Hortencia Nieves López
Expediente 875/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 875/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 09/09/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Hortencia Nieves López
Actuaciones
- Principal
...MORELIA, MICHOACÁN, NUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE...Agréguese el escrito signado por Laura Rojas autorizada del quejoso Marco Antonio Martínez Moreno; atento a su contenido, téngase por hechas las manifestaciones en relación al cumplimiento de la ejecutoria emitida en este juicio...Así, como lo solicita requiérase al Administrador de Rentas de la Piedad, Michoacán, por conducto de la Jefa del Departamento de Asuntos Penales y Amparos de la Dirección de lo Contencioso de la Dirección General Jurídica de la Secretaria de Finanzas y Administración del Poder Ejecutivo del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, a que refiere el artículo 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, contados a partir del siguiente a aquél en que reciba el oficio respectivo, remite las constancias en las que se acredite que se canceló la escritura número 39614, volumen 193, del tomo 1675, registro número 17 diecisiete, así como la diversa de la escritura número 39614, volumen 1671, inscrita en el tomo 1675, registro 16 dieciséis, ambos del libro de propiedad del Distrito de La Piedad, Michoacán Bajo apercibimiento que de no hacerlo así, o bien, de no informar el impedimento legal o material que tuviera para ello, se le impondrá una multa de cincuenta a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Carta Magna, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir del día siguiente, en relación con los artículos 237, 238 y 259, de la Ley de la materia en vigor...Finalmente, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, expídanse a su costa las copias certificadas a que se refiere en su ocurso de cuenta, previa identificación y recibo que de ello se deje en autos, asimismo autoriza para recibirlas a la persona que hace mención...NOTIFÍQUESE...
- Principal
...En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece, en el Diario Oficial de la Federación, se notifica por medio de lista de acuerdos que se publica en este Juzgado Federal, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación; a la parte quejosa, el acuerdo de fecha veintitrés de agosto de dos mil diecinueve, el cual en lo conducente señala: Agréguese el escrito signado por la quejosa ..., a través del cual, da cumplimiento con el requerimiento formulado en proveído de nueve de agosto del año en curso, para tal efecto, señala lo siguiente: ".a).- Que el acto reclamado de manera particular a la AGENTE DE MINISTERIO PÚBLICO, ... ADSCRITA A LA DIRECCIÓN DE LITIGACIÓN REGIÓN MORELIA, con domicilio en Periférico Paseo de la República, número 5000 cinco mil, colonia Sentimientos de la Nación, de esta Ciudad; es el acuerdo de fecha 29 veintinueve de abril del año 2019 dos mil diecinueve, dictado dentro de la carpeta de investigación con número único de caso 1003201637214, que a la letra dice "...posterior a un minucioso estudio de la carpeta con número único de caso 1003201637214, la que se registra con motivo de la investigación que se sigue en contra de ..., por su probable participación en el hecho que puede clasificarse preliminarmente como DESPOJO en perjuicio del patrimonio de ...;..." "Para efectos de generar audiencia de citación ante el Juez de control en términos del numeral 307 del Código Nacional de Procedimientos Penales,..." b).- El acto que se reclama de manera particular a la responsable AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO LICENCIADA ..., ADSCRITA A LA DIRECCIÓN DE CARPETAS DE INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA REGIONAL DE MORELIA, con domicilio en Periférico Paseo de la República, número 5000 cinco mil, colonia Sentimientos de la Nación, de esta Ciudad; es el acuerdo de fecha 11 once de junio del año en curso, dictado dentro de la carpeta de investigación con número único de caso 1003201637214 que dice: "...solicito a Usted, ...cite en libertad.., a la ciudadana ..., ...Toda vez que esta autoridad investigadora cuenta con suficientes datos de prueba en la carpeta de investigación que establecen que se ha cometido un hecho que la Ley señala como delito de Despojo, y existe la probabilidad de que la ciudadana ... lo cometió..." Respecto a indicar el Número de la Carpeta de Investigación y/o proceso penal del que emanan los actos reclamados; para el efecto, me permito proporcionar que el número único de caso de la carpeta de investigación, siendo el número 1003201637214.". Autoridad y actos respecto de los cuales, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedentes; esto es, por surtirse la causa de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 107 fracción V, ambos de la Ley de la Materia, por las siguientes razones: El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza al suscrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultará factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable por similitud la jurisprudencia 19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Lo que sucede en el particular, toda vez que los artículos 61, fracción XII, en relación con el diverso 5°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo y el numeral 107, fracción I, de la Constitución Federal, que disponen respectivamente lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia.". "ARTÍCULO 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley.". [.] "ARTÍCULO 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa.". En términos de los preceptos antes transcritos, el juicio de amparo sólo es procedente cuando el acto reclamado afecte de manera real y positiva dichos intereses jurídicos, los cuales se definen como el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio; así, el acto de autoridad que se reclame tendrá que incidir o relacionarse con la esfera jurídica de algún individuo en lo particular, es decir, ocasionar un perjuicio directo en su campo de derechos; entendiendo como perjuicio para la procedencia del amparo, aquel acto que produce una lesión u ofensa material a los intereses o derechos de una persona legítimamente tutelados. Ahora, si bien es cierto que el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, establece la figura del "interés legítimo" en el juicio de amparo, a la par del "interés jurídico", cuyos contenidos y alcances son diversos, de acuerdo con la jurisprudencia y doctrina, no menos lo es también que la norma constitucional refiere de manera expresa y clara que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el impetrante deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa, esto es, deberá acreditar su interés jurídico. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que, para acreditar el interés jurídico, el promovente del amparo debe ser titular del derecho que se aduce violado con el acto reclamado, y que éste produzca una afectación a su esfera jurídica; asimismo, que el interés jurídico es considerado por la doctrina como un derecho subjetivo que supone la facultad de exigir y una obligación correlativa que se traduce en el deber jurídico de cumplir dicha exigencia; lo anterior, según lo establecido en la tesis de jurisprudencia número 1a./J. 168/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. ELEMENTOS CONSTITUTIVOS. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes jurídicamente amparados". Conviene apuntar que el interés jurídico se vincula estrechamente con el concepto de perjuicio, pues este último supone un derecho legítimamente tutelado, ante cuya transgresión por una autoridad o por la ley, se concede a su titular la facultad de acudir al órgano jurisdiccional correspondiente demandando el cese de esa transgresión. Mientras que el interés legítimo no necesariamente ha de dar lugar a un derecho subjetivo, ya que para que éste se actualice es suficiente una afectación a la esfera jurídica del quejoso en sentido amplio, pues no requiere necesariamente la titularidad del derecho subjetivo como ocurre con el interés jurídico. El perjuicio entendido como el menoscabo ocasionado sobre la persona o bienes del peticionario de garantías, que afectan de manera inmediata sus derechos sustantivos y/o objetivos, en forma tal que la afectación originada no puede ser reparada por un acto jurídico posterior. Entonces, si uno de los presupuestos para el ejercicio de la acción constitucional, es la existencia de un derecho legítimamente tutelado, puede afirmarse que es obligación del promovente del amparo acreditar plenamente la titularidad de ese derecho, ya que éste no puede inferirse o presumirse. Precisado lo anterior, cabe señalar que la parte quejosa señaló como acto reclamado en esta instancia constitucional, el acuerdo emitido el veintinueve de abril de dos mil diecinueve, por la Agente del Ministerio Público, adscrita a la Dirección de Litigación Región Morelia, dentro de la carpeta con número único de caso 1003201637214, que se registra con motivo de la investigación que se sigue en contra de la aquí quejosa ********, por su probable participación en el hecho que puede clasificarse preliminarmente como despojo en perjuicio del patrimonio de ..., en el que refiere la peticionaria del amparo, que dicha agencia investigadora solicitó al juez de Control en términos del artículo 307 del Código Nacional de Procedimientos Penales, citara a la referida agraviada, por considerar que dentro de la carpeta se cuenta con suficientes datos de prueba que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito de despojo y que existe la probabilidad de que la mencionada quejosa lo cometió. Empero, tal acto por sí solo, no es un acto que afecte la libertad personal de la aquí quejosa, al tratarse de una simple petición del Ministerio Público, al juez de control en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculada a proceso y, en su caso, sometida a una medida cautelar, es decir, dicho acto no es privativo, ni restrictivo de libertad. No obsta a lo anterior el hecho de que en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. Además, el hecho de que se pretenda realizar una investigación minuciosa de los hechos materia de la aludida carpeta, debiendo realizar la entrevista de que se trata, no significa que con tal decisión se cause un perjuicio en los derechos sustantivos de la promovente del amparo, máxime que goza del derecho establecido en el artículo 20 Apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de guardar silencio. Se invoca, por similitud jurídica sustancial, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito , del rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE RECLAMAN DEL MINISTERIO PÚBLICO ACTOS RELATIVOS A LA INTEGRACIÓN DE UNA AVERIGUACIÓN PREVIA. Aun cuando el Ministerio Público al integrar una averiguación previa, actúa como autoridad, sin embargo, el desahogo de diligencias para tal fin, no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se hayan iniciado las investigaciones correspondientes, a menos que en ellas se ordenara que se le privara de la libertad, de sus posesiones o derechos; lo mismo acontece cuando acuerda sobre la consignación de la averiguación y ejercita la acción penal, pues es el juez del proceso a quien le corresponde resolver sobre el pedimento del representante social, cuya determinación, en todo caso, sería la que vendría a afectar la esfera jurídica del quejoso." Máxime, que el perjuicio a la parte quejosa se materializaría hasta que el juez del proceso a quien le corresponda resolver sobre el pedimento del representante social, determine si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión o comparecencia, la cual sería la que vendría a afectar la esfera jurídica de la quejosa; pues estimar lo contrario equivaldría a entorpecer las facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público. No impide considerar lo anterior el hecho de que la Suprema Corte y diversos Tribunales del país se han pronunciado en el sentido de que el juicio de amparo indirecto procede contra algunos actos dictados dentro de una averiguación previa; sin embargo, la procedencia debe determinarse atendiendo a la irreparabilidad de la violación cometida durante el procedimiento, sin que ello implique que el juicio de amparo proceda en general respecto de todos y cada uno de los actos tendentes a integrar la averiguación previa, pues de ser así se entorpecería la función indagatoria. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis (X Región) 2o. 1 P (10a), emitida por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con Residencia en Saltillo, Coahuila, consultable en la página 2592, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federal, se dice: "INVESTIGACIÓN INICIAL. LA INTEGRACIÓN DE LA CARPETA RESPECTIVA POR EL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE ESTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ORAL, POR REGLA GENERAL, ESTÁ EXENTA DEL CONTROL CONSTITUCIONAL MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, POR NO AFECTAR EL INTERÉS JURÍDICO NI LEGÍTIMO DEL GOBERNADO. Conforme a los artículos 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214, 216, 217, 218 y 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa de investigación inicial en el procedimiento penal acusatorio oral, tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los requisitos o datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal, por lo cual, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso. En efecto, el inicio y trámite de la investigación inicial a cargo del representante social, por regla general, están exentos de cualquier acción tendiente a su suspensión o paralización, incluso, del control constitucional mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, porque los actos verificados durante esta etapa, como la integración de la carpeta respectiva por la autoridad ministerial, no irrogan perjuicio al gobernado, pues no trascienden irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando el fiscal formule la imputación ante el Juez de control, y se inicie la etapa de investigación complementaria o formalizada, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. Se afirma lo anterior, porque de considerar que los actos dictados durante la sustanciación de la investigación inicial, afectan el interés jurídico o legítimo del gobernado y con ello la procedencia del juicio de amparo, se obstaculizaría injustificadamente la potestad-deber del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Así, cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama la integración de la carpeta mencionada, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 5o., fracción I, de la ley de la materia, relativa a la falta de interés jurídico y legítimo del quejoso, ya que no le causa una afectación real y actual, directa, ni derivada de su especial situación frente al orden jurídico, aunque esta regla general puede admitir excepciones que deben examinarse en lo particular." Así como, por identidad de razón, la tesis número XXI.2º.51 K, visible en la página 407, Tomo XIV, Diciembre de 1994, Octava Época, al Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto dice: "MINISTERIO PUBLICO, PERSECUCION DE LOS DELITOS POR EL. CONSTITUYE UN DERECHO SOCIAL QUE NO CONFORMA LA ESFERA JURIDICA DE LOS PARTICULARES. Habida cuenta que, la persecución de los delitos, es facultad exclusiva del Ministerio Público, en representación de la sociedad, según lo dispone el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entonces, por deducción, debe arribarse a la conclusión de que dicha función no constituye un derecho privado, es decir, no conforma la esfera jurídica de los particulares, sino un derecho social, cuyo ejercicio está atribuido en exclusiva a dicha institución. En ese orden de ideas, las actuaciones realizadas por el Ministerio Público en el ejercicio de ese derecho social, particularmente aquéllas que ven a la integración de la averiguación previa, las cuales están encaminadas a probar la comisión del delito, sus circunstancias y la responsabilidad o inocencia de la persona contra quien se dirigió la denuncia o querella, aun cuando fueren indebidas, no pueden constituir violación a las garantías individuales, y por ende, el amparo enderezado en su contra, es improcedente, conforme a los artículos 73, fracción XVIII, en relación con el 1o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, salvo en el supuesto de que dichos actos afecten de manera directa o indirecta los derechos sustanciales de todo individuo, protegidos en la propia Constitución Federal." Con base en lo anterior, es dable concluir que si por mandato constitucional el Ministerio Público por una parte, goza de las facultades de investigar los delitos y por otra, tiene la obligación de acreditarlos, es posible establecer que los actos que de manera habitual tienen verificativo dentro del desarrollo de una indagatoria para su debida integración, por ser susceptibles sus efectos de ser posteriormente contrarrestados o anulados, no trascienden de manera irreparable a la esfera jurídica del gobernado, pues no le irrogan un perjuicio, ya que éste en todo caso se materializa hasta que la autoridad judicial a quien corresponda conocer de la causa penal, determine en un momento dado si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión o comparecencia; estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones que constitucionalmente se le confieren al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al interés de la sociedad. De ahí que contra el acto reclamado consistente en el auto que solicita la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta su libertad personal, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 78/2018 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la 239, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, Materia(s): Común, Penal, Penal, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que sobre el tema dispone: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango, y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia citada, la demanda de amparo se debe DESECHAR, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Sin que la presente determinación pueda estimarse como nugatoria del derecho de acceso a la justicia, pues, justamente, el cumplimiento de los presupuestos procesales y requisitos legales tiene por objeto no generar un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, pues se desconocería la forma de proceder de esos órganos, además de trastocarse las condiciones procesales de las partes en el juicio, así como, preservar la subgarantías de prontitud, eficacia y expedites previstas en el segundo párrafo artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sirve de apoyo la jurisprudencia número 2a./J. 98/2014 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 909, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2007621, que a la letra dice: "DERECHO DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. SU APLICACIÓN RESPECTO DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES QUE RIGEN LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL. Si bien los artículos 1o. y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, reconocen el derecho de acceso a la impartición de justicia -acceso a una tutela judicial efectiva-, lo cierto es que tal circunstancia no tiene el alcance de soslayar los presupuestos procesales necesarios para la procedencia de las vías jurisdiccionales que los gobernados tengan a su alcance, pues tal proceder equivaldría a que los Tribunales dejaran de observar los demás principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, provocando con ello un estado de incertidumbre en los destinatarios de esa función, pues se desconocería la forma de proceder de esos órganos, además de trastocarse las condiciones procesales de las partes en el juicio." Aunado a lo anterior, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha considerado que del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes. Sirve de apoyo al caso la jurisprudencia número 1a./J. 104/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2, en la página 906 de la Décima Época, que dice: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ÉSTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes." NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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...Vista la demanda de garantías promovida por Hortencia Nieves López, contra actos de la Agente del Ministerio Público adscrita a la Dirección de Litigación de la Fiscalía Región Morelia, con sede en esta ciudad y otras autoridades; ahora bien, a fin de estar en condiciones de proveer sobre la admisión o desechamiento de la aludida demanda, con apoyo en los artículos 108 fracción IV, 114 fracciones I, II y IV de la Ley de Amparo, requiérase al citado promovente, para que dentro del término de cinco días, contados a partir del siguiente al en que quede debidamente notificado del presente proveído, cumpla con lo siguiente: 1) Indique de manera clara y precisa el acto que en particular reclama a cada una de las autoridades señaladas como responsables, de acuerdo a sus facultades y competencia que a cada una de ellas corresponde, toda vez que de la demanda de amparo se aprecian diversos actos, que confusos e imprecisos, al indicar: ".Agente del Ministerio Público, la Licenciada Imelda Christiane Rosales Villaseñor, Agente del Ministerio Público adscrita a la Dirección de Litigación de la Fiscalía Región Morelia con domicilio ubicada en Paseo Periférico Paseo de la República, número 5000 cinco mil, colonia Sentimientos de la Nación, de quien reclamo el acuerdo de fecha 29 de abril del año 2019 dos mil diecinueve, que dirige al M en D. GUSTAVO ARREOLA BALTAZAR DIRECTOR DE CARPETAS DE INVESTIGACIÓN FISCALÍA REGIONAL DE MORELIA. EJECUTORAS.- Licenciada Itzi Zuitlaltzin Flores, Ministerio Público Adscrita a la Dirección de Carpetas de Investigación, de la Fiscalía Regional Morelia, con domicilio ubicada en Paseo Periférico Paseo de la República, número 5000 cinco mil, colonia Sentimientos de la Nación. De la autoridad ejecutora reclamo el cumplimiento y ejecución del acuerdo de fecha 29 de abril del año 2019 dos mil diecinueve, que dirige al Juez de Control. JUEZ DE CONTROL DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO Y ORAL REGIÓN MORELIA, MARÍA CONSUELO RAMÍREZ LÓPEZ, con domicilio en el Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, ubicado en Calzada la Huerta, número 400 cuatrocientos, colonia Nueva Valladolid. De esta autoridad ejecutora reclamo el cumplimiento y ejecución del acuerdo de fecha 29 de abril del año 2019 dos mil diecinueve, que dirige al Juez de Control, que realiza mediante su auto de fecha 11 once de Junio del año 2019.". Es así, toda vez que de lo anteriormente transcrito se aprecia que, primero señala como autoridad responsable a la Agente del Ministerio Público adscrita a la Dirección de Litigación de la Fiscalía Región Morelia y como acto a ella atribuido el acuerdo de veintinueve de abril de dos mil diecinueve; asimismo, señala como responsable ejecutora al Juez de Control de Justicia Penal Acusatorio y Oral Región Morelia, a quien atribuye la ejecución del acuerdo de veintinueve de abril de dos mil diecinueve, de lo que se aprecia que es inconcuso que el Juez de Control y Enjuiciamiento sea autoridad ejecutora del acto atribuido a los Agentes, y emitiera el diverso auto de once de junio de dos mil diecinueve, por lo que deberá indicar de manera clara y precisa, cuáles son los actos u omisiones que atribuye a cada una de las responsables, atendiendo a sus respectivas facultades y competencia en la emisión de los hechos y abstenciones que pretende reclamar en esta instancia constitucional, toda vez que de la lectura integral del líbelo de amparo, no es objetivo en la precisión de los actos, sino que, por el contrario, genera incertidumbre sobre lo que en esta instancia constitucional se reclama, además de que solicita la suspensión de los actos reclamados para que no se le obligue a comparecer ante el Juez de Control, de ahí que deberá precisar los actos que reclama. Tiene aplicación a lo anterior por identidad de razón la tesis número P.VII/2001, consultable en la página 325, del tomo XIII, correspondiente al mes de abril de 2001, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. FINALIDAD DE LOS REQUISITOS QUE DEBE CONTENER EL ESCRITO RELATIVO Y DE LAS COPIAS QUE DEBEN EXHIBIRSE. El artículo 116 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala los requisitos que debe cumplir la demanda de amparo indirecto y el diverso artículo 120 de la propia ley dispone que deberán exhibirse con ésta copias suficientes para cada una de las autoridades responsables; para el tercero perjudicado, si lo hubiere; para el Ministerio Público y dos para el incidente de suspensión, en caso de solicitarse tal medida cautelar. Ahora bien, los requisitos a que aluden dichos preceptos, no constituyen formalismos sin sentido, sino que, como todas las formalidades procesales, tienen como propósito que el juzgador de amparo se encuentre en la posibilidad de cumplir con sus atribuciones dentro del juicio de garantías, como son, el pedir los informes justificados a las autoridades responsables, emplazar al tercero perjudicado, dar la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público y de integrar los cuadernos relativos al incidente de suspensión si ésta fue solicitada, y además de proporcionar a las partes todos los elementos necesarios para preparar su defensa.". 2) Indique el número de la carpeta de investigación y/o proceso penal del que emanan los actos reclamados, para el efecto de un mejor proveer sobre los hechos y abstenciones que se reclaman en esta instancia Constitucional. Bajo apercibimiento que en caso de no cumplir con el primero de los requerimientos antes formulados en el plazo concedido, se procederá en términos del artículo 114 penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, esto es, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. En la inteligencia de que deberán anexar las copias simples necesarias del escrito aclaratorio para correr traslado a las partes, es decir, una para cada una de las dos autoridades señaladas como responsables, una para el Agente del Ministerio Público de la adscripción y dos más para los cuadernos incidentales, mismos que se tramitan por duplicado y separado, las cuales dan un total de cinco copias. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia 1a./J. 106/2005, visible en la página 170, Tomo XXII, correspondiente al mes de Octubre de 2005, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "COPIAS PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO. AL PREVENIR AL QUEJOSO PARA QUE EXHIBA LAS FALTANTES, EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DEBE PRECISAR EL NÚMERO EXACTO DE LAS REQUERIDAS. La sanción procesal impuesta a las partes por no exhibir las copias para el trámite del juicio de amparo consiste en tener por no interpuesta la demanda de garantías y sólo procede cuando el promovente ya fue requerido por el órgano jurisdiccional correspondiente para que exhiba las copias omitidas. Ahora bien, así como la garantía de acceso a la justicia o a la tutela jurisdiccional engendra un deber negativo para que los órganos del Estado no obstaculicen a los gobernados la posibilidad de dilucidar sus pretensiones jurídicas, dicha garantía también implica un deber positivo consistente en facilitarles el acceso a la justicia. En ese tenor, aunque pudiera pensarse que la Ley de Amparo establece claramente cuántas copias debe exhibir el promovente del juicio de garantías y, por ende, que el uso de expresiones como "las copias omitidas", "las copias de ley" u otras similares es suficiente para considerar correcto el requerimiento del juzgador, resulta evidente que para facilitar el acceso a la justicia y dar mayor seguridad jurídica a los gobernados, al realizar el requerimiento respectivo, el órgano jurisdiccional debe precisar el número exacto de copias o tantos que deben exhibirse para el trámite del juicio de amparo, ya sea del escrito de demanda, del que desahoga la prevención, o de ambos, pues no debe soslayarse el hecho de que quien lo promueve no siempre es abogado o está correctamente asesorado por un especialista en la materia jurídica, por lo que podría suceder que, a pesar de haber sido requerido, el promovente cometiera el error de no acompañar las copias suficientes, lo que traería como consecuencia que se tuviera por no interpuesta la demanda de amparo, con la consecuente imposibilidad de acceder a la justicia constitucional". Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el ubicado en Avenida del Maestro número 647-A, colonia Lomas de Hidalgo, en esta ciudad. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Apoya lo anterior, la tesis aislada número I.1o.A.23 K (10a.), del Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran". Hágase del conocimiento de las partes en este asunto que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación, se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. ...
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