí que, el presente juicio de garantías resulta improcedente, al existir otro que se encuentra en trámite. Tiene aplicación a lo anterior la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Publicada en la Página 193, Tomo VI, Parte SCJN, Apéndice de 1995, correspondiente a la quinta Época, que dice: "IMPROCEDENCIA POR RECLAMARSE EL ACTO EN DOS AMPAROS. Si en un amparo se reclama el mismo acto reclamado en otro juicio, es claro que en el caso concurre la causa de improcedencia, respecto de ese acto, de acuerdo con la fracción III del artículo 73 de la Ley de Amparo, sin que obste para ello la circunstancia de que en los juicios se reclamen actos de ejecución distintos, porque esta diferencia implica solamente que el sobreseimiento es infundado respecto de los actos de ejecución." Por lo anteriormente expuesto, se insiste que se actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción X del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que conduce a desechar la demanda de amparo en términos del numeral 113 de la ley de la materia. En tales condiciones y al ser esta una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, la cual quedó plenamente demostrada en los párrafos que anteceden, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, lo procedente es desechar de plano la demanda promovida por Hugo Alberto Acosta Sandez y Eduardo Sánchez Villegas. En diverso aspecto, se ordena agregar al presente asunto copia certificada de las constancias que integran el juicio de amparo 221/2018, para los efectos legales procedentes. Ahora bien, dada la carga de trabajo que prevalece en este órgano jurisdiccional, y a fin de no retardar la tramitación de este asunto, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos de su artículo 2°, se habilitan días y horas inhábiles, respecto a todas aquellas notificaciones que sean de carácter personal.

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