Hugo Alejandro Bedolla Manzo

Expediente 1010/2018 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 22 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1010/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
22/02/2019

Partes del expediente

  • Hugo Alejandro Bedolla Manzo

Actuaciones

  1. Principal

    ... Agréguese el oficio T-V-180, signado por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual devuelve los autos originales del juicio de amparo 1010/2018 y adjunta testimonio autorizado de la ejecutoria pronunciada en sesión de trece de febrero de dos mil diecinueve, dentro de la queja administrativa número 140/2018, promovida por el quejoso HUGO ALEJANDRO BEDOLLA MANZO, en contra del auto de veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, por medio del cual se desechó la demanda que dio origen al presente juicio; acúsese recibo, agréguese el cuaderno de antecedentes respectivo, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y comuníquese a las partes dicha ejecutoria en lo conducente, mediante la cual se resuelve: "ÚNICO.- Se declara infundado el presente recurso de queja." Consecuentemente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como definitivamente concluido. Por otra parte, tomando en consideración que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo Segundo, punto cuarto; Capítulo Tercero, puntos Noveno y décimo primero; y, Capítulo Quinto, puntos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; se determina que el presente asunto es susceptible de destrucción al ubicarse en las hipótesis previstas en las fracciones I, II y III de los artículos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto del Acuerdo en mención; en razón de que el suscrito estima que carece de relevancia documental; en consecuencia, hágase del conocimiento de las partes que intervinieron en el presente asunto, que en caso de no presentarse ante este Juzgado, a recoger los documentos originales que hayan presentado, si así lo hicieron, dentro del plazo de noventa días siguientes a la notificación del presente proveído, el Titular de este órgano jurisdiccional, ordenará su destrucción conjuntamente con el expediente. Como se desprende de los párrafos que anteceden, el presente asunto se encuentra totalmente concluido, por lo que con fundamento en el artículo 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, dígase a la promovente de que se trata que quedan a su disposición las copias de la demanda de garantías que exhibió, en la secretaría del juzgado para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del siguiente a aquél en que surta sus efectos la notificación que de este proveído se realice, comparezca con identificación fehaciente a recogerlas, bajo apercibimiento que de no hacerlo dentro del lapso concedido se procederá a destruirlas. NOTIFÍQUESE.Así lo acordó y firma la licenciada SANDRA EUNICE MERINO MONTOYA, Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, Encargada del Despacho por licencia oficial del Titular, de conformidad con el oficio CCJ/ST/636/2019, de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo 43, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante la licenciada Verónica Araceli Camorlinga Hernández, Secretaria con quien actúa y da fe.MORELIA, MICHOACÁN, VEINTIDÓS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Agréguese el oficio T-V-180, signado por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual devuelve los autos originales del juicio de amparo 1010/2018 y adjunta testimonio autorizado de la ejecutoria pronunciada en sesión de trece de febrero de dos mil diecinueve, dentro de la queja administrativa número 140/2018, promovida por el quejoso HUGO ALEJANDRO BEDOLLA MANZO, en contra del auto de veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, por medio del cual se desechó la demanda que dio origen al presente juicio; acúsese recibo, agréguese el cuaderno de antecedentes respectivo, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y comuníquese a las partes dicha ejecutoria en lo conducente, mediante la cual se resuelve: "ÚNICO.- Se declara infundado el presente recurso de queja." Consecuentemente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como definitivamente concluido. Por otra parte, tomando en consideración que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el Capítulo Segundo, punto cuarto; Capítulo Tercero, puntos Noveno y décimo primero; y, Capítulo Quinto, puntos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de fecha veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; se determina que el presente asunto es susceptible de destrucción al ubicarse en las hipótesis previstas en las fracciones I, II y III de los artículos Vigésimo, Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto del Acuerdo en mención; en razón de que el suscrito estima que carece de relevancia documental; en consecuencia, hágase del conocimiento de las partes que intervinieron en el presente asunto, que en caso de no presentarse ante este Juzgado, a recoger los documentos originales que hayan presentado, si así lo hicieron, dentro del plazo de noventa días siguientes a la notificación del presente proveído, el Titular de este órgano jurisdiccional, ordenará su destrucción conjuntamente con el expediente. Como se desprende de los párrafos que anteceden, el presente asunto se encuentra totalmente concluido, por lo que con fundamento en el artículo 297 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, dígase a la promovente de que se trata que quedan a su disposición las copias de la demanda de garantías que exhibió, en la secretaría del juzgado para que dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del siguiente a aquél en que surta sus efectos la notificación que de este proveído se realice, comparezca con identificación fehaciente a recogerlas, bajo apercibimiento que de no hacerlo dentro del lapso concedido se procederá a destruirlas. ...

  2. Principal

    MORELIA, MICHOACÁN, SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Agréguese el escrito signado por el quejoso HUGO ALEJANDRO BEDOLLA MANZO; atento a su contenido, téngasele interponiendo recurso de queja en contra del auto dictado por este órgano jurisdiccional el veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho, en que se desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo y; por tanto, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99 y 100 de la Ley de Amparo en vigor, remítase al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito en turno, con sede en esta ciudad, el original del escrito de cuenta, así como el informe materia de la queja, acompañándose el expediente original, toda vez que el juicio se encuentra totalmente concluido. Finalmente, en relación al domicilio y autorizados que señala, dígasele que en auto de veintisiete de noviembre último, se acordó lo conducente. NOTIFÍQUESE.Así lo acordó y firma el licenciado RODRIGO TORRES PADILLA, Juez Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán, ante el licenciado Crispín Ernesto Gamboa Mendoza, Secretario con quien actúa y da fe."MORELIA, MICHOACÁN, VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la demanda de garantías promovida por HUGO ALEJANDRO BEDOLLA MANZO, contra actos del Director del Hospital Civil, con sede en esta ciudad y otras autoridades. Ahora bien, del análisis de la demanda de garantías a estudio, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: ".De las autoridades señaladas como Ordenadoras, la orden de privarme de mi derecho a un estudio de posgrado que venia realizando desde hacer aproximadamente dos años, y por ende, dejar de recibir el apoyo de una beca para médicos residentes de segundo grado, así como del pago de complemento a beca para médicos residentes de segundo grado, otorgados por medio de la Federación; lo anterior, al haberme dado de baja sin justificación alguna ni motivo alguno, del Hospital General Dr. Miguel Silva de esta ciudad de Morelia Michoacán. De las autoridades señaladas como ejecutoras.- El haberme notificado y dar cumplimiento a la orden de privarme de mi derecho a seguir con el estudio de posgrado que venía realizando desde hace aproximadamente dos años, y por ende dejar de recibir el apoyo de una beca para médicos residentes de segundo grado, así como del pago de complemento a beca para médicos residentes de segundó grado, otorgadas por medio de la federación". El artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El numeral trascrito, autoriza al juzgador a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, debe tenerse en consideración, que el motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser claro, sin lugar a dudas evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por medio de prueba alguno durante el juicio. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, que indica: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Como se adelantó, de oficio se advierte que ésta resulta notoriamente improcedente pues en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción II, del artículo 5°, ambos de la Ley de Amparo, las cuales disponen: "ARTICULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. ARTÍCULO 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." [.] Del último numeral citado, se advierte que el juicio constitucional está supeditado a que los actos que se reclamen provengan de autoridad; entendiéndose por tal, aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Se precisa que no todo acto emitido por un órgano de administración pública constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, sino solo aquellos que impliquen el ejercicio de una potestad administrativa, es decir aquellos que supongan una relación de supra a subordinación. Las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos en beneficio del orden público y del interés social, esto es, por encima de los particulares, y se caracterizan por la imperatividad, la coercitividad y la unilateralidad, lo cual supone la posibilidad legal de que la propia autoridad venza cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de los actos de autoridad correspondientes; mientras que las relaciones de coordinación, son las entabladas entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se han instituido procedimientos jurisdiccionales a esos efectos. Cobra aplicación a lo anterior, la tesis número 2a. XXXVI/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, perteneciente a la Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Marzo de 1999, página 307, del tenor siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado." Así como, la jurisprudencia por contradicción de tesis número 2a./J. 164/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, perteneciente a la Novena Época, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXXIV, Septiembre de 2011, página 1089, que a la letra indica: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Precisado lo anterior, se determina que los actos reclamados por el quejoso, consistentes en la orden de privarlo de su derecho a un estudio de posgrado que -dice- venía realizando desde hace aproximadamente dos años, esto es, el haberlo dado de baja sin justificación de la especialidad de Traumatología y Ortopedia en el Hospital General Dr. Miguel Silva de esta ciudad de Morelia, Michoacán, así como, la notificación y cumplimiento de dicha determinación, no provienen de autoridad para efectos del juicio de amparo y tampoco se pueden considerar como actos de particulares que se conducen como autoridad o equivalente a los de una, pues emanan de un conflicto laboral entre particulares (patrón y trabajador), que se lleva a cabo con base en la relación laboral que los une, actuando en un plano de iguales -relación de coordinación-, ya que la residencia médica tiene una naturaleza eminentemente laboral que se genera por el vínculo jurídico que se manifieste entre el trabajador y patrón. Apoyó la anterior consideración en la jurisprudencia 2a./J. 2/2017, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 608, del Libro 38, Enero de 2017, Tomo I, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "MÉDICO RESIDENTE DE UNA ESPECIALIDAD. SU BAJA ORDENADA POR LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD MÉDICA A LA QUE ESTÁ ADSCRITO, NO ES UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. La actividad de los médicos residentes encuentra su fundamento en el Título Sexto, denominado "Trabajos especiales", Capítulo XVI, intitulado "Trabajos de Médicos Residentes en Periodo de Adiestramiento en una Especialidad", de la Ley Federal del Trabajo. Ahora bien, del texto de la ley y de su exposición de motivos se advierte que la intención del legislador, en todo momento, fue que la relación del "residente" con la unidad médica en la que participe tenga naturaleza laboral, con ciertas características especiales, y aunque tenga como fin su adiestramiento para lograr una especialidad, lo que en cierta forma le da el carácter de "alumno", ello no puede disolver el vínculo que tiene como trabajador, pues la residencia es consecuencia de su contratación con ese fin específico. Además, entre las partes existe el elemento esencial que identifica las relaciones de trabajo, esto es, la subordinación en la prestación del servicio, pues los médicos residentes tienen una jornada, un salario, así como la obligación de acatar órdenes y cumplir con los deberes que les son impuestos, tanto laborales como académicos. De ahí que la baja de un médico residente no es un acto que se circunscriba al ámbito académico, sino al laboral, es decir, su relación con la unidad médica en que está adscrito es de naturaleza exclusivamente laboral, ya que los actos de la unidad médica en la que realiza la residencia quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier patrón ejecuta, pues en esas relaciones el Estado queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular". No pasa inadvertido para el suscrito la jurisprudencia número 54/2012, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DELA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA EL ACUERDO DE FIJACIÓN DE TERIFAS PARA SUMINISTRO Y VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA"; pues con independencia de que dicho criterio, se refiere a un caso específico, relativo al acuerdo en que se autoriza la modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica, en el caso en particular, existe jurisprudencia obligatoria en la que se determinó que los actos reclamados a las autoridades señaladas por la quejosa como responsables, no son actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, por lo que se actualiza, como se dijo una causa manifiesta e indudable de improcedencia. En consecuencia, por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, la demanda de amparo se debe DESECHAR, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el ubicado en calle Lucas Balderas, número 95, colonia Chapultepec Oriente en esta ciudad y autorizando para tal efecto a José Trinidad Mendoza Cervantes y Rodrigo Anuar Zamudio Mendoza, quienes gozarán de todas las facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que al efectuar una consulta en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales, se localizaron las cédulas profesionales números 7261370 y 8168259, que acreditan a los referidos autorizados como licenciados en derecho, por ser la materia del presente asunto de naturaleza administrativa. De acuerdo con el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en horas y días inhábiles, pues ello se estima pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. Hágase del conocimiento de las partes en este asunto, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, y en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    MORELIA, MICHOACÁN, VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la demanda de garantías promovida por HUGO ALEJANDRO BEDOLLA MANZO, contra actos del Director del Hospital Civil, con sede en esta ciudad y otras autoridades. Ahora bien, del análisis de la demanda de garantías a estudio, se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado: ".De las autoridades señaladas como Ordenadoras, la orden de privarme de mi derecho a un estudio de posgrado que venia realizando desde hacer aproximadamente dos años, y por ende, dejar de recibir el apoyo de una beca para médicos residentes de segundo grado, así como del pago de complemento a beca para médicos residentes de segundo grado, otorgados por medio de la Federación; lo anterior, al haberme dado de baja sin justificación alguna ni motivo alguno, del Hospital General Dr. Miguel Silva de esta ciudad de Morelia Michoacán. De las autoridades señaladas como ejecutoras.- El haberme notificado y dar cumplimiento a la orden de privarme de mi derecho a seguir con el estudio de posgrado que venía realizando desde hace aproximadamente dos años, y por ende dejar de recibir el apoyo de una beca para médicos residentes de segundo grado, así como del pago de complemento a beca para médicos residentes de segundó grado, otorgadas por medio de la federación". El artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". El numeral trascrito, autoriza al juzgador a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, debe tenerse en consideración, que el motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser claro, sin lugar a dudas evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por medio de prueba alguno durante el juicio. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 19, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, que indica: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Como se adelantó, de oficio se advierte que ésta resulta notoriamente improcedente pues en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción II, del artículo 5°, ambos de la Ley de Amparo, las cuales disponen: "ARTICULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. ARTÍCULO 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." [.] Del último numeral citado, se advierte que el juicio constitucional está supeditado a que los actos que se reclamen provengan de autoridad; entendiéndose por tal, aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Se precisa que no todo acto emitido por un órgano de administración pública constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, sino solo aquellos que impliquen el ejercicio de una potestad administrativa, es decir aquellos que supongan una relación de supra a subordinación. Las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos en beneficio del orden público y del interés social, esto es, por encima de los particulares, y se caracterizan por la imperatividad, la coercitividad y la unilateralidad, lo cual supone la posibilidad legal de que la propia autoridad venza cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de los actos de autoridad correspondientes; mientras que las relaciones de coordinación, son las entabladas entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se han instituido procedimientos jurisdiccionales a esos efectos. Cobra aplicación a lo anterior, la tesis número 2a. XXXVI/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, perteneciente a la Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Marzo de 1999, página 307, del tenor siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado." Así como, la jurisprudencia por contradicción de tesis número 2a./J. 164/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, perteneciente a la Novena Época, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XXXIV, Septiembre de 2011, página 1089, que a la letra indica: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Precisado lo anterior, se determina que los actos reclamados por el quejoso, consistentes en la orden de privarlo de su derecho a un estudio de posgrado que -dice- venía realizando desde hace aproximadamente dos años, esto es, el haberlo dado de baja sin justificación de la especialidad de Traumatología y Ortopedia en el Hospital General Dr. Miguel Silva de esta ciudad de Morelia, Michoacán, así como, la notificación y cumplimiento de dicha determinación, no provienen de autoridad para efectos del juicio de amparo y tampoco se pueden considerar como actos de particulares que se conducen como autoridad o equivalente a los de una, pues emanan de un conflicto laboral entre particulares (patrón y trabajador), que se lleva a cabo con base en la relación laboral que los une, actuando en un plano de iguales -relación de coordinación-, ya que la residencia médica tiene una naturaleza eminentemente laboral que se genera por el vínculo jurídico que se manifieste entre el trabajador y patrón. Apoyó la anterior consideración en la jurisprudencia 2a./J. 2/2017, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 608, del Libro 38, Enero de 2017, Tomo I, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "MÉDICO RESIDENTE DE UNA ESPECIALIDAD. SU BAJA ORDENADA POR LOS FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD MÉDICA A LA QUE ESTÁ ADSCRITO, NO ES UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. La actividad de los médicos residentes encuentra su fundamento en el Título Sexto, denominado "Trabajos especiales", Capítulo XVI, intitulado "Trabajos de Médicos Residentes en Periodo de Adiestramiento en una Especialidad", de la Ley Federal del Trabajo. Ahora bien, del texto de la ley y de su exposición de motivos se advierte que la intención del legislador, en todo momento, fue que la relación del "residente" con la unidad médica en la que participe tenga naturaleza laboral, con ciertas características especiales, y aunque tenga como fin su adiestramiento para lograr una especialidad, lo que en cierta forma le da el carácter de "alumno", ello no puede disolver el vínculo que tiene como trabajador, pues la residencia es consecuencia de su contratación con ese fin específico. Además, entre las partes existe el elemento esencial que identifica las relaciones de trabajo, esto es, la subordinación en la prestación del servicio, pues los médicos residentes tienen una jornada, un salario, así como la obligación de acatar órdenes y cumplir con los deberes que les son impuestos, tanto laborales como académicos. De ahí que la baja de un médico residente no es un acto que se circunscriba al ámbito académico, sino al laboral, es decir, su relación con la unidad médica en que está adscrito es de naturaleza exclusivamente laboral, ya que los actos de la unidad médica en la que realiza la residencia quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier patrón ejecuta, pues en esas relaciones el Estado queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular". No pasa inadvertido para el suscrito la jurisprudencia número 54/2012, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DELA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA EL ACUERDO DE FIJACIÓN DE TERIFAS PARA SUMINISTRO Y VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA"; pues con independencia de que dicho criterio, se refiere a un caso específico, relativo al acuerdo en que se autoriza la modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica, en el caso en particular, existe jurisprudencia obligatoria en la que se determinó que los actos reclamados a las autoridades señaladas por la quejosa como responsables, no son actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, por lo que se actualiza, como se dijo una causa manifiesta e indudable de improcedencia. En consecuencia, por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, la demanda de amparo se debe DESECHAR, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el ubicado en calle Lucas Balderas, número 95, colonia Chapultepec Oriente en esta ciudad y autorizando para tal efecto a José Trinidad Mendoza Cervantes y Rodrigo Anuar Zamudio Mendoza, quienes gozarán de todas las facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que al efectuar una consulta en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los órganos jurisdiccionales, se localizaron las cédulas profesionales números 7261370 y 8168259, que acreditan a los referidos autorizados como licenciados en derecho, por ser la materia del presente asunto de naturaleza administrativa. De acuerdo con el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en horas y días inhábiles, pues ello se estima pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. Hágase del conocimiento de las partes en este asunto, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, y en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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