Hugo Adalberto Rodriguez Sanchez
Expediente 1137/2019 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1137/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 24/10/2019
Partes del expediente
- Hugo Adalberto Rodriguez Sanchez
Actuaciones
- Principal
Tijuana, Baja California, veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve. Informe justificado. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio y anexos que vía informe justificado remite la Jueza de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, de esta ciudad. Atento a ello y dado que en proveído de siete de octubre pasado, se ordenó remitir los autos originales de este juicio de amparo al Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, porque se estimó que a éste le corresponde su conocimiento; por tanto, en una visión garantista, remítase el oficio y anexos, al juzgado de mérito, previa copia simple que se deje en autos para constancia; lo anterior para los efectos legales conducentes. Se avoca al conocimiento. Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta, a través del cual el Juez Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, informa que se avoca al conocimiento del presente juicio de amparo. Archivo. Ahora, al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Relevancia documental. En cumplimiento a lo ordenado en el punto Décimo Primero, segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso punto Vigésimo Primero, último párrafo, del citado acuerdo; por tanto, realícese la anotación correspondiente en la carátula respectiva. Cuaderno de antecedentes. En cumplimiento al numeral Vigésimo, fracción I del citado acuerdo, se establece que el presente expediente es susceptible de destrucción, por haberse remitido en incompetencia; en el entendido que deberá archivarse en el lugar que corresponda hasta que transcurra el término de seis meses establecido en el punto Vigésimo del acuerdo en cita. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Atiende solicitud y remite constancias. Agréguese a los presentes autos el oficio y anexo que remite la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, mediante el cual en atención al proveído de veintisiete de septiembre de dos mil diecinueve, remite diversas constancias solicitadas. Prueba documental. En cuanto a la prueba documental que anexó a su oficio, con fundamento en los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admite y se tiene por desahogada en razón de su propia y especial naturaleza. Incompetencia por conocimiento previo. Ahora, del estudio íntegro de las constancias que remite la oficiante, se advierte la existencia del juicio de amparo 876/2019-H, promovido por Hugo Adalberto Rodríguez Sánchez, radicado en el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad. Asimismo, del escrito inicial de demanda y de las documentales exhibidas, se advierte lo siguiente: El promovente Hugo Adalberto Rodríguez Sánchez, el tres de septiembre de dos mil diecinueve, presentó ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California con sede en esta ciudad, demanda de amparo en la cual señaló como acto reclamado la orden de aprehensión dictada dentro de la causa penal 976/2019, del índice del Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad. Luego, de las mismas documentales, se obtiene que el juez responsable al rendir su informe justificado en aquel juicio, informó que el seis de septiembre del año en curso, vinculó a proceso al quejoso, por el delito de abuso sexual a menor de catorce años, y para tal efecto remitió copia certificada del disco que contiene la audiencia de esa misma fecha, celebrada dentro de la causa penal 976/2019, en la cual manifiesta la comparecencia del quejoso, a lo que el Juez Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, determinó el sobreseimiento fuera de audiencia en dicho asunto, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII de la Ley de Amparo, al haber cambiado la situación jurídica del impetrante. De todo lo relatado, se confirma que, previamente a la presentación de la demanda que dio origen a este juicio de amparo se promovió diverso juicio de control constitucional por el quejoso Hugo Adalberto Rodríguez Sánchez, contra actos derivados de la causa penal 976/2019, del índice del Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad. En ese contexto, quien debe conocer y resolver este juicio para la protección a los derechos fundamentales es el mencionado órgano de control, en virtud que el acto reclamado en este asunto deriva del mismo procedimiento jurisdiccional, esto es, la causa penal 976/2019, del índice del Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad. En efecto, las cuestiones vinculadas con la competencia de toda autoridad judicial son de suma importancia y de oficioso pronunciamiento por imperativo del artículo 16 constitucional, que se concreta con la disposición contenida por el artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece como obligación de todo juez de distrito, lo siguiente: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." El citado precepto legal establece las reglas generales sobre competencia de los juzgados de distrito cuando los actos reclamados requieren de ejecución material; no obstante, en el caso no debe atenderse a la citada regla general, sino a la especial; esto es, en el caso en particular, al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma y adiciona el similar, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el funcionamiento de las oficinas de correspondencia común, en el que, conforme a su actual redacción, se determina que al recibirse un asunto de nuevo ingreso, éste deberá turnarse a un órgano jurisdiccional determinado, por existir en el sistema un antecedente que hace procedente su vinculación. Cobra aplicación la jurisprudencia sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 123, Tomo VII Conflictos Competenciales, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Octava Época, registro 918720, de rubro y texto: "COMPETENCIA, PARA RESOLVER UN CONFLICTO DE ESTA NATURALEZA, DEBE ATENDERSE A LAS DISPOSICIONES ESPECIALES Y NO A LA REGLA GENERAL. Es un principio jurídico que las disposiciones específicas sean de aplicación preferente sobre las reglas generales que las contradicen. Por tanto para resolver un conflicto competencial no debe aplicarse la regla general de competencia cuando existan disposiciones especiales." El referido Acuerdo General, en lo que interesa, establece: "...Artículo 29. Las oficinas de correspondencia común, auxiliarán a las oficialías de partes de cada uno de los órganos jurisdiccionales a los que prestan servicio en la recepción de los asuntos de término, relativos a todas las materias, que estén dirigidos de manera concreta a cada uno de ellos fuera del horario de atención al público esto es, de las ocho horas con treinta minutos a las nueve horas y de las quince a las veinticuatro horas del día del vencimiento del plazo para su presentación, ello, en su caso, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Amparo. (.)" "Artículo 46. Son criterios generales de relación, en aplicación de los cuales un asunto de nuevo ingreso deberá turnarse a un órgano jurisdiccional determinado, por existir en el sistema un antecedente que hace procedente la vinculación, los siguientes: (.) II. El juicio de amparo directo o indirecto, promovido contra actos provenientes de un expediente administrativo o jurisdiccional, averiguación previa o ejercicio de la acción penal, se turnará al órgano jurisdiccional que haya conocido de otro amparo promovido contra actos derivados de esos mismos asuntos; (.) Cuando se turne un asunto al órgano jurisdiccional y éste estime que es a otro al que corresponde conocer del asunto por razón de turno, lo remitirá con sus anexos, al juzgado o tribunal que considere debe conocer; recibido dicho asunto por el órgano requerido éste decidirá si acepta o no el conocimiento del mismo. Si acepta, comunicará su resolución al requirente, previa notificación a las partes y dará aviso a la oficina de correspondencia común a fin de equilibrar las cargas de trabajo. En caso contrario, de no aceptar, devolverá el asunto al requirente, quien resolverá si insiste en no conocer del asunto por razón de turno, si no insiste, se limitará a comunicar su resolución al requerido. Si persiste en ello, sin suspender el trámite y únicamente con copia certificada de las constancias que acrediten lo argumentado; así como, la propuesta que se plantee, formulará consulta a la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, la que resolverá de plano." Luego, atendiendo al conocimiento previo que prevé el citado acuerdo general, tratándose de juicios de amparo indirecto, promovidos contra actos provenientes de un mismo procedimiento jurisdiccional, como acontece en la especie, se turnará al órgano de control que haya conocido de otro amparo promovido contra actos derivados de ese mismo asunto; de modo que, no hace distinción alguna con relación a que en los expedientes se haya dictado o no resolución en cuanto al fondo del asunto planteado, porque sólo se alude a que provengan de un juicio identificado con el mismo número de índice y autoridad, de otro ya asignado. Además de ello, el origen del acto reclamado en este juicio de amparo guarda una especial relación con el acto reclamado en el juicio de control constitucional del índice del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta localidad, puesto que derivan de los hechos de la causa penal 976/2019; esto es, hechos y circunstancias relacionados con los reclamados en el juicio de amparo 876/2019-H, del índice del juzgado mencionado; de ahí que, al existir un vínculo entre el acto que hoy se tilda como inconstitucional y el diverso que se reclamó en aquél asunto, este juzgado no debe conocer de la demanda de cuenta, por mucho que pudiera estimarse actualizada una regla general sobre competencia, pues en tales condiciones debe prevalecer la especial, sustentada en el conocimiento previo aprovechable. Por último, se precisa que no representa obstáculo a lo anterior el hecho de que en el juicio de conocimiento previo del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, se haya decretado el sobreseimiento; pues ello no influye para determinar la relación de asuntos, porque lo que prevé la fracción II del citado artículo 46, es que el acto reclamado provenga del mismo expediente. Dan sustento a lo anterior, las consideraciones vertidas, en el oficio SECNO/363/2019 del once de febrero de dos mil diecinueve, que dirigió el Maestro Eduardo Cruz Gómez, Secretario Técnico de Ponencia, encargado del despacho de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, en respuesta al oficio 1918 del índice de este órgano de amparo, que le fue girado a fin de que la Comisión de Creación de Nuevos Órganos resolviera sobre una cuestión con características similares a las acabadas de exponer. En consecuencia, este Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, no debe conocer de este juicio de amparo, por tanto, envíense los presentes autos al Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, a efecto de que resuelva lo que en derecho proceda, el cual se estima es competente para conocer de este asunto. Solicitándole de la manera más atenta el acuse de recibo respectivo. En atención a todo lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en el presente asunto. Finalmente, fórmese cuaderno de antecedentes del presente asunto y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno.
- Principal
Radicación. Vista la demanda de cuenta, fórmese el expediente físico y electrónico respectivos y regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 1137/2019-VII. Admisión de la demanda. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, fracción I, 33, 35, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo; se admite la demanda, que promueve Hugo Adalberto Rodríguez Sánchez, contra la autoridad y acto que señalan en la misma. Incidente de suspensión. Sin tramitarse incidente de suspensión por no haberse solicitado. Audiencia constitucional. Cítese a las partes a la audiencia constitucional que tendrá verificativo a las nueve horas con cincuenta minutos del treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve. Tercero interesado. Con independencia de lo señalado por la parte quejosa en su demanda, este juzgado se reserva reconocer a terceros interesados, hasta en tanto la autoridad rinda su informe justificado y del mismo se advierta que a alguien pueda asistirle tal carácter, en términos de la fracción III del artículo 5º de la Ley de Amparo. Agente del Ministerio Público de la Federación. Dese la intervención que legalmente le corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, en términos de los artículos 107, fracción XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. Informe justificado. En atención a los artículos 117 y 75 de la ley de la materia, requiérase a la responsable su informe justificado, que deberá rendir dentro del término de quince días, expresando con precisión si es o no cierto el acto que se le reclama; además deberá señalar las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio en términos del artículo 61 de la referida ley, así como la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; y requiérasele para que remita copia certificada de las constancias que sirvieron de base para emitir el acto que se le atribuye; en el entendido que en el informe de mérito, deberá manifestar si las constancias que en su caso sean remitidas, constituyen la totalidad de actuaciones de las cuales deriva el acto reclamado; con la precisión de que dichas copias deben ser legibles, completas y de forma cronológica, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para analizar el fondo de la cuestión planteada, por lo cual se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar en su caso, el impedimento legal que tenga para hacerlo. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no hacer lo antes descrito, en los términos indicados, se le impondrá multa de cien veces la Unidad de Medida y Actualización de conformidad con los preceptos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos segundo y tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Se faculta al actuario de la adscripción, para que una vez apersonado en el domicilio en el que se encuentre ubicada la autoridad responsable local en este juicio de amparo, si ésta se niega a recibir los comunicados a ella dirigidos, proceda en términos del artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; sin perjuicio de que se le aplique la sanción que establece el numeral 245 de la ley de la materia. Asimismo, en caso de que no rinda su informe en el plazo concedido se presumirá cierto el acto reclamado, quedando a cargo de la parte quejosa probar su inconstitucionalidad en términos de lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo y se impondrá a la autoridad omisa, en la audiencia respectiva, la multa con la que se le apercibió. Causas de sobreseimiento. Con fundamento en los artículos 64 y 251 de la Ley de Amparo, prevéngase a las partes que para el caso de tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, deberán comunicarlo de inmediato a este órgano jurisdiccional, debiendo, de ser posible, acompañar las constancias que así lo acrediten. Conocimiento previo. Solicítese a la autoridad responsable para que al rendir su informe con justificación, comunique a este órgano de control constitucional si tiene conocimiento de algún juicio de amparo que se relacione con el acto que se le reclama en éste, o sea, que haya sido promovido por el mismo quejoso o que derive del mismo procedimiento o juicio del que emana el acto que aquí se reclama; lo anterior, a efecto de aprovechar, en su caso, el conocimiento previo del asunto y evitar el dictado de resoluciones contradictorias. Suspensión de procedimiento. En el entendido de que el Juez de Control de origen deberá suspender el procedimiento, por lo que hace al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia, hasta que se le notifique la resolución que recaiga en el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por el segundo párrafo de la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Señalamiento de domicilio. Atento a lo dispuesto en el numeral 108 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones, el que indica en su escrito de demanda. Señalamiento de autorizados. Se tienen por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a los profesionistas que menciona porque cuentan con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y únicamente para oír y recibir notificaciones a quien precisa para tal efecto. Habilitación de días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Solicitud de constancias. Por otra parte, de la certificación secretarial de cuenta se obtiene, que al verificar en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, se advierte el registro del juicio de amparo 876/2019, promovido por Hugo Adalberto Rodríguez Sánchez, radicado en el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad. En mérito de lo anterior, se solicita al Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, para que, de no tener inconveniente alguno, envíe a este juzgado en copias certificadas, boleta, demanda, auto admisorio y en su caso, la sentencia que se haya dictado en el juicio de amparo 876/2019, de su índice. Lo anterior, en virtud de que ante la posible actualización de una causa de improcedencia, corresponde a esta juzgadora indagar y recabar oficiosamente las pruebas necesarias para demostrar si efectivamente, algún motivo opera en el caso específico. Notificación de la autoridad. En términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2ª/J. 176/2012 (10ª), de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal, publicada en el semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero del 2013, tomo 2, visible a página 1253, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES DE LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se hace del conocimiento de las responsables que en el presente juicio únicamente les serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (admisión, ampliación de demanda, sentencia definitiva, recursos, requerimientos, y determinaciones que por su trascendencia deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial), y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito. Transparencia. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Además en términos de lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, no se hará la publicación del nombre y datos personales de todas y cada una de las resoluciones que se emiten en el presente juicio de amparo. Expediente electrónico. Fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que no lo integrarán las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponden a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; tampoco las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservarán en este juzgado sin digitalizarse, finalmente con fundamento en el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, a prudente arbitrio de esta juzgadora, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones.
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